Héctor Tobón Luna
Expediente 878/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 878/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 05/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Héctor Tobón Luna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Glósese el oficio del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en la ciudad del mismo nombre; informa que dicho juzgado aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo., remítase los autos del presente juicio y fórmese cuaderno de antecedentes respectivo., al encontrarse totalmente concluido el presente asunto, se ordena su archivo definitivo; se hace constar que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción
- Principal
Licenciado *** ratifica el cargo que le fue conferido como representante del quejoso *** dentro del presente juicio de amparo; asimismo, señala domicilio convencional para oír y recibir notificaciones y correo electrónico. (...) Ahora, resulta necesario analizar lo relacionado a la competencia de este juzgado de distrito, para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y, por tanto, preferentes. "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación del artículo citado se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, al tenor siguiente: I. La primera hipótesis que se encuentra contenida en el numeral en comento, se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren necesariamente de ejecución material para su cumplimentación por parte de autoridad diversa a la ordenadora; II. La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo transcrito, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; III. En el tercer párrafo del precepto aludido, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera la ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Fijado lo anterior, de la primera de las hipótesis pueden derivarse cuatro supuestos específicos en los que se establece la competencia del Juez de Distrito de acuerdo a lo siguiente: a) El lugar donde el acto deba tener ejecución, es aquél en donde: 1. El acto aún no ha sido ejecutado, y 2. En virtud de las autoridades responsables y el análisis de la demanda de amparo, conlleven necesariamente a la conclusión, de que los actos señalados como reclamados habrán de tener ejecución en ese lugar y que indudablemente tiene que ejecutarse dentro de esa jurisdicción. b) El lugar en donde trate de ejecutarse, que es aquél donde la ejecución comenzó a llevarse a cabo con la finalidad de consumarla, pero que, sin embargo, no se ejecutó en su totalidad, ello en virtud, que del conjunto de los actos tendentes a consumar el acto, no fue posible el producir los efectos que eran objeto del acto de autoridad. c) El lugar en donde se ejecute, es aquél en donde la ejecución fue o está siendo actualizada en el presente, al momento de la presentación de la demanda. d) El lugar en donde se haya ejecutado, es aquél en donde la ejecución ya fue consumada en su totalidad y por tanto, de manera instantánea fue perfeccionada dentro de esa jurisdicción y, sin embargo, puede dar cabida a dos tipos de actos en base a sus efectos, actos de tracto sucesivo y actos consumados con efectos que se prolongan en el tiempo. Como puede verse del dispositivo legal antes reseñado, se aprecian supuestos que pueden actualizarse y que deben ser analizados para establecer la competencia para conocer de un asunto. En el caso particular, el promovente señaló como autoridad responsable al Juez Segundo de los Penal de la Ciudad de Puebla, con sede en Puebla, y otras autoridades; y como acto reclamado la resolución de veintiséis de abril de mil novecientos noventa y nueve, consistente en el auto de formal prisión dictado dentro de la causa penal 140/1999 del índice administrativo de la autoridad judicial responsable, lo que genera como consecuencia que siga bajo prisión preventiva. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso. Pues, si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad. Por tanto, al reclamarse la resolución de veintiséis de abril de mil novecientos noventa y nueve, consistente en el auto de formal prisión dictado dentro de la causa penal 140/1999 del índice administrativo de la autoridad judicial responsable, en la vía de amparo, siendo que el quejoso guarda prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual, en el caso, es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario. Además, aunado al hecho de que el acto reclamado se atribuye al Juez Segundo de los Penal de la Ciudad de Puebla, con sede en Puebla, debe tenerse en consideración que los efectos del acto reclamado en el presente asunto, atendiendo a su naturaleza, se trasladan directamente al proceso penal 140/1999, instruido en contra del aquí quejoso, por ser donde tiene su principal impacto y repercusión; de ahí que al conocer del juicio de amparo un Juez de Distrito que resida en la jurisdicción del juez del proceso, se maximiza el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 Constitucional.