Hector Saldaña Zepeda
Expediente 320/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 28 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 320/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 09/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Hector Saldaña Zepeda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 320/2019-I, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el catorce de agosto de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Ahora bien, toda vez que este juzgador mediante autos de diecinueve de junio y seis de agosto del año en curso, se reservó acordar respecto del oficio proveniente de la autoridad responsable Secretaria de Hacienda y Crédito Público y del escrito presentado por la autorizada de la parte quejosa, hasta en tanto se dictara la sentencia respectiva, lo cual ya aconteció, se provee: Agréguese únicamente a los autos para que obra como corresponda el oficio proveniente de la autoridad responsable Secretaria de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual rinde su informe justificado, toda vez que el catorce de agosto del año en curso, se dictó la sentencia correspondiente. Por otra parte, se tiene por recibido el escrito signado por la autorizada en términos amplios de la parte quejosa, por medio del cual manifiesta que autoriza para oír y recibir notificaciones a diversa persona; atento a lo anterior, agréguese a los autos para que obre como corresponda, y con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele a la promovente que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, en virtud de que el autorizado de la parte quejosa aún y con las facultades amplias que confiere dicho precepto legal, no puede substituir o delegar las facultades con que cuenta, en un tercero. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe.
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Vistos los autos del juicio de amparo 320/2019-I, promovido por HÉCTOR SALDAÑA ZEPEDA contra de actos que reclama del Congreso de la Unión y otras autoridades; y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el once de marzo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado el día doce de marzo siguiente a este Juzgado, HÉCTOR SALDAÑA ZEPEDA por derecho propio solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclamó de las siguientes autoridades: ? Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. ? Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. ? Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. ? Secretaria de Gobernación. ? Director General del Diario Oficial de la Federación. ? Titular de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. ? Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. ? Delegado en Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. ? Subdelegación en Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. ? Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De quienes reclamó los siguientes actos: De las autoridades ordenadoras, la aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación del decreto por el que se expide el artículo Transitorio Décimo fracción II, inciso b) de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete y de los artículos 5, 20 fracción II, 55 y Segundo Transitorio del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. De las autoridades ejecutoras, reclama la ejecución del artículo Transitorio Décimo fracción II, inciso b) de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete y los artículos 5, 20 fracción II, 55 y segundo transitorio del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. De todas las autoridades reclama las consecuencias que deriven de dichas normas. SEGUNDO. Por auto de trece de marzo de dos mil diecinueve se registró la demanda con el expediente 320/2019-I y se previno al quejoso para que exhibiera las copias faltantes del libelo inicial (foja 34 de autos). Una vez que se subsanó la prevención, por auto de veintidós de marzo del año que trascurre se admitió la demanda por lo que lo que se solicitó a las autoridades responsables los informes con justificación, se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional que inició en los términos del acta que antecede, y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto, fracción XVIII, establece que los Juzgados de Distrito con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito conformado por el territorio del Estado de Morelos, que es el lugar donde la parte quejosa debe acatar las disposiciones generales que combate y donde tuvo lugar su aplicación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Bajo esa premisa, el quejoso reclama: 1. En el ámbito de sus respectivas atribuciones la aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación del decreto por el que se expide el artículo Transitorio Décimo fracción II, inciso b) de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete y de los artículos 5, 20 fracción II, 55 y Segundo Transitorio del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado así como sus consecuencias en la esfera de la quejosa . 2. Como acto de aplicación el oficio SP/DPSHT/1025/2019 de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, suscrito por la Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. TERCERO. Inexistencia del acto de aplicación del artículo Transitorio Décimo fracción II, inciso b) de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete y de los artículos 5, 20 fracción II, 55 y Segundo Transitorio del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. No es cierto el acto de aplicación del artículo Transitorio Décimo fracción II, inciso b) de la "Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado" publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete y de los artículos 5, 20 fracción II, 55 así como el Segundo Transitorio del "Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado" que se atribuye a las autoridades Delegado en Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Subdelegada de Prestaciones en Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado como se verá a continuación. De igual forma, respecto a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, autoridad responsable ejecutora señalada por el quejoso, fue omisa en rendir el informe justificado, por lo que tendría que operar la presunción de certeza de los actos en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, sin embargo, dicha presunción debe ser probada por el quejoso cuando -como en el caso- existen elementos de prueba que permitan advertir que éste es inexistente. En el caso, como se expondrá más adelante, no existe el acto de aplicación de las porciones normativas combatidas por el quejoso; además, no corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aplicar la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado ni el reglamento del artículo transitorio décimo de dicha ley. Por tal motivo, a pesar de la falta de rendición de informe justificado por parte de la autoridad hacendaria no obstante de estar debidamente notificada del auto por el que se le requirió la rendición del informe condigno, no es cierto el acto que se le atribuye. Ahora bien, al reclamar la parte quejosa la inconstitucionalidad de un precepto legal con motivo de su primer acto de aplicación, conviene explicar el estudio de normas generales de naturaleza heteroaplicativa en un juicio de amparo indirecto. En ese sentido, cuando se promueve un amparo contra una norma general con motivo de su primer acto de aplicación, resulta indispensable que se demuestre fehacientemente que la respectiva hipótesis jurídica se concretó expresa o implícitamente en perjuicio del peticionario de garantías, lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de amparo o en los diversos escritos presentados durante el juicio por tal parte, sino, en todo caso, del contenido del supuesto acto de aplicación, con independencia de que éste derive de una autoridad, de un tercero que actúa en auxilio de la administración o del propio quejoso. Esto es, se debe acreditar que el acto de concreto de autoridad fue en aplicación de la norma general que se tilda inconstitucional, como lo señala el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 235 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, correspondiente a la Novena Época del rubro "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN.". Es importante precisar que, para tener por acreditado el acto concreto de aplicación, no basta con que se pruebe la existencia de aquel que el quejoso señaló como tal, ya que es necesario que efectivamente tal acto actualice los supuestos de la disposición combatida, dado que de no ser así, no se estará en presencia de un auténtico acto concreto de aplicación de la norma. En efecto, para considerar aplicada una ley es necesario que de manera expresa se actualicen las hipótesis normativas correspondientes, esto es, que se generen los efectos de la norma con relación al gobernado, regulando o sancionando una situación jurídica concreta; luego, el auténtico acto de aplicación de la norma será aquel en que se actualice su hipótesis normativa. Es aplicable la tesis P. LXVII/96, de la Novena Época, también del Pleno, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Mayo de 1996, página 113, del rubro: "LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PARA QUE SE DEMUESTRE QUE SE APLICARON, NO BASTA QUE SE CITEN LAS NORMAS RECLAMADAS, SINO QUE ES NECESARIO QUE SE ACTUALICEN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN ELLAS.". Ahora bien, en el caso concreto la parte quejosa combate con motivo del primer acto de aplicación, el artículo Transitorio Décimo fracción II, inciso b) de la "Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado" publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete y de los artículos 5, 20 fracción II, 55 así como el Segundo Transitorio del "Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado", los cuales establecen lo siguiente: LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO "TRANSITORIOS [.] DÉCIMO. A los Trabajadores que no opten por la acreditación de Bonos de Pensión del ISSSTE, se les aplicarán las siguientes modalidades: [.] II. A partir del primero de enero de dos mil diez: [.] b) Los Trabajadores que cumplan 55 años de edad o más y quince años de cotización o más al Instituto, tendrán derecho a una Pensión de retiro por edad y tiempo de servicios. El monto de la Pensión de retiro por edad y tiempo de servicios será equivalente a un porcentaje del sueldo que se define en la fracción IV, de conformidad con los porcentajes de la tabla siguiente: 15 años de servicio 50 % 16 años de servicio 52.5 % 17 años de servicio 55 % 18 años de servicio 57.5 % 19 años de servicio 60 % 20 años de servicio 62.5 % 21 años de servicio 65 % 22 años de servicio 67.5 % 23 años de servicio 70 % 24 años de servicio 72.5 % 25 años de servicio 75 % 26 años de servicio 80 % 27 años de servicio 85 % 28 años de servicio 90 % 29 años de servicio 95 % La edad a que se refiere este inciso, se incrementará de manera gradual conforme a la tabla siguiente: Años Edad para pensión por edad y tiempo de servicios 2010 y 2011 56 2012 y 2013 57 2014 y 2015 58 2016 y 2017 59 2018 en adelante 60" REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES SUJETOS AL RÉGIMEN DEL ARTICULO DECIMO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. "Artículo 5.- El derecho a percibir las pensiones se actualizará cuando el trabajador o sus familiares derechohabientes se encuentren en los supuestos consignados en el artículo décimo transitorio del Decreto y en el Reglamento. Artículo 20.- Tendrán derecho a una pensión de retiro por edad y tiempo de servicios: [.] II. A partir del 1o. de enero de 2010, los trabajadores con 15 años o más de cotización al Instituto, según los porcentajes que establece la fracción I, que cumplan con la edad a que se refiere la tabla siguiente: Años Edad mínima 2010 y 2011 56 2012 y 2013 57 2014 y 2015 58 2016 y 2017 59 2018 en adelante 60 Los porcentajes contenidos en el presente artículo se aplicarán al promedio del sueldo básico del último año de servicio del trabajador. Artículo 55.- El Instituto estará obligado a resolver en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud. Si el Instituto no resuelve en el plazo señalado en el párrafo anterior, pagará el cien por ciento de la pensión que requirió el trabajador o sus familiares derechohabientes, sin perjuicio de continuar el trámite para el otorgamiento de la pensión que corresponda. TRANSITORIOS Segundo.- El plazo en el que el Instituto estará obligado a resolver las solicitudes de pensión a que hace referencia el artículo 55 del Reglamento, entrará en vigor a partir del 1o. de abril de 2010; en tanto, el Instituto estará obligado a resolver dichas solicitudes en un plazo de 20 días hábiles." De los preceptos transcritos se desprende que Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores Del Estado establece el sistema de pensiones de los trabajadores del Estado; así, por cuanto a la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, el artículo décimo transitorio dispone que los trabajadores que no hayan optado por la acreditación de Bonos de Pensión, a partir del uno de enero de dos mil diez, siempre que hayan cumplido 55 años de edad, les serán aplicadas diversas modalidades de porcentaje del sueldo con el que hayan cotizado durante el último año dependiendo de los años de servicio, incrementando 2.5 puntos porcentuales por cada año a partir de los quince años de servicio, comenzando con cincuenta por ciento (50%) del sueldo; por dieciséis años, cincuenta y dos puntos y medio por ciento (52.5%) y así sucesivamente hasta llegar a veintinueve años de servicio con noventa y cinco porciento (95%) del sueldo. Adicionalmente, dicho numeral establece que la edad referida con anterioridad se incrementará de manera gradual a partir de los años dos mil diez y dos mil once, a cincuenta y seis años; dos mil doce y trece a cincuenta y siete años; dos mil catorce y quince a cincuenta y ocho años; dos mil dieciséis y diecisiete a cincuenta y nueve años y, a partir del año dos mil dieciocho a sesenta años. Por su parte, el Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Articulo Decimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que sustancia dicha ley establece que el derecho a percibir las pensiones será actualizado en los términos que establece el artículo décimo transitorio del Decreto y en el Reglamento. En su numeral 20 dispone el derecho que tienen los trabajadores a recibir una pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, estableciendo -igual que el décimo transitorio de la ley-una tabla que establece la fecha y los años de servicio a partir del uno de enero de dos mil diez (dos mil diez y once, cincuenta y seis años como edad mínima; dos mil doce y trece, cincuenta y siete años; dos mil catorce y quince, cincuenta y ocho años; hasta llegar al año dos mil dieciocho en adelante la edad mínima de sesenta años de edad, lo anterior de acuerdo al promedio del sueldo básico del último año de servicio del trabajador. Por cuanto al procedimiento para el pago de pensiones, el reglamento detalla que el trabajador o familiares derechohabientes con derecho a recibir pensión, deben presentar ante el Instituto la solicitud correspondiente adjuntando los documentos que indique aquél; el día en que reciba la solicitud, el Instituto debe verificar la identificación del trabajador y validar la solicitud con base en sus registros electrónicos, quedando obligado a resolver en un plazo máximo de diez días hábiles contados a partir de la fecha en que haya recibido la solicitud. Si el Instituto no resuelve en dicho plazo, pagará el cien por ciento de la pensión que requirió el trabajador o sus familiares derechohabientes, sin perjuicio de continuar el trámite para el otorgamiento de la pensión que corresponda. La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete y, conforme al artículo transitorio Primero, entró en vigor el día siguiente al de su publicación, esto es el lunes dos de abril de dos mil siete, con excepción de los artículos 42, 75, 101, 140, 193 y 199, que entraron en vigor el uno de enero de dos mil ocho. Por su parte, el Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Articulo Decimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado entró en vigor el veintidós de julio de dos mil nueve, de conformidad con el artículo transitorio primero. Así, el quejoso refiere que el acto de aplicación de la ley combatida se trata del oficio SP/DPSHT/1025/2019 fechado el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, suscrito por la Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, emitido en respuesta al escrito presentado por Héctor Saldaña Zepeda el doce de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se dirigió a dicha autoridad para solicitarle que informara lo siguiente: ".si es posible realizar los trámites necesarios para mi pensión (liquidación), autorizando para recibir la contestación a. [.] De no ser posible el trámite en este tiempo, solicito me sea contestado por escrito la negativa y el fundamento del por qué no.". En dicho oficio la Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado en Morelos se dirigió al quejoso para informarle lo siguiente: "En usos de las facultades que me conceden los artículos 5, tercero y décimo octavo transitorio de la Ley del I.S.S.S.T.E., 42 segundo párrafo de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, 78 y 79 del Estatuto Orgánico del I.S.S.S.T.E., así como los numerales 1, 9 y 26 del Manual de Organización de las Delegaciones Estatales y Regionales, atendiendo su solicitud de pensión de fecha 12 de noviembre del presente año, me permito informar a usted que el Artículo 44 y 80 de la Ley del ISSSTE establece lo siguiente: "...Artículo 44. El derecho al goce de las Pensiones de cualquier naturaleza, comenzará desde el día en que el Trabajador o sus Familiares Derechohabientes cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley para ello." Artículo 80. Los Trabajadores tendrán derecho a un seguro de retiro antes de cumplir las edades y tiempo de cotización establecidas en el presente Capítulo, siempre y cuando la Pensión que se le calcule en el sistema de Renta vitalicia sea superior en más del treinta por ciento a la Pensión Garantizada, una vez cubierta la prima del Seguro de Sobrevivencia para sus Familiares Derechohabientes. La Renta vitalicia se actualizará anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. El Pensionado tendrá derecho a recibir el excedente de los recursos acumulados en su Cuenta Individual en una o varias exhibiciones, solamente si la Pensión que se le otorgue es superior en más del treinta por ciento a la Pensión Garantizada, una vez cubierta la prima del Seguro de Sobrevivencia para sus Familiares Derechohabientes. La disposición de la cuenta así como de sus rendimientos estará exenta del pago de contribuciones. Para efecto de ejercer el derecho a que se refiere este artículo, el Trabajador podrá acumular los recursos de la Subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez aportados bajo cualquier régimen, los de la Subcuenta de ahorro solidario, los de la Subcuenta de aportaciones complementarias de retiro, los de la Subcuenta de aportaciones voluntarias y los de la Subcuenta de ahorro a largo plazo. Asimismo, el Trabajador Pensionado en los términos de este artículo, tendrá derecho a recibir servicios del seguro de salud por parte del Instituto." Lo anterior, se confirma con el resultado documental de la consulta simple que se adjunta al presente llevada a cabo en el sistema en donde se aprecia que a la fecha de la emisión del documento denominado "Documento de Insuficiencia de Recursos- Pensión por Retiro" de fecha 09 de enero del año en curso, usted presenta un monto faltante para la contratación de una pensión. Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.". El referido oficio fue exhibido en original por la parte quejosa con el escrito de demanda el cual amerita valor probatorio, ya que se trata de un documento público expedido por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; además, así lo aceptó la Subdelegada de Prestaciones al rendir el informe justificado. De la lectura de la trascripción del contenido del oficio terminación 1025/2019 se aprecia que no constituye el primer acto concreto de aplicación de las normas impugnadas por el quejoso. Se afirma lo anterior tomando en cuenta que la respuesta que obtuvo el quejoso de la Subdelegada de Prestaciones del Instituto encargado de brindar servicios sociales a los trabajadores al servicio del Estado no fue favorable a la pretensión de obtener una pensión, sin embargo, ello no se realizó aplicando los preceptos que en esta vía impugna Héctor Saldaña Zepeda, a saber, el artículo Transitorio Décimo fracción II, inciso b) de la "Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado" publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete y de los artículos 5, 20 fracción II, 55 así como el Segundo Transitorio del "Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado", sino como se lee de la trascripción del contenido del multicitado oficio 1025/2019, la autoridad responsable fundó su actuar en los artículos 44 y 80 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Además de que el fundamento invocado por la responsable no es el que combate la parte quejosa, concluyendo que las consideraciones que contienen los numerales que citó la Subdelegada en el Estado son diversas a las reclamadas en el escrito de demanda de amparo. Como plasmó en el escrito de demanda, el quejoso se duele de la aplicación en su perjuicio de las porciones normativas que establecen esencialmente, las modalidades que se aplican a los trabajadores afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que no hayan optado por la acreditación de bonos de pensión, conforme al cual, a partir del uno de enero de dos mil diez, los trabajadores que cumplan 55 años de edad o más y quince años de cotización o más en el ISSSTE, tendrán derecho a una pensión de retiro por edad y tiempo de servicios; en tanto que que el monto de la pensión por dicho concepto será el 95 % del sueldo por 29 años de servicio. Estableciendo que a partir de la fecha en que entró en vigor la ley, la edad se fue incrementando de manera gradual hasta llegar a los sesenta años para alcanzar la pensión por edad y tiempo de servicios a partir del año dos mil dieciocho (año en que el quejoso efectuó la solicitud de pensión). Por su parte, el Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo decimo transitorio del decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establece en el artículo 5º que se actualizará el derecho a percibir las pensiones cuando el trabajador o sus familiares derechohabientes se encuentren en los supuestos consignados en el artículo décimo transitorio a que se ha referido en el párrafo que antecede; de igual forma, el artículo 20 dispone que a partir de enero de dos mil diez, los trabajadores con 15 años o más de cotización al ISSSTE, tendrán derecho a una pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, siempre que cumplan con la edad mínima de sesenta años a partir del dos mil dieciocho. De lo que se pone de manifiesto que la norma combatida por el quejoso no le fue aplicada, ya que en el oficio de que se trata se rechazó el trámite de la pensión que solicitó el quejoso en escrito de doce de noviembre de dos mil dieciocho, en virtud de que presenta un monto faltante para la contratación de una pensión (Insuficiencia de Recursos para Pensión por Retiro) en términos del numeral 80 de la Ley del ISSSTE, no así de los citados preceptos impugnados En esa tesitura, al no acreditarse el acto de aplicación del artículo Transitorio Décimo fracción II, inciso b) de la "Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado" publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete y de los artículos 5, 20 fracción II, 55 ni el Segundo Transitorio del "Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado", debe sobreseerse en el juicio, respecto a dicho acto. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee por inexistencia del acto indicado. CUARTO. Certeza del acto reclamado consistente en la promulgación, refrendo y publicación de las normas combatidas. Son ciertos los actos que se reclaman a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Secretaria de Gobernación, Director General del Diario Oficial de la Federación consistentes en la aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación del artículo Transitorio Décimo fracción II, inciso b) de la "Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado" publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete y de los artículos 5, 20 fracción II, 55 así como el Segundo Transitorio del "Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de julio de dos mil nueve. Ello en virtud de que la existencia de los actos atribuidos a dichas autoridades se corrobora con el texto de las leyes impugnadas, ya que de las publicaciones oficiales en el Diario Oficial de la Federación se desprende que fueron aprobadas, expedidas, promulgadas y publicadas, en el ámbito de las respectivas facultades por las responsables. Lo anterior se ve robustecido con el principio de derecho que establece la no sujeción a prueba alguna de las leyes nacionales, que se encuentra implícito en lo dispuesto por el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone así el numeral 2º de esta última. En apoyo de lo expuesto, por identidad de razón jurídica se invoca jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número 2a./J. 65/2000, consultable en la página 260, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, registro número 191452, que precisa lo siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." QUINTO. Causales de improcedencia. Por ser las causales de improcedencia de estudio oficioso, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a analizar si se advierte la actualización de alguna, ya sea de oficio, ya porque la hicieron las partes. Como ha quedado precisado en el considerando tercero, al no haberse acreditado algún acto de aplicación de las normas impugnadas en este vía constitucional por la parte quejosa, esto es, del artículo Transitorio Décimo fracción II, inciso b) de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete y de los artículos 5, 20 fracción II, 55 y Segundo Transitorio del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, con relación al 107, fracción I, de la Ley de Amparo que se trascriben a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general;.." En efecto, en el caso de que una norma se combata con motivo de un acto concreto de aplicación, en primer lugar, resulta necesario que se acredite la existencia de tal acto de aplicación; en segundo término, que ese acto indefectiblemente materialice los supuestos de la disposición combatida y, por último, que en el acto se haya concretado expresa o implícitamente la hipótesis normativa en perjuicio del quejoso, ya que de no ser así, no se justificaría la afectación que le ocasiona a su esfera jurídica. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio relativo a que el Juez de Distrito no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento impugnado de inconstitucional, del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. Sobre el mismo aspecto, el Máximo Tribunal agregó que la estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también, al acto de su aplicación. El criterio anterior está contenido en la jurisprudencia 90 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Séptima Época, que aparece en el Apéndice de 1995, Tomo III, Parte SCJN, página 63, materia administrativa, del rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.". Ahora bien, por cuanto a la causal invocada, se expone el criterio que acogió el Pleno del Supremo Tribunal de la Nación en la tesis P. XCVII/95 visible en la página 92 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Noviembre de 1995, Materias: Constitucional y Común, correspondiente a la Novena Época que dispone: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACION, EL ACTO DE APLICACION DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERES JURIDICO. El análisis gramatical y sistemático de los artículos 73, fracción VI, in fine y 4o. de la Ley de Amparo, permite colegir que no cualquier acto de aplicación de la ley reclamada puede ser impugnado en el juicio de garantías, sino que es una exigencia ineludible que la acción constitucional se ejercite con motivo del primer acto de aplicación que afecte al gobernado, en su interés jurídico, pues de lo contrario se vulneraría el principio de "instancia de parte agraviada", contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, al entrar al análisis de una ley que no ha podido causar ningún perjuicio al promovente.". Establecido lo anterior, como quedó asentado en el considerando tercero de esta resolución, no está demostrado que en el caso se haya aplicado a la parte quejosa el artículo Transitorio Décimo fracción II, inciso b) de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete y de los artículos 5, 20 fracción II, 55 y Segundo Transitorio del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por ello, al no demostrarse la existencia de algún acto de aplicación de la norma general reclamada, con el cual se produjera el perjuicio al agraviado, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, debe sobreseerse respecto a dichos ordenamientos, habida cuenta que resulta necesario la comprobación, fehaciente de la existencia del aludido acto de aplicación de la norma reclamada y que a través de dicho acto de aplicación, se concretó expresa o implícitamente en perjuicio del quejoso la hipótesis normativa, lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de garantías, sino de su plena demostración, de ahí que al no estar plenamente demostrada su existencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII y XXIII del precepto 61, en relación con el 107, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Orientan tal argumento, el criterio jurisprudencial 2a./J. 71/2000, de la Novena Época, Instancia Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XII, Agosto de 2000, página 235, del rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN.". Razón por la cual, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo por cuanto a los preceptos legales reclamados, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por HÉCTOR SALDAÑA ZEPEDA, contra actos de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión; Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Secretaria de Gobernación, Director General del Diario Oficial de la Federación, Titular de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegado en Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Morelos y Secretaria de Hacienda y Crédito Público, contra la aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación del artículo Transitorio Décimo fracción II, inciso b) de la "Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado" publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete y de los artículos 5, 20 fracción II, 55 así como el Segundo Transitorio del "Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado" y su acto de aplicación, en los términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario que da fe, hoy catorce de agosto de dos mil diecinueve, que lo permitieron las labores de este juzgado federal.
- Principal
En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución que en lo conducente dice: Vistos los autos del juicio de amparo 320/2019-I, promovido por HÉCTOR SALDAÑA ZEPEDA contra de actos que reclama del Congreso de la Unión y otras autoridades; y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el once de marzo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado el día doce de marzo siguiente a este Juzgado, HÉCTOR SALDAÑA ZEPEDA por derecho propio solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclamó de las siguientes autoridades: ? Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. ? Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. ? Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. ? Secretaria de Gobernación. ? Director General del Diario Oficial de la Federación. ? Titular de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. ? Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. ? Delegado en Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. ? Subdelegación en Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. ? Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De quienes reclamó los siguientes actos: De las autoridades ordenadoras, la aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación del decreto por el que se expide el artículo Transitorio Décimo fracción II, inciso b) de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete y de los artículos 5, 20 fracción II, 55 y Segundo Transitorio del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. De las autoridades ejecutoras, reclama la ejecución del artículo Transitorio Décimo fracción II, inciso b) de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete y los artículos 5, 20 fracción II, 55 y segundo transitorio del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. De todas las autoridades reclama las consecuencias que deriven de dichas normas. SEGUNDO. Por auto de trece de marzo de dos mil diecinueve se registró la demanda con el expediente 320/2019-I y se previno al quejoso para que exhibiera las copias faltantes del libelo inicial (foja 34 de autos). Una vez que se subsanó la prevención, por auto de veintidós de marzo del año que trascurre se admitió la demanda por lo que lo que se solicitó a las autoridades responsables los informes con justificación, se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional que inició en los términos del acta que antecede, y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto, fracción XVIII, establece que los Juzgados de Distrito con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito conformado por el territorio del Estado de Morelos, que es el lugar donde la parte quejosa debe acatar las disposiciones generales que combate y donde tuvo lugar su aplicación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Bajo esa premisa, el quejoso reclama: 1. En el ámbito de sus respectivas atribuciones la aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación del decreto por el que se expide el artículo Transitorio Décimo fracción II, inciso b) de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete y de los artículos 5, 20 fracción II, 55 y Segundo Transitorio del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado así como sus consecuencias en la esfera de la quejosa . 2. Como acto de aplicación el oficio SP/DPSHT/1025/2019 de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, suscrito por la Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. TERCERO. Inexistencia del acto de aplicación del artículo Transitorio Décimo fracción II, inciso b) de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete y de los artículos 5, 20 fracción II, 55 y Segundo Transitorio del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. No es cierto el acto de aplicación del artículo Transitorio Décimo fracción II, inciso b) de la "Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado" publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete y de los artículos 5, 20 fracción II, 55 así como el Segundo Transitorio del "Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado" que se atribuye a las autoridades Delegado en Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Subdelegada de Prestaciones en Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado como se verá a continuación. De igual forma, respecto a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, autoridad responsable ejecutora señalada por el quejoso, fue omisa en rendir el informe justificado, por lo que tendría que operar la presunción de certeza de los actos en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, sin embargo, dicha presunción debe ser probada por el quejoso cuando -como en el caso- existen elementos de prueba que permitan advertir que éste es inexistente. En el caso, como se expondrá más adelante, no existe el acto de aplicación de las porciones normativas combatidas por el quejoso; además, no corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aplicar la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado ni el reglamento del artículo transitorio décimo de dicha ley. Por tal motivo, a pesar de la falta de rendición de informe justificado por parte de la autoridad hacendaria no obstante de estar debidamente notificada del auto por el que se le requirió la rendición del informe condigno, no es cierto el acto que se le atribuye. Ahora bien, al reclamar la parte quejosa la inconstitucionalidad de un precepto legal con motivo de su primer acto de aplicación, conviene explicar el estudio de normas generales de naturaleza heteroaplicativa en un juicio de amparo indirecto. En ese sentido, cuando se promueve un amparo contra una norma general con motivo de su primer acto de aplicación, resulta indispensable que se demuestre fehacientemente que la respectiva hipótesis jurídica se concretó expresa o implícitamente en perjuicio del peticionario de garantías, lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de amparo o en los diversos escritos presentados durante el juicio por tal parte, sino, en todo caso, del contenido del supuesto acto de aplicación, con independencia de que éste derive de una autoridad, de un tercero que actúa en auxilio de la administración o del propio quejoso. Esto es, se debe acreditar que el acto de concreto de autoridad fue en aplicación de la norma general que se tilda inconstitucional, como lo señala el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 235 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, correspondiente a la Novena Época del rubro "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN.". Es importante precisar que, para tener por acreditado el acto concreto de aplicación, no basta con que se pruebe la existencia de aquel que el quejoso señaló como tal, ya que es necesario que efectivamente tal acto actualice los supuestos de la disposición combatida, dado que de no ser así, no se estará en presencia de un auténtico acto concreto de aplicación de la norma. En efecto, para considerar aplicada una ley es necesario que de manera expresa se actualicen las hipótesis normativas correspondientes, esto es, que se generen los efectos de la norma con relación al gobernado, regulando o sancionando una situación jurídica concreta; luego, el auténtico acto de aplicación de la norma será aquel en que se actualice su hipótesis normativa. Es aplicable la tesis P. LXVII/96, de la Novena Época, también del Pleno, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Mayo de 1996, página 113, del rubro: "LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PARA QUE SE DEMUESTRE QUE SE APLICARON, NO BASTA QUE SE CITEN LAS NORMAS RECLAMADAS, SINO QUE ES NECESARIO QUE SE ACTUALICEN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN ELLAS.". Ahora bien, en el caso concreto la parte quejosa combate con motivo del primer acto de aplicación, el artículo Transitorio Décimo fracción II, inciso b) de la "Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado" publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete y de los artículos 5, 20 fracción II, 55 así como el Segundo Transitorio del "Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado", los cuales establecen lo siguiente: LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO "TRANSITORIOS [.] DÉCIMO. A los Trabajadores que no opten por la acreditación de Bonos de Pensión del ISSSTE, se les aplicarán las siguientes modalidades: [.] II. A partir del primero de enero de dos mil diez: [.] b) Los Trabajadores que cumplan 55 años de edad o más y quince años de cotización o más al Instituto, tendrán derecho a una Pensión de retiro por edad y tiempo de servicios. El monto de la Pensión de retiro por edad y tiempo de servicios será equivalente a un porcentaje del sueldo que se define en la fracción IV, de conformidad con los porcentajes de la tabla siguiente: 15 años de servicio 50 % 16 años de servicio 52.5 % 17 años de servicio 55 % 18 años de servicio 57.5 % 19 años de servicio 60 % 20 años de servicio 62.5 % 21 años de servicio 65 % 22 años de servicio 67.5 % 23 años de servicio 70 % 24 años de servicio 72.5 % 25 años de servicio 75 % 26 años de servicio 80 % 27 años de servicio 85 % 28 años de servicio 90 % 29 años de servicio 95 % La edad a que se refiere este inciso, se incrementará de manera gradual conforme a la tabla siguiente: Años Edad para pensión por edad y tiempo de servicios 2010 y 2011 56 2012 y 2013 57 2014 y 2015 58 2016 y 2017 59 2018 en adelante 60" REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES SUJETOS AL RÉGIMEN DEL ARTICULO DECIMO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. "Artículo 5.- El derecho a percibir las pensiones se actualizará cuando el trabajador o sus familiares derechohabientes se encuentren en los supuestos consignados en el artículo décimo transitorio del Decreto y en el Reglamento. Artículo 20.- Tendrán derecho a una pensión de retiro por edad y tiempo de servicios: [.] II. A partir del 1o. de enero de 2010, los trabajadores con 15 años o más de cotización al Instituto, según los porcentajes que establece la fracción I, que cumplan con la edad a que se refiere la tabla siguiente: Años Edad mínima 2010 y 2011 56 2012 y 2013 57 2014 y 2015 58 2016 y 2017 59 2018 en adelante 60 Los porcentajes contenidos en el presente artículo se aplicarán al promedio del sueldo básico del último año de servicio del trabajador. Artículo 55.- El Instituto estará obligado a resolver en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud. Si el Instituto no resuelve en el plazo señalado en el párrafo anterior, pagará el cien por ciento de la pensión que requirió el trabajador o sus familiares derechohabientes, sin perjuicio de continuar el trámite para el otorgamiento de la pensión que corresponda. TRANSITORIOS Segundo.- El plazo en el que el Instituto estará obligado a resolver las solicitudes de pensión a que hace referencia el artículo 55 del Reglamento, entrará en vigor a partir del 1o. de abril de 2010; en tanto, el Instituto estará obligado a resolver dichas solicitudes en un plazo de 20 días hábiles." De los preceptos transcritos se desprende que Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores Del Estado establece el sistema de pensiones de los trabajadores del Estado; así, por cuanto a la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, el artículo décimo transitorio dispone que los trabajadores que no hayan optado por la acreditación de Bonos de Pensión, a partir del uno de enero de dos mil diez, siempre que hayan cumplido 55 años de edad, les serán aplicadas diversas modalidades de porcentaje del sueldo con el que hayan cotizado durante el último año dependiendo de los años de servicio, incrementando 2.5 puntos porcentuales por cada año a partir de los quince años de servicio, comenzando con cincuenta por ciento (50%) del sueldo; por dieciséis años, cincuenta y dos puntos y medio por ciento (52.5%) y así sucesivamente hasta llegar a veintinueve años de servicio con noventa y cinco porciento (95%) del sueldo. Adicionalmente, dicho numeral establece que la edad referida con anterioridad se incrementará de manera gradual a partir de los años dos mil diez y dos mil once, a cincuenta y seis años; dos mil doce y trece a cincuenta y siete años; dos mil catorce y quince a cincuenta y ocho años; dos mil dieciséis y diecisiete a cincuenta y nueve años y, a partir del año dos mil dieciocho a sesenta años. Por su parte, el Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Articulo Decimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que sustancia dicha ley establece que el derecho a percibir las pensiones será actualizado en los términos que establece el artículo décimo transitorio del Decreto y en el Reglamento. En su numeral 20 dispone el derecho que tienen los trabajadores a recibir una pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, estableciendo -igual que el décimo transitorio de la ley-una tabla que establece la fecha y los años de servicio a partir del uno de enero de dos mil diez (dos mil diez y once, cincuenta y seis años como edad mínima; dos mil doce y trece, cincuenta y siete años; dos mil catorce y quince, cincuenta y ocho años; hasta llegar al año dos mil dieciocho en adelante la edad mínima de sesenta años de edad, lo anterior de acuerdo al promedio del sueldo básico del último año de servicio del trabajador. Por cuanto al procedimiento para el pago de pensiones, el reglamento detalla que el trabajador o familiares derechohabientes con derecho a recibir pensión, deben presentar ante el Instituto la solicitud correspondiente adjuntando los documentos que indique aquél; el día en que reciba la solicitud, el Instituto debe verificar la identificación del trabajador y validar la solicitud con base en sus registros electrónicos, quedando obligado a resolver en un plazo máximo de diez días hábiles contados a partir de la fecha en que haya recibido la solicitud. Si el Instituto no resuelve en dicho plazo, pagará el cien por ciento de la pensión que requirió el trabajador o sus familiares derechohabientes, sin perjuicio de continuar el trámite para el otorgamiento de la pensión que corresponda. La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete y, conforme al artículo transitorio Primero, entró en vigor el día siguiente al de su publicación, esto es el lunes dos de abril de dos mil siete, con excepción de los artículos 42, 75, 101, 140, 193 y 199, que entraron en vigor el uno de enero de dos mil ocho. Por su parte, el Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Articulo Decimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado entró en vigor el veintidós de julio de dos mil nueve, de conformidad con el artículo transitorio primero. Así, el quejoso refiere que el acto de aplicación de la ley combatida se trata del oficio SP/DPSHT/1025/2019 fechado el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, suscrito por la Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, emitido en respuesta al escrito presentado por Héctor Saldaña Zepeda el doce de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se dirigió a dicha autoridad para solicitarle que informara lo siguiente: ".si es posible realizar los trámites necesarios para mi pensión (liquidación), autorizando para recibir la contestación a. [.] De no ser posible el trámite en este tiempo, solicito me sea contestado por escrito la negativa y el fundamento del por qué no.". En dicho oficio la Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado en Morelos se dirigió al quejoso para informarle lo siguiente: "En usos de las facultades que me conceden los artículos 5, tercero y décimo octavo transitorio de la Ley del I.S.S.S.T.E., 42 segundo párrafo de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, 78 y 79 del Estatuto Orgánico del I.S.S.S.T.E., así como los numerales 1, 9 y 26 del Manual de Organización de las Delegaciones Estatales y Regionales, atendiendo su solicitud de pensión de fecha 12 de noviembre del presente año, me permito informar a usted que el Artículo 44 y 80 de la Ley del ISSSTE establece lo siguiente: "...Artículo 44. El derecho al goce de las Pensiones de cualquier naturaleza, comenzará desde el día en que el Trabajador o sus Familiares Derechohabientes cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley para ello." Artículo 80. Los Trabajadores tendrán derecho a un seguro de retiro antes de cumplir las edades y tiempo de cotización establecidas en el presente Capítulo, siempre y cuando la Pensión que se le calcule en el sistema de Renta vitalicia sea superior en más del treinta por ciento a la Pensión Garantizada, una vez cubierta la prima del Seguro de Sobrevivencia para sus Familiares Derechohabientes. La Renta vitalicia se actualizará anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. El Pensionado tendrá derecho a recibir el excedente de los recursos acumulados en su Cuenta Individual en una o varias exhibiciones, solamente si la Pensión que se le otorgue es superior en más del treinta por ciento a la Pensión Garantizada, una vez cubierta la prima del Seguro de Sobrevivencia para sus Familiares Derechohabientes. La disposición de la cuenta así como de sus rendimientos estará exenta del pago de contribuciones. Para efecto de ejercer el derecho a que se refiere este artículo, el Trabajador podrá acumular los recursos de la Subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez aportados bajo cualquier régimen, los de la Subcuenta de ahorro solidario, los de la Subcuenta de aportaciones complementarias de retiro, los de la Subcuenta de aportaciones voluntarias y los de la Subcuenta de ahorro a largo plazo. Asimismo, el Trabajador Pensionado en los términos de este artículo, tendrá derecho a recibir servicios del seguro de salud por parte del Instituto." Lo anterior, se confirma con el resultado documental de la consulta simple que se adjunta al presente llevada a cabo en el sistema en donde se aprecia que a la fecha de la emisión del documento denominado "Documento de Insuficiencia de Recursos- Pensión por Retiro" de fecha 09 de enero del año en curso, usted presenta un monto faltante para la contratación de una pensión. Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.". El referido oficio fue exhibido en original por la parte quejosa con el escrito de demanda el cual amerita valor probatorio, ya que se trata de un documento público expedido por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; además, así lo aceptó la Subdelegada de Prestaciones al rendir el informe justificado. De la lectura de la trascripción del contenido del oficio terminación 1025/2019 se aprecia que no constituye el primer acto concreto de aplicación de las normas impugnadas por el quejoso. Se afirma lo anterior tomando en cuenta que la respuesta que obtuvo el quejoso de la Subdelegada de Prestaciones del Instituto encargado de brindar servicios sociales a los trabajadores al servicio del Estado no fue favorable a la pretensión de obtener una pensión, sin embargo, ello no se realizó aplicando los preceptos que en esta vía impugna Héctor Saldaña Zepeda, a saber, el artículo Transitorio Décimo fracción II, inciso b) de la "Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado" publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete y de los artículos 5, 20 fracción II, 55 así como el Segundo Transitorio del "Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado", sino como se lee de la trascripción del contenido del multicitado oficio 1025/2019, la autoridad responsable fundó su actuar en los artículos 44 y 80 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Además de que el fundamento invocado por la responsable no es el que combate la parte quejosa, concluyendo que las consideraciones que contienen los numerales que citó la Subdelegada en el Estado son diversas a las reclamadas en el escrito de demanda de amparo. Como plasmó en el escrito de demanda, el quejoso se duele de la aplicación en su perjuicio de las porciones normativas que establecen esencialmente, las modalidades que se aplican a los trabajadores afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que no hayan optado por la acreditación de bonos de pensión, conforme al cual, a partir del uno de enero de dos mil diez, los trabajadores que cumplan 55 años de edad o más y quince años de cotización o más en el ISSSTE, tendrán derecho a una pensión de retiro por edad y tiempo de servicios; en tanto que que el monto de la pensión por dicho concepto será el 95 % del sueldo por 29 años de servicio. Estableciendo que a partir de la fecha en que entró en vigor la ley, la edad se fue incrementando de manera gradual hasta llegar a los sesenta años para alcanzar la pensión por edad y tiempo de servicios a partir del año dos mil dieciocho (año en que el quejoso efectuó la solicitud de pensión). Por su parte, el Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo decimo transitorio del decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establece en el artículo 5º que se actualizará el derecho a percibir las pensiones cuando el trabajador o sus familiares derechohabientes se encuentren en los supuestos consignados en el artículo décimo transitorio a que se ha referido en el párrafo que antecede; de igual forma, el artículo 20 dispone que a partir de enero de dos mil diez, los trabajadores con 15 años o más de cotización al ISSSTE, tendrán derecho a una pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, siempre que cumplan con la edad mínima de sesenta años a partir del dos mil dieciocho. De lo que se pone de manifiesto que la norma combatida por el quejoso no le fue aplicada, ya que en el oficio de que se trata se rechazó el trámite de la pensión que solicitó el quejoso en escrito de doce de noviembre de dos mil dieciocho, en virtud de que presenta un monto faltante para la contratación de una pensión (Insuficiencia de Recursos para Pensión por Retiro) en términos del numeral 80 de la Ley del ISSSTE, no así de los citados preceptos impugnados En esa tesitura, al no acreditarse el acto de aplicación del artículo Transitorio Décimo fracción II, inciso b) de la "Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado" publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete y de los artículos 5, 20 fracción II, 55 ni el Segundo Transitorio del "Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado", debe sobreseerse en el juicio, respecto a dicho acto. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee por inexistencia del acto indicado. CUARTO. Certeza del acto reclamado consistente en la promulgación, refrendo y publicación de las normas combatidas. Son ciertos los actos que se reclaman a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Secretaria de Gobernación, Director General del Diario Oficial de la Federación consistentes en la aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación del artículo Transitorio Décimo fracción II, inciso b) de la "Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado" publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete y de los artículos 5, 20 fracción II, 55 así como el Segundo Transitorio del "Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de julio de dos mil nueve. Ello en virtud de que la existencia de los actos atribuidos a dichas autoridades se corrobora con el texto de las leyes impugnadas, ya que de las publicaciones oficiales en el Diario Oficial de la Federación se desprende que fueron aprobadas, expedidas, promulgadas y publicadas, en el ámbito de las respectivas facultades por las responsables. Lo anterior se ve robustecido con el principio de derecho que establece la no sujeción a prueba alguna de las leyes nacionales, que se encuentra implícito en lo dispuesto por el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone así el numeral 2º de esta última. En apoyo de lo expuesto, por identidad de razón jurídica se invoca jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número 2a./J. 65/2000, consultable en la página 260, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, registro número 191452, que precisa lo siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." QUINTO. Causales de improcedencia. Por ser las causales de improcedencia de estudio oficioso, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a analizar si se advierte la actualización de alguna, ya sea de oficio, ya porque la hicieron las partes. Como ha quedado precisado en el considerando tercero, al no haberse acreditado algún acto de aplicación de las normas impugnadas en este vía constitucional por la parte quejosa, esto es, del artículo Transitorio Décimo fracción II, inciso b) de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete y de los artículos 5, 20 fracción II, 55 y Segundo Transitorio del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, con relación al 107, fracción I, de la Ley de Amparo que se trascriben a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general;.." En efecto, en el caso de que una norma se combata con motivo de un acto concreto de aplicación, en primer lugar, resulta necesario que se acredite la existencia de tal acto de aplicación; en segundo término, que ese acto indefectiblemente materialice los supuestos de la disposición combatida y, por último, que en el acto se haya concretado expresa o implícitamente la hipótesis normativa en perjuicio del quejoso, ya que de no ser así, no se justificaría la afectación que le ocasiona a su esfera jurídica. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio relativo a que el Juez de Distrito no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento impugnado de inconstitucional, del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. Sobre el mismo aspecto, el Máximo Tribunal agregó que la estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también, al acto de su aplicación. El criterio anterior está contenido en la jurisprudencia 90 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Séptima Época, que aparece en el Apéndice de 1995, Tomo III, Parte SCJN, página 63, materia administrativa, del rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.". Ahora bien, por cuanto a la causal invocada, se expone el criterio que acogió el Pleno del Supremo Tribunal de la Nación en la tesis P. XCVII/95 visible en la página 92 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Noviembre de 1995, Materias: Constitucional y Común, correspondiente a la Novena Época que dispone: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACION, EL ACTO DE APLICACION DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERES JURIDICO. El análisis gramatical y sistemático de los artículos 73, fracción VI, in fine y 4o. de la Ley de Amparo, permite colegir que no cualquier acto de aplicación de la ley reclamada puede ser impugnado en el juicio de garantías, sino que es una exigencia ineludible que la acción constitucional se ejercite con motivo del primer acto de aplicación que afecte al gobernado, en su interés jurídico, pues de lo contrario se vulneraría el principio de "instancia de parte agraviada", contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, al entrar al análisis de una ley que no ha podido causar ningún perjuicio al promovente.". Establecido lo anterior, como quedó asentado en el considerando tercero de esta resolución, no está demostrado que en el caso se haya aplicado a la parte quejosa el artículo Transitorio Décimo fracción II, inciso b) de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete y de los artículos 5, 20 fracción II, 55 y Segundo Transitorio del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por ello, al no demostrarse la existencia de algún acto de aplicación de la norma general reclamada, con el cual se produjera el perjuicio al agraviado, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, debe sobreseerse respecto a dichos ordenamientos, habida cuenta que resulta necesario la comprobación, fehaciente de la existencia del aludido acto de aplicación de la norma reclamada y que a través de dicho acto de aplicación, se concretó expresa o implícitamente en perjuicio del quejoso la hipótesis normativa, lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de garantías, sino de su plena demostración, de ahí que al no estar plenamente demostrada su existencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII y XXIII del precepto 61, en relación con el 107, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Orientan tal argumento, el criterio jurisprudencial 2a./J. 71/2000, de la Novena Época, Instancia Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XII, Agosto de 2000, página 235, del rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN.". Razón por la cual, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo por cuanto a los preceptos legales reclamados, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por HÉCTOR SALDAÑA ZEPEDA, contra actos de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión; Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Secretaria de Gobernación, Director General del Diario Oficial de la Federación, Titular de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegado en Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Morelos y Secretaria de Hacienda y Crédito Público, contra la aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación del artículo Transitorio Décimo fracción II, inciso b) de la "Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado" publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete y de los artículos 5, 20 fracción II, 55 así como el Segundo Transitorio del "Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado" y su acto de aplicación, en los términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario que da fe, hoy catorce de agosto de dos mil diecinueve, que lo permitieron las labores de este juzgado federal.
- Incidental
Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 320/2019-I y I.- FIJACIÓN CLARA Y PRECISA DEL ACTO RECLAMADO. Mediante escrito de demanda HECTOR SALDAÑA ZEPEDA, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, con suspensión de los actos reclamados de la autoridad responsable CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN y otras autoridades, de quien reclama: Acto reclamado ".El artículo Transitorio Décimo fracción II inciso b) de la LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007 y de los artículos 5, 20 fracción II, 55 Y SEGUNDO TRANSITORIO del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, numerales que se impugnan de inconstitucionales. Los antecedentes y los conceptos de violación, se mencionan y hacen valer por separado. a) A las autoridades señaladas como ordenadoras, se les reclama la aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación del Decreto por el que se expide el artículo Transitorio Décimo fracción II inciso b) de la LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007 y de los artículos 5, 20 fracción II, 55 Y SEGUNDO TRANSITORIO del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el cual resulta violatorio de garantías en perjuicio del suscrito quejoso en términos de los agravios que más adelante se expresarán. b) A las autoridades señaladas como ejecutoras, se les reclama precisamente la ejecución del artículo Transitorio Décimo fracción II inciso b) de la LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007 Y de los artículos 5, 20 fracción II, 55 Y SEGUNDO TRANSITORIO del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el momento en que pretendan concretar a futuro los actos de aplicación conforme a lo señalado en la propia ley y en los conceptos de violación. c) De todas las autoridades responsables se reclama las consecuencias que de hecho y de derecho se derivan de la aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación del artículo Transitorio Décimo fracción II inciso b) de la LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007 y de los artículos 5, 20 fracción II, 55 Y SEGUNDO TRANSITORIO del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, afectando la esfera jurídica del quejoso por las razones expuestos infra en los conceptos de violación." II.- SENTIDO DE LOS INFORMES PREVIOS. Las siguientes autoridades responsables aceptaron el acto reclamado: CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, TITULAR DE LA UNIDAD DE GOBIERNO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES, DELEGACIÓN ESTATAL MORELOS y; SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. Asimismo, de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el acto atribuido al PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, toda vez que no rindió su informe previo no obstante de encontrarse debidamente notificado. III.- VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS ADMITIDAS Y DESAHOGADAS. En autos de los presentes cuadernillos incidentales relativos al juicio de amparo 320/2019-I, se desprende que la parte aquí quejosa exhibió documentales que obran cotejadas en el presente incidente de suspensión, en términos de la jurisprudencia P./J. 71/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. IV.