Héctor Rodrígo Fernández Torre
Expediente 724/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 724/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/11/2020
Partes del expediente
- Héctor Rodrígo Fernández Torre
Actuaciones
- Principal
ADM. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio suscrito por el Actuario del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, a través del cual acepta la competencia declinada por este órgano jurisdiccional mediante proveído de treinta de octubre pasado. En virtud de lo anterior y en atención a la certificación de cuenta, se estima que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitir este asunto al archivo de este Juzgado de Distrito. Finalmente, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 29 de la Ley de Amparo; se comisiona a los Actuarios Judiciales adscritos para que remitan por correo electrónico a la administración del edificio anexo del Poder Judicial de la Federación en Toluca, Estado de México, la lista derivada de la notificación del presente auto, así como las subsecuentes determinaciones que se dicten durante el periodo de esta contingencia, para que aquélla coloque en un espacio de fácil acceso la misma, a fin de que pueda ser consultada por quienes acudan sin contar con una cita.
- Principal
ADM: Téngase por recibido el oficio signado por el Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 422/2020, orden 422/2020, del índice estadístico de este Juzgado de Distrito, a través del cual se solicitó notificar a la parte quejosa el proveído de nueve de octubre de dos mil veinte. Sin que en el caso haya lugar a acusar recibo en la vía tradicional, pues, al remitir la comunicación oficial de cuenta a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), la constancia que se obtiene de dicha plataforma virtual corresponde al acuse físico. En consecuencia, como lo establece el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, téngase por notificada a la parte quejosa del auto de referencia, sin que haya lugar a realizar mayor manifestación al respecto, en virtud de que mediante proveído de treinta de octubre de dos mil veinte, se decretó la incompetencia legal de este Juzgado de Distrito para conocer de este asunto. Finalmente, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 29 de la Ley de Amparo; se comisiona a los Actuarios Judiciales adscritos para que remitan por correo electrónico a la administración del edificio anexo del Poder Judicial de la Federación en Toluca, Estado de México, la lista derivada de la notificación del presente auto, así como las subsecuentes determinaciones que se dicten durante el periodo de esta contingencia, para que aquélla coloque en un espacio de fácil acceso la misma, a fin de que pueda ser consultada por quienes acudan sin contar con una cita.
- Principal
Por recibido el escrito signado por el quejoso Héctor Rodrigo Fernández Torres, por propio derecho, mediante el cual desahoga el requerimiento efectuado en auto de nueve de octubre del año en curso. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2º, agréguese el escrito de cuenta para los efectos legales procedentes y al respecto se provee: Inicialmente, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en el derecho fundamental de legalidad, tutelado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Ahora bien, este Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Luego, del precepto antes transcrito, se desprende que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. Así, cuando la ejecución de un acto se lleve a cabo en lugares respecto de los cuales, ejerzan jurisdicción jueces distintos, la competencia se fincará en favor del que previno; y en el caso de que no requiera ejecución, es competente aquél en cuya jurisdicción se presentó la demanda. En ese contexto, del análisis del artículo 37 de la Ley de Amparo, se desprenden tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, mismas que a continuación se detallan. a) La primera, contenida en el primer párrafo, destaca que con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda consiste en que la competencia del Juez de Distrito, se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo; y, c) La tercera deriva del último párrafo del precepto legal en estudio, que establece que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por tanto, en la especie se actualiza la primera de las hipótesis descritas, pues los actos reclamados en esta instancia consisten en: 1. La baja del régimen obligatorio durante el periodo comprendido entre el uno de octubre de dos mil diecisiete, al treinta y uno de mayo de dos mil veinte, lo que implica la disminución de las semanas cotizadas del quejoso en el Instituto Mexicano del Seguro Social, por el periodo comprendido entre el uno de octubre de dos mil diecisiete, al treinta y uno de mayo de dos mil veinte, imposibilitando la obtención de una pensión. 2. El posible rechazo y/o negativa de ser beneficiario de atención médica y suministro de medicamentos en la clínica o unidad familiar que le corresponde (ubicada en Huixquilucan, Estado de México) por virtud de la baja del régimen obligatorio durante el periodo comprendido entre el uno de octubre de dos mil diecisiete, al treinta y uno de mayo de dos mil veinte. En ese sentido, atendiendo a la naturaleza de dichos actos; se puede concluir que sus efectos se trasladan directamente al lugar en el que se ejecutó la baja correspondiente, siendo este, según lo narra bajo protesta de decir verdad el peticionario, aquél en que se encuentran las oficinas del Departamento de Afiliación y Vigencia de la Delegación Norte, Ciudad de México (antes Distrito Federal) Subdelegación Dos Santa María de la Rivera del Instituto Mexicano del Seguro Social. En efecto, éste órgano de control constitucional estima que el primer acto reclamado de referencia, del que se hace derivar la posible existencia del segundo; tuvo ejecución en la jurisdicción en donde se ubican las oficinas de la autoridad responsable de mérito, esto es, en la Ciudad de México, pues es en dicho lugar donde se originó la baja correspondiente del peticionario. En otras apalabras, se afirma que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal por razón de territorio para conocer del presente asunto, toda vez que la baja multicitada se materializó precisamente en el Departamento de Afiliación y Vigencia de la Delegación Norte, Ciudad de México (antes Distrito Federal) Subdelegación Dos Santa María de la Rivera del Instituto Mexicano del Seguro Social. En ese tenor, este Juzgado de Distrito no resulta competente legalmente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, pues como ya se expuso, las consecuencias del acto que en esta vía reclama se trasladan directamente a la jurisdicción en la que reside la autoridad responsable de referencia, eso es, en la Ciudad de México, lugar en el que este órgano jurisdiccional no ejerce jurisdicción. De ahí que se arribe a la conclusión de que éste órgano jurisdiccional carezca de competencia legal por razón de territorio para conocer del presente juicio de amparo, pues en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de ninguna forma los actos que se reclaman pudieron tener incidencia dentro del territorio en que ejerce jurisdicción este órgano de control de constitucionalidad, máxime que los mismos precisan de ejecución, atendiendo a su naturaleza. En ese contexto, de conformidad con la primera regla de competencia establecida en el artículo 37, de la ley de la materia, además, con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debe concluirse que en el caso concreto resulta competente para conocer del presente juicio de amparo el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde tuvo ejecución el acto reclamado precisado en primer lugar, es decir, en la Ciudad de México. No se soslaya que el quejoso también señaló como acto reclamado el posible rechazo y/o negativa de ser beneficiario de atención médica y suministro de medicamentos en la clínica o unidad familiar que le corresponde (ubicada en Huixquilucan, Estado de México) por virtud de la baja del régimen obligatorio durante el periodo comprendido entre el uno de octubre de dos mil diecisiete, al treinta y uno de mayo de dos mil veinte; sin embargo, dicho acto tampoco otorga competencia a este órgano jurisdiccional pues el propio quejoso bajo protesta de decir verdad manifiesta que la clínica que le corresponde es la ubicada en el Municipio de Huixquilucan, México, lugar en el que tampoco ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. En las relatadas condiciones, este Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, se inhibe para conocer del presente asunto y en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo; se ordena remitir la demanda y sus anexos al Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en Turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común correspondiente, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, dado que es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde se produjo la multicitada baja, de conformidad con el invocado Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y en donde se producen sus consecuencias jurídicas. En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda que de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada; asimismo, acuse el recibo de estilo correspondiente. Luego, si bien es cierto que la notificación del presente auto debe practicarse en forma personal en términos de lo previsto en el artículo 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo, no menos cierto resulta que mediante proveído de nueve de octubre de dos mil veinte, se le tuvo como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, la lista de acuerdos que se publica en este Juzgado de Distrito; por tanto, practíquese esta notificación, a través de ese medio informativo, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
VI.-agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, un anexo y testimonio de la ejecutoria pronunciada en sesión virtual de veinte de agosto de dos mil veinte, por el Tribunal de su adscripción, en el recurso de inconformidad 3/2019, en la que se resolvió: "ÚNICO. Es fundado el recurso." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y acúsese el recibo respectivo a la superioridad. Luego, en cumplimiento a la ejecutoria del Tribunal de Alzada, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por el plazo de tres días, con el contenido de las constancias remitidas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, en particular, con las documentales que se contienen en el oficio 222B0210010001S/047/2019, apercibidas que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito resolverá si la sentencia dictada en autos ha sido o no cumplida, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional en que se actúa.
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