Hector Reyes Burguete

Expediente 173/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
173/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
30/12/2016

Partes del expediente

  • Hector Reyes Burguete

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por ******, contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Director de Asuntos Jurídicos Estatales de la Secretaria de Educación Estatal, con sede en esta ciudad. 2. Departamento de Educación Física, dependiente de la Secretaria de Educación Estatal, con residencia en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 173/2016-1-B. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia que afecte la demanda de amparo, debe ser evidente por sí mismo, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación haga inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto", significa, claro, evidente; mientras que "indudable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Novena Época, registrada bajo el número 186605, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XVI, Julio de 2002, página: 448. "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Ahora, de un estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado el memorándum SE/CGAJyL/DAE/DTJyA/1831/2016, de fecha ocho de diciembre de dos mil dieciséis, relativo a su suspensión como docente frente a grupo en la escuela primeria "Organización para la Educación de la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas", ubicada en esta ciudad. Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que en su orden y en la parte que interesa establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." El invocado artículo 5 establece el concepto de autoridad para los efectos del amparo, atribuyendo ese carácter al órgano que, con independencia de su naturaleza formal, emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, o bien, omite aquellos que de realizarse implicarían esa creación, modificación o extinción. Aunado a lo cual, estatuye que los particulares tendrán aquella calidad cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos indicados, sustentados en una norma legal. En cuanto al concepto de "autoridad", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido varias características a fin de distinguir cuando una tiene tal carácter para los efectos del juicio de amparo, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, visible a página 1089, Tomo XXXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Así, en relación con los actos que se reclaman a la autoridad responsable, consistentes en el memorándum SE/CGAJyL/DAE/DTJyA/1831/2016, de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, relativo a la suspensión del quejoso como docente frente a grupo en la escuela primeria "Organización para la Educación de la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas", ubicada en esta ciudad, se aprecia que no pueden considerarse propiamente actos de autoridad. En efecto, atento a las notas distintivas que estableció el Máximo Tribunal de la Federación, en el caso que nos ocupa no se configura una actuación susceptible de someterse al análisis constitucional, en tanto que el acto reclamado carece de los requisitos señalados en los incisos a) y c) de la jurisprudencia antes citada, virtud a que el memorándum efectuado por el Director de Asuntos Jurídicos Estatales de la Secretaria de Educación Estatal en el Estado de Chiapas, con sede en esta Ciudad, surge en el contexto de la relación obrero patronal que existe entre el quejoso y dicha Dependencia, por lo que está ausente la vinculación de subordinación característica del acto de autoridad. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el aquí disconforme, bajo protesta de decir verdad, manifiesta ser docente de educación física con adscripción a la escuela primaria "Organización para la Educación de la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas" y que fue suspendido de sus actividades laborales como docente frente a grupo y se le comisionó temporalmente a la inspección escolar. Por lo anterior, se colige que el quejoso es trabajador de la Secretaría de Educación Estatal y que dicha dependencia tiene la calidad de patrón, en virtud que su actuar es en el plano de particular y no como ente del Estado. Así las cosas, no se puede sostener válidamente que el acto reclamado por el disconforme revista las características de acto de autoridad para los efectos del numeral 103 constitucional, en virtud de que el acto que atribuye a los funcionarios señalados como responsables en relación con la parte quejosa tiene origen en el vínculo obrero-patrón y no gobierno-gobernado. Por tanto, las diferencias que surjan entre ellos están sujetas a la jurisdicción de los Tribunales Laborales competentes, acorde con el contenido del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, si el quejoso señala como acto reclamado el memorándum SE/CGAJyL/DAE/DTJyA/1831/2016, de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, relativo a su suspensión como docente frente a grupo en la escuela primeria "Organización para la Educación de la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas", ubicada en esta ciudad, es inconcuso que no puede ser objeto de examen constitucional, pues ello es propio de una controversia ante las autoridades del trabajo. Apoya a lo anterior, la tesis I.6o.T.26 L, de la Novena Época, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el tomo III, Abril de 1996, página 347. "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito." Asimismo, resulta aplicable por similitud la tesis VII.2o.A.T.10 A, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Febrero de 1999, página 487, registro 194572, cuyo rubro y texto dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DIRECTOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ. Los funcionarios de organismos públicos, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una disposición legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que afecten la esfera de los gobernados, es decir, actuar como autoridades. Sin embargo para determinar si a quien