Hector Tomas Bautista Hernandez
Expediente 425/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 425/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Hector Tomas Bautista Hernandez
Actuaciones
- Principal
"...Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. Como en el presente asunto obran documentos originales, con fundamento en el último párrafo del punto décimo primero, del citado acuerdo general; requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, comparezca a recoger dichos papeles; apercibida que de no hacerlo dentro de ese término, se procederá a depurarlos..."
- Principal
"...Notifíquese personalmente a la parte quejosa...".
- Principal
Síntesis: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo vigente, procedo a notificar por lista y por lista en página electrónica a la parte quejosa, el proveído de tres de abril de dos mil diecinueve, mismo que en síntesis establece: "...Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de abril de dos mil diecinueve. ANOTACIONES Vista la demanda de cuenta promovida por Héctor Tomás Bautista Hernández, en su carácter de apoderado legal de la moral "Comercial ALFA-MEDICA, sociedad anónima de capital variable, personalidad que acredita en términos del primer testimonio, primero en su orden, veintisiete mil seiscientos ochenta y ocho, expedido bajo la fe del Notario Público ciento cuarenta y dos de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, se ordena registrarla bajo el número de juicio de amparo 425/2018-II-A. ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: La resolución de seis de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el Recurso de Reclamación que se encuentra dentro de la carpeta de suspensión del Juicio de Nulidad número 3690/18-11-02-3-OT, del índice de la autoridad responsable Segunda Sala Regional Norte-Este del Estado de México, del tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la cual resultó infundado el recurso de reclamación interpuesto por la autoridad responsable, confirmó en sus términos la sentencia interlocutoria de quince de enero de dos mil diecinueve y ordenó turnar los autos a la Magistrada Instructora a efecto de proveer lo conducente respecto al oficio 20703001040600T/1100/2019-82141 que exhibió la autoridad estatal el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. DESECHAMIENTO Precisado lo anterior, la suscrita estima que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso precepto 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y en relación con el 107, fracciones I y V, éste interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud que el acto reclamado no afecta al interés jurídico del quejoso, ni constituye un acto de imposible reparación, con el cual se transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), constitucional y 107, fracción I y V, de la Ley de Amparo que en su orden, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;..." "Artículo 5º, fracción I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De lo expuesto se infiere que para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, es necesario que el acto o la ley reclamados, en su caso, cause una afectación real y actual a la esfera jurídica de la parte quejosa o de un derecho subjetivo o de un interés legítimo. Es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, es el interés jurídico a que se refiere la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que no puede ser otra cosa, sino la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados. Lo anterior es así, porque la procedencia de la acción constitucional requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación causada por el acto reclamado de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquier otra clase, pues sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directa o indirectamente sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de amparo. Con base en lo anterior, se desprende que el criterio general al que debe atenderse, para promover juicio constitucional, es la afectación real y actual a su esfera jurídica, respecto de los derechos subjetivos sobre los que alude es titular; es decir, que el acto reclamado vulnere de manera directa o indirecta su esfera jurídica de derechos. En tales condiciones, en el caso se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la resolución de seis de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el Recurso de Reclamación que se encuentra dentro de la carpeta de suspensión del Juicio de Nulidad número 3690/18-11-02-3-OT, del índice de la autoridad responsable Segunda Sala Regional Norte-Este del Estado de México, del tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la cual resultó infundado el recurso de reclamación interpuesto por la autoridad responsable, confirmó en sus términos la sentencia interlocutoria de quince de enero de dos mil diecinueve y ordenó turnar los autos a la Magistrada Instructora a efecto de proveer lo conducente respecto al oficio 20703001040600T/1100/2019-82141 que exhibió la autoridad estatal el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, no tiene una afectación real y actual a la esfera jurídica de la parte quejosa o de un derecho subjetivo o de un interés legítimo De ahí que, si de conformidad con los preceptos constitucionales y de la Ley de Amparo que se analizaron, para la procedencia del juicio de amparo, es requisito que el acto reclamado cause un perjuicio real y actual a la esfera jurídica de la parte quejosa, respecto de un derecho subjetivo del que aduce es titular o que acredite tener un interés legítimo; y, en la especie ello no