Héctor Sánchez Sandoval

Expediente 140/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
140/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
24/05/2022

Partes del expediente

  • Héctor Sánchez Sandoval

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. De la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia en la que se NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a Héctor Sánchez Sandoval, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, el suscrito estima innecesario que continúen las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz, en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    V. Con esta fecha se notifica por este conducto a la parte quejosa la sentencia engrosada el veintiocho de abril del año en curso, misma que a la letra dice: ESULTANDO PRIMERO. Demanda y turno. Por escrito presentado el dieciséis de febrero de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional el diecisiete de febrero siguiente, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra el acto que más adelante se precisará (fojas 2-9). SEGUNDO. Trámite. Por auto de dieciocho de febrero siguiente, se acordó: admitir la demanda de amparo; fijar fecha y hora para la audiencia constitucional; requerir a la autoridad responsable su informe justificado; dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita y, emplazar al presente juicio a la tercera interesada (fojas 10-14). El veinticinco de febrero siguiente, se emplazó al juicio a la tercera interesada (foja 21) quien no alegó motivo de improcedencia alguno. Una vez agregado en autos el informe justificado de la autoridad responsable (foja 23) e integrado que estuvo el asunto, se llevó a cabo la audiencia constitucional (foja 26). Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, al tratarse de un acto dictado en un proceso civil, susceptible de afectar directa e irreparablemente el derecho fundamental de recibir y proporcionar alimentos. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, pues la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que consiste en: La resolución de veinticinco de enero de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario civil 729/2020-X del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz, que declaró procedente y fundada la reclamación que hizo valer el demandado, donde por una parte se suspendió la pensión provisional alimenticia fijada a favor de los menores involucrados y, por otra, se redujo el monto de la pensión provisional fijada a favor de la actora en un 15 % (quince por ciento) del sueldo y demás prestaciones del demandado, para ubicarla en 10 % (diez por ciento) (resolución que fue notificada por lista de acuerdos al quejoso el mismo día de su emisión -foja 175 del tomo único de pruebas-). Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto atribuido al Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz, en razón que al rendir su informe justificado reconoció la existencia de la resolución reclamada (foja 23). Lo que se corrobora, en razón que dicha autoridad remitió copia certificada de esa determinación (fojas 167-175 del tomo único de pruebas) la cual tiene valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. CUARTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En el caso, no se advierte motivo de improcedencia del juicio ni las partes señalan que se actualice alguno; por tanto, procede el estudio de los conceptos de violación, los que se omite reproducir al ser innecesario hacerlo y no exigirlo precepto legal alguno. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." QUINTO. Regularidad constitucional del acto reclamado. En principio, es oportuno precisar que a pesar de que al quejoso le recae la calidad de deudor alimentario en el juicio civil de origen, procede suplir en su favor la deficiencia de la queja, al tratarse de un asunto en materia de alimentos. Lo anterior es acorde con la jurisprudencia 1a./J. 24/2020 (10a.) de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EN EL JUICIO DE AMPARO CUYA MATERIA SEA EL DERECHO DE ALIMENTOS, PROCEDE APLICARLA EN FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO." En la especie, los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa son infundados, lo que impone negar la protección de la Justicia Federal solicitada, por las razones que enseguida se darán. MARCO JURÍDICO A título de premisas que servirán para dar solución al problema jurídico planteado, se esboza lo siguiente. Alimentos en la legislación de Veracruz Los artículos 242 del Código Civil y 210 del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado, señalan: "Artículo 242. Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos." "Artículo 210. Presentada la demanda con los documentos y copias prevenidas, se correrá traslado de ella a la persona o personas contra quienes se proponga, y se les emplazará para que contesten dentro de nueve días.- En los casos en que se reclamen alimentos, el juez podrá en el auto en que dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento, cuando los acreedores justifiquen, con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista, o tratándose de concubinato, con algún medio de prueba que acredite tal hecho, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva.- Cualquier reclamación sobre la medida indicada en el párrafo que antecede, se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, y previa vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, el juez la resolverá dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado. Contra esta resolución no procede recurso ordinario.- En materia de Derecho Familiar, los jueces deberán suplir la deficiencia de la queja únicamente para los menores, incapaces y para el acreedor alimentario." La institución de los alimentos, ya sea que se decreten de manera provisional o definitiva, tiene como finalidad el otorgar a los acreedores lo necesario para su subsistencia, es decir, el garantizarles lo indispensable para sus necesidades más apremiantes, mediante el otorgamiento de los conceptos que señala el numeral 239 del Código Civil de la entidad, a través de una medida que respete el principio de proporcionalidad previsto por el artículo 242 de ese ordenamiento, esto es, debe atender a las necesidades de la acreedora y a las posibilidades del deudor para satisfacerlas; aunado a ello, deben tomarse en consideración otras circunstancias, tales como el entorno social en que aquél se desenvuelve, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a que pertenece. Asimismo, el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, establece el trámite procesal de la reclamación contra la pensión alimenticia provisional, en el cual se tomarán en cuenta exclusivamente los documentos aportados al promoverla, así como las pruebas documentales que obren hasta esa etapa procesal; con lo cual se concede al deudor un medio de defensa para tratar de equilibrar la cantidad o el porcentaje fijado provisionalmente, pues el juzgador toma como base únicamente los datos expresados por la actora en su demanda y los documentos que aporta, en razón de la prontitud con que se ordena resolver; pero la reclamación debe declararse procedente si el deudor alimentista aporta pruebas documentales y justifica otras circunstancias que el propio juzgador no tuvo en consideración al fijar la pensión provisional o que apreció incorrectamente en el auto de inicio y que sean idóneas para tal fin. Por otra parte, debe tenerse presente que la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 482/2012, el trece de marzo de dos mil trece, respecto a la noción judicial de "interés superior del niño", estimó lo siguiente: 1. El interés superior del menor es un principio de rango constitucional que se encuentra expresamente previsto en la regulación de los derechos de los menores contenidos en el artículo 4o. constitucional, y en correspondencia con el ánimo del Estado Mexicano de adecuar el marco normativo constitucional a los compromisos internacionales contraídos en el ámbito mundial. 2. El interés superior del niño es una expresión que "implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". Además, acorde con el artículo 3.1. de la Convención Sobre los Derechos del Niño, en todas las medidas que tomen los tribunales, concernientes a los niños, será de atención primordial el interés superior del niño. 3. En armonía con lo anterior, ha sostenido que en el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los derechos humanos de algún menor, y que para dar sentido a la norma, se deben tomar en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. 4. Se ha sostenido que una expresión del alcance que tiene el interés superior del menor en la labor jurisdiccional, emerge en el ámbito procesal, pues con independencia de que la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio constituye uno de los aspectos más relevantes que amerita una especial atención de los juzgadores, en los asuntos que inciden sobre derechos humanos de menores, el Juez cuenta con un amplísimo abanico de facultades constitucionales para recabar de oficio todas las pruebas que sean necesarias para conocer la verdad de los hechos involucrados a fin de resolver la cuestión planteada, siempre de la manera que resulte de mayor cobertura para los derechos humanos del o los menores justiciables. Así las cosas, en un juicio de alimentos -como en la especie acontece- en el que un menor figura como actor material y acreedor, el planteamiento o solicitud de modificación de la pensión alimentaria correspondiente, revela que el derecho a percibir alimentos del menor no se encuentra, cuando menos desde un punto de vista jurídico, en un estado de desamparo total, a partir de que existe una determinación judicial que ha fijado una pensión alimenticia en favor del menor con el propósito de hacer frente a las necesidades básicas del niño o de la niña, que se encuentran comprendidas en el rubro de alimentos. Sin embargo, la ausencia de desamparo jurídico total en materia de alimentos para un menor, no puede interpretarse como una condición que releve al juzgador de atender el interés superior del menor sobre cualquier asunto relacionado con ese tópico (pensión alimenticia) dado que tal interés subsiste como principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse al menor en materia de alimentos o que pueda afectar los derechos alimentarios del menor, como sucede en el caso de la solicitud de disminución de tal pensión; y en consecuencia, aun cuando exista una determinación judicial que haya establecido una pensión alimenticia en favor de un menor, para dar sentido a las normas aplicables en materia de alimentos, se deben tomar en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. En la misma línea argumentativa, si tratándose de un menor que figura como actor material