Héctor Samuel Porras Bermudez

Expediente 699/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
699/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
21/06/2023

Partes del expediente

  • Héctor Samuel Porras Bermudez

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta signado electrónicamente por la secretaria adscrita al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual informa el proveído de diecinueve de junio del año en curso, dictado por el titular de su adscripción, del cual se advierte que se tuvo por recibido el oficio del índice de este juzgado, mediante el cual se le remitieron los autos del juicio de amparo 699/2023, del índice de este juzgado, toda vez que este órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, e informa que acepta la competencia declinada y que se avoca al conocimiento de la demanda promovida por ********************, por su propio derecho; en esa virtud, esta juzgadora queda enterada de lo anterior y se ordena agregar el oficio de cuenta para los efectos legales conducentes..., archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, se hace la observación que este expediente es destruible, por este juzgado de distrito con posterioridad a los seis meses de haberse dictado el presente proveído, por tratarse de un cuaderno auxiliar..., Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la demanda de garantías promovida por ..., por su propio derecho, contra actos del Ministerio Público Investigador adscrito a la Agencia MH5, con residencia en la Ciudad de México, Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía en Procesos en Juzgados Norte, Estrategia Procesales, con residencia en la Ciudad de México, Juez de Control en Materia Penal del Sistema Procesal Acusatorio del Proceso del Tribunal Suprior de Justicia de la Ciudad de México y otras, por violación a las garantías consagradas en los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21 constitucionales; fórmese expediente físico y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 699/2023, y provéase lo conducente en relación a la demanda. De la lectura íntegra de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la ilegal orden de detención y/o aprehensión decretada por las autoridades responsables ordenadoras y tratada de cumplir por las autoridades ejecutoras, tendentes a procurar la detención y privación de libertad del quejoso. En consecuencia, de lo anterior se advierte que este Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, carece de competencia legal para conocer del citado libelo constitucional por lo que respecta a los actos reclamados, debiendo conocer de la demanda de amparo respecto a dichos actos un Juzgado de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, por lo siguiente. El artículo 56, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece: "Artículo 56. Las y los jueces de Distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento de las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Asimismo, el artículo 60 del mismo ordenamiento establece: "Articulo 60. Las y los jueces de distrito de amparo en materia civil conocerán: - - - I.- De los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, en los casos que se refiere en la fracción VII del artículo 107 de la constitución política de los estados unidos mexicanos. - - - II.- De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en los términos de la ley de amparo, reglamentarias de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, - - - III.- De los asuntos de la competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo que no estén enumerados en los artículos 56, 57 y 61 de esta ley; y IV. De las denuncias por incumplimiento de las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia civil, en términos de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De esta manera, los actos reclamados son actos de naturaleza netamente penal, pues los jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan, entre otros supuestos, contra resoluciones judiciales del orden penal. En efecto, los actos que reclama la parte quejosa, consistentes en la ilegal orden de detención y/o aprehensión decretada por las autoridades responsables y tratada de cumplir por las autoridades ordenadoras, tendientes a procurar la detención y privación de libertad, de los mismos se advierte que no se está en presencia de una resolución del orden civil, así como tampoco se está en el supuesto de actos contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia civil; siendo tal acto de autoridad de naturaleza netamente penal y no de naturaleza civil; por lo que, al provenir dicha determinación de una autoridad penal, encuadra en los supuestos que establece el artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que la acción deriva en un acto meramente de naturaleza penal; motivo por el que la competencia por razón de materia se surte a favor de un Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Penal en la Ciudad de México, por tratarse de actos que encuadran en la fracción y numeral antes invocados. Sirve de apoyo la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, tomo XXXII, noviembre de 2010, novena época, visible a página 1431, que dice: "COMPETENCIA. CRITERIOS DE ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 51, 52, 54 Y 55 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN). De la lectura armónica y sistemática de los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se deriva un conjunto de reglas para la distribución de las competencias tratándose de Juzgados de Distrito