Héctor Rodolfo de Hoyos García

Expediente 386/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
386/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
10/05/2023

Partes del expediente

  • Héctor Rodolfo de Hoyos García

Actuaciones

  1. Principal

    Cuenta. En la misma fecha, el Secretario da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos. Conste.Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, a diez de mayo de dos mil veintitrés.1. Declara firme. Visto el cómputo que antecede, realizado por la Secretaría de trámite, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el auto veinticuatro de abril del presente año, en el que se desechó la demanda de amparo intentada; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 3. Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 4. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 5. Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 35 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá anotar en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial.Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    1. Demanda. Téngase por recibido el escrito signado por ********************, mediante el cual promueve demanda de amparo contra actos del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en esta ciudad. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo ********************, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. 3.1 Caso concreto. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que el acto que reclama la parte quejosa ******************** consiste en la omisión de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en esta ciudad, de dar acceso a la carpeta de investigación iniciada en su contra, así como los actos de investigación realizados hacia su persona. En esas condiciones, en el caso opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 , en relación con los numerales 5° fracción I y 6°, ambos de la Ley de Amparo, y el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De la lectura del primer precepto transcrito, se advierte que el juicio de amparo podrá promoverse, únicamente, por la parte a quien afecte el acto que se reclame y prescribe, además, por quién puede promoverse, precisando que sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal, por su defensor o cualquier persona en los casos en que la ley lo permita. En relación con el agravio y perjuicio, nuestro más alto Tribunal del País ha establecido que el agravio debe ser actual para justificar la acción de amparo y por perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado. De ahí que, no basta la presentación de la demanda de amparo para estimar por ese solo hecho, que se tenga por acreditado el interés jurídico del quejoso, pues para ello, es necesario que se demuestre, en este caso, que el acto reclamado lesiona su esfera de derechos. En el caso concreto, el quejoso reclama la omisión del Agente del Ministerio Público en mención, de dar acceso a la carpeta de investigación y los actos de investigación que se instruyen en contra del quejoso directo en los que aparece como imputado; sin embargo, la sustanciación de la indagatoria, es un acto que hasta este momento, no le causa una afectación que pueda ser protegida a través del juicio de amparo y por ende, carece de interés jurídico para instar esta vía. En efecto, para arribar a la conclusión anterior, se toma en cuenta lo que establecen los artículos 20, apartado B y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El primero de ellos hace referencia a los derechos del imputado de los cuales no se advierte precepto constitucional que constriña al representante social a recabar la entrevista del imputado o a notificarle la integración de la carpeta de investigación, ni se advierte disposición en ese sentido contenida en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por el contrario, el artículo 218 de este último ordenamiento, contiene el principio de reserva en los actos de investigación, del que se obtiene que los datos obtenidos en la investigación inicial son estrictamente reservados hasta que el imputado sea detenido o citado a comparecer, lo que guarda congruencia con lo dispuesto en el artículo 20, apartado B. El diverso artículo 21 constitucional, establece las facultades que constitucionalmente se otorgan al Ministerio Público en la fase de investigación; en esencia, este dispositivo constitucional delimita las obligaciones y prerrogativas que durante esta etapa le confiere la Constitución a esta institución pública. Así, el Ministerio Público puede definirse como aquella organización de funcionarios que a nivel federal como local tiene la encomienda de representar los intereses sociales en diversos procesos y cuya actividad fundamental consiste en provocar el ejercicio de la jurisdicción para que se subsanen los daños que como consecuencia de diversas conductas haya resentido la sociedad y esta actuación no solamente se concreta al ámbito penal, sino que su actuación también es válida en juicios civiles y familiares, donde funge como representante de menores y ausentes, asimismo, se constituye como parte principal en juicios donde se defienden los intereses patrimoniales del Estado. En los procesos penales, la investigación de los delitos se da a través de dos etapas sucesivas: i) Mediante una carpeta de investigación, que consta de la indagatoria que realiza el Ministerio Público para reunir los datos necesarios que presuman la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que una persona lo cometió o participó. ii) Al ejercer la acción penal, concepto que ha sido definido como el poder de que está dotado el Ministerio Público para solicitar la actuación del órgano jurisdiccional y la instauración del proceso penal en contra de persona determinada, con el propósito de que se aplique la pena o medida de seguridad correspondiente. El referido artículo 21 constitucional, consagra el principio acusatorio en el que descansa el sistema penal mexicano, que consiste en la obligación que se impone al Ministerio Público de acreditar, dentro de la carpeta de investigación, la existencia de hechos que la ley señalen como delitos y la probabilidad de que una persona los cometió o participó. De ahí que, como ya quedó expuesto, el Ministerio Público, por mandato constitucional, tiene la obligación de aportar los elementos demostrativos que acrediten la existencia de un hecho que la ley señale como delito, en contraposición a ello, el denunciado goza del derecho de defensa que se le otorga para acreditar la inexistencia del delito, de ser el caso, desvirtuar las pruebas aportadas por el representante social, lo cual, no constituye una obligación sino una mera facultad potestativa, ya que en todo momento subsiste la carga del Ministerio Público, en todos los delitos, de probar la actualización de los mismos. En esa línea argumentativa, se estima que el acto reclamado en este amparo, consistente en la integración de una carpeta de investigación en donde el quejoso aparece como denunciado, no afecta su interés jurídico, porque en términos del artículo 21 Constitucional, el Agente del Ministerio Público tiene la facultad de realizar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos delictuosos, y en su caso, integrar una carpeta de investigación, determinando la acción penal correspondiente. Esto es, cuenta con una facultad exclusiva en la persecución de los delitos, pues la función que realiza el Ministerio Público no constituye un derecho privado, sino un derecho social, de ahí que la actuación de esa institución en la carpeta de investigación no le causa daño, perjuicio o afectación, por ser de orden público; además, será la autoridad judicial la que determinará en un momento dado librar o no la correspondiente orden de comparecencia y/o aprehensión y en ese caso, podrá impugnar dicha determinación. Con base en todo lo anterior, es dable concluir que si por mandato constitucional el Ministerio Público goza de las facultades de investigar los delitos y le impone la obligación de acreditarlos, es posible establecer que el acto reclamado que ahora se analiza, no le causa perjuicio al quejoso, que pueda ser combatido a través del juicio de amparo, pues éste se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento dado si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de comparecencia y/o aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confiere al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. De ahí que, se insista en que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5° fracción I y 6 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución Federal; lo anterior, toda vez que el acto reclamado no le causa afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico. Por lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, lo procedente es desechar la demanda de amparo por cuanto hace a dicho acto en el presente juicio, en términos de los establecidos por el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 95/2022 (11a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; así como la tesis con número de registro 2012423 del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza. 4. Domicilio y autorizados para notificaciones. Téngase a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ******************** De igual forma, se tiene como autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo al licenciado ********************, por encontrarse inscrita en el Sistema Computarizado para el Régimen Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales Registro Electrónico. 5. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 6. Reproducción electrónica. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaria de Juzgado encargado del expediente las gestionará sin mayor proveído. 7. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 8. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. 9. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA. Por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que el trámite de este juicio se publique sin supresión de datos.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · 8,673 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano