Hector Tapia Renteria

Expediente 751/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
751/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
11/12/2020

Partes del expediente

  • Hector Tapia Renteria

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a once de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos del presente cuadernillo el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, con residencia en Tijuana, Baja California, mediante el cual informa que por auto de uno de diciembre de dos mil veinte, aceptó el conocimiento del juicio de amparo remitido por este órgano jurisdiccional, radicándolo con el número 738/2020-III. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el cuaderno principal del presente juicio es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo del punto VIGÉSIMO PRIMERO del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá también transferirse el cuaderno principal del presente juicio de garantías. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Tomando en cuenta que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho1 anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a dos de diciembre de dos mil veinte. SE RECIBE EXHORTO DILIGENCIADO Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, mediante el cual devuelve debidamente diligenciada la comunicación oficial 183/2020, de su índice, formada con motivo de nuestro exhorto 94/2020-4A, con número de orden 96/2020-4A, sin hacer mayor pronunciamiento en virtud de que por auto de veinticinco de noviembre del año en curso, se acordó respecto del cumplimiento de prevención. ANOTACIONES LIBRO DE GOBIERNO Y SISE Con motivo de lo anterior, se ordena llevar a cabo la anotación correspondiente en el Libro de Juzgado, relativo a las Comunicaciones Oficiales Enviadas, así como la captura de baja relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a veinticinco de noviembre de dos mil veinte. SE RECIBE EXHORTO DILIGENCIADO Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, mediante el cual devuelve debidamente diligenciada la comunicación oficial 173/2020, de su índice, formada con motivo de nuestro exhorto 94/2020-4A, con número de orden 96/2020-4A. ANOTACIONES LIBRO DE GOBIERNO Y SISE Con motivo de lo anterior, se ordena llevar a cabo la anotación correspondiente en el Libro de Juzgado, relativo a las Comunicaciones Oficiales Enviadas, así como la captura de baja relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, vista la razón actuarial de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, de la actuaria adscrita al Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, téngase al quejoso HÉCTOR TAPIA RENTERÍA, dando cumplimiento a la prevención de cinco del mes y año en curso. Ahora bien, como presupuesto procesal de orden público, este Juzgado advierte que carece de legal competencia para conocer de la presente demanda; en consecuencia, se propone que la competencia jurídicamente le corresponde al Juez de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en atención a las siguientes consideraciones. En principio, se desprende de la armónica intelección del escrito de demanda, así como las expresiones realizadas bajo protesta de decir verdad ante la fedataria adscrito al Juzgado exhortado, que el promovente solicita el amparo y protección de la justicia federal, en cuanto a la la `omisión´ de resolver su solicitud de reducción de pena. En este contexto, a fin de sustentar la presente determinación, resulta oportuno transcribir el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente (lo subrayados es propio): "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El citado precepto legal prevé tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda. 1)Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2)Si el acto de reclamo puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3)Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De las hipótesis antes descritas, se obtiene que la competencia territorial de los Jueces de Distrito depende directamente de la ejecución de los actos de reclamo. Así, tendría competencia para conocer de un juicio de amparo, aquél que resida en el lugar en que trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto de reclamo, mientras que si éste carece de ejecución, se estará en presencia de la última regla. Ahora, en el caso concreto el quejoso se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social "El Hongo 2", con sede en Tecate, Baja California, es por ello que debe aplicarse la primer hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo anteriormente transcrito; es decir, el juez competente para conocer del presente asunto es aquel que tiene jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 141/2004-PS, señaló: ? Que la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privar al gobernado de la libertad personal que en ese momento disfrute, sino que tal afectación también surge a la vida jurídica con actos que determinen, de alguna manera, la permanencia del gobernado en su situación actual de privación de libertad personal o modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse, en virtud de que el derecho que a la libertad personal tiene el hombre, le es propio, viene de su naturaleza y la ley no se lo concede, sino que se lo reconoce, y al momento de ser privado de ella por motivos que la propia ley determina, nace el derecho de estar libre mediante ciertos requisitos, por lo que los beneficios que el legislador establece para suspender la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta por la autoridad judicial, contienen un presupuesto obvio y elemental que radica en que el sentenciado se encuentre en posibilidad, cumpliendo con ciertos requisitos, de recuperar su libertad personal antes del tiempo de pena fijado en sentencia definitiva. ? Cuando se ha solicitado por el reo alguno de los beneficios que el legislador establece para suspender la ejecución de la pena privativa de libertad que le ha sido impuesta por la autoridad judicial, o en su caso nulificarla, y la autoridad correspondiente niega su tramitación, resulta claro que a partir de ese momento, su libertad personal se encontrará restringida no sólo en virtud de la sentencia que lo condenó, sino por la negativa de que se trata. ? Que la resolución en que se niega el trámite para que el quejoso obtenga alguno de los beneficios mismos que el legislador establece para suspender o nulificar la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta por la autoridad judicial, constituye un acto que afecta la libertad personal del individuo, pues aun cuando es cierto que la privación de libertad del reo es consecuencia de la sentencia que se dictó en su contra en el proceso penal que se le instruyó, no menos cierto es que continuará privado de su libertad como consecuencia positiva de esa negativa. Consecuentemente, la parte quejosa solicita la reducción de la pena y que se encuentra privada de la libertad en virtud de la sentencia condenatoria dictada en su contra, y al existir una abstención de resolver su petición, es indudable que continuará privada de su libertad en el lugar destinado para su reclusión. Por lo cual, conforme a la primera regla de competencia prevista por el artículo 37 de la Ley de Amparo, al continuar la situación de privación de libertad personal del individuo, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde se encuentra recluido y, por tanto, es competente para conocer del juicio de amparo un Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del centro penitenciario. Dichos argumentos dieron origen a la jurisprudencia registrada bajo el número 178232, de la mencionada Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se intitula: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN." Máxime que en el caso, debe precisarse que el propósito del legislador al establecer las referidas reglas de competencia, fue facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que él pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y respecto al caso que nos ocupa, al encontrarse el quejoso recluido en el Centro de Reinserción Social "El Hongo 2", ubicado en Tecate, Baja California, es evidente que tendrá mayor posibilidad y acceso a su defensa ante un Juzgado de Distrito situado en esa ciudad, que en uno ubicado en una jurisdicción diferente, lo que evidentemente le dificultaría y obstaculizaría el acceso a la justicia federal. Al caso es aplicable la jurisprudencia de registro 177673, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del título siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÁ RECLUIDO EL QUEJOSO, CUANDO LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA OMITE PROVEER SOBRE LA SOLICITUD DE LIBERTAD ANTICIPADA." Asimismo, se cita estima dable citar la jurisprudencia de registro 2006160, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se intitula: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO." En las relatadas condiciones, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítanse los presentes autos al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en turno, a fin de que comunique a éste Juzgado si acepta o no el conocimiento de este asunto, debiendo formar el cuaderno de antecedentes correspondiente. ANOTACIONES LIBRO DE GOBIERNO Y SISE Finalmente, hágase la anotación en los Libros Uno y Cuatro de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en las listas de egresos de la estadística de este juzgado, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese.

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