Héctor Samuel Núñez Gómez

Expediente 67/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 18 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
67/2016
Año
2016
Actuaciones
18
Última actuación
06/05/2016

Partes del expediente

  • Héctor Samuel Núñez Gómez
  • Jesús Hernández Felipe

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Incidental

    Visto el estado que guardan los autos del juicio principal del que deriva el cuaderno incidental en que se actúa, en específico el proveído de esta fecha, en el que se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en el juicio principal; por tanto, deja de surtir efectos la suspensión provisional concedida y a efecto de observar lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se procede a la valoración de los presentes cuadernos. Por cuanto hace al ORIGINAL del incidente de suspensión, toda vez que el diez de febrero de dos mil dieciséis, se concedió la suspensión provisional solicitada, es susceptible de ser DEPURADO, una vez transcurridos cinco años de dictada la resolución definitiva acorde con lo dispuesto en el punto Vigésimo Primero, fracción III, párrafo segundo; y respecto al DUPLICADO del citado incidente, éste deberá de ser DESTRUIDO una vez transcurridos seis meses de haberse resuelto la suspensión definitiva solicitada, de conformidad con lo establecido en el punto Vigésimo, fracción III, del Acuerdo General antes mencionado; en consecuencia, remítanse al archivo hasta en tanto transcurran los plazos antes señalados.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presente autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de los que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación a la Ley de la Materia, en términos del numeral 2, se declara que la sentencia que SOBRESEYÓ el juicio de garantías, ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales procedentes; y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido.

  3. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de garantías, promovido por........., contra el acto y autoridades precisados en el resultando primero y por las razones expuestas en el punto considerativo tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Se tiene a la quejosa de mérito implícitamente conforme con que se incluya su nombre y datos personales en la publicación de la presente determinación, en términos del cuarto considerando.