especializados por diversas materias con base en dos elementos fundamentales: a. La materialidad o naturaleza intrínseca de los actos reclamados, porque se refiera a actos o leyes federales o locales sobre una materia o un bien jurídico tutelado determinado que puede referirse a una cuestión penal, civil, administrativa o laboral. b. El origen del acto reclamado, según sea la naturaleza de la autoridad responsable, esto es, si proviene de una autoridad judicial que tiene una materia asignada o si no es judicial, lo que conduce a que pueda tener la calidad de autoridad administrativa; y si se trata de leyes, la competencia atiende a la materia regulada y, en todo caso, debe atenderse a cada supuesto para establecer qué criterio se privilegia. Así, conocerá un Juez de Distrito en materia penal, de los actos dictados por la autoridad judicial penal, inclusive de resoluciones dictadas en incidentes de reparación del daño o responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; o de cualquier autoridad que afecte la libertad personal, salvo las correcciones disciplinarias y medidas de apremio impuestas fuera de procedimiento penal; en estos casos, la competencia la define el carácter material del órgano judicial o la naturaleza penal del acto reclamado. En tratándose del amparo contra los actos dictados por la autoridad laboral o en un procedimiento seguido por la autoridad del mismo orden, así como de las leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo, conocerá un Juez de Distrito en materia laboral, según el caso; en este supuesto, la competencia la define la naturaleza material del órgano judicial o administrativo laboral o la naturaleza laboral del acto reclamado. Entonces, el Juez de Distrito en materia de trabajo conocerá de los juicios de amparo promovidos contra actos de la autoridad judicial; en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido del mismo orden; que se promuevan contra leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo o que sobre esa materia se dicten por una autoridad distinta de la judicial y los promovidos contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido o que afecten a personas extrañas al juicio. En los juicios de amparo promovidos en contra de los actos dictados por la autoridad judicial administrativa conocerá un Juez de Distrito en materia administrativa; en todos estos casos, la naturaleza del órgano o autoridad responsable y sus actos materiales definen la competencia. Por otro lado, el artículo 54, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece, con especial referencia a la competencia de los Jueces de amparo en materia administrativa, una vis atractiva especial, al indicar que deben conocer de los juicios de amparo contra autoridad distinta de la judicial, salvo los casos de extradición y de las demandas de amparo promovidas contra leyes y disposiciones de observancia general en materia penal. De modo que por esta regla general, la preeminencia la tiene la autoridad origen del acto reclamado, esto es, si no es judicial, en principio el competente será el Juez en materia administrativa, salvo que el acto afecte la libertad, porque entonces, atendiendo a este bien jurídico, el más importante después de la vida, el competente será el Juez de amparo penal. Finalmente, en tratándose del amparo promovido contra actos dictados por la autoridad judicial civil, en el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, conocerá un Juez de Distrito en materia civil; por lo que en este supuesto, la competencia la define la naturaleza formal del órgano judicial y, en su caso, cuando se promueve el juicio de amparo en contra de leyes y disposiciones de observancia general en materia civil, es la naturaleza del bien regulado, lo que define la competencia." Así las cosas, con fundamento en el artículo 48, de la Ley de Amparo, remítase la demanda de garantías al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Penal en la Ciudad de México, en turno, para lo que a bien tenga determinar, solicitándole el acuse de recibo respectivo, para que en su caso se continúe conforme a lo dispuesto por el artículo 48, de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión (de oficio o de plano), en virtud de que los actos reclamados no son de aquellos a los que se refiere el artículo 48, de la Ley de Amparo, es decir, no se trata de actos que ni directa ni indirectamente importen i) peligro de privación de la vida, ii) ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, iii) deportación, expulsión, proscripción o destierro, iv) extradición, v) desaparición forzada, vi) alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal y vi) incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, ya que de la demanda se advierte que los actos reclamados derivan de un procedimiento penal que se tramita ante el Juez de Control en Materia Penal del Sistema Procesal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por el delito de robo calificado. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Por otra parte, ténganse por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que menciona siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho y ante los órganos jurisdiccionales y por autorizados en términos del segundo supuesto del artículo en cita, a las demás personas que indica. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se tienen las listas de este juzgado de distrito, como su domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese por medio de lista a la parte quejosa.

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