acontece, en virtud que a la parte quejosa de momento no le causa una afectación directa en su esfera jurídica. En otro orden de ideas, respecto a la diversa causa de improcedencia respecto a que el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación, al efecto debe decirse que el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los cuales la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes en el procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. En efecto, el Pleno de nuestro máximo Tribunal ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la Justicia Federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no vulneran por sí derechos fundamentales, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una resolución favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo. En el anterior contexto, se evidencia que el acto reclamado no quebranta en perjuicio de la impetrante de amparo, de manera cierta e inmediata, alguno de sus derechos sustantivos protegidos por las garantías individuales, ya que la resolución de seis de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el Recurso de Reclamación que se encuentra dentro de la carpeta de suspensión del Juicio de Nulidad número 3690/18-11-02-3-OT, del índice de la autoridad responsable Segunda Sala Regional Norte-Este del Estado de México, del tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la cual resultó infundado el recurso de reclamación interpuesto por la autoridad responsable, confirmó en sus términos la sentencia interlocutoria de quince de enero de dos mil diecinueve y ordenó turnar los autos a la Magistrada Instructora a efecto de proveer lo conducente respecto al oficio 20703001040600T/1100/2019-82141 que exhibió la autoridad estatal el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. únicamente implica violaciones a derechos adjetivos, los cuales no tienen una consecuencia de imposible reparación, en tanto que sus pretensiones pueden quedar satisfechas, pues aún existe la posibilidad de que obtenga una resolución favorable, evento en el cual las consecuencias de la alegada violación se habrán extinguido en la realidad, sin haber originado afectación alguna en sus derechos fundamentales, esto es, sin dejar huella en su esfera jurídica. En caso de que no suceda así, lo podrá hacer valer a través del medio de defensa correspondiente, toda vez que una vez que se haya resuelto lo relativo a la suspensión definitiva respecto al oficio 20703001040600T/1100/2019-82141 que exhibió la autoridad estatal el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, puede ser combatida, como se ha dicho, a través del medio de defensa correspondiente que en su caso y oportunidad promueva contra la resolución que se emita, si es que es contraria a sus intereses, pues en esas hipótesis se patentizaría la trascendencia de la consabida violación procesal. Respecto al tema de actos de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia por unificación de criterios número P./J.37/2014 (10a.), publicada el seis de junio de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2006589, que versa al tenor literal siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J.4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Además, no se le está privando a la parte quejosa, del derecho de defensa que en cada uno de estos procedimientos tienen consagrado las partes, ni altera las cuestiones debatidas en ellos, porque en todo caso podrá constituir una infracción al procedimiento reclamable en amparo directo, en el que será factible impugnar la mencionada violación por haber trascendido al resultado del fallo. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO por su manifiesta e indudable improcedencia la presente demanda de amparo. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS En relación a que se le practique las notificaciones vía electrónica, sin renunciar a las notificaciones personales a que tenga derecho; con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena realizar las notificaciones vía electrónica, ello sin perjuicio que, conforme lo dispone el segundo párrafo del propio ordenamiento en relación al numeral 26, fracción I, de la ley de la materia, aquellas notificaciones que por su trascendencia lo ameriten, se ordena realizar por conducto de Actuario de la adscripción en el domicilio señalado en su demanda. Con la aclaración que, acorde a su solicitud, las notificaciones se efectuarán vía electrónica y para los casos que se ordene de forma personal, únicamente surtirán efectos de esa forma, es decir, no se realizarán por ambos conductos a la vez - electrónicas y personales, sino únicamente como esté ordenado en el auto respectivo, ya que la Ley de la materia no permite duplicar las notificaciones. Asimismo, se autoriza a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciados en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Como lo solicita, con fundamento en la parte final del párrafo quinto, del artículo 3º de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico derivado del presente juicio de garantías al usuario "HECTORNANDEZ", y, dígase que se encuentra disponible la consulta del mismo en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. USO DE MEDIOS ELECTRONICOS Por otra parte, se faculta a los autorizados de la parte quejosa, de conformidad con la circular número 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el uso de las cámaras, grabadoras y lectores ópticos, para reproducir las actuaciones del presente juicio. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa...".
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