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA AL DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL DE LA PARTE QUEJOSA **** EL AUTO DE DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, TODA VEZ QUE NO OCURRIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL MISMO, NO OBSTANTE, EL AVISO DEJADO EN SU DOMICILIO EL **** DEL AÑO EN CURSO, EL AUTO EN CITA SEÑALA: Licenciado *** ratifica el cargo que le fue conferido como representante del quejoso *** dentro del presente juicio de amparo; asimismo, señala domicilio convencional para oír y recibir notificaciones y correo electrónico. (...) Ahora, resulta necesario analizar lo relacionado a la competencia de este juzgado de distrito, para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y, por tanto, preferentes. "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación del artículo citado se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, al tenor siguiente: I. La primera hipótesis que se encuentra contenida en el numeral en comento, se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren necesariamente de ejecución material para su cumplimentación por parte de autoridad diversa a la ordenadora; II. La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo transcrito, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; III. En el tercer párrafo del precepto aludido, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera la ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Fijado lo anterior, de la primera de las hipótesis pueden derivarse cuatro supuestos específicos en los que se establece la competencia del Juez de Distrito de acuerdo a lo siguiente: a) El lugar donde el acto deba tener ejecución, es aquél en donde: 1. El acto aún no ha sido ejecutado, y 2. En virtud de las autoridades responsables y el análisis de la demanda de amparo, conlleven necesariamente a la conclusión, de que los actos señalados como reclamados habrán de tener ejecución en ese lugar y que indudablemente tiene que ejecutarse dentro de esa jurisdicción. b) El lugar en donde trate de ejecutarse, que es aquél donde la ejecución comenzó a llevarse a cabo con la finalidad de consumarla, pero que, sin embargo, no se ejecutó en su totalidad, ello en virtud, que del conjunto de los actos tendentes a consumar el acto, no fue posible el producir los efectos que eran objeto del acto de autoridad. c) El lugar en donde se ejecute, es aquél en donde la ejecución fue o está siendo actualizada en el presente, al momento de la presentación de la demanda. d) El lugar en donde se haya ejecutado, es aquél en donde la ejecución ya fue consumada en su totalidad y por tanto, de manera instantánea fue perfeccionada dentro de esa jurisdicción y, sin embargo, puede dar cabida a dos tipos de actos en base a sus efectos, actos de tracto sucesivo y actos consumados con efectos que se prolongan en el tiempo. Como puede verse del dispositivo legal antes reseñado, se aprecian supuestos que pueden actualizarse y que deben ser analizados para establecer la competencia para conocer de un asunto. En el caso particular, el promovente señaló como autoridad responsable al Juez Segundo de los Penal de la Ciudad de Puebla, con sede en Puebla, y otras autoridades; y como acto reclamado la resolución de veintiséis de abril de mil novecientos noventa y nueve, consistente en el auto de formal prisión dictado dentro de la causa penal 140/1999 del índice administrativo de la autoridad judicial responsable, lo que genera como consecuencia que siga bajo prisión preventiva. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso. Pues, si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad. Por tanto, al reclamarse la resolución de veintiséis de abril de mil novecientos noventa y nueve, consistente en el auto de formal prisión dictado dentro de la causa penal 140/1999 del índice administrativo de la autoridad judicial responsable, en la vía de amparo, siendo que el quejoso guarda prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual, en el caso, es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario. Además, aunado al hecho de que el acto reclamado se atribuye al Juez Segundo de los Penal de la Ciudad de Puebla, con sede en Puebla, debe tenerse en consideración que los efectos del acto reclamado en el presente asunto, atendiendo a su naturaleza, se trasladan directamente al proceso penal 140/1999, instruido en contra del aquí quejoso, por ser donde tiene su principal impacto y repercusión; de ahí que al conocer del juicio de amparo un Juez de Distrito que resida en la jurisdicción del juez del proceso, se maximiza el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 Constitucional.
- Principal
Titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Coahuila, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa a este Juzgado Federal, que designó como representante jurídico del quejoso *** al licenciado ***; quien deberá prestar el servicio de representante jurídico al quejoso de mérito de acuerdo a la normatividad que regule ese Instituto Federal de Defensoría Pública, asimismo proporciona correo electrónico y número de teléfono para contactar al profesionista de mérito. (...) requiérase al licenciado *** en el domicilio proporcionado en el escrito de cuenta, para que dentro del término de tres días, contado a partir del que quede legalmente notificada del presente proveído, comparezca ante este Juzgado de Distrito a fin de ratificar el cargo que le fue conferido, o bien podrá hacerlo por escrito. Apercibido que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, o bien, de no informar el impedimento que tiene para cumplir en el plazo apuntado, se hará acreedor a una multa de cincuenta unidades de medida y actualización; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, en relación con el decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día siguiente.
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