Héctor Samuel López Ríos
Expediente 1019/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1019/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/11/2023
Partes del expediente
- Héctor Samuel López Ríos
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los que se advierte que en acuerdo de trece de noviembre de dos mil veintitrés, se reservó turnar este asunto para el dictado de la sentencia, hasta en tanto se contara con las constancias relativas al auto mencionado, por lo que atendiendo a que ya se cuenta con éstas, túrnese este expediente al área de proyecto a efecto de que se dicte la resolución correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido en representación del administrador Desconcentrado de Auditoria Fiscal de Chihuahua "2", por el que solicita copia certificada del acuerdo en el que se declaró la ejecutoria de la sentencia dictada en autos. Al respecto, no ha lugar a lo que solicita, toda vez que la sentencia de mérito fue recurrida por el presidente de la República, del medio de impugnación conoce el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, registrado con el amparo en revisión 79/2023 de su estadística. Por lo anterior, hasta en tanto se tenga conocimiento de la resolución que emita el tribunal competente, se le informara lo conducente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el que remite testimonio de la resolución dictada en sesión de cinco de octubre de dos mil veintitrés en el recurso de queja 350/2023 de su estadística, acúsese recibo. Comuníquese a las partes lo resuelto por el tribunal colegiado que determinó: "[.] Único. Es infundado el recurso de queja interpuesto. [.]" De lo anterior, se toma conocimiento y háganse las anotaciones en el libro electrónico. Audiencia constitucional Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en acuerdo de trece de julio de dos mil veintitrés, se ordenó suspender el procedimiento en tanto el órgano colegiado resolviera lo conducente al recurso de queja y, toda vez que tal circunstancia aconteció, se ordena reanudar el procedimiento en este sumario constitucional y con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las diez horas del ocho de diciembre de dos mil veintitrés, para su verificativo. Finalmente, toda vez que el legajo de copias, es reproducción de las constancias originales de este juicio de amparo, en consecuencia, se ordena su destrucción. Notifíquese
- Principal
Ciudad de México, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio 7543-II del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, al que adjunta los autos del juicio de amparo 1252/2023 de su estadística, formado con motivo de la demanda de amparo que promovió********************, por propio derecho, contra actos del Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y otra autoridad, acúsese recibo. Avocamiento en el conocimiento del juicio de amparo Con fundamento en lo que se establece en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, así como en el articulo 1 del Acuerdo General 18/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al trámite, resolución y cumplimiento de los juicios de amparo en los que se reclame, de autoridades del fondo de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado de Nayarit, la omisión de dar contestación a peticiones relacionadas con la práctica de una auditoría selectiva al citado fondo y requerimientos diversos derivados de ello, por parte de los juzgados primero y segundo de distrito del centro auxiliar de la primera región, con residencia en la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de septiembre de dos mil veintitrés, este juzgado se avoca al conocimiento de este asunto, en consecuencia, se ordena registrar con el expediente 1019/2023. Fórmese el expediente físico y electrónico de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 3 de la ley de la materia, en relación con los diversos 251, 252 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Se instruye al secretario o secretaria que le corresponda el asunto, que deberá asegurarse de la integración y/o tramitación a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales y, para el caso que sea por documentos físicos, deberán digitalizarse las constancias e incorporarse al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica, generando las actuaciones en versión digital e imprimiendo sólo lo que resulte indispensable para el impulso del juicio. Integración del expediente Toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que no obran todas las constancias que lo integran conforme a su expediente electrónico que se encuentra vinculado a este juicio de amparo, por lo que en obvio de mayores dilaciones y de conformidad con lo establecido en el párrafo sexto, del artículo 3 de la Ley de Amparo, se descargaron del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) las constancias a efecto de que el expediente electrónico y el expediente impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. Incidente de suspensión Como se desprende de la certificación de cuenta, no se tramitó incidente de suspensión por no haber sido solicitada la medida cautelar. Sin tercero interesado En el caso, el quejoso señaló que no existe tercero interesado, de igual modo, esta juzgadora no advierte existencia de alguno en términos de lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. Notificación al fiscal Ejecutivo Asistente Conforme a lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención que corresponde al fiscal Ejecutivo Asistente adscrito. Autorizados Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados en términos amplios del quejoso a ********************y ********************dado que de la certificación de cuenta, se advierte que tienen su cédula profesional registrada en el sistema que se lleva para tal efecto. Mientras que, por lo que respecta a ********************, con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos ya que, de la certificación de cuenta se advierte que no cuenta con