Héctor Sánchez Rico
Expediente 416/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Coahuila. 14 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 416/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 08/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Héctor Sánchez Rico
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 416/2023, promovido por********************, contra actos del Director del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo y otra autoridad. R e s u l t a n d o PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, el nombrado quejoso promovió juicio de amparo indirecto contra los actos y autoridades que señaló de la forma siguiente: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES a) Director del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza con domicilio ubicado en (.). b) El Administrador General de la Clínica Hospital del Magisterio "PROFR. ********************", con domicilio conocido en (.). IV. ACTOS RECLAMADOS De todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables reclamo mi derecho humano a la Salud, es decir: 1.- Violación directa a mi derecho humano a la salud mediante la abstención de registrar al servicio medio (sic) de la institución a mi madre de nombre ********************. 2.- Como consecuencia de lo anterior, la omisión de prestar el servicio médico correspondiente para mi señora madre de nombre ********************." La parte quejosa indicó como preceptos que contienen los derechos humanos que aduce vulnerados, los artículos 1, 4, 14, 16 y 123, apartado B, fracción XI, inciso a, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. Por auto de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual se registró con el número 416/2023; se otorgó a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se requirieron los informes justificados a las autoridades responsables; y, se programó fecha y hora para la audiencia constitucional que, previo diferimiento, se celebró al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o Primero. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 94, 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción VIII, párrafo tercero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito. Lo anterior, debido a que se reclama un acto omisivo de autoridades que actúan dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión de actos reclamados. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y las jurisprudencias P./J 40/2000, registro 192097 y 2a./J. 183/2005, registro 176329, cuyos rubros dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y, "DEMANDA DE AMPARO. AL PROVEER SOBRE SU ADMISIÓN, SU ANÁLISIS DEBE COMPRENDER LOS ANEXOS QUE SE ACOMPAÑEN A LA MISMA.", respectivamente, se deben fijar de forma clara y precisa los actos reclamados, con base en el análisis integral del escrito de demanda y, anexos. En ese contexto, se puntualiza que la parte quejosa reclama del Director del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza y Administrador General de la Clínica Hospital del Magisterio: - La negativa de registrar en el servicio médico a su madre y, por ende, de prestarle el aludido servicio. Tercero. Inexistencia de actos reclamados. Por razón de método, debe en principio analizarse si existe el acto reclamado; es decir, resolver respecto de su certeza. Lo anterior, porque de no existir el acto combatido resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia o, en su caso, del estudio de fondo del asunto. En otras palabras, el análisis de alguna causa de improcedencia del amparo o de la materia de fondo sometida a la consideración implica, en el primer caso, que el acto reclamado sea cierto y, en el segundo, que además de ello, el juicio de amparo sea procedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con número de registro 212775, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". En la demanda de amparo el quejoso refiere que es beneficiario del servicio médico por parte de los Trabajadores al Servicio de la Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza y toda vez que su madre quedó sin servicio médico vigente, acudió a las instalaciones de la autoridad señalada como responsable para solicitar su registro a fin de que obtuviera el servicio médico de la clínica a la cual pertenece, llenó la respectiva cédula de registro que entregan en el departamento de Trabajo Social, con los requisitos básicos, pero que las responsables se abstuvieron de dar de alta a su madre en el servicio médico. Ahora bien, con base en lo anterior, se tiene que no son ciertos los actos reclamados por la parte quejosa, toda vez que así lo manifestó la Administradora General de la Clínica Hospital del Magisterio Unidad Monclova y representante legal del Instituto del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, quien informó que no se ha negado a dar de alta a la madre del quejoso, sino que no ha sido posible su afiliación a dicho servicio ante la negativa del aquí quejoso de realizar el trámite de la jurisdicción de dependencia económica que debe expedir un Juez, así como de la carta de no afiliación de beneficiario a otra institución de seguridad social de salud; requisitos que, informó, se encuentran establecidos en la Ley Orgánica del Instituto. Esto es, no se ha negado a dar de alta a la madre del aquí quejoso, sino que no ha sido posible realizar el trámite correspondiente ante la falta de cumplimiento de dos de los requisitos establecidos en la norma. En cuanto al primer requisito, cabe señalar que se entiende referido a un procedimiento de jurisdicción voluntaria que debe tramitarse ante juez civil a fin de que emita declaración del hecho actual afirmado por el quejoso, relativo a la dependencia económica de la madre del quejoso respecto de éste; por tanto, para dicho procedimiento no se requiere acta de defunción del quejoso. Ahora bien, en cuanto a las manifestaciones de la autoridad responsable realizadas en su informe justificado la parte quejo no ofreció prueba alguna para desvirtuarlas, ya que si bien el solicitante del amparo anexó a su