HECTOR RUEDA AQUINO y Otros.

Expediente 1753/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 88 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1753/2016
Año
2016
Actuaciones
88
Última actuación
16/12/2020

Partes del expediente

  • HECTOR RUEDA AQUINO y Otros.
  • Cesar Cruz Tellez
  • ARTURO EDUARDO MARIN PEREZ y Otros.
  • CESAR CRUZ TELLEZ y Otros.
  • Hector Rueda Aquino
  • Silverio Quintero Ruiz
  • Secretario de Seguridad Publica del Estado de Puebla
  • Rafael Lopez Baena

Actuaciones

Las 4 más recientes de 88.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio 2077 signado por el Secretario Encargado del Despacho del Juzgado de lo Penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el despacho 668/2020 (orden 510/2020) del índice de este juzgado de Distrito, del cual se advierte que el cuatro de diciembre de dos mil veinte, notificó personalmente en el interior del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, al quejoso Héctor Rueda Aquino, el auto de veintiséis de noviembre del presente año, y le corrió traslado con la copia autorizada del mismo; de lo que queda enterado el suscrito Juez Federal, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, dese de baja la comunicación oficial de mérito y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Cúmplase.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, primero de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a sus autos el oficio signado por la Directora General de Defensoría Pública del Estado de Puebla; a través del cual -en cumplimiento a lo ordenado en auto de veintiséis de noviembre de dos mil veinte- informa que designó como defensor público de la parte quejosa, a José Antonio García Paredes, y manifiesta que dicho profesionista comparecerá a aceptar y protestar el cargo conferido a las diez horas de la fecha en que se actúa, lo cual se corrobora con la impresión del código QR, que anexa al comunicado de cuenta; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Resérvese la notificación del presente proveído a la parte quejosa en el lugar de su reclusión, hasta en tanto se acuerde la comparecencia de protesta de cargo referida en el párrafo que antecede. Notifíquese por lista a las partes.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por el quejoso Héctor Rueda Aquino, a través del cual solicita entre otras cosas se le asigne un defensor público, a efecto de que interponga una controversia constitucional por los motivos que expone el ocursante; al respecto se provee: Atento que en el presente sumario constitucional se ordenó el archivo del asunto como totalmente concluido el veinticuatro de julio de dos mil dieciocho y el peticionario de amparo hace manifestaciones en relación a diversos juicios de amparo que no corresponden al índice de este órgano jurisdiccional y solicita diversas cuestiones relacionados con lo ya sentenciado, sin que se advierta con precisión qué es lo que pretende promover, por tanto, a efecto de no irrogar prejuicio alguno en sus derechos y cuente con la asesoría jurídica, antes de que este órgano de control constitucional provea respecto a sus peticiones, se le asigna defensor público para que en conjunto con el peticionario de amparo precisen qué es lo que pretende promover en relación con el presente sumario constitucional. SE DESIGNA DEFENSOR PÚBLICO. Ahora bien, tomando en consideración: 1) que el quejoso se encuentra privado de su libertad; y, 2) que no autorizó a persona alguna en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; al respecto, con fundamento en los artículos 3, 5, 6, 8 y 11 de la Ley del Servicio de la Defensoría Pública del Estado de Puebla, se nombra como representante del quejoso Héctor Rueda Aquino, para que intervenga en este juicio de amparo a un Defensor Público Estatal adscrito a la Defensoría Pública en el Estado de Puebla, en virtud que el peticionario de amparo pertenece a un grupo vulnerable por su condición de interno y a efecto de que se potencialice su derecho humano a una defensa adecuada, requiérase al Titular de dicha Institución a fin de que designe un Defensor Público como representante del quejoso en el presente juicio de amparo, a quien deberá de notificársele por su conducto, para que en el término de tres días, contados a partir de la legal notificación, comparezca ante la presencia judicial, para los efectos de la aceptación y protesta del cargo conferido en términos de ley, o en su defecto, manifieste si tiene algún impedimento para desempeñar el mismo. Apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en el artículo 251 del citado cuerpo de leyes. Sustenta lo anterior, la siguiente tesis jurisprudencial de rubro y texto siguientes: "PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD, PROVISIONAL O DEFINITIVAMENTE. ATENTO A QUE CONFORMA UN GRUPO VULNERABLE POR SU CONDICIÓN DE INTERNO, SI PROMUEVE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y DE SU DEMANDA NO SE ADVIERTE QUE HAYA SEÑALADO UN ABOGADO QUE LA REPRESENTE, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ASIGNARLE UN DEFENSOR PÚBLICO PARA QUE LA ASESORE ADECUADAMENTE Y SE POTENCIALICE SU DERECHO HUMANO A UNA DEFENSA ADECUADA, YA QUE OMITIRLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO HA DE PRIVILEGIARSE EL EXAMEN DE LA DECISIÓN DE FONDO, AL TRAER CONSIGO MAYOR BENEFICIO AL QUEJOSO. El recurso efectivo fue instituido en una disposición internacional desde la aprobación del artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el ámbito interamericano también se estableció como derecho humano en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Acorde con esa regulación, el recurso efectivo tiene una naturaleza dual, en tanto que constituye un instrumento (aspecto procesal o formal) para lograr que se examine, de fondo, la cuestión efectivamente planteada (aspecto sustantivo), fin último de dicha garantía. En el Estado Mexicano, el juicio de amparo goza de esa categoría, según se ha definido en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.) y 2a./J. 12/2016 (10a.), de títulos y subtítulos: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." y "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.", respectivamente, para precisar, por regla general, lo concerniente a la vulneración o no de derechos humanos. Proceso de amparo donde deben respetarse las formalidades esenciales del procedimiento, tuteladas por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde está inmersa la de otorgar al quejoso la oportunidad de ejercer una adecuada defensa. Desde esta perspectiva, cuando una persona privada de la libertad personal (de forma provisional -sujeta a proceso- o definitiva -sentenciada-), acude al juicio de amparo indirecto y de su demanda no se advierte que haya señalado un abogado que la represente, atento a que conforma un grupo vulnerable, puesto que la calidad de interno en un centro de reclusión significa que está impedido para enfrentar, al menos directamente, las etapas que se suscitan en el juicio constitucional, con fundamento en los artículos 1, 2, 4, fracción I y 6o., fracciones I a IV, de la Ley Federal de Defensoría Pública, desde que inicia el juicio, el Juez de Distrito debe designarle un defensor público para que la asesore, ya que acorde con lo establecido por este Tribunal Colegiado de Circuito en la tesis de jurisprudencia XXIV.2o. J/1 (10a.), de título y subtítulo: "FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL, AUN CUANDO DICHO ACTO RECLAMADO PROVENGA DE UNA AUTORIDAD FORMALMENTE ADMINISTRATIVA (PENITENCIARIA) Y CON INDEPENDENCIA DE QUE EL INTERNO TENGA LA CALIDAD DE PROCESADO O SENTENCIADO.", todos los actos que tienen injerencia en personas privadas de la libertad personal quedan comprendidos en la materia penal, pese a que provengan de una autoridad formalmente administrativa (penitenciaria). Luego, con esa designación, se potencializa su eficacia de derecho humano a una defensa adecuada, mediante un recurso efectivo, por lo que omitir dicho nombramiento actualiza una violación a las leyes del procedimiento que amerita su reposición, y debe ser advertido por el Tribunal Colegiado de Circuito al resolver el recurso de revisión, sin tomar en cuenta la parte que lo interponga, por tratarse, la designación, de una formalidad esencial que debe ser llevada a cabo dentro del procedimiento por el juzgador de amparo. Ello, con excepción de que, deba privilegiarse el estudio del fondo del asunto por encima de dicha transgresión procedimental, por representar un mayor beneficio jurídico para el quejoso." En la inteligencia que, se deberá atender al esquema de citas previsto en el artículo 3 y demás aplicables, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, aprobado en sesión extraordinaria de veintiocho de julio de dos mil veinte. Por lo que, atendiendo a lo establecido en el referido Acuerdo General en su artículo 6, fracción I, incisos b) y e), se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para que el defensor público designado acuda a las instalaciones de este recinto judicial y esté en aptitud de aceptar y protestar el cargo conferido. Para tal efecto, hágasele entrega del Código QR generado (s) impreso (s) respectivo, por conducto de cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este órgano, al momento de realizarle la notificación de este proveído a la Titular de la Defensoría Pública para que a su vez lo entregue al defensor público designado -previo recibo que de dicha entrega recaben- En consecuencia, resérvese proveer lo conducente respecto a las peticiones del quejoso, hasta el defensor público haya aceptado y protestado el cargo conferido y se imponga del ocurso de cuenta, a efecto de que conjuntamente con Héctor Rueda Aquino precisen lo que quiere promover dentro de este juicio de amparo. NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. Finalmente, atento que el aquí quejoso se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a, de la Ley de Amparo, así como por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla; Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al quejoso Héctor Rueda Aquino, y se cerciore de su identidad; Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente -juicio de amparo 1753/2016; Notifique a la parte promovente el presente auto; Le corra traslado con copia autorizada de la misma; y, Asiente razón en el sentido de si el promovente quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la diligencia de mérito; apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL AQUÍ QUEJOSO VÍA DESPACHO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN Y POR OFICIO AL TITULAR DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN EL ESTADO DE PUEBLA (AUTORIDAD NO RESPONSABLE).Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por el quejoso Héctor Rueda Aquino, a través del cual solicita entre otras cosas se le asigne un defensor público, a efecto de que interponga una controversia constitucional por los motivos que expone el ocursante; al respecto se provee: Atento que en el presente sumario constitucional se ordenó el archivo del asunto como totalmente concluido el veinticuatro de julio de dos mil dieciocho y el peticionario de amparo hace manifestaciones en relación a diversos juicios de amparo que no corresponden al índice de este órgano jurisdiccional y solicita diversas cuestiones relacionados con lo ya sentenciado, sin que se advierta con precisión qué es lo que pretende promover, por tanto, a efecto de no irrogar prejuicio alguno en sus derechos y cuente con la asesoría jurídica, antes de que este órgano de control constitucional provea respecto a sus peticiones, se le asigna defensor público para que en conjunto con el peticionario de amparo precisen qué es lo que pretende promover en relación con el presente sumario constitucional. SE DESIGNA DEFENSOR PÚBLICO. Ahora bien, tomando en consideración: 1) que el quejoso se encuentra privado de su libertad; y, 2) que no autorizó a persona alguna en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; al respecto, con fundamento en los artículos 3, 5, 6, 8 y 11 de la Ley del Servicio de la Defensoría Pública del Estado de Puebla, se nombra como representante del quejoso Héctor Rueda Aquino, para que intervenga en este juicio de amparo a un Defensor Público Estatal adscrito a la Defensoría Pública en el Estado de Puebla, en virtud que el peticionario de amparo pertenece a un grupo vulnerable por su condición de interno y a efecto de que se potencialice su derecho humano a una defensa adecuada, requiérase al Titular de dicha Institución a fin de que designe un Defensor Público como representante del quejoso en el presente juicio de amparo, a quien deberá de notificársele por su conducto, para que en el término de tres días, contados a partir de la legal notificación, comparezca ante la presencia judicial, para los efectos de la aceptación y protesta del cargo conferido en términos de ley, o en su defecto, manifieste si tiene algún impedimento para desempeñar el mismo. Apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en el artículo 251 del citado cuerpo de leyes. Sustenta lo anterior, la siguiente tesis jurisprudencial de rubro y texto siguientes: "PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD, PROVISIONAL O DEFINITIVAMENTE. ATENTO A QUE CONFORMA UN GRUPO VULNERABLE POR SU CONDICIÓN DE INTERNO, SI PROMUEVE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y DE SU DEMANDA NO SE ADVIERTE QUE HAYA SEÑALADO UN ABOGADO QUE LA REPRESENTE, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ASIGNARLE UN DEFENSOR PÚBLICO PARA QUE LA ASESORE ADECUADAMENTE Y SE POTENCIALICE SU DERECHO HUMANO A UNA DEFENSA ADECUADA, YA QUE OMITIRLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO HA DE PRIVILEGIARSE EL EXAMEN DE LA DECISIÓN DE FONDO, AL TRAER CONSIGO MAYOR BENEFICIO AL QUEJOSO. El recurso efectivo fue instituido en una disposición internacional desde la aprobación del artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el ámbito interamericano también se estableció como derecho humano en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Acorde con esa regulación, el recurso efectivo tiene una naturaleza dual, en tanto que constituye un instrumento (aspecto procesal o formal) para lograr que se examine, de fondo, la cuestión efectivamente planteada (aspecto sustantivo), fin último de dicha