Héctor Ruelas Saucedo

Expediente 232/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
232/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
13/03/2018

Partes del expediente

  • Héctor Ruelas Saucedo

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso a, de la propia ley; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que el auto de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo, ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y atento a lo dispuesto por el precepto 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del asunto como concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo general conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, de fecha quince de octubre de dos mil nueve; hágase del conocimiento de las partes, que este expediente, de acuerdo a sus particularidades es susceptible de destrucción, una vez transcurridos los cinco años que establece el primer párrafo del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en él se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Notifíquese.

  2. Principal

    Se notifica por lista al promovente Por recibida la demanda de amparo promovida por HÉCTOR RUELAS SALCEDO, contra actos que reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Gómez Palacio, Durango, fórmese cuaderno de antecedentes bajo el número 232/2018-II, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este Juzgado Primero de Distrito en la Laguna. Ahora bien, una vez analizada en su integridad la demanda de amparo, este juzgado advierte que es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Del numeral transcrito se desprende, que el órgano jurisdiccional dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto e indudable. Al efecto, de la referida demanda de amparo se desprende que el acto reclamado lo constituye: "IV.- ACTO RECLAMDO De la Junta de Conciliación y Arbitraje de Gómez Palacio, Durango reclamo la omisión de dar trámite al incidente de nulidad de actuaciones que fue presentado con fecha 11 de Diciembre de 2017, del que se agrega una copia para constancia. Como emergerá del sello de recibido por parte de la oficialía de partes de la autoridad que señalo como responsable, la incidencia referida se presentó hace más de 30 días naturales sin que a la fecha de hoy exista un pronunciamiento". Así pues, al analizar en su integridad la demanda de amparo que motivó este expediente, este juzgado considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo que dispone: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;.". En esa virtud, de la certificación que antecede, se advierte que el promovente de amparo Héctor Ruelas Salcedo, por su propio derecho, solicitó en diverso juicio de amparo la protección constitucional, el cual quedó registrado con el número 231/2018-I, del índice administrativo de este órgano jurisdiccional, en contra de los actos reclamados de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Gómez Palacio, Durango, que hizo consistir en la omisión de dar trámite al incidente de nulidad de actuaciones presentado el once de diciembre de dos mil diecisiete; la cual se recibió ante este juzgado el veintiuno de febrero del año en curso. Expediente que se tiene a la vista, por constituir un hecho notorio para este juzgado de distrito los diversos juicios que se tramitan ante este propio órgano jurisdiccional, lo anterior, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2 de esta última legislación. Sirve de apoyo la tesis XIII.3o.4 K del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, que dispone lo siguiente: "HECHOS NOTORIOS. LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y LOS JUZGADOS DE DISTRITO PUEDEN INVOCAR OFICIOSAMENTE, COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS DE AQUÉLLOS COMO MEDIOS DE PRUEBA APTOS PARA DETERMINAR QUE SE ESTÁ EN PRESENCIA DE UN JUICIO DE AMPARO QUE RESULTA NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. De acuerdo con las razones que la informan y la disposición legal que interpreta, la tesis P. IX/2004, que se puede consultar a fojas doscientos cincuenta y nueve, del Tomo XIX, abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunal Pleno, con el rubro: "HECHOS NOTORIOS. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS TANTO DEL PLENO COMO DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.", es aplicable no sólo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino a los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito, en relación con los expedientes y las ejecutorias de los que por virtud de sus funciones tengan conocimiento, incluso para actualizar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que dé origen al desechamiento de una demanda de amparo que puede derivarse también de esos hechos notorios, ya que de lo contrario se limitaría la facultad del Juez de Distrito o del Tribunal Colegiado para establecer la existencia de elementos que le permitan determinar, con plena certidumbre, que un juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, conforme a lo dispuesto en el numeral 145 de la Ley de Amparo". En ese contexto, tomando en consideración que la diversa demanda se recibió ante este juzgado el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, por consiguiente, resulta notoriamente improcedente la demanda de cuenta, al existir una diversa promovida por el mismo quejoso, contra los mismos actos y autoridad responsable, ya que debe indicarse que la demanda del juicio de amparo 231/2018-I, la promovió el aquí quejoso por su propio derecho. También es aplicable al caso la tesis XIX.2o.12 