su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales en Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Utilización de medios electrónicos De igual manera, de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes para que se impongan de las actuaciones de este expediente con la utilización de medios electrónicos. Por otra parte, se tiene como cuenta de correo electrónico la que indica, para establecer comunicación con el quejoso en caso de que se estime necesario. Domicilio fuera de la jurisdicción Puesto que el domicilio señalado por el quejoso se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano, con fundamento en lo previsto en el artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, notifíquesele esta determinación vía exhorto por conducto del Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, en turno, en el domicilio ubicado en la esquina que forman la calle**************************** Asimismo, requiera al quejoso, mediante el fedatario de su adscripción al momento de la notificación, para que en la propia diligencia, o bien dentro del plazo de tres días, conforme a lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, señale domicilio en esta Ciudad de México, apercibido que de no hacerlo, las siguientes notificaciones, aún las de carácter personal, se le practicarán por lista, con apoyo a lo previsto en el numeral 27, fracción II de la Ley de Amparo. Lo anterior, sin perjuicio de que el quejoso o su legítimo representante, de manera directa y no a través de un autorizado, puedan solicitar que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, siempre que hubieran obtenido la Firma Electrónica, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por otra parte, infórmese al quejoso que podrá presentar cualquier medio de impugnación, haciendo uso de la vía postal, electrónica o personalmente ante la oficina de correspondencia de este órgano judicial. Se solicita al Juzgado exhortado que una vez que sea diligenciado el exhorto, lo devuelva a este órgano jurisdiccional con las constancias que acrediten su diligenciación. Transparencia Comuníquese a las partes que, en términos de lo dispuesto en el artículo 57 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que prevé las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, podrán oponerse a la publicación de sus datos informando tal circunstancia a esta potestad judicial para que se acuerde lo conducente. Habilitación de días y horas inhábiles Se habilitan días y horas inhábiles para que se practique cualquiera de las notificaciones que se ordenen en este expediente, con fundamento en lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Domicilio del juzgado Hágase del conocimiento de las partes que las subsecuentes promociones deberán estar dirigidas y ser presentadas en este órgano jurisdiccional auxiliar, o en su caso, en la oficina de correspondencia común a la que pertenece, cuyo domicilio se encuentra dentro del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, ubicado en Eduardo Molina, 2 (dos), acceso 9 (nueve), nivel plaza, colonia Del Parque, Ciudad de México, alcaldía Venustiano Carranza, código postal 15960 (quince mil novecientos sesenta). Mientras que las presentadas vía electrónica, deberán ingresarse con la firma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo establecido en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Estado procesal Ahora, del estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que en acuerdo de seis de septiembre de dos mil veintitrés, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordenó dar vista al quejoso con el oficio signado por el subconsejero jurídico del Gobernador y representante del Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, así como con el diverso recibido por auto de cuatro de septiembre de este año, mediante los cuales, las responsables refirieron dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En atención a ello, mediante escrito recibido en el juzgado de origen, con folio 23643 de su índice, la autorizada del quejoso en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, realizó diversas manifestaciones indicando por qué a su consideración, la sentencia de amparo no se encuentra cumplida, respecto del cual, en acuerdo de trece de septiembre de este año, se reservó acordar lo conducente, con el fin de que el juzgado que conociera del asunto, así lo hiciera. Por tanto, se levanta la reserva hecha por el juzgado de origen, se procede a acordar el referido escrito con folio 23643 así como a realizar el pronunciamiento correspondiente en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de verificar si la sentencia se encuentra cumplida o no. Al respecto, del estado procesal que guardan los autos, se advierte que en la sentencia dictada en autos, se concedió el amparo y protección de la justicia Federal para lo siguiente: "[.] SEXTO. Efectos de la concesión de amparo. El amparo se concede para el efecto de que las responsables den respuesta al escrito que les presentó la parte quejosa en la fecha indicada con anterioridad y ello le sea notificado oportunamente en el domicilio señalado para tal efecto en su ocurso; en el entendido de que se encuentran en plenitud de jurisdicción de determinar lo que conforme a derecho corresponda respecto a lo solicitado por la parte impetrante, ya que esta resolución no tiene el alcance de obligarlas a pronunciarse en determinado sentido. [.] " Ahora, del contenido del escrito de petición del quejoso, se advierte que solicitó lo siguiente: "[.]. Por lo anterior, y con el objetivo de esclarecer el manejo, situación financiera que guarda Fondo de Pensiones y estar en posibilidad de fincar responsabilidades a quien resulte responsable; en ejercicio de mi derecho, y con apego en los artículos 8º y 35, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pido se ejecuten las acciones necesarias para que se practique una Auditoría Selectiva, por resultar de mi interés como trabajador, en la cual se revise e informe todo lo referente a la operación del Fondo de Pensiones y su recurso, que permita: 1. Se me informe 2. Se me informe 3. Se me informe y proporcione 4. Se me informe y proporcione [.]