se atribuye el acto reclamado es autoridad para efectos del juicio de amparo debe atenderse a la norma legal que lo rige y examinar el caso concreto. Ahora bien, no puede considerarse que el acto reclamado al director de Educación Primaria de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Veracruz, consistente en la orden de cambio de adscripción de un inspector de zona, sea un acto de autoridad, pues atendiendo al contenido del artículo 1o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado y del diverso 16 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Dirección General de Educación del Estado, donde se establece, entre otros aspectos, que esa secretaría es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado y que es obligación de sus trabajadores obedecer las instrucciones y órdenes que reciban de sus superiores y trasladarse al lugar al que sean removidos, es de considerarse que el director señalado como responsable, al emitir el acto reclamado lo hizo con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal.". De igual manera, tiene aplicación la tesis de la Octava Época, e los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación en el tomo VIII, Octubre de 1991, página 164, con registro 221658. "DEMANDA DE AMPARO LABORAL, DESECHAMIENTO DE LA. CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS NO PROVIENEN DE UNA AUTORIDAD PROPIAMENTE DICHA. Las autoridades administrativas, representadas por sus funcionarios, al despedir a sus servidores públicos no actúan como tales, sino como patrones o sujetos de un contrato de trabajo; y por ende, las relaciones entre ellos no son de gobernante a gobernado, sino de carácter obrero- patronal, puesto que en los tratos que sostienen con sus empleados se conducen como personas de derecho privado. Por ello, si el quejoso considera que el despido de que fue objeto es ilegal, debe acudir al tribunal de arbitraje y agotar el procedimiento laboral que establece la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado; pero si antes de hacerlo promueve amparo, éste resulta notoriamente improcedente porque los actos reclamados no provienen de una autoridad propiamente dicha, sino de una que actúa como particular (patrón), debiendo desecharse de plano la demanda de garantías en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo." Lo anterior corrobora la improcedencia del juicio que se intenta, pues el disconforme tiene a su alcance una serie de soluciones para demandar lo que estimen necesario para garantizar el acceso a la justicia y el recurso judicial efectivo, según lo que pretenda obtener; es decir, previo a la promoción del amparo debe acudir ante los tribunales ordinarios y agotar el procedimiento respectivo. En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los artículos 1, fracción I, y 5 fracción II, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en ****. Asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados en términos restringidos a ******, de conformidad con el numeral 24 de la ley de la materia, toda vez que no cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:"Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por ******, contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Director de Asuntos Jurídicos Estatales de la Secretaria de Educación Estatal, con sede en esta ciudad. 2. Departamento de Educación Física, dependiente de la Secretaria de Educación Estatal, con residencia en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 173/2016-1-B. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia que afecte la demanda de amparo, debe ser evidente por sí mismo, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación haga inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto", significa, claro, evidente; mientras que "indudable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Novena Época, registrada bajo el número 186605, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XVI, Julio de 2002, página: 448. "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Ahora, de un estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado el memorándum SE/CGAJyL/DAE/DTJyA/1831/2016, de fecha ocho de diciembre de dos mil dieciséis, relativo a su suspensión como docente frente a grupo en la escuela primeria "Organización para la Educación de la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas", ubicada en esta ciudad. Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que en su orden y en la parte que interesa establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." El invocado artículo 5 establece el concepto de autoridad para los efectos del amparo, atribuyendo ese carácter al órgano que, con independencia de su naturaleza formal, emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, o bien, omite aquellos que de realizarse implicarían esa creación, modificación o extinción. Aunado a lo cual, estatuye que los particulares tendrán aquella calidad cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos indicados, sustentados en una norma legal. En cuanto al concepto de "autoridad", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido varias características a fin de distinguir cuando una tiene tal carácter para los efectos del juicio de amparo, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, visible a página 1089, Tomo XXXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Así, en relación con los actos que se reclaman a la autoridad responsable, consistentes en el memorándum SE/CGAJyL/DAE/DTJyA/1831/2016, de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, relativo a la suspensión del quejoso como docente frente a grupo en la escuela primeria "Organización para la Educación de la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas", ubicada en esta ciudad, se aprecia que no pueden considerarse propiamente actos de autoridad. En efecto, atento a las notas distintivas que estableció el Máximo Tribunal de la Federación, en el caso que nos ocupa no se configura una actuación susceptible de someterse al análisis constitucional, en tanto que el acto reclamado carece de los requisitos señalados en los incisos a) y c) de la jurisprudencia antes citada, virtud a que el memorándum efectuado por el Director de Asuntos Jurídicos Estatales de la Secretaria de Educación Estatal en el Estado de Chiapas, con sede en esta Ciudad, surge en el contexto de la relación obrero patronal que existe entre el quejoso y dicha Dependencia, por lo que está ausente la vinculación de subordinación característica del acto de autoridad. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el aquí disconforme, bajo protesta de decir verdad, manifiesta ser docente de educación física con adscripción a la escuela primaria "Organización para la Educación de la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas" y que fue suspendido de sus actividades laborales como docente frente a grupo y se le comisionó temporalmente a la inspección escolar. Por lo anterior, se colige que el quejoso es trabajador de la Secretaría de Educación Estatal y que dicha dependencia tiene la calidad de patrón, en virtud que su actuar es en el plano de particular y no como ente del Estado. Así las cosas, no se puede sostener válidamente que el acto reclamado por el disconforme revista las características de acto de autoridad para los efectos del numeral 103 constitucional, en virtud de que el acto que atribuye a los funcionarios señalados como responsables en relación con la parte quejosa tiene origen en el vínculo obrero-patrón y no gobierno-gobernado. Por tanto, las diferencias que surjan entre ellos están sujetas a la jurisdicción de los Tribunales Laborales competentes, acorde con el contenido del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, si el quejoso señala como acto reclamado el memorándum SE/CGAJyL/DAE/DTJyA/1831/2016, de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, relativo a su suspensión como docente frente a grupo en la escuela primeria "Organización para la Educación de la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas", ubicada en esta ciudad, es inconcuso que no puede ser objeto de examen constitucional, pues ello es propio de una controversia ante las autoridades del trabajo. Apoya a lo anterior, la tesis I.6o.T.26 L, de la Novena Época, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el tomo III, Abril de 1996, página 347. "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito." Asimismo, resulta aplicable por similitud la tesis VII.2o.A.T.10 A, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Febrero de 1999, página 487, registro 194572, cuyo rubro y texto dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DIRECTOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ. Los funcionarios de organismos públicos, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una disposición legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que afecten la esfera de los gobernados, es decir, actuar como autoridades. Sin embargo para determinar si a quien se atribuye el acto reclamado es autoridad para efectos del juicio de amparo debe atenderse a la norma legal que lo rige y examinar el caso concreto. Ahora bien, no puede considerarse que el acto reclamado al director de Educación Primaria de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Veracruz, consistente en la orden de cambio de adscripción de un inspector de zona, sea un acto de autoridad, pues atendiendo al contenido del artículo 1o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado y del diverso 16 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Dirección General de Educación del Estado, donde se establece, entre otros aspectos, que esa secretaría es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado y que es obligación de sus trabajadores obedecer las instrucciones y órdenes que reciban de sus superiores y trasladarse al lugar al que sean removidos, es de considerarse que el director señalado como responsable, al emitir el acto reclamado lo hizo con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal.". De igual manera, tiene aplicación la tesis de la Octava Época, e los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación en el tomo VIII, Octubre de 1991, página 164, con registro 221658. "DEMANDA DE AMPARO LABORAL, DESECHAMIENTO DE LA. CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS NO PROVIENEN DE UNA AUTORIDAD PROPIAMENTE DICHA. Las autoridades administrativas, representadas por sus funcionarios, al despedir a sus servidores públicos no actúan como tales, sino como patrones o sujetos de un contrato de trabajo; y por ende, las relaciones entre ellos no son de gobernante a gobernado, sino de carácter obrero- patronal, puesto que en los tratos que sostienen con sus empleados se conducen como personas de derecho privado. Por ello, si el quejoso considera que el despido de que fue objeto es ilegal, debe acudir al tribunal de arbitraje y agotar el procedimiento laboral que establece la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado; pero si antes de hacerlo promueve amparo, éste resulta notoriamente improcedente porque los actos reclamados no provienen de una autoridad propiamente dicha, sino de una que actúa como particular (patrón), debiendo desecharse de plano la demanda de garantías en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo." Lo anterior corrobora la improcedencia del juicio que se intenta, pues el disconforme tiene a su alcance una serie de soluciones para demandar lo que estimen necesario para garantizar el acceso a la justicia y el recurso judicial efectivo, según lo que pretenda obtener; es decir, previo a la promoción del amparo debe acudir ante los tribunales ordinarios y agotar el procedimiento respectivo. En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los artículos 1, fracción I, y 5 fracción II, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en ****. Asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados en términos restringidos a ******, de conformidad con el numeral 24 de la ley de la materia, toda vez que no cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa".

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 8,778 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano