Héctor Rosario Gastélum Aispuro
Expediente 467/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 467/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Héctor Rosario Gastélum Aispuro
- Junta Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en Culiacán, Sinaloa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron al auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído HA CAUSADO ESTADO.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, diecisiete de junio de dos mil diecinueve. Agréguese el informe justificado rendido por los integrantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, en el que señalan que es cierto el acto reclamado. Al respecto, de actuaciones se advierte que la parte quejosa reclama, entre otras cosas, la omisión de admitir y señalar fecha para el desahogo de las pruebas ofrecidas en el juicio laboral 5-935/2018. En ese sentido, de las constancias que remite la autoridad responsable se advierte que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo por cesación de los efectos del acto reclamado, la cual se configura cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica y patrimonial. Esto, pues como se dijo, la quejosa acudió a esta instancia constitucional a fin de reclamar la omisión de la responsable de admitir y señalar fecha para el desahogo de las pruebas ofrecidas en el aludido juicio obrero. Sin embargo, en la especie han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud que como se advierte de las documentales remitidas por la autoridad responsable, el trece de junio actual emitió un proveído en el que realizó pronunciamiento en torno a las pruebas ofrecidas por las partes, y se señalaron diversas horas y fechas para su desahogo, lo que se ordenó notificar personalmente. En mérito de lo anterior, en la especie han cesado los efectos del acto reclamado, por lo que la omisión impugnada ha dejado de existir. Consecuentemente, el juicio de garantías es improcedente en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que obliga a decretar el sobreseimiento con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento en consulta. Por otra parte, la parte quejosa también reclama a la Junta responsable las dilaciones subsecuentes que se generen durante el trámite del aludido juicio laboral, con motivo de la falta de respeto de los plazos y términos establecidos en la ley obrera; asimismo, reclama al Presidente la de citada Junta, no cuidar que su procedimiento laboral se lleve a cabo en los términos de ley. Respecto a tales dilaciones se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXllI, en relación con el numeral 77, fracción ll, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, en consideración a lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. CV/2013, en la que abandonó su propio criterio emitido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, y determinó que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional cuando se declara la omisión y dilación en el trámite de un juicio laboral deben delimitarse en función del acto reclamado y de acuerdo a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto dentro del procedimiento laboral. La citada tesis está publicada en la página 732, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Por tanto, los efectos restitutorios de una eventual sentencia concesoria del amparo, en términos del artículo 77, fracción ll, de la ley de la materia, serían obligar a las responsables a que realicen las actuaciones correspondientes posteriores a fin de concluir el procedimiento en el juicio natural. Empero, toda vez que, conforme lo establece la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CV/2013, los alcances por los que se llegara a otorgar la protección constitucional deben delimitarse en función de determinado acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, no a las etapas subsecuentes del mismo; por lo cual no sería posible obligar a la Junta responsable, de forma genérica, que lleve a cabo actuaciones correspondientes posteriores a fin de concluir el procedimiento en el juicio natural. En ese contexto, las consideraciones antes apuntadas evidencian la actualización de imposibilidad material y jurídica de cristalizar los efectos restitutorios del juicio de amparo, toda vez que, acorde al criterio contenido en la tesis en cita, no sería posible obligar a la Junta responsable, de forma genérica, que lleve a cabo actuaciones correspondientes posteriores a fin de concluir el procedimiento en el juicio natural. En consecuencia, procede sobreseer en el juicio respecto a los referidos actos reclamados atribuidos a la Junta responsable y su Presidente, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con los numerales 61, fracción XXIlI y 77, fracción ll, todos de la Ley de Amparo. En otro orden, que la parte quejosa también reclama a las responsables la omisión de notificar a las partes de las fechas de desahogo de las probanzas ofrecidas en el mencionado juicio laboral; sin embargo, como a la fecha de la presentación de la demanda de garantías -veintiuno de mayo de dos mil diecinueve-, aún no se había dictado auto en el que se admitieran las pruebas y se señalara fecha para su desahogo, luego no se les puede reclamar la omisión antes destacada. Por lo anterior, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de garantías, respecto de tal acto y autoridades, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. No es obstáculo para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, pues son de tal manera clara y evidentes las causales de improcedencia que conducen al resultado apuntado, que aun esperando a celebrar la audiencia, la conclusión sería la misma y nada puede impedir el mencionado resultado, de manera que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 Constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a.J, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 386 y 387, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Cabe destacar que la jurisprudencia 1ª/J 49/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 49, diciembre de 2017, tomo