Héctor Rosas Mora
Expediente 730/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 21 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 730/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 31/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Héctor Rosas Mora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
México, Ciudad de México, a treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto del cual se advierte que ha fenecido el plazo concedido a la parte quejosa para hacer manifestaciones relativas a la vista que se le mandó dar mediante proveído de dieciséis de abril de dos mil veintiuno y dado que el cumplimiento de las sentencias es de orden público, con vista en las constancias del sumario, se procede a resolver si ha quedado satisfecho o no el fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial número 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada de tres de marzo de este año, con el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días, para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades, que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el Tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad, y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Substanciado el presente juicio de amparo, mediante resolución firmada el doce de febrero de dos mil veinte, se concedió el amparo a la quejosa Héctor Rosas Mora, para el efecto: "De conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, la concesión es para el efecto que el Juez Vigésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México: a) XXXXXXXXXXXXXXXXX, a partir del emplazamiento practicado el diecinueve de octubre de dos mil doce, con las inminentes consecuencias de las subsecuentes actuaciones, incluyendo lo actuado en etapa de ejecución. Con libertad de jurisdicción, provea lo que en derecho proceda con relación al emplazamiento de la aquí solicitante de amparo." Así las cosas, por auto de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, se declaró que la sentencia protectora había causado ejecutoria, por lo que se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a la ejecutoria que concedió el amparo. En respuesta de ello, mediante oficio 605/2021 recibido el catorce de abril de dos mil veintiuno, la autoridades responsables informaron el cumplimiento que dio a la ejecutoria de amparo, asimismo, para acreditar dicho cumplimiento el Juez responsable, remitió copia certificada del proveído de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio XXXXXXXXXXXXXXXXX, del que se advierte que dejo insubsistente todo lo actuado en el juicio de origen a partir del emplazamiento del demandado XXXXXXXXXXXXXXX. Turnando de nueva cuenta la cedula de notificación al Actuario con copias de traslado a fin de que proceda a emplazarlo. En atención a lo expuesto, este Juzgador considera que con las documentales que obran en autos se acredita el cumplimiento dado a la ejecutoria. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 77 fracción I, 196 tercer párrafo y 214 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, sin que se advierta que exista exceso o defecto en el cumplimiento a la ejecutoria. No obstante lo anterior, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, ya sea las partes o una persona extraña a juicio pueda hacer valer el recurso de inconformidad que prevé dicho numeral. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Glósese el cuaderno original del incidente de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo el cual es depurable, ya que le fueron concedidas la suspensión provisional y definitiva al quejoso, de conformidad con el artículo, al Capítulo Séptimo, artículo 18, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; respecto del duplicado del incidente de suspensión se hace la observación que es susceptible de destrucción, ya que se encuentra dentro de los supuestos a que alude el Capítulo Octavo, en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 196 cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, al no existir actuación pendiente en este asunto, remítase el expediente de que se trata como concluido al ARCHIVO de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al quince de junio de dos mil veintidós. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En ese sentido, también se comunica a las partes que, de conformidad a lo señalado en el Capítulo Séptimo, artículo 18 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso, se procederá a su depuración conservándose únicamente las constancias a que hace alusión el citado numeral. Por lo que posterior a dicha depuración, se procederá hacer la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, toda vez que el presente expediente obran documentos exhibidos por la parte quejosa, requiérasele para que dentro del término de noventa días naturales -incluidos hábiles e inhábiles-, ocurra a recogerlos, apercibida que en caso de no hacerlo los documentos serán susceptibles de destruirse al momento en que se depure este expediente, de conformidad con fracción tercera, segundo párrafo, del artículo vigésimo del citado acuerdo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes.
- Principal
En la Ciudad de México, a treinta de junio de dos mil veintiuno. Agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio del Juzgado Vigésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, toda vez que en auto de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, se le tuvo dando cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en auto de veintitrés de marzo del año en curso. Finalmente, se tiene a la autoridad responsable acusando recibo de las constancias que se indican en el oficio que se acuerda, y que le fueran remitidas en cumplimiento a lo ordenado en dicho auto de veintitrés de marzo del año en curso. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y por lista a las demás partes, con excepción de las autoridades responsables.
- Principal
En la Ciudad de México, a dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio suscrito por el Juez Noveno de lo Civil de la Ciudad de México y Actuario adscrito a dicho juzgado, por medio del cual informan el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, exhibiendo para tal efecto copia certificada de diversas constancias del juicio de origen. En virtud de lo anterior, a fin de que la parte quejosa pueda hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenan las determinaciones judiciales y no dejarla en estado de indefensión, con el contenido del oficio de cuenta y anexos que acompaña, dese vista a la parte quejosa de manera personal, para que en el término de tres días hábiles manifieste lo que a su interés convenga, en el entendido que de no hacer manifestación alguna al respecto en el término señalado, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, esta autoridad federal, con fundamento en las constancias que obran en los presentes autos y los elementos aportados por las autoridades responsables, resolverá sobre el cumplimiento dado por éstas a la ejecutoria dictada en este juicio. Se cita en apoyo de lo anterior la tesis 1ª XC/2001, visible en la página 358 de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, octubre de 2001, Primera Sala, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO EN EL QUE SE LE DA VISTA AL QUEJOSO CON EL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE RESPECTO DE TAL ACATAMIENTO, DEBE HACERSE EN FORMA PERSONAL. " Finalmente, con relación a su solicitud de dejar sin efectos el apercibimiento decretado en autos con relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo; dígase que por el momento no ha lugar a acordar de conformidad. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y por lista a las demás partes, con excepción de las autoridades responsables.