- CONSIDERACIÓN PREVIA. En términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es un hecho notorio para el suscrito la existencia de las porciones legales reclamadas. Lo anterior se ve robustecido con el principio de derecho que establece la no sujeción a prueba alguna de las leyes nacionales, implícito en el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. V.- CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PARA NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Por cuanto al artículo Transitorio Décimo fracción II inciso b) de la LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007 y de los artículos 5, 20 fracción II, 55 y SEGUNDO TRANSITORIO del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se niega la suspensión definitiva. Para estar en aptitud de determinar la procedencia o no de la medida cautelar solicitada, es menester retomar el artículo 128 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para su otorgamiento, a saber: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: Párrafo reformado DOF 14-07-2014 I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Párrafo adicionado DOF 17-06-2016 Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva." Por lo que toca al primero, la suspensión fue solicitada por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. En relación con el segundo requisito, debe decirse que el orden público y el interés social han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera ejemplificativa y, en ese matiz, ha sostenido que se afectan esas instituciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Da sustento a lo anterior, la tesis II.1o.A.23 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, visible en la página 1515, del Semanario judicial de la Federación, Tomo XXI, abril de 2005, Novena Época cuyo rubro es: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. ALCANCE Y VALORACIÓN DE LOS CONCEPTOS "INTERÉS SOCIAL" Y "ORDEN PÚBLICO", PARA EFECTOS DE SU CONCESIÓN." Asimismo, la jurisprudencia quinientos veintidós, visible en la página trescientos cuarenta y tres, Tomo VI, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, de rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA." Así, ante la naturaleza de los actos que reclama la parte quejosa, para determinar sobre la procedencia de la suspensión, se debe sopesar el perjuicio que podría sufrir el gobernado con su ejecución y la afectación a sus derechos en disputa, frente al bienestar social. En efecto, la suspensión es improcedente cuando el acto reclamado afecta el interés público o social, para lo cual no basta con que se funde formalmente en una ley de interés público o que en forma expresa o implícita pretenda perseguir una finalidad de interés social, sino que es necesario que se acredite que la concesión de la suspensión causaría reales perjuicios al interés social o implicaría una contravención ineludible a disposiciones de orden público por las características propias del acto; así, ante un acto de la naturaleza del reclamado, para determinar la procedencia de la suspensión, se debe sopesar el perjuicio que podría sufrir la parte quejosa con su ejecución y la afectación a sus derechos en disputa frente al bienestar de la colectividad. Desde este punto de vista, se considera que con la concesión de la suspensión con los efectos restitutorios que solicita el promovente, esto es para que le sea concedida una pensión jubilatoria, es decir, se le permita acceder a la asistencia médica y garantizar la seguridad de un ingreso, se contravendrían disposiciones de orden público y se causaría perjuicio al interés social, en virtud de que la sociedad tiene interés en que se realice un correcto uso de los recursos públicos, y por lo tanto de concederse la medida suspensional para que se otorgue ese derecho al quejoso, sin que ya lo tenga inmerso en su esfera jurídica, se afecta ese interés social de que se realicen los pagos respectivos, únicamente en aquellos casos en los que objetivamente se cuenta con dicha prerrogativa y no sólo con meras expectativas. De igual forma, este juzgador considera que en el caso no aplica en favor de la parte quejosa la apariencia del buen derecho, que hiciera procedente conceder a su favor la medida cautelar solicitada, dado que una lectura preliminar de las disposiciones reclamadas no se advierte afectación a derechos fundamentales. En ese tenor, la alegada inconstitucionalidad del acto reclamado no es evidente, y en todo caso es motivo de un estudio acucioso, el que es propio de la sentencia de amparo. Asimismo, apoya a lo anterior, la tesis I.3o.A. J/16; publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: V, Enero de 1997; Novena Época, página 383, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro es: "SUSPENSION, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE INTERES SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA." En esas condiciones, al contravenirse disposiciones de orden público y de interés social, no se satisface la segunda de las exigencias que dispone el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, se niega suspensión definitiva. Aunado a lo anterior, de otorgar la medida cautelar solicitada para los efectos precisados, se le estaría dando efectos constitutivos de los que carece tal suspensión, pues a la fecha de presentación de la demanda no se advierte que el impetrante se le haya otorgado alguna pensión de cualquier naturaleza, habida cuenta que la medida cautelar tiene el efecto de paralizar los actos de autoridad o bien mantener las cosas en el estado en que se encuentran en el momento de concederse; más no el que se ordene la constitución de determinadas conductas, pues dicha situación en todo caso, será efecto y consecuencia de la sentencia favorable que llegara a obtener en el fondo del juicio de amparo que promueve. Ciertamente, en caso de otorgarse la suspensión solicitada, ésta tendría efectos estrictamente constitutivos e implicaría necesariamente el análisis de la legalidad de los actos reclamados, y consecuentemente, la parte impetrante obtendría el objeto que pretende con la promoción del juicio de amparo del cual deriva el presente cuaderno incidental, lo cual, únicamente puede obtenerse en su caso, a través de la sentencia definitiva que en el cuaderno principal se dicte; además de que con ello, se trastocaría rotundamente el espíritu de la suspensión de los actos reclamados, que es el de tutelar, aún de manera precaria, algún derecho que corra peligro de afectación por virtud de su ejecución, siempre que por su propia naturaleza sea susceptible de ser suspendido, lo cual, como ya se dijo, no ocurre en la especie, de tal manera que no es posible otorgar la suspensión para los efectos precisados. Es aplicable a lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de la Octava Época, visible en el tomo III, Segunda Parte-2, correspondiente al mes de enero a junio de mil novecientos ochenta y nueve, visible en la página mil cincuenta y nueve, de rubro: "SUSPENSIÓN. CARECE DE EFECTOS CONSTITUTIVOS DE DERECHOS." Ello es así, porque la medida cautelar, tiene como finalidad suspender el acto reclamado, por ende, se debe constreñir a dilucidar, únicamente, la materia de la suspensión, es decir, establecer si los actos que nos ocupan son suspendibles o no, pero no adelantar su juicio en cuanto a los actos que deban resolverse en el fondo del asunto. Sin que sea obstáculo lo anterior, que la suspensión en el amparo contra un acto omisivo pueda tener efectos restitutorios provisionales, lo cual ocurre cuando atendiendo a la apariencia del buen derecho y la afectación o perjuicio que aquél ocasione; sin embargo, en el caso concreto, el impetrante de amparo no cuenta con el derecho adquirido, al otorgamiento de la pensión, aunado a que de la demanda de amparo y anexos no se advierte claramente de un cálculo de probabilidades que invariablemente otorguen el derecho a gozar de una pensión de cualquier índole; por lo que se reitera no se puede restablecer de manera provisional al quejoso en el disfrute de una prerrogativa que aduce le fue afectada y de la cual aún no tiene reconocido tal derecho. Encuentra sustento lo anterior en la Jurisprudencia PC.III.A. J/60 A (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo III, de la Décima Época, página 1710, emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, del rubro Libro 62, Enero de 2019, Tomo III "SUSPENSIÓN EN AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE IMPUGNEN OMISIONES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, COMO LA FALTA DE RECOLECCIÓN DE BASURA O LA DE NO VERIFICAR SI ALGUNA PERSONA ESTÁ CONTAMINANDO EL ENTORNO, PROCEDE OTORGAR ESA MEDIDA CAUTELAR SI SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DEL DERECHO AFECTADO CON AQUÉLLAS, SIEMPRE Y CUANDO NO SE SIGA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL NI SE CONTRAVENGAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO, SIN QUE ELLO CONSTITUYA UN DERECHO EN FAVOR DEL QUEJOSO." Por lo expuesto y fundado, con apoyo, en los artículos 125, 138, 140, 143 y 146 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por HECTOR SALDAÑA ZEPEDA, respecto del acto reclamado y las autoridades responsables precisadas y, por las razones expuestas en el punto quinto de la presente resolución interlocutoria. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.
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