  4. Incidental

    Visto el escrito signado por Jesús Montalvan Ramírez, apoderado legal de la parte quejosa, en atención a su contenido, dígasele al promovente que no ha lugar a proveer de conformidad su petición, toda vez que en proveído de veintidós de abril de dos mil quince, este juzgado decretó la vinculación a la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero (fojas 382 a 386), así como, al Ayuntamiento demandado por conducto de su Presidente Municipal y Síndico Procurador como representates del mismo (fojas 446 a 450), no obstante a ello mediante proveído de catorce de marzo de dos mil dieciséis, se le requirió a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, el cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, deberá de estar a lo acordado en los proveídos antes citados. Por otra parte, visto el segundo escrito presentado por Jesús Montalvan Ramírez, apoderado legal de la parte quejosa, mediante el cual solicita se requiera a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, el cumplimiento a la ejecutoria de amparo que nos ocupa; ahora bien, como lo solicita requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, para que en el término de tres días hábiles siguientes a aquél en que reciba el oficio de notificación del presente proveído, remita a este Juzgado Federal las constancias con las que acredite que se hicieron efectivas las multa impuestas a la parte demandada por incumplimiento a la ejecutoria de amparo que nos ocupa, en los términos que indica, dentro del expediente laboral 494/2010. Asimismo, dígase que la responsable ineludiblemente debe llevar a cabo los mecanismos jurídicos necesarios a efecto de lograr la eficaz e inmediata ejecución de las determinaciones que hayan adquirido la calidad de cosa juzgada, precisamente en respeto a esta última institución. Dicha obligación es acogida por los artículos 94 al 98 de la Ley 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, antes de las reformas, los cuales establecen las formalidades que deben prevalecer dentro del procedimiento de ejecución de laudo en un juicio laboral burocrático, así como las medidas de apremio en caso de incumplimiento, que dicen: "Artículo 94. Las resoluciones dictadas por el Tribunal de Arbitraje serán inapelables y deberán ser cumplidas, desde luego por las autoridades y Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados correspondientes. Pronunciado el laudo, el Tribunal lo notificará a las partes. Artículo 95. El tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer multas hasta por mil pesos. Artículo 96. Las multas se harán efectivas por la Dirección General de Hacienda y Economía del Estado, para lo cual el Tribunal girará el oficio correspondiente. La Dirección de Hacienda informará al Tribunal de haber hecho efectiva la multa señalando los datos relativos que acrediten su cobro. Artículo 97. El tribunal tiene la obligación de promover a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. Artículo 98. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución apercibiéndola de que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en los artículos anteriores". Del estudio integral de los anteriores preceptos, se concluye que, los laudos emitidos por el Tribunal de Arbitraje deben ser cumplidos, imperativo que obliga a la autoridad laboral a utilizar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes y de manera discrecional, sin que la frase "todas las medidas necesarias" pueda interpretarse como medidas de apremio más eficaces o contumaces, por decir el arresto o la destitución del funcionario contumaz, pues como se observó, el artículo 95 de la Ley 51 del Estado, sólo lo limita a imponer como sanción al incumplimiento, una multa de un mil pesos. Por tanto, no es procedente la destitución del titular de la demandada, menos aún aplicar como medida de apremio el doble pago que establece el artículo 958 de la Ley Federal del Trabajo. No obstante a ello, acorde a los artículos 14, 16 y 17 constitucionales en relación con los diversos 94 al 98 de la Ley 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, la autoridad laboral sólo tiene a su alcance la multa para hacer cumplir sus determinaciones, empero tiene a su alcance "todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes", como por ejemplo requerir al Ayuntamiento de Tecuanapa, Guerrero, que realice diversos actos propios de su administración, tales como convocar a cabildo y analizar la viabilidad del pago motivo de la condena y en su caso, la ejecución del mismo o en su defecto que solicite al Congreso del Estado una partida presupuestal a fin de cumplir con el laudo, apercibiéndolo que en caso de incumplimiento se hará acreedor a una multa de un mil pesos. Lo anterior, en términos de los artículos 3, 26, 61, 72, 73, 74, 77, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, que establecen: "Artículo 3. Los Municipios del Estado de Guerrero están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio, y con libre administración de su hacienda, recursos y servicios destinados a la comunidad, sin más límites que los señalados expresamente en las Leyes aplicables. Artículo 26. Los Ayuntamientos son los órganos de Gobierno Municipal a través de los cuales se realiza el gobierno y la administración del Municipio dentro de los límites del mismo y conforme a las competencias legales. Artículo 61. Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos en materia de Gobernación y Seguridad Pública las siguientes: I. Cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República, la Constitución Política del Estado de Guerrero y las Leyes derivadas de las mismas, así como vigilar el estricto cumplimiento de los reglamentos y ordenamientos municipales; (.) Artículo 72. El Presidente Municipal es el representante del Ayuntamiento y Jefe de la Administración Municipal en los términos de ley, así como el encargado de ejecutar sus resoluciones. Sus funciones son incompatibles con cualquier otro cargo de la Federación o de los Poderes del Estado excepto los docentes, de beneficencia y de salud, o los honoríficos. Artículo 73. Son facultades y obligaciones del Presidente Municipal las siguientes: I. Presidir las sesiones y dirigir los debates del Ayuntamiento tomando parte en las deliberaciones con voz y voto y con voto de calidad en caso de empate y facultad de veto suspensivo para efectos de analizar y votar de nueva cuenta el asunto que lo haya motivado; IV. Convocar a sesiones extraordinarias junto con la mitad de los regidores, siempre que se trate de asuntos urgentes y de trascendencia; V. Ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento aplicando, si fuere el caso, las sanciones previstas en las leyes y reglamentos; (.) XIV. Librar con el Síndico Procurador, las órdenes de pago a la Tesorería Municipal; XVI. Ser el conducto para las relaciones entre el Ayuntamiento y los Poderes del Estado y los demás Ayuntamientos del Estado; (.) XXV.- Mancomunar su firma con la del Tesorero para el manejo de las cuentas y operaciones bancarias, así como la del Síndico Procurador, y (.) XXVII. Las demás que les otorguen la Ley y los Reglamentos. Artículo 74. Los informes de gobierno que rindan los presidentes municipales, serán conocidos y examinados por el Congreso del Estado, el que después de examinarlos emitirá sus consideraciones pertinentes. Artículo 77. Son facultades y obligaciones de los Síndicos Procuradores: I. Procurar defender y promover los intereses patrimoniales y económicos del Municipio; II. Representar jurídicamente al Ayuntamiento y gestionar los negocios de la Hacienda Municipal, así como efectuar los cobros de los créditos a favor del Ayuntamiento; de fianzas antes del desempeño de sus funciones; IV. Autorizar los gastos que deba realizar la administración Municipal; (.) VI.- Autorizar las cuentas públicas y verificar que éstas se remitan oportunamente a la Auditoría General del Estado; VII. Autorizar la suscripción de créditos públicos y privados; (.) X. Revisar y autorizar los cortes de caja de la Tesorería Municipal; (.) XVI. Vigilar el manejo y aplicación de recursos federales o estatales que en cumplimiento de las leyes o convenios de desarrollo o cooperación se hayan transferido al Municipio; (.) XXIII. Verificar que los servidores públicos municipales cumplan con las obligaciones derivadas de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; (.) XXV.- Concurrir a las reuniones de Síndicos Procuradores a las que convoque el Gobierno del Estado para la definición de normas y procedimientos, así como su aplicación, en tratándose de recursos federales y estatales transferidos a los Ayuntamientos o provenientes de créditos; (.) XXVII.- Dar cuenta a las autoridades de toda violación a las leyes estatales y federales en que incurran los ediles y los servidores públicos municipales, y formular las denuncias legales correspondientes; (.) XXIX.- Las demás que les otorguen la Ley y los reglamentos".

Quedan 14 actuaciones en este expediente

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