Héctor Serrano Cortés y Otros.

Expediente 915/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
915/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
02/12/2021

Partes del expediente

  • Héctor Serrano Cortés
  • Héctor Serrano Cortés y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, REMITE DE LA RESOLUCIÓN QUE PRONUNICÓ EN ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, RELATIVA AL RECURSO DE QUEJA Q.A. 160/2021EN LA QUE RESOLVIÓ: ÚNICO. ES INFUNDADO EL RECURSO DE QUEJA. ARCHÍVESE EL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO. ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, UNA VEZ QUE TRANSCURRAN TRES AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE PROVEÍDO, TODA VEZ QUE NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL

  2. Principal

    EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, INFORMA QUE ADMITIÓ A TRÁMITE EL RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO POR LA PARTE QUEJOSA, EL CUAL QUEDÓ REGISTRADO CON EL TOCA Q.A. 160/2021.

  3. Principal

    Ciudad de México, a treinta de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito firmado por los quejosos, por medio del cual se interpone recurso de queja contra el proveído de veintidós de julio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso en cuestión. De conformidad con el citado precepto con relación a lo previsto en el artículo 39 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se ordena la habilitación del acceso al expediente electrónico al presente juicio al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, a fin de que dicho órgano colegiado pueda resolver dicho medio de impugnación. En términos del numeral 101, segundo y tercer párrafo de la Ley de Amparo, ríndase vía electrónica el informe con justificación con copia del escrito cuenta, para la substanciación de dicho recurso, y dígase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, que es cierto el acto que se reclama, cuya emisión se apoya en las consideraciones contenidas en el auto de veintidós de julio del año en curso. A fin de atender las medidas sanitarias adoptadas por el Consejo de la Judicatura Federal para hacer frente a la contingencia que atraviesa el país, relativo a la substanciación del recurso de mérito, la consulta del presente expediente se pondrá a disposición de la superioridad de manera electrónica, en términos de lo establecido en el artículo 39 del acuerdo general 21/2020 del pleno del consejo de la judicatura federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en la forma que establece la circular car 02/CCNO/2020 del propio consejo. La apertura del expediente electrónico lo deberá llevar a cabo la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (sise) de este juzgado federal, una vez que se tenga noticia del tribunal colegiado a quien correspondió conocer del medio de impugnación hecho valer. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho, así como por la Secretaria que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior con el fin de contribuir con las medidas de prevención y sana distancia establecidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria y al regreso a las actividades jurisdiccionales observando una nueva modalidad en la que se privilegie el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, EL CUAL DICE: Ciudad de México, a veintidós de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito firmado por los quejosos mediante el cual desahogan la prevención ordenada en auto de nueve de julio de dos mil veintiuno, debido a que narran los antecedentes del acto reclamado. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Así del contenido de la demanda de amparo, se advierte que los promoventes de amparo impugnan: Los acuerdos emitidos en uno de junio de dos mil veintiuno, dictados por la Magistrada Presidente de la Sección Especializada Instructora en materia de responsabilidades administrativas de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, por los que se desechan los recursos de apelación RAE 607/2021, REAE 608/2021, ARAE 609/2021 y RAE 708/2021, promovidos contra el recurso de reclamación de siete de mayo de dos mil veintiuno en el procedimiento de responsabilidad administrativa TE/I-217/2021. La expedición y promulgación del Decreto por el que se expide la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el uno de septiembre de dos mil diecisiete, en específico el artículo 214, último párrafo. