Héctor Sangeado Sangeado
Expediente 1635/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 11 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1635/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 19/09/2016
Partes del expediente
- Héctor Sangeado Sangeado
- Juez de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial Pichucalco, Chiapas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, por medio del cual comunica que admitió a trámite la demanda de amparo por la cual este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocerla.
- Principal
CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Vista la diligencia de ratificación que antecede, se advierte que el quejoso Héctor Sangeado Sangeado, ratificó la firma que calza el escrito presentado en este órgano jurisdiccional el nueve de agosto del año en curso. Atento a lo anterior, se tiene a la parte quejosa dando cumplimiento a la prevención que le fue formulada en acuerdo de diez de agosto de la presente anualidad; en consecuencia, se provee: DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA Vista la demanda de amparo que promueve Héctor Sangeado Sangeado, contra actos de la siguiente autoridad responsable: 1. Juez de Primera Instancia del Ramo del Civil del Distrito Judicial de Pichucalco, Chiapas. Del análisis del escrito inicial de demanda y del diverso aclaratorio de ocho de agosto del año en curso, se advierte que el peticionario de amparo señala como acto reclamado la sentencia definitiva de trece de mayo de dos mil dieciséis, emitida en el juicio ejecutivo mercantil 396/2015, del índice del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Pichucalco, Chiapas, en la cual se determinó que con motivo de la falta de un presupuesto procesal dentro del procedimiento (sin ordenar la regularización del mismo) no era el caso resolver la Litis de origen, dejando a salvo los derechos de la parte actora aquí quejosa, para que si a su interés conviniere, promueva nuevamente lo que en derecho corresponda, poniendo fin al juicio natural. Lo anterior, permite establecer que este Juzgado debe declararse legalmente incompetente para conocer y resolver el presente asunto de conformidad con lo dispuesto por los artículos 34, 170 y 175 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma.". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional. II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." "Artículo 175. La demanda de amparo directo deberá formularse por escrito, en el que se expresarán: I. El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre; II. El nombre y domicilio del tercero interesado; III. La autoridad responsable; IV. El acto reclamado. Cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio por estimarse inconstitucional la norma general aplicada, ello será materia únicamente del capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la norma general, debiéndose llevar a cabo la calificación de éstos en la parte considerativa de la sentencia; V. La fecha en que se haya notificado el acto reclamado al quejoso o aquélla en que hubiese tenido conocimiento del mismo; VI. Los preceptos que, conforme a la fracción I del artículo 1° de esta ley, contengan los derechos humanos cuya violación se reclame; y VII. Los conceptos de violación." En efecto, es de precisarse que para los efectos de los citados numerales, sólo será procedente ante los Tribunales Colegiados de Circuito el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por Tribunales Judiciales, Administrativos, Agrarios o del Trabajo. Así, por sentencia definitiva deben entenderse aquellas resoluciones que deciden el juicio en lo principal. En tanto que las resoluciones que ponen fin al juicio son aquellas que sin resolver la cuestión controvertida, es decir, el juicio en lo principal, lo den por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no conceden ningún recurso. De la interpretación armónica de los preceptos legales transcritos se colige que la sentencia definitiva de trece de mayo de dos mil dieciséis, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 396/2015, del índice del Juzgado de Primera Instancia del Ramo del Civil del Distrito Judicial de Pichucalco, Chiapas, al ser una determinación que dio por concluido el Juicio de origen sin resolver la cuestión planteada, no puede ser combatido a través del juicio de amparo indirecto. En consecuencia, este Juzgado estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata, en virtud de que el acto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis de procedencia del amparo biinstancial que establece el precepto 107 de la Ley de Amparo. Por lo que con apoyo en lo dispuesto en el numeral 47 de la ley de la materia, se ordena remitir la demanda de garantías, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Penal del Vigésimo Circuito en Turno, con residencia en esta ciudad, a efecto de que resuelva lo conducente, solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente. Con copia de este acuerdo y copia simple de la demanda de amparo, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE DIECIOCHO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, CUYA SINTESIS DICE:"CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Vista la diligencia de ratificación que antecede, se advierte que el quejoso Héctor Sangeado Sangeado, ratificó la firma que calza el escrito presentado en este órgano jurisdiccional el nueve de agosto del año en curso. Atento a lo anterior, se tiene a la parte quejosa dando cumplimiento a la prevención que le fue formulada en acuerdo de diez de agosto de la presente anualidad; en consecuencia, se provee: DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA Vista la demanda de amparo que promueve Héctor Sangeado Sangeado, contra actos de la siguiente autoridad responsable: 1. Juez de Primera Instancia del Ramo del Civil del Distrito Judicial de Pichucalco, Chiapas. Del análisis del escrito inicial de demanda y del diverso aclaratorio de ocho de agosto del año en curso, se advierte que el peticionario de amparo señala como acto reclamado la sentencia definitiva de trece de mayo de dos mil dieciséis, emitida en el juicio ejecutivo mercantil 396/2015, del índice del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Pichucalco, Chiapas, en la cual se determinó que con motivo de la falta de un presupuesto procesal dentro del procedimiento (sin ordenar la regularización del mismo) no era el caso resolver la Litis de origen, dejando a salvo los derechos de la parte actora aquí quejosa, para que si a su interés conviniere, promueva nuevamente lo que en derecho corresponda, poniendo fin al juicio natural. Lo anterior, permite establecer que este Juzgado debe declararse legalmente incompetente para conocer y resolver el presente asunto de conformidad con lo dispuesto por los artículos 34, 170 y 175 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma.". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional. II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." "Artículo 175. La demanda de amparo directo deberá formularse por escrito, en el que se expresarán: I. El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre; II. El nombre y domicilio del tercero interesado; III. La autoridad responsable; IV. El acto reclamado. Cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio por estimarse inconstitucional la norma general aplicada, ello será materia únicamente del capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la norma general, debiéndose llevar a cabo la calificación de éstos en la parte considerativa de la sentencia; V. La fecha en que se haya notificado el acto reclamado al quejoso o aquélla en que hubiese tenido conocimiento del mismo; VI. Los preceptos que, conforme a la fracción I del artículo 1° de esta ley, contengan los derechos humanos cuya violación se reclame; y VII. Los conceptos de violación." En efecto, es de precisarse que para los efectos de los citados numerales, sólo será procedente ante los Tribunales Colegiados de Circuito el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por Tribunales Judiciales, Administrativos, Agrarios o del Trabajo. Así, por sentencia definitiva deben entenderse aquellas resoluciones que deciden el juicio en lo principal. En tanto que las resoluciones que ponen fin al juicio son aquellas que sin resolver la cuestión controvertida, es decir, el juicio en lo principal, lo den por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no conceden ningún recurso. De la interpretación armónica de los preceptos legales transcritos se colige que la sentencia definitiva de trece de mayo de dos mil dieciséis, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 396/2015, del índice del Juzgado de Primera Instancia del Ramo del Civil del Distrito Judicial de Pichucalco, Chiapas, al ser una determinación que dio por concluido el Juicio de origen sin resolver la cuestión planteada, no puede ser combatido a través del juicio de amparo indirecto. En consecuencia, este Juzgado estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata, en virtud de que el acto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis de procedencia del amparo biinstancial que establece el precepto 107 de la Ley de Amparo. Por lo que con apoyo en lo dispuesto en el numeral 47 de la ley de la materia, se ordena remitir la demanda de garantías, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Penal del Vigésimo Circuito en Turno, con residencia en esta ciudad, a efecto de que resuelva lo conducente, solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente. Con copia de este acuerdo y copia simple de la demanda de amparo, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo."
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de quien se ostenta como **************************** Conforme al artículo 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que la ley lo permita expresamente y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. Ahora, por firma autógrafa, se entiende según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: "Nombre y apellido, o título de una persona que ésta pone con rúbrica al pie de un documento escrito de mano propia o ajena, para darle autenticidad o para obligarse a lo que en él dice". El vocablo "firma" proviene del latín firmare, cuyo significado es afirmar o dar fuerza. A su vez, la palabra "firma", se define como "Afirmar, dar firmeza y seguridad a una cosa" (diccionario citado). En este orden de ideas y trasladando los mencionados conceptos al campo del derecho constitucional, debe decirse que la firma consiste en asentar al pie del escrito el nombre y apellido de la persona que lo emite, en la forma en que acostumbra hacerlo, con el propósito de expresar la voluntad de las partes de ejercer un derecho. En el caso en concreto, la firma plasmada en el escrito de cuenta, es notoriamente distinta a la estampada en la demanda de amparo, como se advierte del siguiente cuadro comparativo: FIRMA DE ESCRITO DE DEMANDA FIRMA DE ESCRITO DE CUENTA Por lo anterior, no se tiene la certeza de que se trate de la misma persona, por lo que no hay forma de saber si es voluntad del peticionario de amparo desahogar la prevención realizada en proveído de veintinueve de julio del año en curso. En esa medida, no se tiene la certeza de que fue su voluntad presentar el escrito, pues la firma que contiene el ocurso de cuenta es notoriamente distinta a la que aparece al calce del escrito inicial de demanda. A efecto de estar en posibilidades de acordar lo procedente, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase al promovente para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este órgano jurisdiccional, con domicilio ubicado en Boulevard Ángel Albino Corzo número dos mil seiscientos cuarenta y uno (2641), Edificio A, Planta Baja, Palacio de Justicia Federal, Colonia Las Palmas de esta ciudad, con identificación oficial vigente y advertida de las penas en que incurre quien declara con falsedad ante autoridad, manifieste si ratifica o no las firmas que calzan los escritos de cuenta e indique si las reconoce como suyas, apercibido que de no hacer manifestación alguna, se dejará de acordar su petición. Tiene apoyo a lo anterior, en lo conducente, la Jurisprudencia cuyo rubro y texto dicen: FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es de importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas.
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