demanda de amparo, diversas pruebas documentales, sin embargo se estima que son insuficientes para acreditar la existencia de los actos reclamados. En efecto, el promovente del amparo ofreció diversas documentales en copia simple, sin embargo, ninguna de estas desvirtuar la negativa de las autoridades responsables, ya que se tratan de copias simples que únicamente podrían acreditar el lazo familiar del quejoso con su madre, o que en el año dos mil veintidós obtuvo una credencial de servicio médico a su nombre, así como los posibles requisitos para la obtención de dicha credencial y para registrar beneficiarios del citado servicio. Esto es así, pues dichas documentales no acreditan de algún modo los actos reclamados a las autoridades responsables, dado que en ellas no se evidencia que efectivamente haya solicitado la alta de su madre ante las responsables, cumpliendo con los requisitos que le hubieren indicado; tampoco se aprecia algún documento que evidencie la negativa de otorgarle el alta. De manera que, al tratarse de actos negativos, correspondía a la parte quejosa acreditar que las autoridades responsables incurrieron en la misma, requiriéndose en vía de consecuencia la existencia de una solicitud por parte del citado quejoso, para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable. Al caso se invoca la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro 238592, que establece: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos". Asimismo, la tesis 2a. CXLI/97, con número de registro 197269, que dice: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS. Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última". Lo anterior, no obstante que el reclamo en el presente juicio involucra la posible vulneración de un derecho humano como es el de salud; empero, aún en ese caso, dicho señalamiento no logra desvirtuar la negativa vertida por la autoridad responsable, pues la parte quejosa no acreditó con alguna prueba la existencia de ese acto reclamado, lo que debe ser probado en forma fehaciente y no con base en meras afirmaciones. Sumado a que al desahogar la vista otorgada por este órgano jurisdiccional, el quejoso solo realizó diversas manifestaciones a fin de evidenciar la posible vulneración en los derechos de igualdad y a la no discriminación, sin que se advierta haya desvirtuado la inexistencia de los actos reclamados, o en su caso, haya ampliado la demanda por la inconstitucionalidad del fundamento en la que se sustentan los requisitos para dar de alta a la madre del quejoso en el sistema médico. Sin que sea aplicable la jurisprudencia 2a./J. 91/2018 (10a.), de registro 2017869, que hace valer de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUZGADOR FEDERAL ESTÁ FACULTADO PARA INTRODUCIR EN SU SENTENCIA EL ANÁLISIS DE NORMAS QUE NO FORMARON PARTE DE LA LITIS, SIEMPRE Y CUANDO ESTÉN ESTRECHAMENTE RELACIONADAS CON LA MATERIA DE LA IMPUGNACIÓN, POR CONSTITUIR UN SISTEMA NORMATIVO.", ya que incluso se establece que el juzgador no puede variar la litis al introducir al estudio normas -no reclamadas-, sumado que el presente juicio no se trata de un amparo en contra de alguna ley. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, respecto de las aludidas autoridades y por los actos precisados. Es aplicable la jurisprudencia 310, número de registro 394266, que se transcribe a continuación: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." La anterior determinación imposibilita a este órgano jurisdiccional abordar el análisis de fondo del asunto, ya que dicho proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 24, Tercera Parte, página 49, de la Séptima Época, registro 239006, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Sin que el sobreseimiento decretado en el presente asunto, implique la inobservancia del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que conserva el derecho a un recurso efectivo que sea idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarlo. Es así, dado que dicha circunstancia no implica la omisión de verificar los requisitos de procedencia previstos por la ley, puesto que en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de cualquier Estado, concurren garantías judiciales, entre las que destacan, las formalidades de observancia para garantizar el acceso a ellas. Por lo que el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los conceptos de violación propuestos en el amparo, no constituyen una violación al derecho de un recurso efectivo. Se invoca al respecto la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." Por lo expuesto y fundado en esta sentencia, se R e s u e l v e: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente y publíquese la versión pública de este fallo con supresión de datos personales e información reservada que contenga. Así lo resolvió y firma María Inés Hernández Compeán, Jueza Cuarta de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Monclova, hoy ocho de noviembre de dos mil veintitrés en que lo permitieron las labores del juzgado, ante Flavia María Aguayo Carmona, Secretaria que da fe.
- Principal
... Agréguese al expediente electrónico, el escrito signado por J+++++; en su carácter de Asesor jurídico del Instituto Federal de Defensoría Pública, autorizado por la parte quejosa ..., se le tiene por desahogada la vista contenida en auto de once de julio del presente año, ...., ténganse por hechas sus manifestaciones a manera de alegatos, que de ser procedente se tomarán en consideración al resolver este asunto. Notifíquese. ...
- Principal
...Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para hoy, y en su lugar se fijan las doce horas con veinte minutos del nueve de agosto de dos mil veintitrés, para su celebración....Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Incidental
...Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado e... mediante el cual informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto en contra de la resolución incidental que se pronunció en el incidente de suspensión en...Notifíquese.
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