Héctor Segura Murayama
Expediente 869/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 869/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Héctor Segura Murayama
Actuaciones
- Principal
Téngase recibido y agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por la Juez Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, mediante el cual acusa recibo del oficio 20206/2019 por el que se remitieron los autos originales del expediente 869/2019-8 y comunica que acepta la competencia declinada a favor de ese Juzgado, registrada bajo el número 349/2019-I-N. Por otra parte, en atención al oficio de cuenta, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. De conformidad con el punto Cuarto, Noveno, fracción I, Décimo Primero, Décimo Séptimo, Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se declinó la competencia para conocer de la demanda de amparo a favor del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, no existen documentos originales y no se trata de un asunto con valor jurídico, histórico o relevancia documental que amerite su conservación, al tratarse de un cuaderno de antecedentes. En consecuencia, en la carátula del expediente anótese la circunstancia de que es susceptible de destrucción, que no existen documentos originales y la fecha de archivo. Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo en materia administrativa, promovida por Héctor Segura Murayama, contra actos del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y otras autoridades, en consecuencia, fórmese y regístrese el expediente en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el expediente bajo el número 869/2019-8. Incompetencia I. Supuesto normativo. El artículo 37 de la Ley de Amparo, revela lo siguiente: a) La competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio es oficioso, en el caso del juicio de amparo, el referido artículo 37 de la Ley de Amparo, prevé tres supuestos básicos para que los Jueces de Distrito conozcan de un juicio, a saber. b) Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el Juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; c) Si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, será competente el Juez de Distrito de esas jurisdicciones que prevenga en el conocimiento del asunto, es decir, ante quien el gobernado presente la demanda. d) Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo. II. Antecedentes relevantes del caso. 1. Héctor Segura Murayama, acude a esta instancia constitucional, en reclamo de los actos de autoridad siguientes: Del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, reclama: La determinación de veinte de agosto de dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente P68/2018 relativo al procedimiento de responsabilidad administrativa que se sigue en contra del promovente y le impone como sanción suspensión por quince días sin goce de sueldo en el cargo que desempeña actualmente como Juez de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial con residencia en Cárdenas, San Luis Potosí. De las autoridades que señala como ejecutoras: La cumplimentación que de a la apuntada determinación de veinte de agosto pasado. III. Actualización del supuesto de la falta de competencia. Los antecedentes precisados, revelan que la determinación aquí reclamada tendrá ejecución en Cárdenas, San Luis Potosí, pues en dicho lugar desempeña el cargo de Juez de Primera Instancia. Entonces, se concluye que la resolución reclamada tendrá ejecución en el lugar en donde el quejoso se desempeña como juez, esto es, en Cárdenas, San Luis Potosí. IV. Acuerdo de jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito. Establecido lo anterior, debe traerse a colación el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, establece que en Estado de San Luis Potosí, corresponde el Noveno Circuito, en el que ejercen jurisdicción siete Juzgados de Distrito, cinco con residencia en la capital del mismo nombre y dos en Ciudad Valles y en su punto cuarto, específicamente, establece que los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los Municipios de: Alaquines, Aquismón, Axtla de Terrazas, Cárdenas, Ciudad del Maíz, Ciudad Valles, Coxcatlán, Ébano, El Naranjo, Huehuetlán, Lagunillas, Matlapa, Rayón, San Antonio, San Ciro de Acosta, San Martín Chalchicuautla, San Vicente Tancuayalab, Santa Catarina, Tamasopo, Tamazunchale, Tampacán, Tampamolón Corona, Tamuín, Tancanhuitz de Santos, Tanlajás, Tanquián de Escobedo y Xilitla. Entonces, como se estableció, el acto que reclama el quejoso, tendrá ejecución material en Cárdenas, San Luis Potosí, por ende, este Juzgado carece de competencia legal para conocer del juicio de amparo indirecto consecuentemente procede declinar competencia al Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, en turno, con residencia Ciudad Valles. Lo expuesto encuentra apoyo, en la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en anterior integración, visible en la página 147, del Tomo II, Primera Parte, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA, LUGAR DE EJECUCIÓN COMO CRITERIO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA. ES INTRASCENDENTE EL SITIO DONDE SE FIRME LA DEMANDA DE AMPARO. Aun cuando el quejoso afirme ser residente de una ciudad determinada, desde hace varios años, y de autos se desprenda que su demanda de garantías la signó en el propio sitio, ello no es suficiente para considerar que la orden de aprehensión, señalada como acto reclamado, se vaya a ejecutar en ese lugar, sobre todo, si no se ofreció principio de prueba para acreditar tal afirmación y las autoridades señaladas como responsables, en esa jurisdicción, negaron los actos reclamados, teniéndose como presuntivamente ciertos los atribuidos a la responsable ordenadora que radica en lugar diverso, lo cual resulta suficiente para estimar que en el caso no es aplicable el artículo 36, primer párrafo, de la Ley de Amparo, y consecuentemente, la competencia debe fincarse a favor del Juez de Distrito de la jurisdicción a la que pertenece el Juez responsable y que emitió el acto reclamado." Así como, la tesis de jurisprudencia 2ª/J.13/95, visible en la página 107, del Tomo I, Junio de 1995, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCION ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." De igual forma, sustenta lo anterior la tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 107, de Tomo XIV, Agosto de 2001, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 37, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, sostiene que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo presentada por el quejoso, por lo que deberá remitirse al Juzgado de Distrito en turno, en San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles, a través de la Oficialía de Partes Común a dicho órgano judicial, previa compulsa que se deje como antecedente, a fin de que informe a este juzgado si acepta la competencia planteada. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, previo cuaderno de antecedentes que al efecto se forme con copia certificada de la demanda y esta sentencia, remítase de inmediato el presente juicio de amparo al mencionado Juez, a efecto de que decida si acepta o no la competencia planteada; solicitando atentamente el acuse de estilo a la autoridad respectiva. Domicilio y autorizados Por otra parte, con base en el artículo 27, fracción I, de la Ley de amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su ocurso de cuenta, ubicado en Independencia 2818-101 de esta ciudad, y como autorizados para recibirlas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Miguel Chávez Vázquez y Mayra Verónica Ibarra Rodríguez, toda vez que tienen cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que estableció el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005 publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil cinco y únicamente para imponerse de los autos a Fátima Berenice Pérez Grimaldo, por no contar con dicho requisito. Notificación a la quejosa Notifíquese este acuerdo a la parte quejosa por medio de lista en los estrados de este Juzgado, en términos de lo dispuesto por los artículos 24, 26, fracción I de la Ley de Amparo, en cumplimiento a la jurisprudencia número P./J./12/96, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 55, Tomo III, Marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALIA DE PARTES COMUN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCION. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE." Transparencia Luego, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental y artículos 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, en caso de que se publique la sentencia que se dicte en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes. Notifíquese.
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