garantía. En el Estado Mexicano, el juicio de amparo goza de esa categoría, según se ha definido en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.) y 2a./J. 12/2016 (10a.), de títulos y subtítulos: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." y "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.", respectivamente, para precisar, por regla general, lo concerniente a la vulneración o no de derechos humanos. Proceso de amparo donde deben respetarse las formalidades esenciales del procedimiento, tuteladas por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde está inmersa la de otorgar al quejoso la oportunidad de ejercer una adecuada defensa. Desde esta perspectiva, cuando una persona privada de la libertad personal (de forma provisional -sujeta a proceso- o definitiva -sentenciada-), acude al juicio de amparo indirecto y de su demanda no se advierte que haya señalado un abogado que la represente, atento a que conforma un grupo vulnerable, puesto que la calidad de interno en un centro de reclusión significa que está impedido para enfrentar, al menos directamente, las etapas que se suscitan en el juicio constitucional, con fundamento en los artículos 1, 2, 4, fracción I y 6o., fracciones I a IV, de la Ley Federal de Defensoría Pública, desde que inicia el juicio, el Juez de Distrito debe designarle un defensor público para que la asesore, ya que acorde con lo establecido por este Tribunal Colegiado de Circuito en la tesis de jurisprudencia XXIV.2o. J/1 (10a.), de título y subtítulo: "FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL, AUN CUANDO DICHO ACTO RECLAMADO PROVENGA DE UNA AUTORIDAD FORMALMENTE ADMINISTRATIVA (PENITENCIARIA) Y CON INDEPENDENCIA DE QUE EL INTERNO TENGA LA CALIDAD DE PROCESADO O SENTENCIADO.", todos los actos que tienen injerencia en personas privadas de la libertad personal quedan comprendidos en la materia penal, pese a que provengan de una autoridad formalmente administrativa (penitenciaria). Luego, con esa designación, se potencializa su eficacia de derecho humano a una defensa adecuada, mediante un recurso efectivo, por lo que omitir dicho nombramiento actualiza una violación a las leyes del procedimiento que amerita su reposición, y debe ser advertido por el Tribunal Colegiado de Circuito al resolver el recurso de revisión, sin tomar en cuenta la parte que lo interponga, por tratarse, la designación, de una formalidad esencial que debe ser llevada a cabo dentro del procedimiento por el juzgador de amparo. Ello, con excepción de que, deba privilegiarse el estudio del fondo del asunto por encima de dicha transgresión procedimental, por representar un mayor beneficio jurídico para el quejoso." En la inteligencia que, se deberá atender al esquema de citas previsto en el artículo 3 y demás aplicables, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, aprobado en sesión extraordinaria de veintiocho de julio de dos mil veinte. Por lo que, atendiendo a lo establecido en el referido Acuerdo General en su artículo 6, fracción I, incisos b) y e), se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para que el defensor público designado acuda a las instalaciones de este recinto judicial y esté en aptitud de aceptar y protestar el cargo conferido. Para tal efecto, hágasele entrega del Código QR generado (s) impreso (s) respectivo, por conducto de cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este órgano, al momento de realizarle la notificación de este proveído a la Titular de la Defensoría Pública para que a su vez lo entregue al defensor público designado -previo recibo que de dicha entrega recaben- En consecuencia, resérvese proveer lo conducente respecto a las peticiones del quejoso, hasta el defensor público haya aceptado y protestado el cargo conferido y se imponga del ocurso de cuenta, a efecto de que conjuntamente con Héctor Rueda Aquino precisen lo que quiere promover dentro de este juicio de amparo. NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. Finalmente, atento que el aquí quejoso se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a, de la Ley de Amparo, así como por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla; Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al quejoso Héctor Rueda Aquino, y se cerciore de su identidad; Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente -juicio de amparo 1753/2016; Notifique a la parte promovente el presente auto; Le corra traslado con copia autorizada de la misma; y, Asiente razón en el sentido de si el promovente quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la diligencia de mérito; apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL AQUÍ QUEJOSO VÍA DESPACHO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN Y POR OFICIO AL TITULAR DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN EL ESTADO DE PUEBLA (AUTORIDAD NO RESPONSABLE).San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por el quejoso Héctor Rueda Aquino, a través del cual solicita entre otras cosas se le asigne un defensor público, a efecto de que interponga una controversia constitucional por los motivos que expone el ocursante; al respecto se provee: Atento que en el presente sumario constitucional se ordenó el archivo del asunto como totalmente concluido el veinticuatro de julio de dos mil dieciocho y el peticionario de amparo hace manifestaciones en relación a diversos juicios de amparo que no corresponden al índice de este órgano jurisdiccional y solicita diversas cuestiones relacionados con lo ya sentenciado, sin que se advierta con precisión qué es lo que pretende promover, por tanto, a efecto de no irrogar prejuicio alguno en sus derechos y cuente con la asesoría jurídica, antes de que este órgano de control constitucional provea respecto a sus peticiones, se le asigna defensor público para que en conjunto con el peticionario de amparo precisen qué es lo que pretende promover en relación con el presente sumario constitucional. SE DESIGNA DEFENSOR PÚBLICO. Ahora bien, tomando en consideración: 1) que el quejoso se encuentra privado de su libertad; y, 2) que no autorizó a persona alguna en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; al respecto, con fundamento en los artículos 3, 5, 6, 8 y 11 de la Ley del Servicio de la Defensoría Pública del Estado de Puebla, se nombra como representante del quejoso Héctor Rueda Aquino, para que intervenga en este juicio de amparo a un Defensor Público Estatal adscrito a la Defensoría Pública en el Estado de Puebla, en virtud que el peticionario de amparo pertenece a un grupo vulnerable por su condición de interno y a efecto de que se potencialice su derecho humano a una defensa adecuada, requiérase al Titular de dicha Institución a fin de que designe un Defensor Público como representante del quejoso en el presente juicio de amparo, a quien deberá de notificársele por su conducto, para que en el término de tres días, contados a partir de la legal notificación, comparezca ante la presencia judicial, para los efectos de la aceptación y protesta del cargo conferido en términos de ley, o en su defecto, manifieste si tiene algún impedimento para desempeñar el mismo. Apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en el artículo 251 del citado cuerpo de leyes. Sustenta lo anterior, la siguiente tesis jurisprudencial de rubro y texto siguientes: "PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD, PROVISIONAL O DEFINITIVAMENTE. ATENTO A QUE CONFORMA UN GRUPO VULNERABLE POR SU CONDICIÓN DE INTERNO, SI PROMUEVE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y DE SU DEMANDA NO SE ADVIERTE QUE HAYA SEÑALADO UN ABOGADO QUE LA REPRESENTE, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ASIGNARLE UN DEFENSOR PÚBLICO PARA QUE LA ASESORE ADECUADAMENTE Y SE POTENCIALICE SU DERECHO HUMANO A UNA DEFENSA ADECUADA, YA QUE OMITIRLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO HA DE PRIVILEGIARSE EL EXAMEN DE LA DECISIÓN DE FONDO, AL TRAER CONSIGO MAYOR BENEFICIO AL QUEJOSO. El recurso efectivo fue instituido en una disposición internacional desde la aprobación del artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el ámbito interamericano también se estableció como derecho humano en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Acorde con esa regulación, el recurso efectivo tiene una naturaleza dual, en tanto que constituye un instrumento (aspecto procesal o formal) para lograr que se examine, de fondo, la cuestión efectivamente planteada (aspecto sustantivo), fin último de dicha garantía. En el Estado Mexicano, el juicio de amparo goza de esa categoría, según se ha definido en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.) y 2a./J. 12/2016 (10a.), de títulos y subtítulos: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." y "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.", respectivamente, para precisar, por regla general, lo concerniente a la vulneración o no de derechos humanos. Proceso de amparo donde deben respetarse las formalidades esenciales del procedimiento, tuteladas por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde está inmersa la de otorgar al quejoso la oportunidad de ejercer una adecuada defensa. Desde esta perspectiva, cuando una persona privada de la libertad personal (de forma provisional -sujeta a proceso- o definitiva -sentenciada-), acude al juicio de amparo indirecto y de su demanda no se advierte que haya señalado un abogado que la represente, atento a que conforma un grupo vulnerable, puesto que la calidad de interno en un centro de reclusión significa que está impedido para enfrentar, al