Hector Tobon Luna

Expediente 1170/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1170/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Hector Tobon Luna

Actuaciones

  1. Principal

    SE DEJO AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA; POR TANTO, SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS.- JUICIO DE AMPARO 1170/2023-VII. Puebla, Puebla, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Se integra al expediente electrónico el oficio signado por la Titular del Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado de Puebla, por el cual, atiende el requerimiento formulado en el proveído de trece de noviembre de dos mil veintitrés, pues comunica haber designado a Julio Arturo Gómez Peña, como defensor público del quejoso. Por tanto, se tiene cumplido el requerimiento formulado a la citada directora, y se deja sin efectos el apercibimiento realizado en el auto de referencia. Se requiere defensor. En consecuencia, dada la designación realizada, cítese al defensor público Julio Arturo Gómez Peña para que acuda a las instalaciones de este juzgado de distrito, dentro del plazo de tres días, el cual será computado a partir del día siguiente en que le surta efectos la notificación respectiva, en un horario de 10:00 a 13:00 horas para aceptar y protestar el cargo de defensor público del quejoso. Para ello, bajo protesta de decir verdad, deberá presentar su cédula profesional en original en esa diligencia, para corroborar su identidad, personalidad y capacidad procesal -conforme a lo previsto en la ley reglamentaria-. Además, se apercibe a dicho defensor que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese; de forma personal al defensor público Julio Arturo Gómez Peña.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1170/2023-VII. Puebla, Puebla, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Se integra al expediente electrónico el oficio signado por la Titular del Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado de Puebla, por el cual, atiende el requerimiento formulado en el proveído de trece de noviembre de dos mil veintitrés, pues comunica haber designado a Julio Arturo Gómez Peña, como defensor público del quejoso. Por tanto, se tiene cumplido el requerimiento formulado a la citada directora, y se deja sin efectos el apercibimiento realizado en el auto de referencia. Se requiere defensor. En consecuencia, dada la designación realizada, cítese al defensor público Julio Arturo Gómez Peña para que acuda a las instalaciones de este juzgado de distrito, dentro del plazo de tres días, el cual será computado a partir del día siguiente en que le surta efectos la notificación respectiva, en un horario de 10:00 a 13:00 horas para aceptar y protestar el cargo de defensor público del quejoso. Para ello, bajo protesta de decir verdad, deberá presentar su cédula profesional en original en esa diligencia, para corroborar su identidad, personalidad y capacidad procesal -conforme a lo previsto en la ley reglamentaria-. Además, se apercibe a dicho defensor que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese; de forma personal al defensor público Julio Arturo Gómez Peña.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1170/2023-VII. Puebla, Puebla, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe el oficio y anexo de cuenta, de cuyo contenido se aprecia -entre otras cuestiones- el proveído inserto de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, dictado en el expedientillo de varios, del índice de este juzgado, con motivo de la recepción de la demanda de amparo promovida por***, contra actos del Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar la demanda y si se encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO" En el presente caso, se examinó de manera integral la demanda para detectar el acto reclamado: *** Por otra parte, de los antecedentes de la demanda de amparo se desprende:*** Ahora, en dicho escrito manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de dicha negativa desde el cuatro de mayo del año en curso. De la anterior manifestación resulta innegable que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente que dispone:*** La interpretación lógica y sistemática de los preceptos legales invocados, permite inferir que la causa de improcedencia del juicio de amparo sustentada en el consentimiento tácito del acto reclamado, se actualiza una vez que el quejoso, a sabiendas de su existencia, no actúa para defenderse instando la acción constitucional respectiva dentro de los términos legales preestablecidos; por lo cual, el silencio mostrado por el impetrante con respecto al acto de autoridad, implica su aceptación. Asimismo, en materia penal, la fracción IV de dicho numeral, establece como excepción en tratándose de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; casos en los cuales la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. Sin embargo, una vez que se analizan los supuestos hipotéticos que como excepción a la regla general para la interposición del amparo que contempla la norma 17 de la Ley de la Materia, se puede concluir con claridad meridiana, que en el caso, no se actualiza ese supuesto excepcional, lo que conlleva a la vigencia de esa regla general; pues, la negativa reclamada constituye un acto que se dictada dentro de un procedimiento penal, particularmente, el desechamiento de las pruebas ofrecidas para desahogar, por segunda ocasión, un protocolo de Estambul. De ahí que, en la especie, la oportunidad de interposición del amparo, resulta de quince días, acorde a lo estatuido en el precepto 18 del invocado ordenamiento reglamentario. Ante ese panorama, se estima que la presentación de la demanda de amparo en la que se reclama una negativa atribuida al Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, es extemporánea. Lo anterior resulta, puesto que del referido numeral 18, se desprende que los plazos deben ser computados de la siguiente manera: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ese acto o ejecución; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor del acto o su ejecución. En ese sentido, del texto normativo se advierte que el legislador racional previó que bastara con que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, es decir, los supuestos previstos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, pues basta con la actualización de uno de esos supuestos (el que cronológicamente se presente primero), para su operancia. Además, la esencia del referido artículo 18, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, pues es suficiente que en la demanda, el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que se constituya el punto de partida para la contabilización del cómputo que ha de constituirse como la oportunidad de interposición del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre un dato diverso; sin embargo, en el presente caso, de los antecedentes esgrimidos en la demanda de amparo se advierte que, bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa manifestó que tuvo conocimiento desde el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, fecha en que dice le fue notificada la determinación reclamada. Por tanto, esa manifestación del quejoso resulta válida para realizar el cómputo respectivo para determinar la oportunidad del presente juicio de amparo. En ese orden de ideas, deviene inconcuso que transcurrieron en exceso los quince días a que tenía derecho el quejoso para interponer la correspondiente demanda de amparo, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ese plazo se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o el acuerdo que reclame, conforme a la ley del acto, al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. Y, bajo ese contexto, el quejoso bajo protesta de decir verdad manifestó tener conocimiento desde el cuatro de mayo de dos mil veintitrés -fecha en que dice le fue notificado el acto reclamado-; por tanto, como ya se precisó, a partir de esa fecha empezó a correr el término de quince días para ejercer la acción de amparo en contra del acto de autoridad que ahora reclama. Por consiguiente, la acción de derechos fundamentales fue ejercida en forma extemporánea, porque el referido plazo de quince días transcurrió del nueve al veintinueve de mayo del año en curso, sin contar los días trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho del mismo mes y año, por ser sábados y domingos, ya que se consideran días inhábiles para la promoción del juicio de amparo, en términos del numeral 19 de la ley de la materia, como se advierte del siguiente calendario:*** Por lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque el quejoso consintió tácitamente el acto que ahora pretende reclamar, pues manifestó expresamente que tuvo conocimiento del mismo desde el cuatro de mayo de dos mil veintitrés y a pesar de ello, no ejerció la acción de amparo dentro del plazo genérico de quince días ya aludido. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J. 27/96 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 57 del Tomo III, de Junio de 1996, Materia: Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 200094, con el rubro y textos siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO Por lo tanto, al resultar notoria, manifiesta e indudable, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, y por ende, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Anotaciones internas Se instruye a la Oficial Judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) de este juzgado, realice las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Se solicita defensor público. Se tiene presente que el quejoso se encuentra privado de la libertad en un centro penitenciario, con motivo de la instrucción de una causa penal; así como que omitió designar autorizados en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo, para que lo asistan en este juicio. Por tanto, se ordena girar oficio a la Directora General de Defensoría Pública del Estado de Puebla, para que de inmediato designe un defensor público que asista a la parte quejosa de este juicio, mismo que deberá comparecer dentro de los tres días hábiles siguientes a su designación ante este juzgado a aceptar y protestar dicho cargo en un horario de 10:00 a 13:00 horas, quien deberá acompañar cédula profesional que lo ampare como licenciado en derecho e identificación oficial con fotografía. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia de rubro siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO". Se apercibe a la mencionada directora, así como al defensor público que sea designado que, en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, en el plazo otorgado para tal fin, se le impondrá a quien incumpla, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Domicilio procesal y autorizados. El quejoso solicitó que sus notificaciones se realicen en el Centro Federal de Readaptación Social número 14 "CPS-Durango", ubicado en el municipio de Gómez Palacio, Durango, pues en éste se encuentra recluido. Ello obedece a que el mismo no contaba (al momento de presentar la demanda) con la asistencia de un profesionista en derecho. Por tanto, para garantizar la defensa técnica del quejoso, así como para procurar el acceso a la justicia de manera pronta y expedita, se provee: Con fundamento en el artículo 27 fracción II, párrafo primero de la Ley de Amparo, 297, fracción II, 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, y en términos del artículo 79 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal2 , líbrese atento exhorto -en línea- al Juez de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano constitucional ordene a quien corresponda, se constituya en el citado centro penitenciario y le notifique este proveído al quejoso Héctor Tobón Luna, corriéndole traslado con copia autorizada del mismo. Se hace notar al juez exhortado que está facultado para autorizar días y horas inhábiles a fin de realizar lo encomendado, así como para que provea todas las diligencias que sean necesarias para materializar la notificación solicitada. 2 Que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, aprobado en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte. Por lo que se pide en forma atenta que devuelva la comunicación oficial por el sistema en línea, es decir, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), cuando se realice la diligencia con el citado quejoso. Autorización para toma de fotografía. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa (mediante exhorto), mediante oficio a la Directora General de Defensoría Pública del Estado de Puebla y cúmplase.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 6,491 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano