Hector Raul Tirado Sanchez

Expediente 337/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
337/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
14/05/2022

Partes del expediente

  • Hector Raul Tirado Sanchez

Actuaciones

  1. Principal

    Síntesis creada automáticamente desde Determinaciones Judiciales

  2. Principal

    Sentado lo anterior, se declara que el auto de ocho de junio de dos mil veintiuno, dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. fe. Doy fe.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo signada por Héctor Raúl Tirado Sánchez, por su propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, fórmense los expedientes impreso y electrónico; así también, radíquense éstos con el expediente 337/2021-II-1. Improcedencia De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En la inteligencia que manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e indudable, cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XVI, julio de 2002, página 448, registro 186605, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. Así, el quejoso señaló como actos reclamados lo siguiente: V.- ACTO RECLAMADO. De la autoridad ordenadora, reclamo todos los autos, decretos y resoluciones, así como la sentencia o sentencias definitivas dentro del expediente relativo al Juicio Ordinario Civil promovido por la Tercero Interesado con número 509/2019 del índice de dicho juzgado, y la orden de ejecutar dichos actos procesales para materializarse sobre un inmueble del que el suscrito soy poseedor que es la casa marcada con el número 18,138 de la Calle Oviachic del fraccionamiento Villa Tutuli ll, de esta ciudad, en virtud de la falta de emplazamiento a juicio. De la autoridad Ejecutora reclamó la ejecución de todos los actos que reclamo de las ordenadoras y en especial la desposesión que pretenden hacer en perjuicio del suscrito del inmueble mencionado. Es decir, de la transcripción que antecede, se desprende que el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio ordinario civil 509/2019, promovido por Patrimonio, sociedad anónima de capital variable, en contra de Luisa Sarahy Villavicencio Chávez, por lo que reclama la falta de emplazamiento, así como todo lo actuado en dicho sumario, incluyendo la sentencia definitiva, actos a través de los cuales se le pretende desposeer del inmueble ubicado en calle Oviachic número 18138, fraccionamiento Villa Tutuli ll, de esta ciudad. Asimismo, de los antecedentes que expresó el quejoso bajo protesta de decir verdad, a la luz de las pruebas documentales que adjuntó, se colige lo siguiente: El treinta y uno de enero de dos mil nueve, entró a poseer la casa ubicada en calle Oviachic número 18138, fraccionamiento Villa Tutuli II, de esta ciudad. El catorce de agosto de dos mil quince, celebró matrimonio con Luisa Sarahy Villavicencio Chávez, bajo el régimen de sociedad conyugal. Luego, a partir de noviembre de dos mil veinte, su referida esposa lo abandonó, y se fue a vivir a casa de sus padres. Posteriormente, refiere que el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, se enteró de la existencia del juicio ordinario civil 509/2019, en cuya sentencia se condenó a su esposa Luisa Sarahy Villavicencio Chávez a la desocupación y entrega del inmueble que posee en favor de la tercera interesada Patrimonio, sociedad anónima de capital variable. Por lo que promovió la demanda de amparo que nos ocupa, al no haber sido oído ni vencido en juicio, previo a pretender privarlo de la posesión del inmueble que posee. Precisado lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en la jurisprudencia 2a./J. 5/2021 (10a.), que procede desechar la demanda de amparo por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuando el juez de distrito tenga a su alcance medios probatorios suficientes para concluir que la parte quejosa no tiene el carácter de tercero extraño al juicio, en tanto que aun cuando se tramitara el juicio no se llegaría a una conclusión distinta. Dicha jurisprudencia es de rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE DESECHARLA POR ACTUALIZARSE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO TIENE A SU ALCANCE MEDIOS PROBATORIOS SUFICIENTES PARA CONCLUIR QUE LA PARTE QUEJOSA NO TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. Hechos: Al resolver diversos recursos de queja, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron sobre si procede o no el desechamiento de una demanda de amparo por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuando quien promueve con el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación no acredita tener tal carácter. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que procede desechar la demanda de amparo por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuando el Juez de Distrito tiene a su alcance medios probatorios suficientes para concluir que el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño al juicio por equiparación. Justificación: De conformidad con los artículos 107, fracciones III, inciso c), y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede contra actos u omisiones, dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas al juicio. Por otra parte, se tiene que el tercero extraño por equiparación es el sujeto que siendo parte formal de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado al juicio, o bien, que fue defectuoso el emplazamiento y que, por ello, no pudo comparecer al procedimiento en defensa de sus intereses. En otro orden, se tiene que el Juez de amparo no podrá admitir a trámite la demanda relativa, en caso de existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Luego, cuando el juzgador de amparo que conoce de la demanda tiene a su alcance los elementos probatorios suficientes que le permiten deducir que el promovente no tiene el carácter de tercero extraño al juicio por equiparación, es legalmente válido que deseche la demanda de amparo, en tanto que aun cuando se tramitara el juicio no se llegaría a una conclusión distinta. En esa tesitura, en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VI, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo señalado en último término dispone que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. Luego, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó en la contradicción de tesis 17/91, que para que la posesión sea objeto de protección en el juicio de amparo, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio del orden civil, debe acreditar su derecho a poseer con un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de las legislaciones secundarias relativas, que produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Agregó que, si bien el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, lo cierto es que tal poder (posesión simple) no constituye un hecho con consecuencias jurídicas susceptible de ser protegido a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 1/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, febrero de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. Precisado lo anterior, de la prueba documental ofrecida por el quejoso, consistente en la cédula de notificación que contiene la sentencia de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, en el juicio 509/2019 -al que se ostenta como persona extraña el quejoso-, se desprende que Patrimonio, sociedad anónima de capital variable, demandó en la acción reivindicatoria a Luisa Sarahy Villavicencio Chávez, debido a que ésta de manera ilegal, de mala fe y sin consentimiento de la actora propietaria, invadió el inmueble ubicado en calle Oviachic número 18138, fraccionamiento Villa Tutuli II, de esta ciudad; extremo que se tuvo por acreditado debido a la confesión ficta de la demandada al declararse su rebeldía. En consecuencia, lo manifiesto e indudable de la causa de improcedencia en estudio, deriva del hecho de que a Héctor Raúl Tirado Sánchez, no le asiste el carácter de persona extraña al juicio de origen, pues únicamente hace valer su derecho debido a una posesión material simple que ejerce sobre el inmueble que defiende, el cual entró a poseer con su esposa Luisa Sarahy Villavicencio Chávez; empero, su posesión no se basa en un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de las legislaciones secundarias relativas (causa generadora), y por ende, no es susceptible de ser protegida en el juicio de amparo. Sin que obste el hecho de que acreditó haberse casado con la demandada Luisa Sarahy Villavicencio Chávez bajo el régimen de sociedad conyugal; toda vez que la posesión que ejercía ésta sobre el inmueble que defiende el quejoso tampoco se sustentó en alguna figura jurídica, sino en una invasión de mala fe sin consentimiento; por lo que, en tal supuesto, es jurídicamente irrelevante el régimen de sociedad conyugal de la demandada con el ahora quejoso. De ahí la improcedencia manifiesta e indudable de la demanda que nos ocupa, pues aun cuando el quejoso lograra acreditar plenamente en el presente asunto la posesión que refiere sobre el inmueble que defiende, lo cierto es que, como él mismo reconoce, únicamente es de carácter simple, al no sustentarse en una figura jurídica; por tanto, se insiste, no es susceptible de ser protegida a través el juicio de amparo. En suma, a fin de que el quejoso pudiera ser considerado como persona extraña al juicio en el que se le pretende privar de la posesión del inmueble que defiende, era menester que, al menos, él o su esposa, contaran con un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de las legislaciones secundarias relativas que les otorgara el derecho a poseer el inmueble en cuestión; no así una simple posesión material surgida de una invasión (según se tuvo por confeso en el sumario de origen). Desechamiento En estas condiciones, con apoyo en el numeral 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Héctor Raúl Tirado Sánchez, por su propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. En el entendido de que la presente determinación no decide sobre el derecho sustantivo del inmueble que defiende el quejoso, esto es, respecto del derecho a la posesión y/o propiedad del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. Por otra parte, como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se desprende que el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo que dio origen al juicio 332/2021 -en la que reclamó exactamente los mismos actos que ahora impugna-, lo siguiente: 5. Resulta que acabo de tener conocimiento (28 de mayo de 2020) por haberme encontrado tiradas en la puerta del domicilio antes referido, copias de cédula o instructivo de notificación donde se indica que en el Juzgado responsable se siguió un juicio en contra de mi esposa Luisa Sarahy Villavicencio Chávez, y dictó una sentencia, en la cual se condena a la desocupación y entrega del inmueble que se menciona en el punto que antecede, a la hoy tercera interesada, (Patrimonio S A de C.V. SOFOM E.N.R.) dicho despojo de la posesión mencionada que constituye mi domicilio y el único sostén para el quejoso. Mientras que en la demanda de amparo que nos ocupa, manifestó bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 5. Resulta que acabo de tener conocimiento (28 de mayo de 2021) por haberme encontrado tiradas en la puerta del domicilio antes referido, copias de cédula o instructivo de notificación donde se indica que en el Juzgado responsable se siguió un juicio en contra de mi esposa Luisa Sarahy Villavicencio Chávez, y dictó una sentencia, (sentencia de fecha 23 de febrero de 2021) en la cual se condena a la desocupación y entrega del inmueble que se menciona en el punto que antecede, a la hoy tercera interesada, (Patrimonio S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.) dicho despojo de la posesión mencionada que constituye mi domicilio y el único sostén para el quejoso. Por tanto, se apercibe y se hace del conocimiento del quejoso Héctor Raúl Tirado Sánchez y sus autorizados Fernando Rojas López, Tony Abraham Barrón Medina y María de Jesús Velarde Cabanillas, que en caso de que existan indicios que hagan suponer que él o sus abogados autorizados, con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, hayan afirmado en su demanda de amparo hechos falsos u omitido los que le consten en relación con los actos reclamados; este órgano jurisdiccional tiene expedita su facultad de dar vista al Ministerio Público de la Federación, a fin de que, conforme a sus facultades constitucionales y legales, investigue de inmediato si dichos hechos son constitutivos del delito especial previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual prevé una pena de prisión de dos a seis años y multa de treinta a trescientos días. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 13/2017 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, agosto de 2017, registro 2014917, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA.

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