K, visible en la página 312, tomo III, Enero de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable." Asimismo, sustenta lo anterior la diversa tesis VII.P. 83 K, consultable en la foja 260 del tomo XV, Enero de 1995, Octava Época de la fuente en consulta, que literalmente dice: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." Con lo anterior se actualiza de forma notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, antes mencionada. Del precepto citado se impone la institución de litispendencia entre uno o más juicio de amparo, cuando sea en contra de las mismas autoridades por los mismos actos, aun cuando las violaciones sean diferentes, lo que torna improcedente la instancia constitucional. Ahora bien, doctrinalmente se conoce como litispendencia (lirispendance), tomado del latín medieval litispendentia (formado con lis, proceso, y pendere, pender), figura procesal que se refiere al estado del pleito antes de su terminación. Es decir, constituye el estado litigioso del asunto que se pone o intenta poner sub júdice. De lo anterior se desprende que etimológicamente litispendencia significa la existencia de un pleito que todavía no se resuelve. Para la doctrina procesal la litispendencia supone que un litigio esta en acto o en vida, está pendiente, circunstancia que cesará en el momento en que pase procesalmente a cosa juzgada. En ese contexto, los principios que se aplican a la litispendencia son los de la unidad del proceso del conocimiento y el de la economía procesal, y además, la necesidad de evitar el pronunciamiento de sentencias contradictorias, tomando en consideración que la institución se configura cuando una controversia anterior se encuentra pendiente de resolución en el mismo juzgado o tribunal o en otro diferente, y en ambos conflictos existe una identidad de los elementos del litigio planteado en los dos procesos. Esta identidad se refiere a los sujetos, el objeto y la pretensión. Consecuentemente, se produce la litispendencia cuando en una misma causa litigiosa se propone ante dos jueces diversos, o bien, cuando la misma causa se presenta varias veces, ante el mismo juzgador. También se ha considerado que, la institución se produce con el estado del juicio del que ya conocen los tribunales y no ha sido resuelto por sentencia firme. Lo anterior, cobra singular importancia la hipótesis de improcedencia de amparo, pues deviene de la necesidad de evitar la proliferación de juicios de amparo, en que la controversia gire en torno a la misma litis o causa, aun tratándose de los actos privativos de libertad, los cuales pueden ser promovidos cuantas veces sea necesarios para proteger el derecho fundamental de la libertad. En apoyo a lo expuesto se invoca, la tesis jurisprudencial 24/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Decima época, tomo I, abril de 2014, página 265, cuyo rubro y texto dicen: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten". Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de amparo, se DESECHA DE PLANO, por notoria e indudable improcedencia, la demanda promovida por Héctor Ruelas Saucedo. Sin que sea óbice a lo anterior, que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento del acto que se provee, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del quejoso y que por ello sea contrario al artículo 1° constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por esta juzgadora y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, cuyo epígrafe indica: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA". No obsta a lo anterior, que algunos de los criterios jurisprudenciales invocados en párrafos anteriores se hayan emitido conforme a los artículos de la Ley de Amparo abrogada, toda vez que son de idéntico contenido a los que se invocan en esta determinación, debido a que regulan la improcedencia del juicio constitucional en situaciones similares a la que se presenta Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque no habría beneficio para las partes; además, de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Del Primer Circuito, contenido en la página mil seiscientos treinta y uno, tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Y el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página seiscientos dieciocho, del tomo V, mayo de mil novecientos noventa y siete, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por cusa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y 21 la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a cualquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el actuario de la adscripción pueda efectuar las mismas. Por otra parte, como lo solicita el quejoso, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Isidro Villegas Alemán e Isidro Enrique Villegas Flores, y en términos del citado artículo, párrafo segundo, última parte a la pasante de derecho Cynthia Paola González Rodríguez, toda vez que su cédula no se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; asimismo, se le tiene por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que se refiere en la demanda de amparo. En cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígase al promovente que las resoluciones y la sentencia que se dicten en el presente asunto, constituye información pública una vez que se emitan y causen estado, de acuerdo con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para aplicación de dicha ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil cuatro, con las excepciones previstas en el artículo 110 de la misma ley.

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