Héctor Sotelo Beltrán

Expediente 805/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
805/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
18/08/2021

Partes del expediente

  • Héctor Sotelo Beltrán

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ********************, mediante el cual, solicita la devolución de las documentales que fueron anexadas a la demanda inicial de amparo, por conducto de las personas que autoriza para ello.****************************************En ese sentido, con apoyo en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional pone a su disposición dichas documentales, debiendo acudir ante este órgano jurisdiccional de control constitucional (sito en Boulevard del Lago, Número 103, Edificio B, primero piso, Colonia Villas Deportivas, en Cuernavaca, Morelos), con identificación vigente que cuente con fotografía (INE, PASAPORTE O CÉDULA PROFESIONAL) para que se le haga entrega de los mismos.****************************************Lo anterior, previa cita que tenga a bien realizar la parte quejosa, en la "Agenda OJ", localizable en el Micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, en atención al artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En la inteligencia que de no presentarse dentro de un plazo de noventa días a recoger el documento exhibido por dicha parte procesal, podrá ser destruido junto con el presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de julio de dos mil veintiuno.... se declara que el auto de nueve de julio de dos mil veintiuno, por medio del cual este Juzgado de Distrito desecho de plano la demanda de amparo, ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar.... archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.... Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a nueve de julio de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de los Integrantes del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del Municipio de Jiutepec, Morelos. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo 805/2021-II, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Desechamiento de la demanda. En el caso, se estima que se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que obliga a promover el medio ordinario de defensa previsto en la legislación ordinaria, misma que establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley". Conforme al artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, para que la interposición de un recurso sea condicionante de la procedencia del juicio constitucional de amparo es preciso que aquél sea legal y que a través de él pueda modificarse, revocarse o nulificase el acto de autoridad, siempre que, conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos, de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con iguales alcances que los previstos por la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el fijado para otorgar la suspensión provisional, independientemente de que el acto, en sí mismo considerado, sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la Ley de Amparo. En esta tesitura, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, debido a que la parte quejosa debió agotar los medios ordinarios de defensa legal, contra la resolución definitiva de diez de junio de dos mil veintiuno emitida dentro del procedimiento administrativo sancionador registrado bajo el número de expediente PDI/DAI/032/08-2019, mediante la cual se determinó la remoción del cargo del quejoso Alejandro Mauricio Hernández Amaro, de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del Municipio de Jiutepec, Morelos. Se determina lo anterior, en virtud de que en contra de los citados actos procede el juicio de nulidad previsto en el artículo 196 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, que establece: "Artículo 196. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos será el competente para conocer de los conflictos derivados de las prestaciones de servicios del personal administrativo; de los emanados de los procedimientos administrativos iniciados en contra del personal operativo o de los elementos de las instituciones policiales definidos en esta ley en el ámbito estatal o municipal así como de los ministerios públicos, peritos y policía ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, igualmente será el órgano jurisdiccional competente de conocer de los actos que emanen de la remoción inmediata de los mismos por la no acreditación de los requisitos de permanencia que contempla esta ley." Situación que también contempla, el artículo 18, inciso B), fracción II, inciso l), de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que establece: "Artículo 18. Son atribuciones y competencias del Pleno: (.) B) Competencias: (.) II. Resolver los asuntos sometidos a su jurisdicción, por lo que conocerá de: (.) l) Conforme a lo establecido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conocerá de los juicios promovidos por los miembros de las instituciones de seguridad pública, derivados de su relación administrativa con el Estado y los Ayuntamientos, en contra de las sentencias definitivas mediante las que se imponen correctivos disciplinarios y sanciones impuestas por los Consejos de Honor y Justicia, con excepción de las responsabilidades administrativas graves previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas". El último artículo transcrito prevé que, conforme a lo establecido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos conocerá de los juicios promovidos por los miembros de las instituciones de seguridad pública, derivados de su relación administrativa con el Estado y los Ayuntamientos, en contra de las sentencias definitivas mediante las que se imponen correctivos disciplinarios y sanciones impuestas por los Consejos de Honor y Justicia, con excepción de las responsabilidades administrativas graves previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por lo que, como se