. 5. Se me informe y proporcione [.]. 6. Se me informe y proporcione [.]. 7. Se me informe y proporcione Para recibir respuesta a la presente petición señalo que la misma me sea notificada al correo electrónico *********** y al domicilio ubicado en la esquina que forman la calle **********. En atención a dicho escrito, el director general del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, emitió oficio de respuesta en los siguientes términos: con fundamento en el artículo 10 fracción I de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado y 13 fracción XVII del Reglamento interior del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, en relación a la petición, recibida en la Dirección General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, en la cual solicitó información precisa respecto a la situación financiera que guarda el Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado. Al respecto, en cumplimiento a la sentencia emitida dentro de los autos del expediente [.], hago de su conocimiento que la información solicitada podrá ser visualizada, por la gran cantidad de documentos, en formado PDF en los siguientes enlaces: [.]. Asimismo, dicha información se encuentra a su entera disposición en formatos físicos en el almacén de la Dirección General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit para su cotejo. No omito manifestarle, la información que se proporciona, es el resultado de las búsqueda (sic) e integración de la información solicitada, asimismo, se proporciona en el orden en que se peticionó, además, es idónea y pertinente, tan es así, que esclarece la operación y situación financiera que guarda el Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado del año 2011 a la fecha, lo anterior, para su consulta y posteriores acciones. [.]" Expuesto el contenido del escrito de petición y la respuesta que le recayó a éste, al realizar una confrontación entre ambos, se advierte que si bien la autoridad responsable fundamentó su respuesta y proporcionó al quejoso diversas ligas electrónicas en las que, a su consideración, puede consultar la información que solicitó e incluso refirió que quedaba a su disposición de forma física en el almacén de la Dirección General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit para su cotejo, lo cierto es que, con ello, no atendió en su integridad la petición efectuada hecha por el solicitante de amparo. Tal aspecto se concluye así, ya que del contenido del oficio de respuesta, no se advierte que la autoridad responsable se haya pronunciado respecto a la petición del quejoso referente a que se ejecuten las acciones necesarias para que se practique una auditoría selectiva en el Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, ya que es de su interés como trabajadora al servicio del Estado, que se revise e informe todo lo referente a la operación de dicho fondo de pensiones. Dicha omisión, trae como consecuencia que a consideración de esta juzgadora, no se encuentre cumplida la sentencia dictada en autos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo requiérase al (1) director y al (2) Comité de Vigilancia, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit (en su carácter de autoridades responsables), así como al (3) gobernador del Estado de Nayarit (en su carácter de superior jerárquico de ambas autoridades), para que en el plazo de diez días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, en alcance al oficio que se analizó, emita uno diverso en el que dé respuesta puntual a esa solicitud, lo haga del conocimiento del quejoso y remita a este órgano jurisdiccional copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibimientos por incumplir con el requerimiento de información y la sentencia de amparo En caso de no cumplir con lo indicado se realizará lo siguiente: a) Se les impondrá una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización vigente, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. b) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a criterio de esta juzgadora no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. c) Se remitirán los autos al tribunal colegiado en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el juez de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Con independencia de lo expuesto, se hace del conocimiento que aún cuando dejen sus puestos seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duraron sus encargos y por tal razón, podrán ser consignadas en términos de lo previsto en el artículo 198 de la Ley de Amparo. En el entendido que: 1. Las autoridades responsables deberán cumplir la totalidad de lo requerido en la sentencia en el plazo fijado, pues en términos de lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación."2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo y b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento en lo previsto en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE APARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." 3. No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se le impondrán las sanciones previstas en la propia ley, esto es, una multa y, en su caso, la separación del cargo y su consignación ante un juez de Distrito. Tramitación de notificaciones Se hace del conocimiento de las partes que las notificaciones ordenadas en este acuerdo, tanto al quejoso como a las autoridades se tramitarán en los cuadernos de varios 5/2023 y 6/2023, relativos a los juicios de amparo en los que se reclaman los actos comprendidos en el Acuerdo General 18/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de septiembre de dos mil veintitrés, lo anterior, atendiendo a la cantidad de expedientes que fueron recibidos sobre la misma temática y que están radicándose en este órgano jurisdiccional. Notifíquese y por exhorto al quejoso.
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