Héctor Santiago Castillo Sánchez
Expediente 1031/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1031/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Héctor Santiago Castillo Sánchez
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA. Al haber trascurrido la temporalidad prevista en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya impugnado dicho proveído, se declara que el mismo ha causado ESTADO. ARCHIVO Y VALORACIÓN. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente sumario como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen...II
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; siete de septiembre de dos mil veintiuno. SE RECIBE COMUNICACIÓN OFICIAL DEVUELTA. Téngase a la secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, devolviendo sin diligenciar el exhorto 716/2021, por las razones que ahí se exponen. Se ordena dar de baja del libro de gobierno correspondiente la comunicación oficial de referencia. IMPOSIBILIDAD PARA NOTIFICAR. Ante la imposibilidad de notificar personalmente al quejoso del auto de desechamiento de la demanda; en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, hágase la notificación ordenada, y las subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado federal... En consecuencia, se ordena notificar por lista al quejoso el acuerdo de diecisiete de agosto del año en curso, mismo que determino:...Pachuca de Soto, Hidalgo; diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Y EXPEDIENTE. Téngase por recibida la demanda promovida por Mildred del Rocío Carrillo Cartas, quien se ostenta como apoderada legal de Héctor Santiago Castillo Sánchez y/o Santiago Héctor Castillo Sánchez, contra actos del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Hidalgo, con residencia en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno, con el número 1031/2021-II-A. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda, al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. Cabe hacer mención que la razón del numeral citado en segundo término radica en evitar que los juzgadores de amparo continúen con un juicio que no va a rendir frutos cuando se actualicen causales cuyas características puedan advertirse desde la presentación de la demanda y no requieran de mayor prueba para su demostración. Así, al examinar la demanda, se estima actualizada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción VIII, del propio ordenamiento, los cuales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, En principio, cabe señalar que, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 17/2015, emitió criterio en relación con la interpretación del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo. En la ejecutoria que dio origen a esa jurisprudencia, el Pleno del Máximo Tribunal refirió: En efecto, este Alto Tribunal considera que la norma en cuestión, no podría interpretarse literalmente y aseverar, como se dijo, que por el sólo hecho de que el legislador omitió hacer mayor precisión al respecto, el juicio de amparo procederá siempre e indefectiblemente cuando se reclamen actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, soslayando para ello los principios rectores del juicio de amparo constitucional y legalmente previstos, entre los que destacan, que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y que el mismo cumpla con el principio de definitividad, pues de interpretarla de esa manera, se podrían desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y se contravendría la regularidad constitucional que busca preservar dicho medio extraordinario de defensa. En ese contexto, al no ser posible acudir a la interpretación gramatical de la norma, por las razones dadas; entonces, el método para definir el alcance que debe dársele al artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo vigente, en relación con la procedencia del juicio de amparo contra actos de autoridad en los que se determine declinar o inhibir la competencia, no puede ser otro que el que sea más acorde con los principios fundamentales previstos en la Constitución Federal y que rigen al juicio de amparo. Esto, pues no puede pasarse por alto que en el artículo 107 constitucional están instituidas las bases que deben reglamentarse en la legislación secundaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto, encomendándose al Congreso de la Unión la obligación de desarrollar con toda precisión en la ley secundaria las instituciones y principios constitucionales que rigen el amparo, con la única condición, como se dijo, de mantener intactos sus principios y fines, es decir, sí puede desarrollarlos y ampliar su contenido, pero siempre que ese ulterior desarrollo o ampliación no pugne con el espíritu constitucional que los creó. En tal virtud, si el legislador al crear la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, únicamente introdujo como hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto: ... Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, sin hacer mayores especificaciones al respecto; luego, es necesario acudir, como se dijo, a la aplicación del principio de interpretación de la ley conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico. Así, considerando que en la Constitución Federal se clasificaron las reglas establecidas para regular la procedencia del juicio biinstancial en contra de actos dictados en un juicio o en un procedimiento, según su carácter sustantivo y material, en oposición a su carácter adjetivo y formal, a que produzcan una afectación real y actual a la esfera jurídica del gobernado y que dicho acto goce de definitividad, en congruencia con el principio de concentración de violaciones procesales antes mencionado previsto en la Ley de Amparo; entonces, es de colegirse que por más que en la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, de manera destacada el legislador introdujo la posibilidad de combatir actos de autoridad en los que se determine inhibir o declinar la competencia, ello no significa, de facto, que el juicio de amparo resulte procedente, pues antes debe superar un test de procedibilidad establecido no sólo en el artículo 107 de la Ley de Constitución Política de este país, sino en diversas disposiciones constitucionales y reglamentarias. Situados en la parte en la que debe definirse si el acto de que se trata produce una afectación real, actual y de manera inmediata en la esfera jurídica del gobernado, debe constatarse si dicho acto es definitivo. De lo anterior, se desprende que ya sea que una autoridad o tribunal se declare incompetente para conocer de un determinado asunto, o bien, que ello sea consecuencia de la formulación de una cuestión competencial, como las referidas, en cualquier caso existe un trámite que debe llevarse a cabo dentro del procedimiento o juicio e incluso, existen medios de defensa ordinarios que deben agotarse (cuando estén previstos), y no será hasta que la primera de las condiciones se actualice o, en su caso, se interpongan y se resuelvan los recursos correspondientes cuando podrá considerarse que el acto de que se trata es definitivo y, por ende, ponderar si produce una afectación personal, real y directa en la esfera de derechos del interesado, lo que se actualizará, en el caso a examen, hasta que la autoridad a favor de la cual se declina competencia, la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria). Ello, pues como se vio, en una cuestión de competencia están involucradas al menos dos autoridades, y cada una de ellas puede determinar si acepta o rechaza la competencia que le fue planteada por la otra y el hecho de que el numeral en examen expresamente no lo determine así, no significa que sea posible impugnar cada una de las decisiones que las autoridades van tomando en el trámite de esas cuestiones, porque ello implicaría asumir una interpretación que no es congruente con los principios rectores del juicio de amparo contenidos en la Carta Magna, ni así tampoco con uno de los fines que previó el legislador en la reforma en materia de amparo, que tiene que ver, precisamente, con la necesidad de no obstaculizar el desarrollo de los procedimientos ordinarios. Así, cuando una de las partes en un procedimiento ordinario tiene la pretensión de que sea una determinada autoridad u órgano jurisdiccional el que conozca del asunto, y no otra, la afectación se produce cuando la autoridad correspondiente llega a la determinación de que es competente y acepta la competencia declinada, o bien, acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto. Esto es, en la cuestión de competencia por declinatoria, cuando la autoridad correspondiente considera que, efectivamente, no es competente, emitirá una declaratoria. Y en el caso de la inhibitoria, si la autoridad o tribunal que no está conociendo del asunto estima que sí es competente, solicitará a la que conozca de aquel que se inhiba. No obstante, la declaratoria o la solicitud en uno u otro caso, no constituyen aún determinaciones susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, ya que ello se estaría supeditando a un acto cuya afectación no se ha materializado, porque las decisiones mediante las cuales una autoridad declina competencia a favor de otra, o requiere a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto, no tiene como consecuencia forzosa la aceptación de la competencia, sea por declinatoria o inhibitoria, porque bien podría darse el caso de que se rechace aquélla y será hasta en ese momento cuando se produzca una afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. En conclusión, será hasta ese momento cuando la incidencia en los derechos de los gobernados cobre una especial relevancia, con independencia de que la incompetencia sea por razón de la vía, del fuero, de la materia o del territorio, ya que si bien alguna de ellas podría traer como consecuencia que un procedimiento o juicio se tramite no sólo por una autoridad incompetente sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde; la afectación personal y directa que representa una cuestión competencial, en los términos indicados, se produce precisamente cuando tales actos en los que se determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, sean aquellos en los que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria) y no antes. De tal ejecutoria derivó la jurisprudencia P./J. 17/2015 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, página 5, que es del siguiente tenor: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas. Como se ve, para que sea procedente el juicio de amparo, tratándose de cuestiones de competencia, no basta con que una autoridad la decline, o bien, pida a otra que se inhiba en el conocimiento de algún asunto; sino que, la afectación que produzca tal determinación, debe ser definitiva. Cabe precisar que se tratará de un acto definitivo la determinación en que el órgano al que se declinó la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria); o bien, aquella en el que la autoridad acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria). Pues sería hasta entonces cuando se producen todas las consecuencias del acto reclamado y, por tanto, se ha causado una afectación personal y directa a la esfera de la parte interesada. En el caso, la parte quejosa reclama el acuerdo de veinte de julio de dos mil veintiuno, emitido en el juicio laboral 345/2021, en el cual el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca de Soto, se declaró incompetente para conocer el juicio laboral de origen y declinó la competencia a la Junta Especial Numero 51 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, con residencia en esta ciudad. De los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narra el accionante, se advierte lo siguiente: 1. El nueve de julio de dos mil veintinueve, demando de la empresa LICONSA, Sociedad Anónima de Capital Variable, el pago de diversas prestaciones derivadas de la relación laboral, el pago de la cantidad de $573,384 (quinientos setenta y tres mil trescientos ochenta y cuatro 00/100 moneda nacional), por la omisión de darlo de alta en el colectivo del seguro de vida 2. Mediante acuerdo de trece de julio de esta anualidad, el tribunal responsable lo requirió para que aclarara algunos puntos de la demanda. 3. El diecinueve de julio del año en curso, presentó promoción para desahogar dicha prevención. 4. Mediante acuerdo de fecha veinte de julio hogaño, el tribunal responsable resolvió sobre la competencia del asunto, declarándose incompetente y turnando los autos a la Junta Especial Numero 51 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Como se observa, en el caso no se actualiza la hipótesis de procedencia del juicio de amparo, ya que la determinación adoptada por el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca de Soto, no es definitiva. Se asevera de esa forma, porque la resolución en la que la autoridad responsable declinó la competencia a favor de la Junta Especial Numero 51 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, no tiene como consecuencia necesaria que dicho órgano acepte el conocimiento del asunto. En efecto, ante la declinatoria realizada a favor de la Junta Especial Numero 51 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, se pueden presentar los siguientes supuestos: a) Que acepte la competencia declinada, y b) Que la rechace. De ocurrir el primer supuesto, se estaría ante la presencia de un nuevo acto; y de rechazarla, podría generarse un conflicto competencial, por lo que, sería lo resuelto en el mismo, lo que, en su caso, constituiría el acto definitivo. Por lo anterior, se estima que la resolución combatida en la presente vía constitucional no puede considerarse como un acto definitivo, pues ello ocurrirá hasta que la Junta Especial Numero 51 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, determine si acepta el conocimiento del asunto. De ahí que la resolución combatida no ha producido una afectación personal y directa a la esfera de derechos del quejoso. Al quedar acreditada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción VIII, del propio ordenamiento, interpretado a la luz de la jurisprudencia P./J. 17/2015; procede desechar de plano la demanda presentada por Mildred del Rocío Carrillo Cartas, quien se ostenta como apoderados legal de Héctor Santiago Castillo Sánchez y/o Santiago Héctor Castillo Sánchez. CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuara´ laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el presente asunto y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO MÓVIL Y CORREO ELECTRÓNICO. Con fundamento en la fracción I del artículo 5 del acuerdo general de referencia, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. NOTIFICACIÓN MEDIANTE EXHORTO. Toda vez que la parte quejosa señaló domicilio ubicado en calle Nopatitla número 20 A, oficina B2, colonia Sindicato Mexicano de