Hector Silviano Sánchez Sánchez
Expediente 1043/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1043/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 28/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Hector Silviano Sánchez Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, acúsese recibo del oficio que remite el secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña testimonio de la ejecutoria terminada de engrosar el once de julio de dos mil diecinueve, dictada dentro de la revisión civil ********************, de la que se advierte que dicho tribunal confirmó la resolución recurrida por la que se sobreseyó el presente juicio de amparo. Con fundamento en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II, del referido Acuerdo conjunto, en razón de que se sobreseyó en el mismo. Asimismo, con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, décimo primero y vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente respectivo a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, sin que sea necesario glosar el cuaderno de antecedentes respectivo, ya que éste se formó con motivo de la remisión del juicio al Tribunal Colegiado en cita, salvo las constancias originales que obran en el mismo las cuales se ordena glosar al juicio, de ahí que con la llegada de los autos el referido cuaderno es susceptible de destrucción conforme al punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto mencionado en párrafos precedentes. Notifíquese por lista, personalmente y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con treinta minutos del cuatro de abril de dos mil diecinueve, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1043/2018, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con la documental que anexó a su informe el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán [fojas 16 a 54]. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: Se declara precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y R E S U L T A N D O Primero. Trámite de la demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, Héctor Silviano Sánchez Sánchez, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en la ciudad de Zamora, Michoacán, que estimó violatorios de los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión. Mediante auto de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda en los términos propuestos por el promovente, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado la intervención legal que le compete. Asimismo, en autos de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho y veintidós de febrero de dos mil diecinueve, se reconoció carácter de terceros interesados a Magdalena Prado Vega, así como a Héctor Sánchez Prado, en cuanto parte actora en el juicio de origen, por lo que con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se ordenó su emplazamiento (fojas 55 y 74); y finalmente, en auto de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, se fijó fecha para la audiencia constitucional y ahora procede resolver de acuerdo a las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado fue emitido por una autoridad que reside dentro de ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, analizada íntegramente la demanda de amparo, se precisa que el acto que el quejoso reclama al Juez Segundo de Primera Instancia de Zamora, Michoacán, consiste en: El auto de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio ordinario oral familiar 114/2017, que sobre divorcio sin expresión de causa promovió el quejoso contra la aquí tercera interesada. En dicho auto la autoridad responsable determinó que no procedía acordar de conformidad la petición del quejoso, en el sentido de que se girara oficio a la fuente de trabajo SYNGENTA CORPORATIVO, S.A. DE C.V., para que realizara el descuento de la pensión alimenticia a cargo del quejoso, luego de efectuar el pago de impuestos que debe pagar el quejoso. Tercera. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil con residencia en Zamora, Michoacán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las constancias que acompañó a su informe justificado el juez responsable, consistentes en copia autorizada de las constancias relativas al juicio ordinario familiar 114/2017 [fojas 16 a 54]. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, este juzgador de oficio advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en las fracciones XIII y XIV del propio ordinal, en virtud de que el proveído de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, dictado dentro del juicio ordinario familiar 114/2017, deriva de un acto que fue consentido tácitamente por la parte quejosa en dicho juicio, al no haberlo impugnado. Se explica. El artículo 61, en sus fracciones fracciones XXIII, XIII y XIV de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. [.]". El precepto legal antes transcrito, en sus fracciones XIII y XIV establece, entre otras cuestiones, que el juicio de amparo será improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento de manera tácita; entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos por la Ley, es decir, en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Así, relacionando el contenido de dicha fracción con lo dispuesto en la fracción XXIII del artículo 61 de la propia Ley de Amparo, puede estimarse que el juicio de amparo también resulta improcedente contra actos derivados de otros que fueron consentidos; es decir, actos que son consecuencia directa o inmediata de los primeros o bien, de contenido similar a aquéllos; pues de analizarse en el juicio de amparo actos que son consecuencia de otros que no se impugnaron o fueron consentidos, se analizarían actuaciones que ya adquirieron firmeza procesal, en contravención al principio de seguridad jurídica que rige el proceso. Respecto al consentimiento