y acreedor en un juicio sobre alimentos que versa sobre el incremento, disminución o fijación de una "pensión mayor", subsiste el deber constitucional de los tribunales de atender al interés superior del menor. Aunado al hecho de que una expresión del alcance que tiene el interés superior del menor en el ámbito jurisdiccional emerge en el ámbito procesal, en el sentido de que, con independencia de que la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio constituye uno de los aspectos más relevantes que amerita una especial atención de los juzgadores, en los asuntos que inciden sobre derechos humanos de menores, como es el juicio de alimentos promovidos en su favor, el Juez cuenta con un amplísimo abanico de facultades constitucionales para recabar de oficio todas las pruebas que sean necesarias para conocer la verdad de los hechos involucrados a fin de resolver la cuestión planteada siempre de la manera que resulte de mayor cobertura para los derechos humanos del menor justiciable. Entonces, es inconcuso que tratándose de un menor que figura como actor material y acreedor en un juicio sobre alimentos que versa sobre el incremento o fijación de una "pensión mayor", sí existe el deber del juzgador de la causa de recabar oficiosamente todas las pruebas y ordenar todas las diligencias que sean necesarias para conocer la verdad de los hechos involucrados a fin de resolver la cuestión planteada, siempre de la manera que resulte de mayor cobertura para los derechos alimentarios del menor justiciable. Dichas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 46/2013 (10a.) que se lee: "PENSIÓN ALIMENTICIA. PARA INCREMENTARLA CUANDO EL ACTOR MATERIAL Y ACREEDOR EN EL JUICIO RELATIVO SEA UN MENOR DE EDAD, EL JUEZ PUEDE RECABAR OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA RESOLVER LA CUESTIÓN PLANTEADA. La solicitud de incrementar la pensión alimenticia en un juicio en el que un menor figura como actor material y acreedor, revela que su derecho a percibir alimentos no está jurídicamente desamparado, pues existe una determinación judicial que ha fijado una pensión alimenticia en su favor; sin embargo, ello no puede interpretarse como una condición que releve al juzgador de atender el interés superior de aquél, ya que subsiste como principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse al menor en materia de alimentos (como las aplicables a la solicitud de incremento de la pensión respectiva). De ahí que el Juez cuente con un amplio abanico de facultades constitucionales para recabar de oficio las pruebas necesarias para conocer la verdad de los hechos involucrados, a fin de resolver la cuestión planteada, siempre de la manera que resulte de mayor cobertura para los derechos alimentarios del menor." Hasta aquí dichas premisas. ANTECEDENTES Para una mejor comprensión del asunto, se destacan los antecedentes del acto reclamado, los cuales se desprenden de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable (tomo único de pruebas): 1). El diecisiete de julio de dos mil veinte Inés Ramírez Gamboa por sí y en representación de sus menores hijos, promovió juicio ordinario civil y demandó de Héctor Sánchez Sandoval, entre otras prestaciones, el cumplimiento y pago de una pensión provisional alimenticia a su favor y, en su oportunidad una definitiva (fojas 1-5). 2). Por auto de treinta de julio del citado año, el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz, acordó: admitirla y radicarla con el número 729/2020; fijar una pensión alimenticia de carácter provisional a razón del 55 % (cincuenta y cinco por ciento) del sueldo y demás prestaciones del demandado, distribuidos en un veinte por ciento para cada menor y en un quince por ciento a favor de la madre de éstos, así como emplazar al demandado a juicio (fojas 9-13). 3). Una vez emplazado el demandado (foja 36) por escrito presentado el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, éste contestó la demanda instaurada en su contra e hizo valer recurso de reclamación contra el monto de la pensión provisional alimenticia fijada en autos (fojas 41-51). En dicha reclamación, el demandado alegó la desproporcionalidad del descuento decretado en su contra, dado que: La actora abandonó el domicilio conyugal el dieciséis de enero de dos mil veintiuno y no contribuye al gasto de sus menores hijos. Los menores de edad hijos de ambos actualmente se encuentran bajo su cuidado, ya que viven con él. La actora cuenta con ingresos propios, dado que se dedica a la cría y venta de ganado, como se advierte de las documentales que exhibió. La actora tiene un predio ejidal en Ángel R. Cabada, Veracruz. Cuenta con diversos gastos, ya cuenta con un crédito vigente derivado de un préstamo que le otorgó la institución financiera Santander. 4). Por auto de cuatro de junio de dos mil veintiuno, se dio curso al aludido medio de impugnación y se ordenó dar vista a la actora por el término de tres días con dicho escrito y sus anexos, a fin de que manifestara lo que a su interés conviniera (foja 38). 5). Mediante escrito de nueve de junio siguiente, la actora desahogó la vista sobre la reclamación planteada (fojas 70-78). 6). El catorce de septiembre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la diligencia de cercioramiento de la necesidad de la medida y depósito de personas, en la que se decretó de plano el depósito judicial de los menores involucrados a favor del demandado (fojas 85-89). 7). Luego de turnar a resolver la reclamación (foja 139) el veinticinco de enero de dos mil veintidós, el juez instructor decidió: declarar fundada la reclamación y, por una parte, suspender la pensión provisional alimenticia fijada a favor de los menores involucrados y, por otra, reducir el monto de la pensión provisional fijada a favor de la actora en un 15 % (quince por ciento) del sueldo y demás prestaciones del demandado, para ubicarla en 10 % (diez por ciento) (fojas 167-175) -Determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo-. Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN Enseguida se pasa al examen de dicha determinación, a fin de verificar si la misma se encuentra ajustada a derecho: Análisis de la resolución reclamada a) Los elementos de prueba que el juez responsable tomó en consideración son: De la parte actora: Copia certificada del acta de matrimonio 00713, de catorce de abril de dos mil cinco (foja 6). Copia certificada de las actas de nacimiento de los menores involucrados, con folios 03220 y 06288 (fojas 7 y 8). Del demandado: Constancia de abandono de hogar, de trece de abril de dos mil veintiuno, expedida por el Ayuntamiento de Veracruz (foja 52). Recibo de energía eléctrica, de veinte de noviembre de dos mil veinte, con su respectivo ticket de pago, expedidos por la Comisión Federal de Electricidad (foja 53). Estado de cuenta a nombre del demandado, expedido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (fojas 54-55). Recibo de nómina expedido a nombre del demandado por la empresa Proveedora y Distribuidora de Industriales, sociedad anónima de capital variable (foja 56). Tabla de amortización actual de la línea de crédito inmediata a nombre del demandado, expedida por el Banco Santander (foja 57-62). Constancia de tres de abril de dos mil veinte, expedida por el Presidente de la Unión Ganadera Local General de Ángel R. Cabada, Veracruz, en la que se hizo constar que la actora se dedica a la ganadería (foja 63). Acta de entrega de recepción de identificadores SINIIGA, de veintidós de agosto de dos mil veinte, expedida por la Secretaría de Agricultura a nombre de la actora (foja 64). b) Por cuanto al valor demostrativo que la autoridad responsable otorgó a esos medios de convicción, se advierte que les confirió valor probatorio, de conformidad con los artículos 210, 235, fracciones II y III, 261, fracción IV, 330, 334 y 337, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz. c) Los datos que revelaron los medios de convicción, a juicio del juez responsable, son: - La existencia de tres acreedores alimentarios, a saber, la actora (aquí tercera interesada) y sus dos menores hijos. - La presunción a favor de los menores de necesitar los alimentos demandados a su padre, como son gastos de colegiaturas, útiles, uniformes, traslados, alimentación, habitación, asistencia médica, gastos de esparcimiento. - El derecho preferente de la esposa de recibir alimentos del demandado, pues los cónyuges están obligados a darse asistencia mutua. d) Con base en esos datos y elementos de prueba, el juzgador responsable concluyó que: Se encuentra justificada la relación familiar entre los acreedores alimentarios y el demandado, con el acta de matrimonio celebrado entre los contendientes y las actas de nacimiento de los dos menores de edad. Se desestimó el primer agravio del demandado relativo a que la actora abandonó el domicilio conyugal, pues la constancia expedida el trece de abril de dos mil veintiuno, por la Jefa de Manzana Número 3, del Cuartel 184, sector 15, de la colonia Los Torrentes, en Veracruz, Veracruz, no se encuentra adminiculada con diverso medio de convicción que la respalde. Además, que la persona que expidió dicha constancia no tiene facultades para determinar que la actora haya abandonado el domicilio conyugal. Por otra parte, se estimó que la actora se dedica a la ganadería, como se advierte de la constancia de tres de abril de dos mil veinte. Circunstancia que se adminicula con la confesión de la propia actora cuando expuso que su padre le donó unas reses de ganado, constatándose con ello la actividad comercial a la que se dedica; pues además también confesó que tiene que salir a trabajar para poder ingresar dinero extra a sus hijos; circunstancias que no se conocían cuando se fijó la pensión inicial. Se descartó el diverso agravio del demandado, relativo a que tiene que cubrir el crédito Infonavit del inmueble que habita con sus menores hijos y que cuenta con un préstamo vigente del banco Santander, ya que con las documentales que acompañó no se demuestra que el crédito hipotecario corresponda al inmueble que habitan, ni tampoco que el préstamo bancario de Santander haya sido destinado en beneficio de sus acreedores. Pues, se agregó que para establecer la pensión alimenticia, se deben tomar en cuenta únicamente la totalidad de las percepciones que el deudor alimentario perciba, disminuyendo deducciones de carácter legal no derivadas de obligaciones personales impuestas al deudor. Se desestimó el diverso agravio del demandado relativo a que la actora por propio derecho no tiene necesidad de recibir alimentos, debido que esa es una circunstancia que se tendrá que analizar al emitir la sentencia de fondo. En otro aspecto, se determinó suspender la pensión alimenticia provisional únicamente respecto de los menores involucrados, dado que cambiaron las circunstancias que imperaban cuando se decretó