Héctor Segundo Reyes

Expediente 586/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 20 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
586/2016
Año
2016
Actuaciones
20
Última actuación
08/09/2016

Partes del expediente

  • Héctor Segundo Reyes
  • Héctor Segundo Reyes y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2, se agrega a los autos el oficio de cuenta, a través del cual el Juez de Control del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México, acusa recibo del oficio 16122/2016 y anexo; circunstancia de la cual este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales conducentes, dejándose sin efectos el apercibimiento respectivo.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; treinta de agosto de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal de los autos se advierte que el Juez de Control del Distrito Judicial de El Oro del Estado de México, al rendir su informe justificado entre diversas constancias remitió dos discos que contienen la videograbación de la audiencia de segunda instancia de diecinueve de abril de dos mil dieciséis y transcripción del acto reclamado a la Sala señalada como autoridad responsable, sin que a la fecha le hayan sido devueltos. Por tanto, a fin de evitar mayores dilaciones procesales devuélvase a la autoridad en cita, dos discos que acompañó a su informe justificado; en el entendido que dentro del plazo de tres días deberán ACUSAR POR SU RECIBO, apercibidos que de no hacerlo así, se harán acreedores a una medida de apremio consistente en una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; lo anterior, con fundamento en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Yamín Dávalos Rosas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2, se agregan a los autos los oficios de cuenta, a través de los cuales, con el primero "Correos de México" devuelve la pieza postal MA066115715MX, circunstancia de la cual únicamente se agrega como corresponda, toda vez que en auto de diez de agosto del año en curso, causó ejecutoria el presente juicio. Ahora, en relación al segundo de los mencionados la Segunda Sala Colegiada Penal de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, solicita la devolución de la copia certificada de un DVD que contiene la videograbación de la audiencia de segunda instancia de diecinueve de abril de dos mil dieciséis, el cual fue remitido al rendir su informe previo. En relación a lo anterior se le remite a la autoridad en cita, el anexo que solicita, en el entendido que dentro del plazo de tres días deberá ACUSAR POR PRECIBO, apercibida que de no hacerlo así, se hará acreedora a una medida de apremio consistente en una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; lo anterior, con fundamento en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2900/2016, de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; diez de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se colige que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese impugnado mediante el recurso de revisión la sentencia que negó el amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 81, inciso e) y 86 de la ley invocada, en relación con los numerales 288, 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Es aplicable, la jurisprudencia, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, julio de 203, página 23, que es del tenor siguiente: REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir. De conformidad con el inciso a) de la certificación de cuenta, se advierte que después de haber realizado una revisión integra del expediente en que se actúa, no se advierte la existencia de documentos originales, así también, que conforme a la certificación de cuenta y al Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) Atendiendo al punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del diverso vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, de dicho punto, al ser un juicio de amparo en el que se negó la protección constitucional. c) Con base en el punto décimo séptimo del acuerdo en cita, se atendió la digitalización de las constancias, las cuales coinciden con su original; d) Por su parte, el original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse el supuesto previsto en el segundo párrafo de la fracción III del punto que se menciona, toda vez que se negó y concedió la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados, por lo se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida. e) En atención a lo dispuesto en el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo en mención, procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, una vez transcurrido el plazo a que alude dicho acuerdo; f) Transcurrido el término de tres años, deberán transferirse el cuaderno de amparo y el original del incidente de suspensión al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar. Asimismo, pasados cinco años, del dictado del presente auto, este expediente es depurable, en razón de que se conservarán la demanda y la sentencia constitucional, las cuales deberán ser digitalizadas. Las anotaciones pertinentes háganse en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa. Por otra parte, devuélvanse a la Magistrada Presidenta de la Segunda Sala Colegiada Penal de Toluca; así como al Juez de Control del Distrito Judicial de El Oro, los anexos que acompañaron a su informe justificado; en el entendido que dentro del plazo de tres días deberán ACUSAR POR SU RECIBO, apercibidos que de no hacerlo así, se harán acreedores a una medida de apremio consistente en una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; lo anterior, con fundamento en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Yamín Dávalos Rosas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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