Héctor Segura Murayama
Expediente 159/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 159/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 28/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Héctor Segura Murayama
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el estado de autos de los que se advierte que, el veinte de diciembre de dos mil veinte, mediante circular número CAP/3/2020 signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso Especial, se informó que en sesión celebrada de manera extraordinaria en la indicada fecha, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto de acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en relación a los contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", en la cual se determinó tomar medidas especiales en ese periodo de tiempo. En cumplimiento a ello, se tomó como medida regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, 3 y 4 del indicado Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdicciones por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, entre las que se estableció la forma y términos en los que se debía dar trato a los asuntos tramitados previamente a la entrada en vigor del indicado acuerdo; además, se ordenó la suspensión de plazos y términos, con las salvedades indicadas en el mismo. Asimismo, en la fracción II de la Circular SECNO/1/2021, de ocho de enero del año en curso, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se informó que la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, determinó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales, a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020 En mérito de lo anterior, se levanta la suspensión de los plazos y términos y, por ende, se ordena la reanudación del procedimiento en el presente asunto. ARCHIVO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de ocho de diciembre de dos mil veinte, se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente sumario constitucional, sin que se hiciera manifestación alguna; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 en relación con el diverso 196, párrafo cuarto, ambos de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado. VALORACIÓN DOCUMENTAL CUADERNO PRINCIPAL. De conformidad con los artículos 12 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte; una vez transcurrido el plazo de tres años este expediente debe ser depurado, toda vez que cuenta con valor jurídico al haberse concedido el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; amén de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que deba conservarse en su integridad por su valor histórico o relevancia documental. CUADERNO INCIDENTAL ORIGINAL. Por otra parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo, el original del cuaderno incidental es depurable, en virtud de que cuenta con valor jurídico al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva y dado que no existen documentos originales, remítase físicamente al archivo de este Juzgado junto con el expediente principal. Transcurrido el plazo de tres años que se establece en el penúltimo párrafo del referido artículo 18, este órgano jurisdiccional procederá a la depuración del citado expediente, conservando las constancias relativas que sirvieron de base para conceder la medida cautelar. CUADERNO INCIDENTAL DUPLICADO. Por lo que respecta al duplicado del cuaderno incidental procédase a su destrucción dentro del plazo de seis meses, en términos de lo previsto en los artículos 20, fracción II, inciso a) y 24 del indicado Acuerdo. ANOTACIÓN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y FECHA DE ARCHIVO EN CARÁTULAS DE EXPEDIENTES. Consecuentemente, anótese en la carátula que este expediente y en el original del incidente de suspensión que son depurables; en el duplicado del incidente que es destruible y la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. REMISIÓN DE EXPEDIENTE A LOS DEPÓSITOS DOCUMENTALES DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN. Una vez terminado el proceso de depuración a que se refiere el artículo 18 del citado Acuerdo General, se ordena la transferencia de este expediente y del original del incidente de suspensión a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Agréguese copia autorizada del presente acuerdo al original y duplicado del incidente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, ocho de diciembre de dos mil veinte. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación de esta fecha y el estado que guardan los presentes autos, toda vez que de ellos se desprende que ha transcurrido la vista concedida a las partes mediante proveído de veintisiete de noviembre del año en curso, respecto de los informes rendidos por las autoridades responsables sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; procede establecer si la ejecutoria constitucional fue acatada por las autoridades responsables con los elementos que obran en autos. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO Se advierte que en la sentencia terminada de engrosar el trece de octubre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que: "1. Deje insubsistente la resolución de diez de marzo de dos mil veinte, dictada en el procedimiento administrativo de responsabilidad P85/2019, únicamente por lo que se refiere al promovente del amparo. 2. En su lugar, emita otra, la cual podrá ser en el mismo sentido que la anterior, o en otro diverso, en la que reitere lo que no fue materia de concesión, pero purgando desde luego los vicios formales evidenciados en este fallo. 3. Con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda. En la inteligencia que los efectos de la concesión del amparo, se hacen extensivos a los actos reclamados a las autoridades ejecutoras, quienes para dar cumplimiento a este fallo solo deberán informar que acatarán la sentencia dictada por el Pleno responsable." En esa medida, el fallo protector en esencia, se concedió para que la responsable dejara insubsistente la resolución de diez de marzo de dos mil veinte, relativo a la responsabilidad administrativa del servidor público que le fueron aplicados en el procedimiento del que fue objeto, toda vez que la responsable nada dijo en relación a lo aducido por el aquí quejoso, declarando únicamente infundado dicho argumento al considerar que el procedimiento versaba sobre la omisión del funcionario judicial de entregar en su totalidad los asuntos y recursos que tenía a su cargo, al ser esa la omisión la materia del procedimiento administrativo, era menester que justificara con las consideraciones pertinentes porque, no obstante que no se hizo una entrega formal de los recursos al servidor público denunciado, al asumir la titularidad de Juzgado Primero del Ramo Penal, a partir del veintidós de agosto de dos mil diecisiete, pues tenía que hacer entrega de todo lo generado en ese juzgado, sin que mediara documento alguno que robusteciera el conocimiento de su existencia, porque la documentación descrita en los anexos del acta de treinta de enero de dos mil diecinueve, data de diversos años, inclusive anteriores a la entrada en funciones del aquí quejoso como titular del entonces Juzgado Primero Penal, lo que también genera ilegalidad en el fallo combatido. En atención a lo anterior, mediante oficio C.J. 5050/2020, la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con sede en la ciudad de San Luis Potosí, remitió copia certificada de la resolución dictada el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, en los autos del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad P85/2019, documental con valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º, mediante la cual en cumplimiento al fallo protector dejó insubsistente la resolución de diez de marzo de dos mil veinte, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, dictó una nueva resolución debidamente fundada y motivada, en la que se conformidad con el artículo 94, fracción XXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en ejercicio de las atribuciones conferidas al Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de San Luis Potosí y con fundamento en el segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí, ordenó no imponer sanción al quejoso Héctor Segura Murayama, ordenó no inscribir dicha resolución en los archivos de expediente de registro, control, evaluación y seguimiento de los actos del desempeño del personal del Poder Judicial del Estado a través de la Unidad de Estadística, Evaluación y Seguimiento, de la Dirección de Recursos Humanos y de la Contraloría del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, exponiendo los razonamientos jurídicos que consideró pertinentes para llegar a esa conclusión. Por su parte, la Directora General de Recursos Humanos, Secretaria Ejecutiva de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura, Secretario Ejecutivo de Administración del Consejo de la Judicatura, Secretario Ejecutivo de Administración, Encargado de la Unidad de Estadística, Evaluación y Seguimiento y Contralor, todos del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, informaron el acato que dio al fallo amparatorio. En consecuencia, toda vez que se cumplieron los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito, se tiene por cumplida la sentencia. Sin que se advierta exceso o defecto en el dictado de la resolución que acata el fallo protector, en términos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la ley de la materia. Finalmente, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º, agréguense únicamente para obren como corresponda los oficios signados respectivamente por el Secretario Ejecutivo de Administración del Consejo de la Judicatura, Directora General de Recursos Humanos, Secretario Ejecutivo de Administración y Encargado de la Unidad de Estadística, Evaluación y Secretaria Ejecutiva de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura, toda vez que por auto de veintisiete de noviembre pasado, se proveyó los que remitieron vía correo electrónico. Notifíquese y personalmente.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de noviembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º, agréguese únicamente para obre como corresponda el oficio signado por el Contralor del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, toda vez que por auto de veintiséis de noviembre pasado, se proveyó el que remitió vía correo electrónico. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°, agréguense a los presentes autos los oficios de cuenta signados respectivamente por la Directora General de Recursos Humanos, Secretaria Ejecutiva de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura, Secretario Ejecutivo de Administración del Consejo de la Judicatura, Secretario Ejecutivo de Administración y Encargado de la Unidad de Estadística, Evaluación y Seguimiento, todos del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, mediante los cuales informan el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, en su calidad de autoridades ejecutoras. Por otra parte, con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°, téngase recibido y agréguese a los autos únicamente para obre como corresponda, el oficio signado por la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con sede en la ciudad de San Luis Potosí, capital, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, en su calidad de autoridad ordenadora, toda vez que, por auto de veinticuatro de noviembre pasado, se acordó el que recibió vía correo electrónico, reservándose dar vista a las partes con el contenido de las documentales, hasta en tanto obraran en autos, mismo que ya aconteció. De tal modo que, visto el estado de autos se advierte que ya obran en autos la totalidad de los informes rendidos por las responsables Directora General de Recursos Humanos, Secretaria Ejecutiva de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura, Secretario Ejecutivo de Administración del Consejo de la Judicatura, Secretario Ejecutivo de Administración, Encargado de la Unidad de Estadística, Evaluación y Seguimiento, Contralor y Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, todos del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido de los oficios con números de registro 7430, 7482, 7483, 7484, 7485, 7499, y las documentales que anexa la autoridad responsable Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con sede en la ciudad de San Luis Potosí, capital, dese vista a las partes por el término de tres días, computado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este órgano de control constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que se encuentra localizada a foja 243, tomo XI, marzo de 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado de' vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese y personalmente.
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