- Principal
En la Ciudad de México, a veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ya transcurrió el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA LA SENTENCIA EN LA QUE SE CONCEDIÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL. Ahora bien, cuando el acto es judicial y se trata de una cuestión litigiosa, por la naturaleza misma del asunto, no puede dejar de resolverse, en acatamiento a las garantías de debido proceso y acceso pleno a la administración de justicia que establecen los artículos 154 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La autoridad judicial siempre deberá de dictar una sentencia en la que atienda a la declaración de la inconstitucionalidad y subsane ese vicio, con las consecuencias jurídicas procesales y sustantivas que implique, cuando sea de carácter negativo o implica una omisión, el efecto será el de obligar a la autoridad responsables a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trata y a cumplir, lo que el mismo exija. Plazo de cumplimiento y ejecución de una sentencia de amparo. Corresponde al órgano de amparo fijarlo y ampliarlo. Elementos que deben tenerse en cuenta (artículo 192 de la Ley de Amparo). El plazo de tres días es la regla general que establece el artículo citado para dar cumplimiento a una ejecutoria de amparo. Se puede ampliar el plazo de tres días tomando en cuenta la complejidad o dificultad para dar cumplimiento al efecto del amparo; pero siempre debe fijarse un plazo razonable y estrictamente determinado. Las dos hipótesis se complementan y armonizan porque es un hecho notorio que no todos los actos judiciales susceptibles de reclamarse a través de amparo directo o indirecto, tienen las mismas características de facilidad, dificultad o complejidad. En ese contexto se justifica que al otorgar el plazo para el cumplimento se tenga en cuenta la realización de actos de distinta índole y grado de dificultad, que debe efectuar una autoridad jurisdiccional para dictar una nueva resolución. Otro parámetro requiere atender a que las leyes procesales que rigen la actuación de la autoridad prevén un plazo máximo para el dictado de determinadas resoluciones y que incluso pueden prorrogarse en atención a la voluminosidad del asunto, por lo que ésta es un factor a ponderar por el órgano de amparo. También debe ponderarse que el plazo de tres días que como regla general establece la Ley de Amparo es suficiente para que una autoridad jurisdiccional dicte una nueva resolución en la que únicamente tenga que seguir los lineamientos específicos de la ejecutoria de amparo. El legislador en las leyes procesales estableció un plazo máximo para dictar una resolución y debe considerarse que ese plazo mínimo ordinario no puede servir de parámetro único para el cumplimiento, porque dado el efecto del amparo que declara inconstitucional el acto, debe ser dejado insubsistente y dictar otro y no puede ser considerado como otro asunto ordinario, por haber sido violatorio de garantías. Cuando el cumplimiento de la ejecutoria de amparo otorga plenitud de jurisdicción y la autoridad judicial debe realizar el estudio de agravios extensos y un gran volumen de constancias, realizar la valoración de múltiples pruebas, elección de la norma o la interpretación y aplicación de las disposiciones legales aplicables, todo ello en forma debidamente fundada y motivada como lo exige la garantía de legalidad que establecen los artículos 14 y 16 constitucionales, si debe ampliarse el plazo de tres días y fijarse un plazo estrictamente determinado. El plazo estrictamente determinado será mayor a tres días y menor al que ordinariamente la legislación que rige el acto concede, porque se trata de una situación extraordinaria ya que la resolución que se dicte será en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, por lo que no se trata de un asunto del que conoce la autoridad responsable en condiciones ordinarias. Jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Carecen de superior jerárquico, para efecto del requerimiento de cumplimiento de una ejecutoria de amparo (artículo 192 de la Ley de Amparo). El precitado artículo establece que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquella en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria y apercibirlo de multa y de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad responsable. En el caso de los jueces y de las salas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, puede establecerse que carecen de superior jerárquico a quien formularle el requerimiento, porque por un lado de conformidad con el artículo 17 constitucional, el ejercicio de la función jurisdiccional se caracteriza por la autonomía e independencia judicial, así como en su imparcialidad en cuanto a la persona del juez y en relación a sus sentencias, que sean dictadas en forma completa, pronta e imparcial en términos del precitado artículo. El artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, prevé que la función judicial que desempeñan las distintas autoridades que lo integran se rige entre otros principios por la imparcialidad y Ia independencia que implica autonomía de los jueces y magistrados en el dictado de sus resoluciones que deben ajustarse a las disposiciones sustantivas y procesales que rigen su actuación. Por tanto, jueces y magistrados carecen de superior jerárquico para efecto del juicio de amparo. No obsta la existencia de un Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, porque el primero, entre otras facultades representa al tribunal pero no puede tener facultades de superior jerárquico en relación a la función jurisdiccional de los jueces y magistrados porque las facultades de estos últimos las prevén la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y las leyes procesales respectivas. El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, solamente es un órgano administrativo encargado de la administración, vigilancia y disciplina que no puede tener injerencia en las decisiones judiciales, sino en su caso, únicamente sancionará la propia Ley Orgánica que regula al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México establece que se trata de un órgano de naturaleza administrativa, cuya función es manejar, administrar y ejercer, de manera autónoma, el presupuesto tanto del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México como el propio, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en materia presupuestal. En ese contexto, para actos del juicio de amparo en materia civil respecto de actos jurisdiccionales, el requerimiento para cumplir con la ejecutoria de amparo con el apercibimiento correspondiente, únicamente se hará a la autoridad que tenga el carácter de responsable. En el caso, aplicando las premisas y factores detallados en el considerando que antecede, se advierte un grado de complejidad media para dictar un nuevo fallo en los términos apuntados, por lo que debe concederse el plazo de CINCO días, ya que se trata de lineamientos establecidos en la sentencia de amparo para que la autoridad responsable dicte una nueva determinación respecto de la resolución combatida en esta instancia. El cumplimiento a la presente ejecutoria de amparo deberá informarlo y demostrarlo a este juzgado. Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de no dar cumplimiento a esta ejecutoria dentro del plazo señalado, sin causa justificada, se le impondrá una multa, por la cantidad de cien días de valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente a la fecha que en su caso se ordene hacer efectiva tal medida. Ahora bien, a fin de dilucidar cualquier confusión respecto a la forma correcta de cómo debe cumplimentarse, el Juez responsable, debe realizar los siguientes actos: "(.) De conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, la concesión es para el efecto que el Juez Vigésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México: a) Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio especial hipotecario 1184/2012, seguido por *********** en contra de ***********, a partir del emplazamiento practicado el diecinueve de octubre de dos mil doce, con las inminentes consecuencias de las subsecuentes actuaciones, incluyendo lo actuado en etapa de ejecución. b) Con libertad de jurisdicción, provea lo que en derecho proceda con relación al emplazamiento de la aquí solicitante de amparo.(.)" Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2ª./J.47/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo: VIII, julio de 1998, página 146, cuyo rubro y contenido es del tenor literal siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR. El artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, dispone que "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones."; por su parte, los artículos 104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen diversos procedimientos tendientes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo e, inclusive, el último de estos preceptos dispone que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. La interpretación congruente de tales disposiciones constituye el sustento en que se apoya toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales, máxime si lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infrinjan sus garantías individuales. De esto se sigue que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia de amparo consiste en la confusión respecto de la manera correcta en la que procede cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar solución a la situación descrita, la Suprema Corte tiene facultades para establecer los alcances del fallo protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo." ??????????????? Amparo que se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos al Actuario adscrito al Juzgado Vigésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, conforme el criterio sostenido por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución". Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J.47/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo: VIII, julio de 1998, página 146, cuyo rubro y contenido es del tenor literal siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR. El artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, dispone que "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones."; por su parte, los artículos 104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen diversos procedimientos tendientes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo e, inclusive, el último de estos preceptos dispone que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. La interpretación congruente de tales disposiciones constituye el sustento en que se apoya toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales, máxime si lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infrinjan sus garantías individuales. De esto se sigue que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia de amparo consiste en la confusión respecto de la manera correcta en la que procede cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar solución a la situación descrita, la Suprema Corte tiene facultades para establecer los alcances del fallo protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo." En tales condiciones, requiérase a las autoridades responsables, para que en el término de cinco días informen a este juzgador el cumplimiento a la referida ejecutoria de amparo, en la inteligencia de que deberán remitir a este Juzgado las constancias que así lo acrediten, apercibidas que de no dar cumplimiento con la ejecutoria en el plazo señalado sin causa justificada, como ya se precisó, se les impondrá una multa de cien días de valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente a la fecha que en su caso se ordene hacer efectiva tal medida, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que podría culminar con la separación del puesto y la consignación, en términos de lo dispuesto por el artículo 192, con relación al 258 de la Ley de Amparo. Devuélvanse al Juzgado Vigésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, un cuaderno de constancias, requiriéndole para que acuse el recibo respectivo; apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta días de valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente a la fecha que en su caso se ordene hacer efectiva tal medida, con fundamento en el artículo 237, fracción I, con relación al 262 de la Ley de Amparo. Finalmente, visto el escrito de ************, en su carácter de representante legal de la tercera interesada ********, atento a su solicitud de que cause ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto, dígasele que deberá estarse a lo acordado en párrafos que preceden. NOTIFÍQUESE por oficio a las autoridades responsables, vía electrónica a la parte quejosa y por lista a las demás partes.
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