inicialmente aquélla, puesto que dichos infantes se encontraban ahora bajo el cuidado directo del demandado, debido al depósito judicial de personas que se decretó el catorce de septiembre de dos mil veintiuno. Se precisó que dicha decisión obedecía al caso de excepción que se contiene en la jurisprudencia 1a./J 9/2005, relativa a que la pensión alimenticia provisional no puede cancelarse en la reclamación, salvo cuando los menores de edad se encuentren bajo el cuidado del recurrente. Se concluyó que la actora con ingresos propios provenientes de la actividad laboral que desarrolla, por lo que puede coadyuvar con sus alimentos; además, los menores de edad se encuentran bajo el cuidado directo del demandado; circunstancias que se desconocían al momento de fijar la pensión alimenticia inicial. Luego, ante ello, procedía la suspensión de la pensión alimenticia provisional de los menores, así como la reducción de la misma fijada a favor de la actora en un 15 % (quince por ciento) del sueldo y demás prestaciones del demandado, para ahora ubicarla en 10 % (diez por ciento) debiendo exceptuarse impuestos, gastos de representación y viáticos, por no formar parte del salario. Hasta aquí las consideraciones del juez responsable. En el caso concreto, contrario a lo alegado por el quejoso en su demanda de amparo, se estiman ajustadas a derecho las consideraciones vertidas por la autoridad responsable en la emisión de la resolución reclamada, ya que se encuentran dotadas de la debida fundamentación y motivación exigidas constitucionalmente, por las razones que a continuación se expresarán y que dan respuesta puntual a sus conceptos de violación. En principio, se observa que la resolución combatida proviene de autoridad judicial competente, como lo es el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz, ante quien se encuentra radicado el juicio ordinario civil en donde se planteó el recurso de reclamación de que se trata, el cual conforme al artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles, tenía la obligación de resolverlo. Tocante a la necesidad de los acreedores alimentarios (esposa y dos menores de edad) los infantes contaban al momento de dictarse la resolución reclamada, con la edad de trece y diecisiete años respectivamente, lo que revela la necesidad de recibir alimentos, así como los gastos de comida, vestido, calzado, asistencia médica, servicios básicos, habitación y educación, como acertadamente lo estableció el juzgador de origen, al establecer que requiere de la gama de alimentos que establece el numeral 239 del Código Civil de Veracruz. Además, por cuanto hace a la esposa actora, acertadamente se dijo que su derecho a recibir alimentos se demostró con el acta de matrimonio, quien además goza del derecho preferente de ser asistida por su cónyuge en materia alimentaria. En torno a la posibilidad económica del deudor alimentario: se atiende a que éste confesó desempeñarse como empleado de la empresa Proveedora y Distribuidora de Industriales, sociedad anónima de capital variable; lo que además, como acertadamente lo sostuvo la autoridad responsable, se constató precisamente con el recibo de pago de nómina que exhibió en su reclamación, del que se advierte que durante el periodo del ocho al catorce de abril de dos mil veintiuno, por un total de $588.96 (quinientos ochenta y ocho pesos, noventa y seis centavos); de lo que se colige que, al momento de presentarse la demanda civil en su contra, contaba con ingresos económicos para hacer frente a sus obligaciones alimentarias. Asimismo, se estima acertado que la autoridad responsable desestimara el agravio del demandado relativo a que la actora abandonó el domicilio conyugal, ya que -explicó- la constancia expedida por la Jefa de Manzana Número 3, del Cuartel 184, sector 15, de la colonia Los Torrentes, en Veracruz, Veracruz, no se encuentra adminiculada con diverso medio de convicción que la respalde, así como que la persona que la expidió no tiene facultades para determinar tal circunstancia; conclusión que se considera objetivamente correcta, puesto que a la jefe de manzana nombrada no le constan los hechos allí afirmados, dado que no habita el mismo domicilio que los contendientes. De la misma manera, resulta acertado que la autoridad descartara el diverso agravio del demandado, relativo a que su capacidad económica se ve reducida en la medida que tiene que cubrir el crédito Infonavit del inmueble que habita con sus menores hijos, además que cuenta con un préstamo vigente del banco Santander; ello es así, pues como efectivamente lo sostuvo el juzgador, con las documentales que se acompañaron no se demostró que el crédito hipotecario corresponda al inmueble que habitan, ni tampoco que el préstamo bancario de Santander haya sido destinado en beneficio y satisfacción de las necesidades alimentarias de sus acreedores. En efecto, por regla general, sólo pueden formar parte de las deducciones excluidas de esa base salarial alimentaria, aquellas que se realizan por imperativo legal, como las fiscales, mas no así las contraídas personal y voluntariamente por el obligado, como son las provenientes del pago de préstamos personales pues, de no haber adquirido esas obligaciones libremente, el numerario retenido ingresaría directamente en su patrimonio, aunque, de hecho, ya ingresó previamente desde la obtención del préstamo, es decir, obtuvo dinero sobre el cual ningún descuento por