de los actos reclamados para efectos de la improcedencia en el juicio de amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo en la tesis visible en la página 13, del Volumen 139-144, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Séptima Época, registro 232527, lo siguiente: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió las tesis publicadas en la página 922 del Tomo LXXXI, y 1519 del Tomo LXXVII, ambos del Semanario Judicial de la Federación, correspondientes a la Quinta Época, que ilustran el criterio que habrá de sustentarse en este asunto, que son del tenor siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Se entienden por actos derivados de otros consentidos, aquellos que se ejecutan dentro del mismo procedimiento y que son consecuencia natural y legal del acto antecedente, como el embargo lo es respecto del requerimiento de pago no acatado por el deudor, como el remate lo es respecto del embargo, etcétera, y contra los cuales no se expresan conceptos de violación específicos. Dos, son, pues, los elementos que se requieren para considerar a un acto derivado de otro consentido, a saber: 1o. Que sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y 2o. Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Ahora bien, el acuerdo que niega la nulificación de la orden de baja del quejoso, no surte el primer elemento, ya que no se dictó dentro del procedimiento en que se emitió esa orden, y, por lo mismo, no es una consecuencia natural y legal de ésta." "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS, CUÁLES NO TIENEN ESE CARÁCTER. Para considerar que determinados actos son derivados de otros consentidos, y por ello deba sobreseerse en el amparo, deben concurrir dos requisitos: primero que el acto que se reclame sea una consecuencia legal y directa del acto consentido, como sucede en el procedimiento coactivo en que el remate es una consecuencia directa y prevista por la ley, del embargo; segundo, que no se ataque el acto reclamado por vicios que afecten al acto antecedente. Ahora bien, debe revocarse el sobreseimiento dictado por el inferior basado en que la negativa a autorizar el funcionamiento de una sociedad cooperativa, que proyectaban constituir los quejosos, es un acto que se deriva de un acuerdo presidencial que no reclamaron, porque en el caso, no están satisfechos ninguno de los dos requisitos aludidos, para considerar que se trata de un acto derivado de otro consentido, esto es, tal negativa no es una consecuencia directa y legalmente necesaria del referido acuerdo presidencial." De lo anterior se advierte que, es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que para considerar que un acto es derivado de otro consentido deben concurrir varios elementos, a saber: 1. Que el acto que se reclama en el juicio sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente que no se impugnó, o bien una reiteración de éste; 2. Que dicho acto anterior se emita en contra de la quejosa, le cause agravio y no se haya combatido; y, 3. Que no se ataque por vicios propios, sino su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos, esto es, que se ataque el acto reclamado por vicios que afecten el acto antecedente y que no se impugnó oportunamente. Lo antes determinado también encuentra sustento, en la tesis emitida por la anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 2057, del Tomo XXV, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Época, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS. Si se reitera una orden, y contra la primitiva no se interpuso en tiempo el amparo, siendo la segunda orden sólo una repetición de la primera, debe considerarse el acto como consentido." Igualmente, es aplicable la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada con el número 193, en la página 165, del Tomo VI, Materia Común, Volumen Precedentes Relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la Justicia Federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." Ahora bien, el su único concepto de violación denominado "PRIMERO", el quejoso señala que la autoridad responsable viola en su perjuicio los derechos de legalidad y seguridad jurídicas al determinar que no procedía solicitar a la fuente laboral realizara el cálculo correcto de la pensión alimenticia, dado que en el convenio celebrado con la tercera interesada, quedó estipulado, en la cláusula Tercera, que el ahora quejoso se obligaba al pago del cuarenta por ciento del total de las percepciones laborales que recibía, sin descuentos que realice la empresa. Dicho auto es del tenor literal: "Zamora de Hidalgo, Michoacán, a 14 catorce de noviembre del año 2018 dos mil dieciocho. Vsto el escrito que suscribe HÉCTOR SILVIANO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, con el carácter que tiene reconocido en autos, se le tiene realizando las manifestaciones en los términos de su escrito de cuenta, en atención a las mismas, dígase que no ha lugar a acordar de conformidad a su pedimento, puesto que de los autos se desprende que, en el convenio celebrado en la cláusula TERCERA, se obligó al pago del 40% cuarenta por ciento del total de las percepciones laborales que recibe el propio ocursante, especificando que, deberán ser sin descuentos que le realice la empresa, de ahí la improcedencia de su pedimento [foja 53]. [.]" En efecto, del convenio celebrado y ratificado en el juicio de origen, mismo que se aprobó en auto de treinta de enero de dos mil dieciocho se advierte, específicamente en la cláusula tercera, que se pactó lo siguiente: "TERCERA. PENSIÓN ALIMENTICIA. Para los efectos de sufragar los alimentos y atender las necesidades de la SRA. MAGDALENA PRADO VEGA y del menor HÉCTOR SÁNCHEZ PRADO, el SR. HÉCTOR SILVIANO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, cubrirá la cantidad que resulte del 40% cuarenta por