Hector Santos Espindola

Expediente 1415/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 12 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1415/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
03/10/2018

Partes del expediente

  • Hector Santos Espindola

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, para todos sus efectos legales; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes. En consecuencia, previas las anotaciones de estilo en el libro de gobierno, en su oportunidad, envíese este expediente al archivo.

  2. Principal

    SENTENCIA Visto para resolver el juicio de amparo 1415/2018. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el tres de agosto de dos mil dieciocho, ante la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, y turnado a este Juzgado Segundo de Distrito, en esa misma fecha, Héctor Santos Espindola, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de autoridad. SEGUNDO. Trámite. Por auto de tres de agosto de dos mil dieciocho, ordenó su registro con el número 1415/2018 y admitió a trámite la demanda de amparo. Seguido el trámite del juicio, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional la cual se llevó acabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas es competente para resolver el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo en vigor; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en el artículo cuarto, fracción XIX, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la jurisdicción territorial de este juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, se realiza la fijación clara y precisa del acto reclamado: Así, considerada la demanda de amparo como un todo, y analizadas las constancias que obran en autos se obtiene que se reclama lo siguiente: La orden de detención y/o aprehensión y su ejecución. Asimismo, no es el caso, tener como acto destacado, el señalamiento de "B) De la autoridad señalada como ordenadora además del acto señalado anteriormente de orden de detención y/o aprehensión dictada en mi contra, también se reclama la omisión de acordar las peticiones del suscrito correspondientes del procedimiento que se indica mas adelante", por las consideraciones que a continuación se exponen, en relación a la inexistencia de los actos reclamados. TERCERO. Inexistencia de autoridad responsable. Ahora bien, cabe establecer que no se realizará el estudio del acto que fue atribuido a la autoridad responsable denominada por el quejoso como Comandante de la Policía Estatal Acreditable de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Mante; toda vez que mediante auto de trece de agosto de dos mil dieciocho (foja 22), se tuvo como inexistente. Apoya lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia 1ª./J.111/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cincuenta y dos, del tomo XXIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN". CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. En cumplimiento del artículo 75, de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe apreciarse tal y como aparezca probado en la demanda. En mérito a lo anterior, procede determinar qué el acto reclamado por la parte quejosa no ha sido probado y debe declararse inexistente. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia número XVII.2o. J/10, emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 68, tomo 76, Abril de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Octava Época, del rubro y texto que a continuación se expresan: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Bajo ese contexto, las autoridades responsables Agente de la Policía Ministerial del Estado Encargado de la Región Quinta, Mante, Xicoténcatl, Llera, Ocampo, Gómez Farías, Antiguo y Nuevo Morelos, Tamaulipas (foja 16), Encargado de la Coordinación de la Policía Estatal (foja 19) y Juez de Primera Instancia Penal del Séptimo Distrito Judicial del Estado (foja 28), todos con sede en Ciudad Mante; al rendir sus informes justificados negaron la existencia del acto reclamado. Lo anterior, sin que la parte quejosa hubiese aportado pruebas idóneas dentro del procedimiento constitucional que desvirtúen tal negativa; por tanto, se actualiza una causal de sobreseimiento. En efecto, la demostración del acto reclamado es una cuestión de hecho que debe acreditarse con las probanzas idóneas, de ahí que cuando las autoridades responsables niegan los actos que se les reclaman, queda a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de garantías los medios de convicción tendientes a demostrar la certeza de los actos de que se trata, lo que en la especie no aconteció. Consecuentemente, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, en términos de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." Asimismo, la jurisprudencia 553 sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 368, tomo VI, Octava Época, Apéndice compilación 1995 al Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO." Los anteriores criterios se estiman aplicables al caso concreto, de conformidad con el artículo SEXTO transitorio de la Ley de Amparo, en virtud de que no se oponen a la aludida ley, ya que en ambos criterios se establece que cuando las autoridades responsables niegan los actos que se les reclaman, queda a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de amparo los medios de prueba encaminados a demostrar la certeza de los actos de que se trata. Por ende, no obstante que se tratan de jurisprudencias integradas conforme a la ley anterior, sirven para robustecer el caso concreto, pues, como se dijo, no se oponen con la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece, aplicable al presente expediente. QUINTO. Captura del fallo en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, aprobado en sesión de ocho de agosto de dos mil siete, se ordena a la secretaría supervise que el analista jurídico encargado del aludido sistema capture la presente resolución y, a fin de corroborar que se llevó a cabo la anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en el artículo 74, fracción VI, de la Ley de Amparo, se: RESUELVE:PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Héctor Santos Espindola, contra la orden de detención y/o aprehensión y su ejecución, reclamadas a las autoridades responsables, en términos de lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Se ordena a la Secretaria supervise la captura de esta resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agregue la constancia que así lo acredite. Notifíquese en términos de ley.

  3. Incidental

    PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Héctor Santos Espindola, contra la orden de aprehensión y/o detención, así como su ejecución reclamada a las autoridades responsables, en términos del considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. ..

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se aprecia que transcurrió el término de tres días otorgado al quejoso en proveído de nueve de agosto de dos mil dieciocho, a efecto de que compareciera a este juzgado a ratificar el escrito de ocho de agosto año en curso, en virtud de que la firma que lo calza difiere con la que aparece en el escrito de la demanda, sin que lo haya hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en el aludido proveído de seis de julio del año actual, y se tiene por no presentado el ocurso en mención.

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