concepto de alimentos se practicó. Considerar lo contrario implicaría justificar que el deudor alimentario adquiriera deudas o préstamos con el objeto de que al requerírsele el pago de una pensión alimenticia, pueda eximírsele de tal obligación por encontrarse en un estado de insolvencia, esto es, que sus ingresos sean menores a sus egresos; sin embargo, deben considerarse como excepción a esta regla general, los casos en que los préstamos están destinados a satisfacer las necesidades de los acreedores alimentarios, porque en esos supuestos debe atenderse a la causa que originó la solicitud de cantidades a terceros por el deudor, a fin de establecer si deben o no quedar excluidas de la base alimentaria las sumas correspondientes a esos préstamos; supuesto de excepción que, como acertadamente lo sostuvo la autoridad responsable, no se demostró por el demandado. En otro aspecto, se considera acertada la parte de la resolución reclamada que desestimó el diverso agravio del demandado relativo a que la actora por propio derecho no tiene necesidad de recibir alimentos; puesto que como bien lo sostuvo el juzgador responsable, dicha circunstancia es una cuestión que tendrá que analizarse al momento de emitirse la sentencia de fondo en el asunto. En otro orden (aunque es un aspecto que no fue alegado a título de concepto de violación en la demanda de amparo) se estima que fue jurídicamente correcto que el juez responsable determinara suspender la pensión alimenticia provisional únicamente respecto de los menores involucrados, dado que, como correctamente lo precisó en la resolución reclamada, cambiaron las circunstancias que imperaban cuando se decretó inicialmente aquélla, puesto que al momento de resolver la reclamación planteada los infantes ya se encontraban bajo el cuidado directo del demandado, debido al depósito judicial de personas que se decretó en el expediente el catorce de septiembre de dos mil veintiuno. Circunstancia que sin duda obligaba a suspender el pago de la pensión provisional de los menores que fue promovida inicialmente por su progenitora, puesto que sí ésta no tiene bajo su cuidado directo a los infantes, ilógico sería que se le siguiera cubriendo la parte proporcional que le corresponde a sus hijos, cuando quien los tiene a su resguardo en calidad de depósito judicial, lo es el propio padre demandado, quien de esa manera cumple con su obligación de proporcionarle los alimentos. Es decir, en realidad no se dejó sin efecto la pensión provisional alimenticia de los menores, sino que se precisó que dicha obligación ahora se cumplirá directamente por el padre demandado al tenerlos bajo su cuidado directo, por lo que es innecesario que la madre actora los siga recibiendo. Finalmente, en sus conceptos de violación el quejoso sostiene que el juez responsable dejó de valorar la documental consistente en el acta de entrega de recepción de identificadores SINIIGA, de veintidós de agosto de dos mil veinte, expedida por la Secretaría de Agricultura a nombre de la actora (foja 64) que exhibió en su reclamación, con la que se demuestra la actividad laboral de la actora, de la que obtiene ingresos económicos propios. Es fundado dicho motivo de disenso, pero ineficaz para los efectos pretendidos. Ello es así, porque efectivamente como lo sostiene el quejoso en su demandada de amparo, no se advierte que el juez responsable haya tomado en cuenta y valorado la constancia en cita; sin embargo, se observa que, a pesar de esa omisión, el resolutor concluyó que se demostraba la actividad comercial a la que se dedica la actora relativa a la ganadería, como se advierte de la constancia de tres de abril de dos mil veinte, expedida por el Presidente de la Unión Ganadera Local General de Ángel R. Cabada, Veracruz (foja 63) la que se adminiculó con la propia confesión de aquélla cuando expuso que su padre le donó unas reses de ganado. De allí, que sea ineficaz el concepto de violación, dado que, a pesar de la omisión destacada, el juez responsable concluyó que se logró conocer la actividad laboral de la actora, circunstancia que precisamente buscaba el demandado en su reclamación y, por ello, se estima que no le afecta tal conclusión. CONCLUSIÓN En conclusión, la resolución reclamada resulta ajustada a derecho, dado que, aun analizada de manera integral a la luz de la suplencia de la queja, los razonamientos en ella vertidos son correctos y acordes con los preceptos de la ley civil que rigen la materia de alimentos y a los derechos humanos. Por tanto, al no advertirse algún vicio de inconstitucionalidad que deba declararse de oficio, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Se precisa que la conclusión aquí alcanzada no conlleva a decidir el fondo de la litis civil planteada en el juicio de origen antes del dictado de la sentencia respectiva; ello porque la resolución de la reclamación recae exclusivamente sobre la pensión alimenticia provisional y, después, porque dicha decisión interlocutoria es sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva, a causa de que las condiciones o circunstancias del caso pueden variar y deben quedar probadas. De manera que, para la fecha en que se deba de dictar el fallo definitivo, sean diversas a las imperantes en la época en que se resuelva la reclamación. Es aplicable a ello la jurisprudencia 1308, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que dice: "ALIMENTOS. MONTO DE LA PENSIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA. El juzgador no está obligado a fijar como pensión alimenticia definitiva la misma que con anterioridad había señalado con el carácter de provisional, pues si bien es cierto que algunas ocasiones la pensión provisional y la definitiva coinciden, ello no quiere decir que el aumento o disminución que el Juez hubiera efectuado de la pensión provisional, antes de dictar sentencia definitiva, necesariamente debe trasladarse a ésta, pues de hacerlo así se dejaría prácticamente sin materia la decisión de la sentencia. Es preciso examinar cada caso concreto para determinar si debe o no fijarse como pensión alimenticia la misma que se fijó como provisional." Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Héctor Sánchez Sandoval, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de este fallo. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio del Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, y dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. De igual forma, con fundamento en el artículo 119 de la ley antes citada, se tiene por anunciada la PRUEBA DOCUMENTAL que anexa la autoridad responsable a su informe; sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del citado artículo 124 de la Ley de Amparo. Ahora, dado lo voluminoso de las constancias que se anexaron, fórmese un cuaderno de pruebas para el mejor manejo del presente asunto. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 117, y demás relativos de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al no advertirse la existencia de alguna causa de improcedencia que resulte notoria, manifiesta e indudable, SE ADMITE la demanda de amparo promovida por Héctor Sánchez Sandoval, contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz. Fórmese y regístrese el expediente correspondiente bajo el número 140/2022; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y provéase lo conducente. NOTIFICACIÓN AL FISCAL ADSCRITO DE LA FEDERACIÓN Con apoyo en el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese intervención al Ministerio Público de la Federación, y córrasele traslado con copia de la demanda. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Conforme a lo preceptuado en el artículo 115 de la Ley de Amparo; se señalan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL OCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. INFORME JUSTIFICADO Y CONSTANCIAS Asimismo, en términos de los artículos 115, 116 y 117, todos de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable para que dentro del PLAZO DE QUINCE DÍAS, contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, RINDA SU INFORME JUSTIFICADO, en el que deberá manifestar en forma expresa y clara, si es o no cierto el acto que se le atribuye y que consiste de manera preliminar en: la resolución de veinticinco de enero de dos mil veintidós, emitida dentro del expediente 729/2020 de la estadística del Juzgado responsable. Ello sin perjuicio que debe pronunciarse por todos los actos que se desprendan de la demanda, además de exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. Apercibida que de no rendir su informe con justificación, se presumirá cierto el o los actos reclamados, o de no remitir las referidas constancias, en la sentencia respectiva, se les impondrá multa de cien hasta mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) según sea el caso, de conformidad con la fracción II, del artículo 260 de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO AUTORIDADES En el entendido de que la autoridad responsable se encuentra obligada a recibir los oficios que se le envían y en caso de que no correspondan a su denominación correcta o ésta sea incompleta, pero sí existe la autoridad, deberá comunicarlo por escrito a este juzgado con su informe justificado. En ese sentido, se hace saber que si una autoridad se niega a recibir un oficio, sin causa justificada, se tendrá por hecha la notificación de conformidad con el artículo 28 fracción I de la Ley de Amparo, siendo responsable de toda consecuencia legal; asimismo, con fundamento en el artículo 245 de la ley en cita, se le impondrá multa de cien hasta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) según sea el caso, de conformidad con la fracción II, del artículo 260 de la Ley de Amparo. NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que de conformidad con los numerales 28, fracciones I y II, y 29 de la Ley de Amparo, a fin de optimizar los recursos materiales, únicamente le serán notificadas por oficio, las determinaciones previstas como personales para las demás partes, así como aquellas que por la trascendencia de su contenido lo ameriten; en tanto, que los acuerdos de trámite de menor importancia se le notificarán por lista de acuerdos. Ahora bien, tomando en consideración que el segundo de los artículos citados en el párrafo que antecede, prevé que en los juicios de amparo, las notificaciones por lista de acuerdos se harán en una que se fije y publique en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a la autoridad responsable que en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx o bien, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx pueden realizar la consulta de dicha lista, así como la información del expediente que se encuentra capturada dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J 176/2012 (10a.) de a Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, registro 2002576. PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Con fundamento en el artículo 4°, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se significa a la autoridad responsable que no es necesario acusar recibo de notificaciones, salvo en los casos que expresamente este Juzgado de Distrito así lo solicite; lo anterior, para tratar de reducir los niveles de contaminación, lo cual se logrará con la disminución progresiva del consumo de papel, tinta, energía eléctrica y recursos económicos en mensajería oficial y telegráfica; máxime que con ello no se causa perjuicio a las partes. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Por otro lado, requiérase a las partes que en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, informen a este juzgado cuando se haya actualizado alguna causa de sobreseimiento; por tanto, de ser el caso, deberán remitir de inmediato copias certificadas de las constancias respectivas; advertidos de que en caso de no hacerlo, se les impondrá multa de treinta hasta trescientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de conformidad con el artículo 251 de la Ley de Amparo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin tramitarse el incidente de suspensión, en razón de que en términos del artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, salvo lo dispuesto en el diverso artículo 127 de la propia Ley, éste solo puede abrirse cuando lo solicite la parte quejosa, y en el caso, éste no fue solicitado expresamente, ni se actualiza la salvedad apuntada. EMPLAZAMIENTO AL TERCERO INTERESADO Ahora, con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se tiene en su carácter de tercera interesada a Inés Ramírez Gamboa, con domicilio ubicado en Calle 2 de Abril, número quinientos quince, entre Orizaba y Santos Pérez Abascal, Colonia Zaragoza en Veracruz, Veracruz En consecuencia, se comisiona a cualquiera de las actuarias adscritas a este Juzgado, para que conforme al artículo 26 fracción I inciso b) de la Ley de Amparo, se sirva emplazar al presente juicio a la citada tercera interesada en el domicilio indicado en líneas anteriores, corriéndole traslado con copia autorizada del presente proveído que se notifica y de la demanda de amparo, por así disponerlo el artículo 27 inciso a) de la Ley de Amparo. Además, conforme a lo establecido en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo, requiérasele para que en el acto de la diligencia, señale domicilio en esta plaza donde oír y recibir notificaciones, apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones y aún las de carácter personal se le harán por lista, sin que para ello se requiera de previo acuerdo que así lo ordene, sin perjuicio de que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de la ley de la materia. Indíquese a la actuaria de este Juzgado, de que en caso de ser necesario, con apoyo en lo establecido en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilita a efecto de que en días y horas inhábiles se constituya en el domicilio antes indicado, a fin de que realice el emplazamiento encomendado. AUTORIZADOS Y DOMICILIO Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Evangelina Cerecedo Del Ángel, puesto que acredita la calidad de licenciado en Derecho, al tener su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana y únicamente para oír y recibir notificaciones a las restantes personas que menciona, por así haberlo solicitado expresamente. Asimismo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado en la propia demanda.. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Aunado a lo anterior, dado que el esquema trabajo dispuesto por el Consejo de la Judicatura Federal al emitir el Acuerdo General 21/2020 abandona las guardias para la atención de casos urgentes y, en consecuencia, reanuda la actividad jurisdiccional ordinaria, incluido el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptan diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas. En ese sentido, se indica que a efecto de comparecer a este juzgado de manera presencial, deberá generar anticipadamente la cita correspondiente ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y cuando acuda a este juzgado de manera presencial, deberá presentar el código QR generado con motivo de la cita, para los efectos legales procedentes. EXHORTO PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES En atención a lo establecido en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado inicialmente en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte y prorrogado en cuanto a su vigencia, en su numeral 22, fracción II, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico o servicios de mensajería instantánea que brinda la telefonía móvil, para entablar comunicaciones no procesales, en los casos en que se estime necesario. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Tomando en consideración el presente asunto fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En mérito de lo anterior, se indica a las partes que a fin de poder consultar las constancias de este asunto, notificarse y promover electrónicamente es necesario que se registren ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y soliciten el acceso al expediente electrónico proporcionado el usuario establecido, y contar con "e.firma" o "FiREL". Notifíquese en términos de ley.

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