Hector Saul Montenegro Arriaga
Expediente 411/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 411/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 11/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Hector Saul Montenegro Arriaga
- HECTOR SAUL MONTENEGRO ARRIAGA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara la sentencia dictada en este juicio, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobresee en el presente juicio constitucional, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales; comuníquese a las autoridades responsables esta determinación, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio, determinación que causó ejecutoria en esta fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. De igual manera y en virtud de que obra por separado un cuaderno incidental del que se desprende que se ordenó formar únicamente para los efectos legales conducentes, en virtud de que este Juzgado Federal por proveído de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, emitido en el diverso juicio de amparo 273/2019-II, ordenó la separación de autos para formar tres juicios constitucionales, siendo uno de ellos éste, en consecuencia, toda vez que en dicho juicio se emitió el pronunciamiento relativo al incidente de suspensión solicitado por la parte quejosa y en éste se concedió la medida cautelar, archívese dicho cuaderno incidental por separado, con la indicación que el mismo es susceptible de depuración. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Glósese copia autorizada del presente proveído en el cuaderno incidental que deriva del juicio de amparo en que se actúa, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Finalmente, devuélvase la Juez Primero de Distrito en el Estado, las documentales que allegó al presente sumario, consistente en copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 76/2018-0-IV de su índice, en un tomo. Notifíquese.
- Principal
VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo 411/2019-II, promovido por Héctor Saúl Montenegro Terán y Héctor Saúl Montenegro Arriaga, por propio derecho, contra actos de la Juez Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el catorce de marzo de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, y turnada al día siguiente al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, Héctor Saúl Montenegro Terán y Héctor Saúl Montenegro Arriaga, por propios derechos, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que hicieron consistir en: "IIl.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Como Ordenadora, El Juez Primero del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial de San Luis Potosí." [.] ".IV.- ACTO RECLAMADO.- De la primera la orden de desocupación y/o orden de embargo dictada en mi contra." Por auto de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, en funciones de Juez de Distrito, declaró carecer de competencia legal para conocer del juicio de amparo 256/2019 de su índice, en virtud de que el quejoso instó la acción constitucional señalando al titular de dicho Juzgado como responsable, razón por la cual, remitió dicho juicio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, tocando conocer del mismo a este Órgano Jurisdiccional. Previa aclaración cumplida, por auto de ocho de abril de dos mil diecinueve, este Juzgado de Distrito, admitió a trámite la demanda de amparo y seguido el juicio, mediante proveído de veinticuatro de abril del año en curso, decretó la separación de los juicios al estimar que los actos reclamados, si bien se encuentran relacionados a su pretensión de que no se ejecute orden de desocupación o embargo en contra de los quejosos, debido a que se encuentran determinados en distintos procedimientos y ante diversas autoridades responsables, se encuentran desvinculados entre sí, y que no guardan una estrecha relación entre ellos, ordenando girar oficio a la Oficina de Correspondencia Común adscrita a los Juzgados de Distrito en el Estado, a fin de que, respecto al acto atribuido a la Juez Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, fuera registrado como asunto nuevo y se turnara al Juzgado de Distrito del Noveno Circuito en turno. Con fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve, se recibió en este Juzgado el oficio 7418/2019 signado por este mismo Juzgador, al que se acompañó copia certificada del diverso juicio de amparo 273/2019 del índice de este órgano de control constitucional, promovido por Héctor Saúl Montenegro Terán y Héctor Saúl Montenegro Arriaga; el informe justificado rendido por la Juez Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, al que adjuntó el cuaderno de pruebas relativo al juicio ejecutivo mercantil 76/2018-0-IV- de su índice, que obra por separado; copia certificada del incidente de suspensión que se derivó del aludido juicio de amparo 273/2019-II, en la que obra la interlocutoria de quince de abril de dos mil diecinueve, respecto de los actos reclamados de la aludida autoridad responsable. SEGUNDO. Derechos fundamentales. La parte quejosa aduce se afectan en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, este Juzgado de Distrito, se avocó al conocimiento de la demanda de amparo, se dio vista a las