I, página 386, establece: SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación sistemática del contenido de los artículos comprendidos del 117 al 124 de la Ley de Amparo, se obtienen las reglas del procedimiento que deben respetarse durante el trámite del juicio de amparo indirecto, de donde se obtiene que rendidos los informes justificados por las autoridades responsables, con ellos debe darse vista a las partes, debiendo mediar un plazo de ocho días entre la fecha en que se ponen en su conocimiento y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lapso en que deberán aportar las pruebas que consideren necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia para acreditar sus pretensiones; tal prerrogativa resulta de mayor relevancia para la parte quejosa, porque cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, le genera una carga procesal probatoria, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo; para ello se requiere que el juicio se agote en todas sus etapas y que por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ése es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales; de manera que, por regla general, sobreseer en el juicio antes de que esa actuación ocurra, implica contrariar las reglas del procedimiento, pero sobre todo dejar en completo estado de indefensión a la parte quejosa, lo que indefectiblemente llevará a reponer el procedimiento respectivo, porque no constituye generalmente una justificación válida, el argumento de que se actúa así en aras de una impartición de justicia pronta y expedita conforme a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, puesto que está por encima el derecho de defensa del actor constitucional que le otorga la posibilidad de contar con un recurso efectivo, como lo previene el propio numeral constitucional invocado y el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No pasa inadvertido el criterio de jurisprudencia invocado, pero no resulta aplicable al caso concreto porque si bien estableció que por regla general la negativa del acto reclamado no constituye causa notoria, manifiesta e indudable para decretar sobreseimiento fuera de audiencia, se refiere a los actos en que la negativa le arroja la carga procesal a la parte quejosa para comprobar la existencia del acto reclamado. Sin embargo, en el presente asunto el sobreseimiento no deriva de acto negativo simple que arroje la carga de la prueba a la peticionaria de amparo para comprobar la existencia del acto reclamado, sino se actualiza a partir de acto positivo (acuerdo de admisión y desahogo de pruebas de trece de junio de dos mil diecinueve), que pone de manifiesto que la autoridad responsable, con fecha posterior a la de la admisión de la demanda de garantías, se pronunció en torno a la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral de origen. En consecuencia, no es aplicable la jurisprudencia ya que la causa de sobreseimiento deriva de la emisión del referido acuerdo de trece de junio de dos mil diecinueve que demuestra que posterior a la fecha de la admisión de la demanda de garantías, la responsable se pronunció en torno a la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, lo que hace innecesario esperar la celebración de la audiencia constitucional si esa actuación no cambiará, de ahí el sobreseimiento fuera de audiencia decretado. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas del veinte de junio de dos mil diecinueve. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.Así lo acordó el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido del licenciado José Manuel Iñiguez Ramos, Secretario que autoriza y da fe.Culiacán, Sinaloa, diecisiete de junio de dos mil diecinueve. Agréguese el informe justificado rendido por los integrantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, en el que señalan que es cierto el acto reclamado. Al respecto, de actuaciones se advierte que la parte quejosa reclama, entre otras cosas, la omisión de admitir y señalar fecha para el desahogo de las pruebas ofrecidas en el juicio laboral 5-935/2018. En ese sentido, de las constancias que remite la autoridad responsable se advierte que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo por cesación de los efectos del acto reclamado, la cual se configura cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica y patrimonial. Esto, pues como se dijo, la quejosa acudió a esta instancia constitucional a fin de reclamar la omisión de la responsable de admitir y señalar fecha para el desahogo de las pruebas ofrecidas en el aludido juicio obrero. Sin embargo, en la especie han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud que como se advierte de las documentales remitidas por la autoridad responsable, el trece de junio actual emitió un proveído en el que realizó pronunciamiento en torno a las pruebas ofrecidas por las partes, y se señalaron diversas horas y fechas para su desahogo, lo que se ordenó notificar personalmente. En mérito de lo anterior, en la especie han cesado los efectos del acto reclamado, por lo que la omisión impugnada ha dejado de existir. Consecuentemente, el juicio de garantías es improcedente en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que obliga a decretar el sobreseimiento con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento en consulta. Por otra parte, la parte quejosa también reclama a la Junta responsable las dilaciones subsecuentes que se generen durante el trámite del aludido juicio laboral, con motivo de la falta de respeto de los plazos y términos establecidos en la ley obrera; asimismo, reclama al Presidente la de citada Junta, no cuidar que su procedimiento laboral se lleve a cabo en los términos de ley. Respecto a tales dilaciones se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXllI, en relación con el numeral 77, fracción ll, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, en consideración a lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. CV/2013, en la que abandonó su propio criterio emitido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, y determinó que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional cuando se declara la omisión y dilación en el trámite de un juicio laboral deben delimitarse en función del acto reclamado y de acuerdo a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto dentro del procedimiento laboral. La citada tesis está publicada en la página 732, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Por tanto, los efectos restitutorios de una eventual sentencia concesoria del amparo, en términos del artículo 77, fracción ll, de la ley de la materia, serían obligar a las responsables a que realicen las actuaciones correspondientes posteriores a fin de concluir el procedimiento en el juicio natural. Empero, toda vez que, conforme lo establece la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CV/2013, los alcances por los que se llegara a otorgar la protección constitucional deben delimitarse en función de determinado acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, no a las etapas subsecuentes del mismo; por lo cual no sería posible obligar a la Junta responsable, de forma genérica, que lleve a cabo actuaciones correspondientes posteriores a fin de concluir el procedimiento en el juicio natural. En ese contexto, las consideraciones antes apuntadas evidencian la actualización de imposibilidad material y jurídica de cristalizar los efectos restitutorios del juicio de amparo, toda vez que, acorde al criterio contenido en la tesis en cita, no sería posible obligar a la Junta responsable, de forma genérica, que lleve a cabo actuaciones correspondientes posteriores a fin de concluir el procedimiento en el juicio natural. En consecuencia, procede sobreseer en el juicio respecto a los referidos actos reclamados atribuidos a la Junta responsable y su Presidente, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con los numerales 61, fracción XXIlI y 77, fracción ll, todos de la Ley de Amparo. En otro orden, que la parte quejosa también reclama a las responsables la omisión de notificar a las partes de las fechas de desahogo de las probanzas ofrecidas en el mencionado juicio laboral; sin embargo, como a la fecha de la presentación de la demanda de garantías -veintiuno de mayo de dos mil diecinueve-, aún no se había dictado auto en el que se admitieran las pruebas y se señalara fecha para su desahogo, luego no se les puede reclamar la omisión antes destacada. Por lo anterior, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de garantías, respecto de tal acto y autoridades, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. No es obstáculo para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, pues son de tal manera clara y evidentes las causales de improcedencia que conducen al resultado apuntado, que aun esperando a celebrar la audiencia, la conclusión sería la misma y nada puede impedir el mencionado resultado, de manera que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 Constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a.J, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 386 y 387, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Cabe destacar que la jurisprudencia 1ª/J 49/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 49, diciembre de 2017, tomo I, página 386, establece: SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación sistemática del contenido de los artículos comprendidos del 117 al 124 de la Ley de Amparo, se obtienen las reglas del procedimiento que deben respetarse durante el trámite del juicio de amparo indirecto, de donde se obtiene que rendidos los informes justificados por las autoridades responsables, con ellos debe darse vista a las partes, debiendo mediar un plazo de ocho días entre la fecha en que se ponen en su conocimiento y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lapso en que deberán aportar las pruebas que consideren necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia para acreditar sus pretensiones; tal prerrogativa resulta de mayor relevancia para la parte quejosa, porque cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, le genera una carga procesal probatoria, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo; para ello se requiere que el juicio se agote en todas sus etapas y que por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ése es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales; de manera que, por regla general, sobreseer en el juicio antes de que esa actuación ocurra, implica contrariar las reglas del procedimiento, pero sobre todo dejar en completo estado de indefensión a la parte quejosa, lo que indefectiblemente llevará a reponer el procedimiento respectivo, porque no constituye generalmente una justificación válida, el argumento de que se actúa así en aras de una impartición de justicia pronta y expedita conforme a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, puesto que está por encima el derecho de defensa del actor constitucional que le otorga la posibilidad de contar con un recurso efectivo, como lo previene el propio numeral constitucional invocado y el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No pasa inadvertido el criterio de jurisprudencia invocado, pero no resulta aplicable al caso concreto porque si bien estableció que por regla general la negativa del acto reclamado no constituye causa notoria, manifiesta e indudable para decretar sobreseimiento fuera de audiencia, se refiere a los actos en que la negativa le arroja la carga procesal a la parte quejosa para comprobar la existencia del acto reclamado. Sin embargo, en el presente asunto el sobreseimiento no deriva de acto negativo simple que arroje la carga de la prueba a la peticionaria de amparo para comprobar la existencia del acto reclamado, sino se actualiza a partir de acto positivo (acuerdo de admisión y desahogo de pruebas de trece de junio de dos mil diecinueve), que pone de manifiesto que la autoridad responsable, con fecha posterior a la de la admisión de la demanda de garantías, se pronunció en torno a la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral de origen. En consecuencia, no es aplicable la jurisprudencia ya que la causa de sobreseimiento deriva de la emisión del referido acuerdo de trece de junio de dos mil diecinueve que demuestra que posterior a la fecha de la admisión de la demanda de garantías, la responsable se pronunció en torno a la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, lo que hace innecesario esperar la celebración de la audiencia constitucional si esa actuación no cambiará, de ahí el sobreseimiento fuera de audiencia decretado. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas del veinte de junio de dos mil diecinueve. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.Así lo acordó el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido del licenciado José Manuel Iñiguez Ramos, Secretario que autoriza y da fe.PRINCIPAL 467/2019 En diecisiete de junio de dos mil diecinueve, se da cuenta al Juez, con la comunicación remitida por los Integrantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad y anexo que acompaña. Conste.Culiacán, Sinaloa, diecisiete de junio de dos mil diecinueve. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados a la parte quejosa. Agréguese el informe justificado rendido por los integrantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, en el que señalan que es cierto el acto reclamado. Al respecto, de actuaciones se advierte que la parte quejosa reclama, entre otras cosas, la omisión de admitir y señalar fecha para el desahogo de las pruebas ofrecidas en el juicio laboral 5-935/2018. En ese sentido, de las constancias que remite la autoridad responsable se advierte que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo por cesación de los efectos del acto reclamado, la cual se configura cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica y patrimonial. Esto, pues como se dijo, la quejosa acudió a esta instancia constitucional a fin de reclamar la omisión de la responsable de admitir y señalar fecha para el desahogo de las pruebas ofrecidas en el aludido juicio obrero. Sin embargo, en la especie han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud que como se advierte de las documentales remitidas por la autoridad responsable, el trece de junio actual emitió un proveído en el que realizó pronunciamiento en torno a las pruebas ofrecidas por las partes, y se señalaron diversas horas y fechas para su desahogo, lo que se ordenó notificar personalmente. En mérito de lo anterior, en la especie han cesado los efectos del acto reclamado, por lo que la omisión impugnada ha dejado de existir. Consecuentemente, el juicio de garantías es improcedente en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que obliga a decretar el sobreseimiento con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento en consulta. Por otra parte, la parte quejosa también reclama a la Junta responsable las dilaciones subsecuentes que se generen durante el trámite del aludido juicio laboral, con motivo de la falta de respeto de los plazos y términos establecidos en la ley obrera; asimismo, reclama al Presidente la de citada Junta, no cuidar que su procedimiento laboral se lleve a cabo en los términos de ley. Respecto a tales dilaciones se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXllI, en relación con el numeral 77, fracción ll, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, en consideración a lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. CV/2013, en la que abandonó su propio criterio emitido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, y determinó que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional cuando se declara la omisión y dilación en el trámite de un juicio laboral deben delimitarse en función del acto reclamado y de acuerdo a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto dentro del procedimiento laboral. En consecuencia, no es aplicable la jurisprudencia ya que la causa de sobreseimiento deriva de la emisión del referido acuerdo de trece de junio de dos mil diecinueve que demuestra que posterior a la fecha de la admisión de la demanda de garantías, la responsable se pronunció en torno a la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, lo que hace innecesario esperar la celebración de la audiencia constitucional si esa actuación no cambiará, de ahí el sobreseimiento fuera de audiencia decretado. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas del veinte de junio de dos mil diecinueve.
- Principal
I. Quejoso. Héctor Rosario Gastélum Aispuro. II. Admisión y formación del expediente. Al satisfacer los requisitos previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 112 y 115 de esa legislación se admite la demanda de amparo; por tanto, fórmese expediente, anótese en el libro de gobierno y dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención correspondiente; sin aperturar incidente de suspensión por no haberlo solicitado. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo se ordena la apertura del expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado dará fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sea incorporada cada promoción, documento, auto, resolución y, en general, cualquier información relacionada con el expediente, a fin que coincidan; en caso de presentación de promociones vía electrónica, proceda su impresión para incorporarlas al expediente impreso. III. Habilitación de días y horas. Con apoyo en el tercer párrafo del numeral 21 de la citada legislación, se habilita cualquier día y hora a efecto de realizar las notificaciones del presente juicio de amparo. IV. Audiencia constitucional. Se fijan las once horas del veinte de junio del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · 7,528 expedientes
- Héctor Melesio Cuén Ojeda1241/2023
- Héctor Miguel Esquer Guzmán523/2022
- Héctor Miguel Rodríguez López702/2023
- Héctor Moisés Ferrer Lachica801/2023
- Héctor Ramón Rocha López170/2019
- Héctor Ricardo Ibarra de Rueda198/2018
- Héctor Samuel Torres Ullóa391/2019
- Héctor Samuel Torres Ullóa405/2019
- Héctor Yejudy Ochoa García975/2022
- Heidi de Jesús Trujillo Castro858/2020
- Heidi Janeth Hernández Zamudio298/2021
- Heladio Valencia Gámez213/2017