Hector Romario Mendoza Carreon

Expediente 1322/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1322/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
21/01/2019

Partes del expediente

  • Hector Romario Mendoza Carreon

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial con que se da cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que el quejoso ******, hubiera recurrido en queja el auto de nueve de enero del año en curso, a través del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo con que se formó el presente asunto; por tanto, con fundamento el artículo 2° de la invocada ley, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un juicio de amparo en el que se tuvo por no presentada la demanda de garantías que dio origen al mismo; además, a juicio de la suscrita, no tiene relevancia documental para su conservación. Por último, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido al promovente Héctor Romario Mendoza Carreón, por acuerdo de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, para que diera cumplimiento a la prevención contenida en dicho proveído, sin que al efecto lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado acuerdo, y se tiene por no presentada la demanda de garantías que dio origen a la formación del presente expediente.

  3. Principal

    MESA VII NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

  4. Principal

    MESA VII SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCION PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SINTESIS DEL AUTO DE VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO: Vista la demanda de amparo formulada por Héctor Romario Mendoza Carreón, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número 1322/2018-VII-A. TRAMITACIÓN ORDINARIA Ahora bien, de un análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que el quejoso reclama, entre otras cosas, la prolongación injustificada de la medida de prisión preventiva dictada en su contra, por el Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero, en la causa penal 121/2016, de su índice, pues, refiere que a la fecha en que se actúa han transcurrido más de dos años desde que fue privado de su libertad, sin que al día hoy se hubiera dictado la sentencia correspondiente en la indicada causa penal. Por lo que, alega, se transgrede en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 20 y 22, Constitucional, que establece que la prisión preventiva no podrá exceder de dos años, excepto que esa prolongación se deba al ejercicio del derecho defensa del imputado, lo que, arguye, en la especie no acontece, de ahí que al hora quejoso considera que debe ser puesto en inmediata libertad, mientras se sigue el proceso que se instruye en su contra; pues, la prolongación injustificada de la indicada medida de prisión preventiva, constituye un ataque a su libertad personal, por lo que solicita que el presente asunto sea atendido con premura debida; de lo que se colige que es intención del impetrante que el presente asunto sea considerando como de tramitación urgente. A modo de dar respuesta a lo así solicitado, resulta conveniente tener presente que conforme al artículo 15, de la Ley de Amparo, cualquier persona puede promover por sí o a nombre del agraviado, cuando se reclamen actos de autoridad que impliquen que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En ese tenor, la fracción IX, del artículo 48 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, dispone que se consideraran como asuntos urgentes para su turno, las demandas de amparo contra actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación o expulsión, destierro, extradición, desaparición forzada de personas, orden de traslado, malos tratos, tortura psicológica, segregación y demás prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; así como, las presentadas por falta de atención médica especializada de las personas privadas de su libertad en un centro de reclusión Así, es de concluirse que en la especie el acto reclamado -prolongación injustificada de la medida de prisión preventiva- por el quejoso no se encuentra ubicado en ninguno de los supuestos previstos en los invocados numerales, ya que, si bien el promovente considera que el mismo constituye un ataque a su libertad personal, lo cierto es que el acto reclamado no fue emitido fuera de procedimiento, pues dicha medida de prisión preventiva fue decretada dentro de la causa penal 121/2016, del índice del Juzgado responsable, que se instruye en su contra. De ahí que, resulte evidente que en el caso no se está en presencia de una demanda de amparo que deba dársele el tratamiento de urgente, por lo que su tramitación debe realizarse de manera ordinaria. En ese sentido, el escrito de demanda que se atiende debe sujetarse a los requisitos previstos en el artículo 108, de la Ley de Amparo, y no en el diverso numeral 109, que la propia ley de la materia establece para aquellas demandas que se formulen en términos del invocado artículo 15, es decir, para las que tenga el carácter de urgente. PREVENCIÓN Sobre esa base, antes de proveer tocante a la eventual admisión de la aludida demanda, con apoyo en lo que establece el artículo 114, fracciones I, II y IV, esta última en relación con el diverso 108, fracciones IV y V, todos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, por escrito y bajo protesta de decir verdad, cumpla con la siguiente prevención: PRIMERO. Deberá narrar, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, los hechos o abstenciones que le constan y que constituyan los antecedentes de los actos reclamados o fundamentos de los conceptos de violación. Lo anterior, debido a que del contexto integral de la demanda se aprecia que el promovente omitió señalar de manera clara y ordenada en un apartado o capítulo específico de su libelo los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a sus conceptos de violación, es decir, que omitió cumplir con el requisito que establece la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, que precisamente consiste en narrar expresamente "bajo protesta de decir verdad" tales datos; el cual, además, se trata de un requisito formal que toda demanda de amparo debe contener y no puede ser sustituido por alguna otra expresión. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 127/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADO DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA." SEGUNDO. Deberá señalar la fecha del auto de formal prisión dictado en su contra por el Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero, en la causa penal 121/2016, de su índice, así como la fecha exacta (día, mes y año) en que tuvo conocimiento del mismo. Ello, debido a que de un análisis integral de la demanda de aparo se advierte que el quejoso se duele de dicho auto de término constitucional, sin embargo, omitió proporcionar esos datos que se le requieren. APERCIBIMIENTO Apercíbase al promovente que de no cumplir con el requerimiento contenido en el punto primero del presente proveído, en el plazo que le fue concedido para ello, se tendrá por no presentada su demanda de amparo; lo anterior, en términos de lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia. Ahora, en el caso de que solamente cumpla con lo previsto en dicho punto primero y no así con lo requerido en el punto segundo, su demanda de amparo se tramitará únicamente respecto de los diversos actos que también reclama. Asimismo, se hace saber al impetrante que el cumplimiento al requerimiento efectuado únicamente podrá realizarlo quien promueve este asunto, por constituir un acto de carácter personalísimo, conforme a lo dispuesto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 88/2006, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." De igual forma, hágase del conocimiento de la parte promovente el delito en que pudieran incurrir quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial en un juicio de amparo, previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta de a trescientos días: I.- Al quejoso, a su abogado autorizado o ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente o a sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Por otra parte, toda vez que de su escrito de demanda el disconforme solicitó que se le tuviera como autorizados para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 27, de la Ley de Amparo, a las personas que ahí señala, sin embargo, debido a que en dicho numeral se establecen las reglas a seguir para practicar las notificaciones que deban hacerse por oficio, y no así la facultad que tienen las partes para designar a alguna persona como su autorizada dentro del juicio de amparo, pues ello se encuentra regulado en el artículo 12, de la propia ley de la materia. Por tanto, a fin de atender su solicitud y con apoyo en el numeral 76, la invocada legislación, se suple el error para establecer que la designación la realiza en términos del citado artículo 12, de la Ley de Amparo, por lo que se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Alberto Rodríguez Segura; por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de profesionales del Derecho ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se tienen como sus autorizados en los términos de la parte final del último párrafo del referido artículo 12, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a Víctor Manuel Gámez Regalado y Luis Gerardo Ortega López, el primero de ellos, por no contar con cédula profesional registrada en el referido sistema y, el segundo, por así haberlo solicitado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías.

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