Electricistas, Delegación Azcapotzalco, código postal 02060, en la Ciudad de México; el cual se encuentra fuera del territorio en el cual está juzgadora federal ejerce jurisdicción; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, gírese exhorto al Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno, a efecto de que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, comisione al actuario judicial de su adscripción para que se constituya en dicho domicilio a efecto de notificar el presente auto de forma personal al quejoso Héctor Santiago Castillo Sánchez y/o Santiago Héctor Castillo Sánchez. Asimismo, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, deberá requerirlo para que dentro del término de tres días señale domicilio para oír y recibir notificaciones en Pachuca de Soto, Hidalgo, o Mineral de la Reforma, Hidalgo; apercibido de que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento anterior dentro del término que al efecto se le concede, las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal, se le harán por lista que se fije en un lugar visible y de fácil acceso de este Juzgado Primero de Distrito en esta entidad. Se hace saber al juez requerido que se le faculta para que, de ser necesario, habilite al actuario de su adscripción para que en días y horas inhábiles lleve a cabo la diligencia en cuestión; lo anterior, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Además, se solicita para que una vez que se realice la diligencia encomendada, devuelva la comunicación que se envía lo más pronto posible. Se hace la precisión que quien realice dicha diligencia deberá cerciorase por cualquier medio, de que sea la persona buscada, para evitar que sean homónimos de la persona citada. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas y c) acuses de recibo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que de conformidad con la fracción II, del artículo 6, del Acuerdo General 21/2020 antes citado, éstas o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes aplicables, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, realizar el tra´mite correspondiente a la obtención de copias, así como desahogar requerimientos o comparecencia que les hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. Esquema de trabajo que continuará en vigor hasta en tanto se emitan disposiciones generales en contrario o que modifiquen el modelo de atención presencial basado en citas contemplado en el precitado Acuerdo General. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario...II
- Principal
...Pachuca de Soto, Hidalgo; diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO Y EXHIBE CHEQUES. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la Presidenta Municipal Constitucional y Tesorero de Tepeapulco, Hidalgo; en atención a su contenido, se les tiene informando el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, para lo cual exhiben el cheque 208 que ampara la cantidad de $32,616.09 (treinta y dos mil seiscientos dieciséis pesos 09/100 moneda nacional) y el diverso 209 que ampara la cantidad de $133,711.75 (ciento treinta y tres mil setecientos once pesos 75/100 moneda nacional) de la institución bancaria BBVA. Ahora bien, para tenerla por cumplida es necesario que la quejosa acuda a recibirlos, efectúe su cobro y así lo informe a esta autoridad federal; a fin de que se tenga la certeza de que efectivamente recibió la devolución materia de la concesión de amparo En consecuencia, se señalan las doce horas con treinta minutos del dos de septiembre de dos mil veintiuno, para que persona que legalmente represente a la parte quejosa y con facultades para recibir valores, comparezca a este órgano jurisdiccional, a recibir los referidos títulos de crédito; para lo anterior, se ordena anexar a la notificación del presente proveído el código QR que se generó, para el ingreso a las instalaciones del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en esta ciudad. Por tanto, por única ocasión gírese despacho al Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial de Apan, Hidalgo, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado faculte al actuario de su adscripción para que se constituya en el domicilio de la parte quejosa ubicado en domicilio conocido Ciudad Sahagún, Corredor Industrial Zona Industrial, municipio de Tepeapulco, Hidalgo, código postal 43998, y notifique el presente proveído, a la parte quejosa Plásticos Automotrices de Sahagún, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de la persona que la represente legalmente; debiéndole hacer entrega del código QR correspondiente. Lo anterior, en atención a que de conformidad con el artículo 6, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; el ingreso de justiciables a las oficinas que ocupa este Juzgado Federal sólo podrá realizarse previa cita que se agende vía electrónica, y la permanencia solo podrá ser de media hora.-. M-VI
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