precisó, el quejoso antes de instar la vía constitucional debió agotar el juicio de nulidad, toda vez que, a través de dicho medio de impugnación, el acto que en la especie reclama, puede ser modificado, revocado o nulificado, máxime que, de conformidad con el artículo 109 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, podía solicitarse incluso la suspensión del referido acto. Lo anterior, sin que este órgano jurisdiccional, advierta del escrito de demanda, alguna excepción al principio de definitividad, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que pudieran eximir a la parte quejosa de promover el medio ordinario de defensa, previo a acudir al juicio constitucional. El principio de definitividad que rige el juicio de amparo, implica que, para acudir al juicio constitucional, el gobernado debe agotar previamente las instancias que pudieran modificar, revocar o anular el acto reclamado, siempre que no se trate de una persona extraña al procedimiento. En el caso, se advierte que el quejoso no es tercero extraño al procedimiento de origen, en virtud de que tenía conocimiento del procedimiento de investigación administrativa iniciado en su contra. Por otra parte, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en sus artículos 109 a 116, regulan lo relativo a la suspensión de los actos reclamados ante esa instancia: "Artículo 109. La Sala podrá conceder la suspensión de los actos impugnados, en el mismo auto de admisión de la demanda, cuando así lo hubiere solicitado el actor o en cualquier momento que lo solicite, pero siempre antes de que se cierre la instrucción. El auto que decrete la suspensión debe notificarse sin demora a la autoridad demandada, para su cumplimiento. Si los actos o resoluciones impugnados se hubiesen ejecutado y afecten a particulares de escasos recursos económicos, impidiéndoseles el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia y esté pendiente de dictarse la sentencia, las Salas podrán dictar las medidas cautelares que estimen necesarias para preservar el medio de subsistencia del demandante". "Artículo 110. La suspensión se decretará cuando concurran los siguientes requisitos: I. Que lo solicite el particular actor; II. Que, de concederse la suspensión, no se cause perjuicio a un evidente interés social o se contravengan disposiciones de orden público; III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al particular con la ejecución del acto, y IV. Que no se deje sin materia el juicio. Para los efectos de la fracción II, se considera que causa un perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones del orden público, cuando de concederse la suspensión: a. Continúe el funcionamiento de establecimientos donde se haya cometido algún delito que se encuentre en etapa de investigación, así como de establecimientos ilegales de juegos con apuestas o sorteos; b. Continúe la producción o el comercio ilegal de bebidas alcohólicas, y c. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional; d. Se involucre el bienestar de la población en materia de seguridad pública, derivado de la resolución que da por terminada la relación administrativa existente entre el Estado y los Ayuntamientos, con Agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales. La Sala resolverá sobre la suspensión de inmediato, una vez que se solicite. Si concede la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y dictará las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva. Una vez recibida la solicitud, el Secretario dará cuenta al Magistrado para que proceda en los términos de este artículo. La Sala podrá modificar o revocar el acuerdo en que haya concedido o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento". "Artículo 111. La Sala, sin dejar de observar los requisitos previstos en el artículo anterior, podrá hacer una apreciación, de carácter provisional, sobre la legalidad del acto o resolución impugnada de manera que, para conceder la suspensión, bastará la comprobación de la apariencia del derecho que reclama el particular actor, de modo tal que sea posible anticipar, que en la sentencia definitiva declarará procedente la acción intentada, además del peligro que la demora en la resolución definitiva del juicio podría ocasionar para la preservación del derecho que motivó la demanda. El análisis a que se alude en el párrafo anterior debe realizarse sin prejuzgar sobre la certeza del derecho y, en consecuencia, la resolución dictada para otorgar la suspensión, no tendrá efecto alguno sobre la sentencia de fondo". "Artículo 112. Tan pronto como se conceda la suspensión y se otorguen las garantías correspondientes en su caso, se hará del conocimiento de las autoridades demandadas, para su cumplimiento. La violación por parte de las autoridades a la suspensión concedida por la Sala, será recurrible en queja, la cual se tramitará en los términos previstos de este ordenamiento. Al cumplimiento de la suspensión otorgada por la Sala se encuentran obligadas todas las autoridades que intervengan en el acto reclamado, con cualquier carácter, aun cuando no se encuentren demandadas. Para hacer cumplir la suspensión concedida, la Sala podrá hacer uso de los medios de apremio establecidos por esta Ley, siendo aplicable, además, en lo conducente, lo dispuesto por este mismo ordenamiento para el cumplimiento y ejecución de las sentencias". "Artículo 113. En los casos en que la suspensión pueda causar daños o perjuicios o ambos a terceros, ésta se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, en caso de no obtenerse sentencia favorable en el juicio. Cuando los daños o perjuicios que puedan ocasionarse a terceros no sean estimables en dinero, el Tribunal fijará discrecionalmente el importe de la garantía". "Artículo 114. La suspensión otorgada conforme al artículo anterior quedará sin efectos si el tercero interesado, a su vez, otorga contra garantía bastante para restituir las cosas al estado que guardaban a la fecha en que se solicitó aquella y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor en caso de que obtenga sentencia favorable. La contra garantía que ofrezca el tercero interesado deberá cubrir, además, el importe de los gastos que hubiese erogado el actor, en la obtención de la fianza otorgada". "Artículo 115. En contra de los autos que concedan o nieguen la suspensión, fijen fianzas o contrafianza, procederá el recurso de reconsideración en la forma y términos previstos por esta Ley". "Artículo 116. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contra garantías que se otorguen con motivo de la suspensión, el interesado deberá solicitarlo ante la Sala dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la sentencia. Del escrito del solicitante, se dará vista a las demás partes por un término de cinco días, dictándose la resolución correspondiente dentro de los diez días siguientes". Con el propósito de verificar si en el caso, los requisitos establecidos en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, para otorgar la suspensión de la ejecución del acto impugnado en el juicio de nulidad, son mayores a los establecidos en la Ley de Amparo, resulta conveniente acudir igualmente a aquellos preceptos de este ordenamiento que regulan la suspensión del acto reclamado. Así, se tiene que los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la suspensión a petición de parte, se requiere que dicha medida sea solicitada por el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se ocasionen a aquél con la ejecución del acto y, en su caso, que se exhiba garantía suficiente para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que se ocasionaren a un tercero: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva". "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión, pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos". "Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos: I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía". Basta entonces el examen comparativo de los artículos transcritos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, frente a los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo, para concluir válidamente que los requisitos establecidos para otorgar la suspensión de los actos impugnados en el juicio de nulidad no son mayores que los previstos para suspender el acto reclamado en el juicio de amparo. Consecuentemente, al quedar de manifiesto que los requisitos establecidos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad no son mayores que los previstos para suspender el acto reclamado en el juicio de amparo, se concluye que el hoy quejoso, previamente a la presentación de la demanda de amparo, debió agotar el principio de definitividad, esto es, debió promover el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Ahora bien, de autos no se advierte que los actos reclamados importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal. Tampoco se está en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni esta autoridad federal advierte algún otro elemento del que se pueda inferir que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad. Por otro lado, el juicio de nulidad se encuentra establecido en la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por lo que se encuentra previstos en una ley emanada de autoridad legislativa. Ahora bien, si bien es cierto que el acto reclamado pudiera ser de imposible reparación, esta circunstancia no exime de observar el principio de definitividad. Lo anterior, debido a que el principio de definitividad deriva de la propia naturaleza del juicio de amparo como medio de defensa extraordinario que procede contra resoluciones que no admiten la posibilidad de ser revocados, modificados o nulificados, por medio de recursos ordinarios. Esta es la razón por la que al margen del reconocimiento de la existencia de ciertos actos cuya ejecución tiene efectos irreparables, respecto de los que procede el juicio de amparo indirecto, se exige que previo a instar la acción constitucional se agote el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto, que tenga como efecto su modificación, revocación o nulidad. Aun cuando los actos reclamados pudieran ser de imposible reparación, dicha circunstancia no releva al quejoso de cumplir con lo ordenado en lo dispuesto en el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, respecto de su obligación de agotar los medios ordinarios de defensa previstos en las leyes que rigen el acto reclamado, antes de promover la instancia constitucional. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, página 8, libro 55, junio de dos mil dieciocho, tomo I, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". La irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo. Por su parte, la regla de definitividad se refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. En esa tesitura, como se dijo, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley. De igual manera, resulta aplicable al presente asunto, por analogía, el criterio 2a./J. 129/2002, de registro digital 185349, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Diciembre de 2002, página 246, de contenido siguiente: "POLICÍAS JUDICIALES FEDERALES. EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN QUE DECRETE SU REMOCIÓN POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis 2a. CLXI/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, diciembre de 1998, página 429, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS ASUNTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN.", así como en las consideraciones en que sustentó dicho criterio, determinó que la relación existente entre los elementos de los cuerpos de seguridad pública y el Estado es de naturaleza administrativa, y que compete, por afinidad, al Tribunal Fiscal de la Federación (actualmente Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa) conocer de los conflictos derivados de