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Al respecto, el suscrito considera que en relación con los acuerdos de uno de junio de dos mil veintiuno, por el que se desechan los recursos de apelación RAE 607/2021, REAE 608/2021, ARAE 609/2021 y RAE 708/2021, se actualiza la causa de Improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso a) y b), éste último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo., que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendido al resultado de la resolución. b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. De la interpretación sistemática de los artículos transcritos, se advierte que el juicio de amparo no procede contra cada uno de los actos que van constituyendo la cadena procesal, sino hasta la resolución definitiva, y si bien los referidos actos procesales aislados pudieran causar perjuicio al particular, debe esperar a que sobrevenga la resolución definitiva, y si lo perjudica, podrá atacarla en amparo junto con las violaciones al procedimiento, siempre y cuando no sea un tercero extraño a la controversia. Ahora, si la regla general es que cualquier violación procesal se guarde para hacerla valer en amparo hasta que se dicte la resolución definitiva, resulta obvio que la razón de ese sistema radica en la intención de evitar la proliferación de juicios de amparo contra cada acto procesal para hacer expeditos los juicios y procedimientos, sin desdoro de la protección constitucional que, al final, venga a sanear toda la actuación de la autoridad, máxime si se toma en cuenta que, de adoptar la interpretación contraria al indicado sistema que establece la Ley de Amparo, produciría, en la práctica, la obstrucción, dificultad o lentitud del funcionamiento de la administración pública en el campo en que actúa frente a los particulares. Asimismo, en particular el inciso b), de la fracción III del numeral 107 de la Ley de Amparo, éste interpretado a contrario sensu, establece que no procede el juicio de amparo contra actos que sí sean reparables, es decir, cuando estos no afectan materialmente derechos sustantivos. Por tanto, el artículo 107, fracción III, incisos a) y b), interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo indirecto es improcedente: a) contra actos o resoluciones que no sean definitivas, provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; y, b) contra actos que sí son reparables, esto es, cuando no afecten materialmente derechos sustantivos. Establecido lo anterior, es pertinente citar el contenido del 209 Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México: Capítulo III Del procedimiento de responsabilidad administrativa cuya resolución corresponda a los Tribunales Artículo 209. En los asuntos relacionados con Faltas administrativas graves o Faltas de particulares, se deberá proceder de conformidad con el procedimiento previsto en este artículo. Las Autoridades substanciadoras deberán observar lo dispuesto en las fracciones I a VII del artículo anterior, luego de lo cual procederán conforme a lo dispuesto en las siguientes fracciones: I. A más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes de haber concluido la audiencia inicial, la Autoridad substanciadora deberá, bajo su responsabilidad, enviar al Tribunal competente los autos originales del expediente, así como notificar a las partes de la fecha de su envío, indicando el domicilio del Tribunal encargado de la resolución del asunto; II. Cuando el Tribunal reciba el expediente, bajo su más estricta responsabilidad, deberá verificar que la falta descrita en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa sea de las consideradas como graves. En caso de no serlo, fundando y motivando debidamente su resolución, enviará el expediente respectivo a la Autoridad substanciadora que corresponda para que continúe el procedimiento en términos de lo dispuesto en el artículo anterior. De igual forma, de advertir el Tribunal que los hechos descritos por la Autoridad investigadora en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa corresponden a la descripción de una falta grave diversa, le ordenará a ésta realice la reclasificación que corresponda, pudiendo señalar las directrices que considere pertinentes para su debida presentación, para lo cual le concederá un plazo de tres días hábiles. En caso de que la Autoridad investigadora se niegue a hacer la reclasificación, bajo su más estricta responsabilidad así lo hará saber al Tribunal fundando y motivando su proceder. En este caso, el Tribunal continuará con el procedimiento de responsabilidad administrativa. Una vez que el Tribunal haya decidido que el asunto corresponde a su competencia y, en su caso, se haya solventado la reclasificación, deberá notificar personalmente a las partes sobre la recepción del expediente. Cuando conste en autos que las partes han quedado notificadas, dictará dentro de los quince días hábiles siguientes el acuerdo de admisión de pruebas que corresponda, donde deberá ordenar las diligencias necesarias para su preparación y desahogo; III. Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, y si no existieran diligencias pendientes para mejor proveer o más pruebas que desahogar, el Tribunal declarará abierto el periodo de alegatos por un término de cinco días hábiles comunes para las partes; IV. Una vez trascurrido el periodo de alegatos, el Tribunal, de oficio, declarará cerrada la instrucción y citará a las partes para oír la resolución que corresponda, la cual deberá dictarse en un plazo no mayor a treinta días hábiles, el cual podrá ampliarse por una sola vez por otros treinta días hábiles más, cuando la complejidad del asunto así lo requiera debiendo expresar los motivos para ello, y V. La resolución, deberá notificarse personalmente a la Persona Servidora Pública sujeto al procedimiento de responsabilidad administrativa. Asimismo, se notificará a los denunciantes únicamente para su conocimiento, y al superior jerárquico o al titular del ente público en el que, en su caso, a la persona servidora pública que se encuentre desempeñando empleo, cargo o comisión, para los efectos de su ejecución en términos de esta Ley, en un plazo no mayor de diez días hábiles. El precepto transcrito prevé el procedimiento de responsabilidad administrativa cuya resolución corresponda a los Tribunales, con motivo de asuntos relacionados con Faltas administrativas graves o Faltas de particulares, el cual se tramita una vez substanciado el procedimiento previsto en las fracciones I a VII del artículo 208 de la misma normatividad, que en esencia consiste en lo siguiente: La Autoridad Investigadora presenta ante la Autoridad Substanciadora el informe de Presunta Responsabilidad, por lo que admitido el informe en cuestión se emplaza al presunto responsable informándole del lugar, fecha y hora en que se llevará a cabo la audiencia, así como la autoridad ante la que se llevará a cabo, y el derecho que tiene para realizar las manifestaciones correspondientes. En el día y hora señalados para la audiencia inicial el presunto responsable rendirá su declaración por escrito o verbalmente, y ofrecerá las pruebas que estima necesarias. Una vez que las partes hayan manifestado lo que a su derecho convenga y ofrecido las pruebas correspondientes, la Autoridad Substanciadora declarará cerrada la audiencia inicial. Concluida dicha etapa, el artículo 209 de la citada normatividad prevé que a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes, la Autoridad Substanciadora deberá bajo su responsabilidad enviar al Tribunal competente los autos originales del expediente, y notificar a las partes la fecha de envió, indicando el domicilio del tribunal encargado de la resolución. Cuando el tribunal ha recibido el expediente, deberá verificar que la falta descrita en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa sea considerada como grave, en caso de no serlo, previa resolución enviará el expediente a la Autoridad Substanciadora para que continúe con el procedimiento. En el supuesto de que los hechos descritos por la Autoridad Investigadora en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa correspondan a una falta grave diversa, el Tribunal ordenará que ésta lo reclasifique, si ésta se negaré bajo su más estricta responsabilidad hará saber su proceder, por lo que el tribunal continuará con el procedimiento. Una vez que el Tribunal ha decidido que el asunto es de su competencia, deberá notificar a las partes sobre la recepción, y cuando éstas ya han quedado notificadas dictará dentro de los quince días hábiles siguientes al acuerdo de admisión de pruebas, ordenando las diligencias necesarias para su preparación y desahogo. Terminada tal etapa, el tribunal declarará abierto el período de alegatos por un término de cinco días. Transcurrido tal plazo declarará cerrada la instrucción y citará a las partes para oír la resolución que corresponda, la cual deberá dictarse en un plazo no mayor a treinta días, el cual es prorrogable por otros treinta días hábiles más atendiendo a la complejidad del asunto. La resolución que se dicte deberá notificarse personalmente a la Persona Servidora Pública sujeta al procedimiento de responsabilidad administrativa; asimismo, a los denunciantes y al superior jerárquico o al titular del ente público, en caso de que se encuentre desempeñando empleo, cargo o comisión, para los efectos de su ejecución en términos de dicha Ley, en un plazo no mayor de diez días hábiles. Lo expuesto permite concluir que los actos reclamados por los quejosos no son de imposible reparación, tal como lo establece el citado artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, ya que constituyen las actuaciones previas al dictado de la resolución definitiva, que se encuentra en el desarrollo de su segunda fase al tratarse de faltas que se consideran graves. En efecto el citado artículo, establece que el juicio de amparo es procedente contra actos que sean de imposible reparación, es decir, cuando estos afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Así, los actos mencionados que por esta vía se combate no son de imposible reparación, puesto que la ejecución de imposible reparación para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, sólo se da cuando, por sí o a través de sus consecuencias, se afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal, y no en los casos en que sólo se afectan derechos adjetivos o procesales, cuyos efectos y consecuencias pueden desaparecer, sin dejar huella, si el afectado obtiene una resolución favorable a los intereses de los promoventes del amparo. Sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido la jurisprudencia que establece: EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.