Héctor Román García Hoil

Expediente 773/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
773/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
25/09/2019

Partes del expediente

  • Héctor Román García Hoil

Actuaciones

  1. Principal

    V. Toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Se determina que en virtud de que se desechó la demanda de amparo; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida por lo que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años. Realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio.

  2. Principal

    V. Notificación personal.

  3. Principal

    V. Con esta fecha se notifica a la parte promovente, el auto de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, que en lo conducente dice: Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene al quejoso solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Juez Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, consistente en la orden de remate en pública subasta y segunda almoneda del bien inmueble ubicado en la calle José María Morelos, número ciento setenta y seis con sede en esta ciudad, dictada en el juicio mercantil; en tal virtud, se manda formar expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, se observa que el quejoso reclama la orden de remate en pública subasta y segunda almoneda del bien inmueble ubicado en la calle José María Morelos, número ciento setenta y seis con sede en esta ciudad, dictada en el juicio mercantil. En ese sentido, de los antecedentes narrados por el inconforme se deduce que en el juicio del que derivan los actos reclamados, es parte formal y material, tan es así que tiene el carácter de parte demandada, además, tampoco existe incertidumbre en cuanto a que ese procedimiento se encuentra en el período de ejecución de sentencia, concretamente en la fase de remate. Por ende, el acto reclamado en el presente asunto -la orden de remate en segunda almoneda- no constituye el último acto en el período de remate ya que en éstos no se ordenó en definitiva la escrituración o la entrega del bien inmueble sujeto a subasta, pues el acto reclamado consiste en la determinación del juez responsable, la cual ordenó la segunda almoneda del predio que refiere como su casa. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos y criterios antes planteados, resulta improcedente el juicio de amparo promovido, toda vez que el promovente -al ser parte formal en la controversia natural- debe sujetarse a las reglas que regulan el procedimiento y por ello las violaciones que aquí reclama deberá hacerlas valer hasta que se emita el último acto en la fase de remate. Así las cosas, ante la manifiesta e indudable presencia de la causal de improcedencia prevista, lo procedente es DESECHAR la demanda de amparo promovida por el quejoso. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, incluyendo los de carácter estrictamente personal, el que indica en su escrito de demanda y como autorizada en términos amplios a quienes indica. Se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de sus datos personales.

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