menos directamente, las etapas que se suscitan en el juicio constitucional, con fundamento en los artículos 1, 2, 4, fracción I y 6o., fracciones I a IV, de la Ley Federal de Defensoría Pública, desde que inicia el juicio, el Juez de Distrito debe designarle un defensor público para que la asesore, ya que acorde con lo establecido por este Tribunal Colegiado de Circuito en la tesis de jurisprudencia XXIV.2o. J/1 (10a.), de título y subtítulo: "FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL, AUN CUANDO DICHO ACTO RECLAMADO PROVENGA DE UNA AUTORIDAD FORMALMENTE ADMINISTRATIVA (PENITENCIARIA) Y CON INDEPENDENCIA DE QUE EL INTERNO TENGA LA CALIDAD DE PROCESADO O SENTENCIADO.", todos los actos que tienen injerencia en personas privadas de la libertad personal quedan comprendidos en la materia penal, pese a que provengan de una autoridad formalmente administrativa (penitenciaria). Luego, con esa designación, se potencializa su eficacia de derecho humano a una defensa adecuada, mediante un recurso efectivo, por lo que omitir dicho nombramiento actualiza una violación a las leyes del procedimiento que amerita su reposición, y debe ser advertido por el Tribunal Colegiado de Circuito al resolver el recurso de revisión, sin tomar en cuenta la parte que lo interponga, por tratarse, la designación, de una formalidad esencial que debe ser llevada a cabo dentro del procedimiento por el juzgador de amparo. Ello, con excepción de que, deba privilegiarse el estudio del fondo del asunto por encima de dicha transgresión procedimental, por representar un mayor beneficio jurídico para el quejoso." En la inteligencia que, se deberá atender al esquema de citas previsto en el artículo 3 y demás aplicables, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, aprobado en sesión extraordinaria de veintiocho de julio de dos mil veinte. Por lo que, atendiendo a lo establecido en el referido Acuerdo General en su artículo 6, fracción I, incisos b) y e), se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para que el defensor público designado acuda a las instalaciones de este recinto judicial y esté en aptitud de aceptar y protestar el cargo conferido. Para tal efecto, hágasele entrega del Código QR generado (s) impreso (s) respectivo, por conducto de cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este órgano, al momento de realizarle la notificación de este proveído a la Titular de la Defensoría Pública para que a su vez lo entregue al defensor público designado -previo recibo que de dicha entrega recaben- En consecuencia, resérvese proveer lo conducente respecto a las peticiones del quejoso, hasta el defensor público haya aceptado y protestado el cargo conferido y se imponga del ocurso de cuenta, a efecto de que conjuntamente con Héctor Rueda Aquino precisen lo que quiere promover dentro de este juicio de amparo. NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. Finalmente, atento que el aquí quejoso se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a, de la Ley de Amparo, así como por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla; Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al quejoso Héctor Rueda Aquino, y se cerciore de su identidad; Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente -juicio de amparo 1753/2016; Notifique a la parte promovente el presente auto; Le corra traslado con copia autorizada de la misma; y, Asiente razón en el sentido de si el promovente quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la diligencia de mérito; apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL AQUÍ QUEJOSO VÍA DESPACHO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN Y POR OFICIO AL TITULAR DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN EL ESTADO DE PUEBLA (AUTORIDAD NO RESPONSABLE).

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones se advierte que mediante proveído de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho (fojas 2095 a 2097), se ordenó el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido; sin embargo, se omitió proveer lo conducente respecto del anexo I del incidente de suspensión, que se formó con copia certificada de las constancias que obran en los juicios de amparo 496/2015, del índice del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, 55/2015 del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y 1507/2016 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla . En tal sentido, en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el anexo I del incidente de suspensión citado, no es de relevancia documental, por lo que, con fundamento en la fracción I del artículo vigésimo del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, después de transcurridos seis meses. Cúmplase.

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