partes con el informe justificado ya rendido por la responsable, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado resulta legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 1°, 103, fracción I y 107, de la Constitución General de la República, 35 de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los puntos primero, fracción IX y cuarto fracción IX, del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Oportunidad de la presentación de la demanda. La demanda de amparo se promovió dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del acto reclamado el catorce de marzo de dos mil diecinueve, mientras que su escrito de demanda se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, en la misma data, esto es, el catorce de marzo del año en curso. TERCERO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio deben precisarse los actos reclamados en el presente juicio. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Teniendo en cuenta lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, así como demás constancias de autos, se advierte que los quejosos acuden a esta instancia constitucional a impugnar la orden de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento y su ejecución, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 76/2018-0-IV, en el que fungen como demandados la persona moral Monar Construcciones, sociedad anónima de capital variable, en su carácter de deudor principal, así como el aquí quejoso Héctor Saúl Montenegro Terán, en su carácter de deudor solidario. CUARTO. Actos inexistentes. No son ciertos los actos reclamados por lo que se refiere a Héctor Saúl Montenegro Arriaga, toda vez del informe justificado que obra en autos se advierte que no se ha emitido alguna orden de desocupación o embargo en su contra, pues dicho controvertido se inició en contra de la moral Monar Construcciones, sociedad anónima de capital variable, en su carácter de deudor principal, así como en contra de Héctor Saúl Montenegro Terán, en su carácter de aval y/o deudor solidario, por lo que dicho quejoso no es parte dentro del juicio de origen, lo cual se corrobora con las constancias que remitió la Juez Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, relativas a las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 76/2018-0-IV de su índice. Por tanto al no acreditarse en autos la existencia de los actos reclamados, por el quejoso Héctor Saúl Montenegro Arriaga, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, por lo que a él se refiere. Es de puntual aplicación a lo antepuesto, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 254, Tomo: XIII, Enero de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra dice: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." QUINTO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados de la Juez Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, consistentes en la orden de desocupación o embargo y su ejecución, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 76/2018-0-IV, en el que funge como demandado el aquí quejoso Héctor Saúl Montenegro Terán, en su carácter de deudor solidario, así como la persona moral Monar Construcciones, sociedad anónima de capital variable, ya que así lo manifestó expresamente al rendir su informe justificado. Tiene aplicación la jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". SEXTO. Improcedencia. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo y por ser una cuestión de orden público, es menester analizar, primero, las causas de improcedencia que hayan hecho valer las partes o se detecten actualizadas de oficio, respecto de los actos de los que se ha evidenciado su certeza, tal como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la Jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 262, Tomo VIII, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1985, cuyo texto señala: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Al respecto el suscrito considera que respecto de la orden de desocupación o embargo y su ejecución, reclamada por Héctor Saúl Montenegro Terán, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VI, (interpretado en sentido contrario), ambos de la Ley Reglamentaria de la los artículos 103 y 107 Constitucionales, que por su orden establecen lo siguiente: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTICULO 107.- El amparo indirecto procede: [.] VI.- Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; [.]." De las normas transcritas deriva la regla de procedencia del juicio de amparo que atañe a las personas que se ostentan extrañas al procedimiento, entendiéndose por éstos a quienes son distintos de los sujetos de la controversia que se ventila, por lo tanto, la idea de tercero extraño es opuesta a la de parte procesal; es decir, es aquella persona que no ha figurado en el juicio de origen como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de él o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, quien siendo formalmente parte en el juicio, no fue emplazado o fue emplazado incorrectamente, de modo que ya no esté en posibilidad de defenderse en dicho procedimiento; a esta última se le ha reconocido como persona extraña al juicio por equiparación. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia número P./J. 7/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, enero de 1998, página 56, aplicable en términos del Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". En efecto, el evento primordial que da el carácter de tercero extraño, tanto a la persona que no ha figurado en juicio, como a quien, siendo parte, no fue emplazado o lo fue incorrectamente, es que desconocen las actuaciones del juicio, lo que les impidió acudir a tal procedimiento en defensa de sus intereses. Ello es así porque en las jurisprudencias 2a./J.47/2011 (10a.) y 1a./J.67/2013 (10a.), la Segunda y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvieron, esencialmente, que para que el promovente del amparo pierda el carácter de extraño al juicio con que se ostenta, basta que antes de que se dicte sentencia tenga conocimiento completo y exacto del juicio seguido en su contra, pues en ese caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su derecho fundamental de audiencia. Dichos criterios son del contenido siguiente: Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Registro: 2000293, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, tesis 2ª./J 47/2011 (10ª.), página 1627, de rubro y texto siguiente: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo". Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Registro: 2004274, Primera Sala, jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, tesis: 1a./J. 67/2013 (10a.), página: 729, del contenido siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia". Jurisprudencias que son aplicables al caso aun cuando en las ejecutorias correspondientes se examinó el supuesto de procedencia del juicio, previsto en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo abrogada, pues dicho numeral es idéntico al diverso 107, fracción VI, de la Ley de Amparo en vigor, dado que ambos contemplan la procedencia del medio de control constitucional en caso de personas extrañas. Con el objeto de exponer las razones que justifican la actualización de la causa de improcedencia en comentario, conviene señalar que de la copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 76/2018-0-IV que la Juez Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, acompañó a su informe justificado, la cual adquiere valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del ordinal 2° de ésta legislación, se advierte lo siguiente: 1. Mediante escrito recibido por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, el uno de agosto de dos mil dieciocho, la persona moral Vidalusa, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de sus apoderados legales Isaac Enrique Echegaray Rojas y Edgar Filiberto Jaramillo Loredo, demandó en la vía ejecutiva mercantil a la moral Monar Construcciones, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de quien resulte ser representante legal en su carácter de deudor principal, así como a Héctor Saúl Montenegro Terán, en su carácter de aval y/o deudor solidario, por el pago de la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de suerte principal y demás prestaciones accesorias. (fojas 2 a la 5 del cuaderno de pruebas que obra por separado). 2. Mediante proveído de dos de agosto de dos mil dieciocho, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, admitió a trámite la aludida demanda y requirió a la moral Monar Construcciones, Sociedad Anónima de Capital Variable, en su carácter de deudor principal, por conducto de quien legalmente la representante, así como a Héctor Saúl Montenegro Terán en su carácter de aval y/o deudor solidario, en sus domicilios por el pago de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de suerte principal, o bien, para que señalara bienes de su propiedad que garantizara dicho monto, bajo apercibimiento que de no hacerlo, tal prerrogativa pasaría a la parte acreedora para que ésta los señalara bajo su responsabilidad, y previo embargo, se pondría en depósito de las personas que designara el ejecutante. Asimismo, dicha juzgadora ordenó emplazar a la parte demandada, corriéndole traslado con la copia de la demanda, para que dentro del término de ocho días, compareciera ante dicho órgano jurisdiccional a hacer pago llano de lo reclamado, o a oponerse a la ejecución si para ello tuviere excepciones que hacer valer, con el apercibimiento de ley para el caso de no hacerlo se le tendría por perdido el derecho que podía ejercitar en dicho acto (fojas 15 a 17 del cuaderno de pruebas). 3.- Así, la actuaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, mediante diversas diligencias llevadas a cabo en los domicilios señalados como el de la demandada, intentó llevar a cabo la diligencia de emplazamiento y requerimiento de pago, sin que de ninguna de ellas se desprenda que se logró su objetivo. Sobre tales bases ante el hecho de que la parte quejosa aún no ha sido emplazada al juicio de origen y que no se ha dictado sentencia o resolución que ponga fin a éste, es indiscutible que al solicitante del amparo no le asiste el carácter de tercero extraño por equiparación al juicio ejecutivo mercantil número 76/2018-0-IV, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, pues al ser parte formal del procedimiento, es claro que está en aptitud jurídica, una vez que se apersone, de deducir sus derechos. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 9/2012 (10a), ya transcrita, intitulada: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE LA EXISTENCIA Y LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92)". Y siendo ello así, es evidente que en el caso no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de amparo establecido en el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, acorde con la diversa jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), igualmente ya reproducida bajo el rubro: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA". En este orden de ideas, toda vez que la parte aquí quejosa estima contar con interés jurídico sobre el juicio de origen, y que además, dicho juicio aún se encuentra en trámite; entonces, por tal razón, no le asiste el carácter de tercera extraña por equiparación, y por ello la orden de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento dictada en el juicio ejecutivo mercantil 76/2018-0-IV, admite ser reclamada a través del medio ordinario de defensa ante la autoridad responsable o mediante el juicio constitucional que se llegue a promover en su oportunidad. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis II.T.39 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Octubre de 2009, Novena Época, página 1603, en términos de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE TAL CARÁCTER EL QUEJOSO QUE PROMUEVE AMPARO INDIRECTO ANTES DE QUE SE EMITA LA SENTENCIA DEFINITIVA O LAUDO EN EL JUICIO NATURAL Y, EN TAL VIRTUD, DEBE DECRETARSE EL SOBRESEIMIENTO. Cuando el demandado en el juicio natural promueve amparo indirecto contra la falta o ilegalidad del emplazamiento antes de que se emita sentencia definitiva o laudo, no puede tenérsele como persona extraña a juicio por equiparación, pues esta figura, creada jurisprudencialmente con apoyo en una aplicación analógica del artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, a fin de darle oportunidad al quejoso de aportar pruebas durante el juicio biinstancial para acreditar tal omisión o defecto, presupone que ya se hubiere dictado en su contra sentencia definitiva o laudo condenatorio. Lo anterior se fundamenta en que la mencionada figura jurídica tiene su justificación en la violación a la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; luego, si ordinariamente el único acto privativo que ameritaría que el demandado fuese oído y vencido en juicio es la sentencia definitiva o laudo condenatorio dictado en su contra, y éste no se ha emitido, es improcedente entrar al estudio del fondo del asunto, esto es, examinar si realmente no fue emplazado o si lo fue defectuosamente, pues aunque ello se evidenciara, no se haría aún patente la inobservancia a la citada garantía de audiencia y, por ende, procede sobreseer en el juicio con apoyo en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso numeral 114, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo". Consecuentemente, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que en relación a la orden de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento y su ejecución reclamada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VI, de esa misma legislación. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de mayo de dos mil diecinueve. Con fundamento en la fracción IV del artículo 5° de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el pedimento que suscribe el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; sin perjuicio de dar nueva cuenta en la audiencia constitucional. Asimismo, como lo solicita, en su oportunidad, expídasele copia certificada de la resolución que refiere. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA Y EMPLAZA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA, EN TERMINOS DEL AUTO DE ESTA FECHA QUE A LA LETRA DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de abril de dos mil diecinueve. Visto el oficio de cuenta al que se acompaña copia certificada del juicio de amparo 273/2019-II, promovido por Héctor Saúl Montenegro Terán y Héctor Saúl Montenegro Arriaga; el informe justificado rendido por la Juez Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, al que acompaña el cuaderno de pruebas relativo al juicio ejecutivo mercantil 76/2018-0-IV- de su índice, mismo que obra por separado; copia certificada del incidente de suspensión que se derivó del aludido juicio de amparo 273/2019-II, en la que obra la interlocutoria de quince de abril de dos mil diecinueve, de la que se advierte que se resolvió respecto de los actos reclamados de la aludida autoridad responsable Juez Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el consecutivo 411/2019-II. De conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, con los anexos que se acompañan, fórmese un cuaderno auxiliar por separado para su fácil manejo debidamente identificado -respetando folios, sellos y rúbricas que contiene- y comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado, por lo que al no obrar en este expediente, no será digitalizado. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de la parte quejosa a Héctor Saúl Montenegro Terán, sin perjuicio de que pueda ser sustituido por otro. Ahora, examinadas las constancias que integran la copia certificada del juicio de amparo de referencia, se advierte que este Juzgado Federal por auto de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, emitido en el juicio de amparo 273/2019-II, ordenó la separación de autos para formar tres juicios constitucionales, siendo uno de ellos éste; en consecuencia, procédase al estudio de la demanda de amparo promovida por Héctor Saúl Montenegro Terán y Héctor Saúl Montenegro Arriaga, contra actos de la Juez Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, reclamando lo siguiente: -La orden de desocupación o embargo y su ejecución, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 76/2018-0-IV, en el que fungen como demandados el aquí quejoso Héctor Saúl Montenegro Terán, en su carácter de deudor solidario, y Héctor Sául Montenegro Arriaga, como representante de la persona moral Monar Construcciones, sociedad anónima de capital variable. En ese tenor, con fundamento en los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracciones I, III, y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117, de la Ley de Amparo, éste Juzgado se avoca al conocimiento del asunto, por tanto, continúese con el trámite de la demanda de amparo de mérito. Sin que haya lugar a emitir mayor pronunciamiento en relación al incidente de suspensión que solicitan los quejosos, toda vez que como se advierte de las copias certificadas que se acompañan al oficio de cuenta relativas al cuaderno incidental derivado del juicio de amparo 273/2019-II, obra la interlocutoria de quince de abril de dos mil diecinueve, en la que se resolvió respecto de los actos reclamados de la aludida autoridad responsable Juez Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí; por tanto, fórmese el cuaderno incidental respectivo y agréguese copia autorizada del presente proveído para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya lugar a solicitar su informe justificado a la Juez Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, toda vez que el mismo ya obra en autos; en consecuencia con su contenido y anexo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley de la Materia. Se señalan las DIEZ HORAS DEL VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, téngase como tercero interesada en el presente juicio a la persona moral Vidalusa, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de sus apoderados legales Isaac Enrique Echegaray Rojas y Edgar Filiberto Jaramillo Loredo, con domicilio en calle Julio Betancourt, número 820, colonia Las Águilas en esta ciudad, mismos que deberán ser emplazados por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, a quienes deberá correrles traslado con copia simple de la demanda de amparo, hacerles saber la fecha y hora que se señalaron para la celebración de la audiencia constitucional para que comparezcan a este juicio, los prevenga para que en el término de tres días contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de este auto, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y los aperciba que en caso de no hacerlo, las subsecuentes de carácter personal, se les harán por lista, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 119 de la Ley en cita, se tienen como pruebas de la autoridad responsable las documentales que acompañó a informe de ley, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza y serán tomadas en consideración al momento de dictar la sentencia correspondiente, sin perjuicio de que se haga relación de las mismas en la audiencia constitucional. Requiérase a las partes para que en caso de actualizarse alguna causal de sobreseimiento, comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito en términos del artículo 64 de la ley de la materia, en el entendido que de acuerdo a lo establecido por el numeral invocado, en caso de no cumplir con tal obligación se les impondrá una multa al emitirse la sentencia correspondiente, en términos del numeral 251 de la citada legislación. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Asimismo, se hace de su conocimiento que para el caso de devolución de los documentos que aquí ofrezcan, los mismos serán devueltos hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda, y como autorizados en términos restringidos del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a TANIA PATRICIA BARRIOS HERNÁNDEZ, KARLA TELLO CARRIZALEZ, TOMÁS ARANDA RICO Y JORGE AARÓN ORTÍZ SIFUENTES, toda vez que los números de cédulas profesionales que proporciona (3008238 y 177742) si bien se encuentran inscritas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no corresponden a ninguna de las personas antes señaladas, sin que se proporcionen los datos que acrediten que se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, como lo requiere el segundo párrafo del citado numeral. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. En otro orden, se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocado por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Apoya lo expuesto, la tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. NP.
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