ciento de todas y cada una de las percepciones laborales que recibe el Sr. Héctor Silviano Sánchez Sánchez, sin descuentos que le realice la empresa, para lo cual solicitamos se gire atento exhorto al Juez competente en turno de la Ciudad de México, para que este a su vez gire oficio a la fuente de trabajo del Sr. Héctor Silviano Sánchez Sánchez, denominada "SYNGENTA CORPORATIVO S.A. DE C.V.", con domicilio en la calle Insurgentes Sur número 1431, 12º piso, colonia Insurgentes Mixcoac, código postal 03980, en la Ciudad de México, con la finalidad de que realice los descuentos correspondientes, misma que deberá se depositado a la cuenta bancaria número 5579070068035941, la cual se encuentra aperturada en la Institución de Crédito denominada "SANTANDER", a nombre de la SRA. MAGDALENA PRADO VEGA. [.]" Dicho pacto de voluntades fue ratificado por Héctor Silviano Sánchez Sánchez y Magdalena Prado Vega ante el juez natural el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, y con lo anterior, mediante auto de dieciocho del propio mes y año se dio vista al agente del Ministerio Público y a la Tutora Especial del entonces menor de edad involucrado, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. Posteriormente, en auto de treinta de enero de dos mil dieciocho, a petición del representante legal de la demandada, y dado que el agente del Ministerio Público no hizo manifestación al respecto, el juez responsable aprobó en todas y cada una de sus partes el convenio celebrado entre el actor y la demandada, obligándolos a estar y pasar por el en todo tiempo y lugar como si se tratara de una sentencia elevada a categoría de cosa juzgada. Además, en el propio auto ordenó enviar exhorto al juez competente en materia familiar en turno, en la Ciudad de México, para que en auxilio y delegación de las labores de ese juzgado, girara oficio a la persona moral SYNGENTA CORPORATIVO, S.A. DE C.V., con domicilio en la calle Insurgentes Sur número 1431, 12º piso, colonia Insurgentes Mixcoac, código postal 03980, a fin de que realizara los descuentos al deudor alimentista, correspondientes al 40% cuarenta por ciento de todas y cada una de las percepciones laborales que recibe el citado Héctor Silviano Sánchez Sánchez, sin descuentos que le realice la empresa, y la cantidad que corresponda a dichos descuentos le sean depositados a la acreedora alimentista en la cuenta bancaria número 5579070068035941, aperturada en la institución de crédito Santander a nombre de Magdalena Prado Vega. Luego, de la demanda que dio origen al presente juicio, se advierte que el quejoso estima violatorio de sus derechos el proveído de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, emitido dentro del juicio ordinario familiar 114/2017, en el cual se determinó que no había lugar a acordar de conformidad lo solicitado [girar oficio a la fuente laboral para que rectificara el descuento que se le realiza por concepto de pensión alimenticia], toda vez que así se pactó en el convenio celebrado en el juicio. Sin embargo, del análisis de las constancias del juicio ordinario familiar 114/2017, se desprende que el auto de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, ahora reclamado, es consecuencia del convenio celebrado por el propio quejoso con la aquí tercera interesada el quince de enero de dos mil dieciocho, así como del posterior auto de treinta del mismo mes y año, los cuales no fueron impugnados oportunamente a través del juicio de amparo relativo. Máxime que al ser parte actora en el juicio, se impuso del contenido del referido acuerdo de treinta de enero de dos mil dieciocho, en el que se aprobó el convenio celebrado por el propio quejoso con la demandada, obligándolos a estar y pasar por él en todo tiempo y lugar como si se tratara de sentencia elevada a categoría de cosa juzgada. En este orden de ideas, no puede sino concluirse que el auto de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se negó al quejoso girar oficio a la fuente laboral para que rectificara el descuento que por concepto de pensión alimenticia se hace al quejoso, es consecuencia del convenio que celebró con la aquí tercera interesada el quince de enero de dos mil dieciocho, así como del diverso proveído de treinta del mismo mes y año que aprobó dicho convenio en todas sus partes, e interpretó la cláusula tercera del convenio referido, pues ordenó enviar exhorto a su homólogo en la Ciudad de México, a efecto de que girara oficio a la fuente laboral del quejoso para que le realizara el descuento por concepto de pensión alimenticia. Esto es, si en el presente juicio de amparo se reclama el proveído de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, el cual como se dijo, tiene su origen en el convenio celebrado el quince de enero de dos mil dieciocho, así como en el auto de treinta del propio mes y año que lo aprobó e interpretó la cláusula tercera del convenio aludido, determinación que consintió al no haberlo reclamado, es inconcuso que se trata de una actuación derivada de otras consentidas, y por tanto, el juicio se torna improcedente. Lo anterior no puede ser de otra manera porque el acto que se reclama en esta vía, consistente en el proveído de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, no es sino una consecuencia de actos que previamente fueron consentidos por el peticionario del amparo, en primer lugar, porque en el convenio de quince de enero de dos mil dieciocho, firmado y ratificado por el quejoso, consintió expresamente lo estipulado en la cláusula tercera en relación con la pensión alimenticia para la acreedora, esto es, que se le realizara el cuarenta por ciento de todas y cada una de las prestaciones laborales que recibe, sin descuentos que le realice la empresa. Y en segundo lugar, porque Héctor Silviano Sánchez Sánchez, consintió tácitamente el acto que ahora reclama ya que no impugnó el proveído de treinta de enero del año en cita, en el que el juez natural aprobó en todas sus partes el convenio exhibido e interpretó la cláusula tercera pues al efecto ordenó girar exhorto a su homólogo en la Ciudad de México, para que girara oficio a la fuente laboral del quejoso y se realizara el descuento por concepto de pensión alimenticia en los términos pactados en el referido convenio; de modo que los actos que aquí se reclaman, no son sino una reiteración del auto de treinta de enero antes referido y en esa virtud, derivan de otro consentido, ya que no fue impugnado oportunamente por el peticionario del amparo. Aunado a que el acto aquí reclamado no es combatido por vicios propios, pues de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso no formula conceptos de violación en contra de dicha actuación, sino que sus motivos de inconformidad están dirigidos a impugnar la determinación de no girar oficio para que se modifique el descuento ordenado; esto, es lo que en realidad le afecta es la citada determinación. Al respecto encuentran aplicación, la tesis XXI.4o.6 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 971, del Tomo XIX, Febrero de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que dice: "ACTO CONSENTIDO TÁCITAMENTE. TIENE ESE CARÁCTER LA DETERMINACIÓN QUE REITERA LO PROVEÍDO EN ACUERDOS ANTERIORES NO IMPUGNADOS OPORTUNAMENTE POR EL QUEJOSO MEDIANTE EL JUICIO DE GARANTÍAS. El artículo 73, fracción XII, de la ley reglamentaria de los dispositivos 103 y 107 constitucionales, establece que son actos consentidos tácitamente aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los numerales 21, 22 y 218; por tanto, si el quejoso impugnó como acto reclamado un acuerdo cuyo contenido es una reiteración de uno diverso que conoció oportunamente y omitió controvertir dentro del término legal mediante el juicio de garantías, dicho proveído también debe considerarse como un acto consentido tácitamente pues, de estimar lo contrario, bastaría que el quejoso hiciera una solicitud ante la autoridad responsable cuyo acuerdo que le recaiga indefectiblemente sea igual al anterior, sólo con el objeto de actualizar el término de la interposición de la demanda de amparo, lo cual atentaría la observancia de la regla de procedencia del juicio de amparo prevista en la mencionada fracción XII del artículo 73 de la ley citada." Por último, es aplicable la tesis III.1o.A.11 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en la página 582, del Tomo III, Mayo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZÓN DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." En esas condiciones, lo que procede es sobreseer en el juicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la propia Ley de Amparo. Lo que impide analizar las cuestiones de fondo planteadas por el impetrante del amparo, tendentes a demostrar la violación de sus derechos por los actos reclamados a la autoridad responsable y que con antelación se precisaron. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número 1028 cuyo contenido literal refiere: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Sin que lo anterior, cause alguna afectación al derecho de impartición de justicia de la parte quejosa, ya que este principio no tiene el alcance de dispensar a las partes de cumplir con los presupuestos procesales necesarios para acudir a los órganos jurisdiccionales con la finalidad de accionar los medios legales que tienen a su alcance en calidad de gobernados, pues con ello se verían afectadas las condiciones de igualdad procesal. Apoya lo anterior, el criterio que enseguida se transcribe, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, página 708; cuyo rubro y texto son: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." Quinta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E- Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Héctor Silviano Sánchez Sánchez, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, y por los motivos que quedaron precisados en la cuarta consideración de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente fallo en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio mediante el cual el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, residente en Zamora, Michoacán, remite la diligencia relativa al despacho 205/2019 por el cual se le encomendó emplazar al tercero interesado Héctor Sanchez Pardo. En consecuencia, acúsese recibo y dése de baja la comunicación oficial recibida. Ahora bien, dado que de las documentales remitidas por la citada autoridad se advierte que el emplazamiento encomendado se realizó de manera personal, siguiendo los lineamientos del artículo 27 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b) de la mencionada Ley de Amparo, se tiene al la citado tercero, emplazado al presente juicio. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, se giró el despacho 205/2019 al Juez de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en Tacámbaro, Michoacán, a efecto de lograr el emplazamiento de la parte tercera interesada ********************por sí y en cuanto representante de su menor hijo********************sin que a la fecha se haya recibido constancia de la diligencia solicitada en el despacho en cita.******************** Por tanto, para evitar mayor dilación dentro del expediente en que se actúa y con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase al juzgado auxiliar, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, informe el estado procesal que guarda la comunicación 2052019, así como los trámites que ha realizado para llevar a cabo el emplazamiento solicitado. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva.******************** Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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