Hector Rosendo Amavizca Alcala
Expediente 26/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 17 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 26/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 21/01/2021
Partes del expediente
- Hector Rosendo Amavizca Alcala
- Comisionado Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, Con Residencia En Mexicali, Baja California.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se obtiene que a la fecha transcurrió el término de tres días concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado al fallo protector, sin que hayan hecho uso de ese derecho; por tanto, se procede a emitir el pronunciamiento a que se refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo. Mediante sentencia dictada el veintitrés de septiembre de dos mil veinte, se determinó, conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Héctor Rosendo Amavizca Alcalá, para el efecto de que la autoridad responsable Subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario hoy Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, con residencia en Mexicali, realizara lo siguiente: La autoridad responsable Subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario, con residencia en Mexicali, hoy Comisionado Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California -en su denominación actual y correcta-, deberá dejar insubsistente, el oficio SSEP/1796/2012 de dieciséis de agosto de dos mil doce, mediante el cual instruyó al Director de Centros de Reinserción Social y de Adolescentes, para que llevara a cabo el traslado del interno aquí quejoso Héctor Rosendo Amavizca Alcalá, del Centro de Reinserción Social "El Hongo", con residencia en Tecate, Baja California, y dada la situación particular del quejoso -que ya fue trasladado-, delegue al Juez de ejecución competente para que sea éste quien determine si ha lugar o no a ordenar la devolución material del aquí quejoso al centro de reclusión de origen." Por auto de treinta de diciembre de dos mil veinte, al no haber sido recurrida la sentencia de mérito, causó ejecutoria y se requirió al Subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario hoy Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, con residencia en Mexicali, para que diera cumplimiento al fallo protector. En cumplimiento a dicho fallo, mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este Juzgado, el once de enero de dos mil veinte, la responsable Comisionado Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, con residencia en Mexicali, remitió el oficio CESISPE/CJ/0036/2021 y anexos adjuntos al mismo, informando sobre el cumplimiento dado al fallo protector en lo que nos interesa lo siguiente: Dejó insubsistente el oficio SSEP/1796/2012, de dieciséis de agosto de dos mil doce, únicamente por lo que respecta al aquí quejoso Héctor Rosendo Amavizca Alcalá. Solicitó al Director del Centro de Reinserción Social el Hongo, la partida jurídica actualizada del quejoso Héctor Rosendo Amavizca Alcalá, a efecto de delegar al Juez de Ejecución competente la determinación si ha lugar o no a ordenar la devolución material de dicho quejoso al centro de reclusión de origen. Para lo cual solicitó una prórroga de cinco días misma que fue otorgada en proveído de once de enero de dos mil veintiuno, y con posterioridad mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este Juzgado, el trece de enero de dos mil veintiuno, la responsable Comisionado Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, con residencia en Mexicali, remitió el oficio CESISPE/CJ/0050/2021 y anexos adjuntos al mismo, informando sobre el cumplimiento dado al fallo protector, lo siguiente: Delegó al Juez de ejecución competente para que sea éste quien determine si ha lugar o no a ordenar la devolución material del quejoso al centro de reclusión de origen, para lo cual mediante oficio CECISPE/CJ/0042/2021 de doce de enero de dos mil veintiuno, remitió al Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, copia certificada de diversas constancias relativas a la solicitud de traslado del aquí quejoso, a efecto de que sea este quien determine si ha lugar o no, ordenar la devolución material del mismo al centro de reclusión de origen, siendo este el Centro de Reinserción Social de Mexicali. Constancias con a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad a los artículos 129, 197 y 202 de Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente. Con lo anterior, es claro que la autoridad responsable dio cumplimiento fallo protector, pues el ocho de enero de dos mil veintiuno, I) dejó insubsistente el oficio SSEP/1796/2012, de dieciséis de agosto de dos mil doce, únicamente por lo que respecta al aquí quejoso Héctor Rosendo Amavizca Alcalá, y II) con posterioridad mediante oficio CECISPE/CJ/0042/2021 de doce de enero de dos mil veintiuno, remitió al Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, copia certificada de diversas constancias relativas a la solicitud de traslado del aquí quejoso, a efecto de que este determine si ha lugar o no, ordenar la devolución material del mismo al centro de reclusión de origen, siendo este el Centro de Reinserción Social de Mexicali. Por tanto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo; sin perjuicio de que las partes intenten el medio de impugnación previsto en el artículo 201 de la ley de la materia; comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Con fundamento en el artículo 8, fracción I, del Acuerdo General mencionado, el presente juicio de amparo, se considera expediente de trámite; por tanto, una vez que trascurran más de tres años, contados a partir de esta fecha, transfiérase el expediente original, al depósito documental del Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo establece el numeral 9, del citado Acuerdo General. Ahora, tomando en consideración que el quejoso se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social "El Hongo I", con sede en Tecate, Baja California; y atendiendo a la situación actual de emergencia sanitaria, decretada por la propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesaria para hacer frente a la contingencia; es por ello, que se hace uso de los sistemas electrónicos necesarios para salvaguardar entre otros la integridad física de las partes. Por tanto, con fundamento en el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020 y en términos del diverso 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye a cualquiera de los actuarios de este órgano jurisdiccional, para que realicen la diligencia encomendada mediante la plataforma denominada "ZOOM". Debiendo asentar en la constancia que para tal efecto se elabore, que le dio lectura íntegra al auto a notificar y constate que el quejoso tiene pleno conocimiento de su contenido. Finalmente, agréguense a los autos sin mayor proveído los oficios y anexos de cuenta remitidos por el coordinador jurídico de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, con residencia en Mexicali, mediante los cuales, informa el cumplimiento dado al fallo protector, en virtud que su contenido fue materia de autos de once y trece de enero del año que transcurre. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, trece de enero de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexo de cuenta remitido por el Coordinador Jurídico de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, con residencia en Mexicali, Baja California, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector dictado en este asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio y con el diverso de fecha once de enero del año en curso, dese vista a las partes, por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho término, con o sin manifestación de las partes, procédase a resolver sobre el cumplimiento dado al fallo protector. Finalmente, tomando en consideración que el quejoso se encuentra interno en el Centro de 12/01/23 19:00:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.e6 FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO Reinserción Social "El Hongo", con sede en Tecate, Baja California; y atendiendo a la situación actual de emergencia sanitaria, decretada por la propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesaria para hacer frente a la contingencia; es por ello, que se hace uso de los sistemas electrónicos necesarios para salvaguardar entre otros la integridad física de las partes. Por tanto, con fundamento en el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020 y en términos del diverso 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye a cualquiera de los actuarios de este órgano jurisdiccional, para que realicen la diligencia encomendada mediante la plataforma denominada "ZOOM". Debiendo asentar en la constancia que para tal efecto se elabore, que le dio lectura íntegra al auto a notificar y constate que el quejoso tiene pleno conocimiento de su contenido. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, once de enero de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos los oficio y anexos de cuenta que remite el Coordinador Jurídico de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, con residencia en Mexicali, Baja California, mediante el cual informa los actos realizados en vía de cumplimiento al fallo protector. Por otra parte, como solo solicita, con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, se le otorga por única ocasión la prórroga por cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, a efecto de que se encuentre en aptitud de desahogar el requerimiento decretado en autos, en el entendido de que continúa subsistente el apercibimiento con el que se le requirió. Notifíquese.
- Principal
las nueve horas del siete de enero de dos mil veintiuno, se hace constar que en virtud de que el asesor juridico de la parte no comparecio en el término señalado, se hace efectivo el apercibimiento hecho en el aviso dejado en el domicilio señalado para recibir notificaciones y notifico por lista fijada en los estrados del edificio del poder judicial de la federacion en esta ciudad, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, al autorizado de la parte quejosa, el auto de fecha treinta de diciembre de dos mil veinte, dictado en los autos del juicio de amparo 26/2019, del índice de este juzgado; quedando debidamente notificado del auto de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 fracción I, inciso c) en relación con el artículo 29 de la Ley de Amparo mismo que en su parte conducente dice Tijuana, Baja California, treinta de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo a que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el veintitrés de septiembre de dos mil veinte; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes "SISE". Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario hoy Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, con residencia en Mexicali, Baja California, para que, dentro del término de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, informe el cumplimiento dado al fallo protector en la resolución de veintitrés de septiembre de dos mil veinte; es decir, deberá: dejar insubsistente, el oficio SSEP/1796/2012 de dieciséis de agosto de dos mil doce, mediante el cual instruyó al Director de Centros de Reinserción Social y de Adolescentes, para que llevara a cabo el traslado del interno aquí quejoso Héctor Rosendo Amavizca Alcalá, del Centro de Reinserción Social "El Hongo", con residencia en Tecate, Baja California, y dada la situación particular del quejoso -que ya fue trasladado-, delegue al Juez de ejecución competente para que sea éste quien determine si ha lugar o no a ordenar la devolución material del aquí quejoso al centro de reclusión de origen. Debiendo remitir copia certificada de las constancias que lo acrediten, o bien informe la imposibilidad jurídica que tenga para ello; apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 258 ambos de la Ley de Amparo; y, conforme al artículo 192 de la propia ley, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, así como la jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Asimismo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable requerida que el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 56/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo." Ahora bien, al considerar que el referido quejoso se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social "El Hongo", con residencia en Tecate, Baja California; y, atendiendo a la situación actual de emergencia sanitaria, decretada por la propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesaria para hacer frente a la contingencia; es por ello, que se hace uso de los sistemas electrónicos necesarios para salvaguardar entre otros la integridad física de las partes. Por tanto, con fundamento en el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020 y en términos del diverso 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye a cualquiera de los actuarios de este órgano jurisdiccional, para que realicen la diligencia encomendada mediante la plataforma denominada "ZOOM". Debiendo asentar en la constancia que para tal efecto se elabore, que le dio lectura íntegra a la sentencia a notificar y constate que el quejoso tiene pleno conocimiento de su contenido. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
Quedan 13 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 3,498 expedientes
- Hector Martin González Zavala630/2020
- Héctor Miguel Rodríguez López67/2020
- Héctor Rafael Terminel Hernández643/2022
- Héctor Ramón Cerón Gómez1220/2023
- Héctor Ricardo Chávez Avila504/2021
- Héctor Rodrigo Soky Martínez553/2020
- Héctor Torres Mozqueda798/2022
- Hector Vazquez Martinez442/2020
- Héctor Villegas Hernández742/2023
- Heder Miguel Cruz Murillo500/2021
- Heidy Mishel Pérez Gramajo240/2023
- Heilee Baez Cabrera1346/2023