-El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen 'ejecución irreparable' los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. De ahí que, los elementos de esta definición no se dan en los actos reclamados en la presente instancia constitucional, porque con ellos sólo se pueden afectar derechos adjetivos o procesales de la parte promovente, como en el caso concreto, es el desechamiento del recurso de apelación interpuesto contra el recurso de reclamación que declaró infundado los agravios hechos realizados contra el auto de admisión de la responsabilidad administrativa, ya que producen efectos de carácter formal, pero en modo alguno afecta los de naturaleza sustantiva, esto es, los derechos humanos que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como serían la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera. Por tanto, es hasta el pronunciamiento de la resolución definitiva en del expediente TE/I-217/2021, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión de la autoridad resolutora, y por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de alguna violación procesal que llegara a trascender al resultado, y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos, para el caso de que dicha resolución sea adversa a los intereses de la parte quejosa. A lo anterior encuentra su aplicación la tesis I.13o.A.3 K, cuyo texto es: DERECHOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, DIFERENCIA DE LOS, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. El artículo 107, fracción III, inciso b, de nuestro Texto Constitucional señala que: "Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.". Del texto anterior se desprende que cuando se reclaman, en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aun no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro Texto Constitucional a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una sentencia favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En efecto, de la narración efectuada en los antecedentes del acto reclamado, se advierte que el Tribunal ha decidido que el asunto es de su competencia (admitió la acción de responsabilidad administrativa), y que notificó a las partes sobre la recepción, por lo que está pendiente de que se ofrezcan las pruebas que los quejosos estimen pertinentes, formulen los alegatos correspondientes y se dicte sentencia, de ahí que se considera que, los quejosos no tienen conocimiento si la resolución que se dicte en el procedimiento administrativo les será desfavorable o no, pues precisamente se estará en el desahogo de su garantía de audiencia y adecuada defensa en la sustanciación de este procedimiento judicial. En el entendido, que aún en contra de la resolución que se llegue a dictar en el referido expediente, la parte quejosa puede impugnarla mediante el procedimiento, juicio o recurso que a su interés legal convenga; con lo cual, la presente determinación no deja en estado de indefensión al promovente de amparo. En ese sentido, tomando en consideración que el artículo 107, fracción III, inciso a) y b), de la ley de la materia, condiciona la procedencia del juicio de amparo, primero a que el acto reclamado sea una resolución definitiva, y segundo que los actos que se reclaman sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, se considera que en el presente juicio no se cumplen dichas condiciones para su procedencia. En las relatadas circunstancias, al actualizarse de forma notoria y manifiesta la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción II y III, inciso a) y b), de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la ley de la materia, SE DESECHA POR IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO. Bajo estas consideraciones y por vía de consecuencia, el desechamiento del amparo debe hacerse extensivo respecto de los actos consistentes en la expedición y promulgación del artículo 214, último párrafo del Decreto por el que se expide la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. Lo anterior es así, ya que el juicio de amparo indirecto sólo puede promoverse hasta que se dicte la resolución definitiva en un procedimiento, de manera que, será a partir de este momento en que los quejosos podrán impugnar todas las violaciones cometidas en el mismo, incluyendo la inconstitucionalidad de leyes, como es el caso, con el ordenamiento jurídico anteriormente precisado.

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