la prestación de servicios de los agentes de la Policía Judicial Federal que se encuentran adscritos a la Procuraduría General de la República, a través del juicio de nulidad, independientemente del origen de la controversia, es decir, ya sea con motivo de las prestaciones que les asisten en razón de ese vínculo o por cuestiones de responsabilidad administrativa. En congruencia con lo antes expuesto, en contra de la resolución que determina la responsabilidad administrativa de un agente de la Policía Judicial Federal y decreta su remoción, cualquiera que sea la causa de ésta, procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que es el órgano competente para resolver esa clase de conflictos, por lo que en términos de lo previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, dicho medio ordinario de defensa debe agotarse antes de acudir al juicio de garantías, salvo que se actualice alguna excepción al principio de definitividad." Finalmente, resulta aplicable, el criterio I.1o.A.146 A (10a.), de registro digital 2013992, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de la Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV, página 2768, de contenido siguiente: "MIEMBRO DE LA POLICÍA FEDERAL. EL OFICIO DE CONCLUSIÓN DEL CARGO ADMINISTRATIVO O DE DIRECCIÓN DESEMPEÑADO POR AQUÉL TIENE EL CARÁCTER DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA PARA EFECTOS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AUN CUANDO DICHO SERVIDOR PÚBLICO CONTINÚE EN LA INSTITUCIÓN CON EL GRADO QUE OSTENTA. De conformidad con el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrogada, las Salas de dicho órgano jurisdiccional conocerán de los medios de defensa que se promuevan contra las resoluciones definitivas dictadas por autoridades administrativas, para lo cual, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el concepto "resoluciones definitivas", como la última determinación dictada para poner fin a un procedimiento, o bien, la manifestación aislada que, por su naturaleza y características, no requiere de procedimiento que le anteceda para reflejar la voluntad final de la autoridad. En ese sentido, el oficio por el que se da a conocer a un miembro de la Policía Federal la conclusión del cargo administrativo o de dirección que desempeñaba, tiene el carácter de resolución definitiva para efectos de la procedencia del juicio de nulidad y, por tanto, es impugnable ante el órgano jurisdiccional referido, en virtud de que se trata de una manifestación aislada que, por su naturaleza y características, no requiere de procedimiento que le anteceda para reflejar la voluntad final de la autoridad, pues, para efectos de la carrera policial, concluyó el cargo que el servidor público ocupaba, lo cual definió su situación laboral, aun cuando continúe en dicha institución con el grado que ostenta, ya que la finalización de aquél no supone la conclusión del servicio por terminación del nombramiento o cesación de sus efectos por baja o renuncia." En consecuencia, y como ha quedado acreditado en los párrafos que anteceden, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de la Amparo; por ello, de conformidad con el artículo 113 de la ley invocada, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO de que se trata. Autorizados. En atención a lo dispuesto en el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos a las personas que refiere y con facultades amplias únicamente a Alejandro Hernández Morales, Víctor Manuel Martínez Alonso, Pedro Abiud Neri Amaro, José Mauricio Arce Quintana, Rodrigo Bautista Hernández y Marcelino Vázquez Huitrón, en razón de que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. En otro orden de ideas, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo. Asimismo, se tienen por señalados la cuenta de correo electrónico y número telefónico que indica en el escrito de cuenta, para establecer contacto con dicha parte procesal, en caso de considerarse necesario. Consulta de expediente electrónico y Juicio en línea. Con fundamento en el artículo 35, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico a la citada parte, siempre y cuando se realice con base en el usuario "mauricioarce", toda vez que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por tanto, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, con el usuario relativo al nombre del promovente, para lo cual se instruye al analista jurídico de la adscripción, a fin de que proceda a realizar el trámite respectivo. Asimismo, con fundamento en los artículos 26, fracción IV y 30 de la Ley de Amparo, solicita se le realícense las notificaciones de carácter personal que emanen del presente asunto a la parte quejosa vía electrónica. En ese sentido y toda vez que por este mismo auto se está acordando favorable la petición de realizar las notificaciones vía electrónica así como la consulta del expediente electrónico bajo el usuario "mauricioarce", ello colma los requisitos previstos la Sección Tercera, Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, específicamente en cuanto a la actuación electrónica en la modalidad de "juicio en línea". Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, en relación con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena continuar con la tramitación del presente juicio bajo la modalidad de "juicio en línea", aun y cuando otras partes de esta misma contienda continúen actuando físicamente, bajo el modelo del esquema tradicional. En el entendido de que, la notificación se tendrá por hecha a partir de que el primero de los usuarios registrados consulte el expediente o de que el Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal genere automáticamente la constancia de notificación ante la falta de consulta del expediente electrónico dentro de los plazos previstos en el artículo 62 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Notifíquese personalmente.

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