Héctor Raúl Prado Sánchez
Expediente 1430/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 18 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1430/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 09/03/2023
Partes del expediente
- Héctor Raúl Prado Sánchez
Actuaciones
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- Principal
NOTIFIQUESE Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo en el término que se le otorgó; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a dictar resolución en la que se declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Debe decirse que el amparo se concedió para los siguientes efectos: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en los artículos 77 y 192 de la ley de la materia, se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados por la parte quejosa, para los efectos siguientes: Ahora bien, debido a que los motivos que llevaron a esta juzgadora a otorgar la protección constitucional solicitada están específicamente referidos al artículo 26, fracción VI, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós que establece que por la certificación de copias por cada hoja se establece el costo de $28.00 (veintiocho pesos 00/100 moneda nacional), el objeto de la concesión no tiene por efecto exentar al quejoso del pago de los derechos correspondientes a tal servicio en su totalidad, sino sólo el de desincorporar de su esfera jurídica la obligación tributaria en la parte declarada contraria a la constitución general; en consecuencia: La Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, deberá devolver al agraviado exclusivamente la cantidad que resulte de la diferencia de considerar el costo de $6.00 (seis pesos 00/100 moneda nacional), por cada hoja, de acuerdo a la fracción XI, inciso e) del artículo 26, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, porque ésta tarifa representa la mínima prevista en el sistema tributario declarado inconstitucional, es decir, en su aplicación subsecuente al cobro previsto en la fracción VI, debido a que el supuesto jurídico que resulta aplicable no fue declarado inconstitucional y se refiere a un caso análogo como es la expedición de copias simples; lo anterior tomando como base para establecer la diferencia a devolver la suma consignada en el recibo oficial ***************, en el que se reflejó el pago por concepto de expedición de copias certificadas Lo anterior, para así respetar la garantía constitucional violada en los términos aquí apuntados, acorde con la jurisprudencia dey texto siguiente: "DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS. Por regla general, la concesión del amparo respecto de una ley fiscal tiene como efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional, y que se le restituyan las cantidades enteradas. Ahora bien, atento al criterio sustentado por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 62/98, de rubro: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.", se concluye que cuando en la ley se prevea un vicio subsanable en el mecanismo de cálculo de la tasa a pagar por concepto de derechos por servicios, el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva. Consecuentemente, cuando la disposición declarada inconstitucional fija derechos por registro de documentos a partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero previendo también una cantidad fija mínima a pagar, la restitución en el goce de la garantía individual violada sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa porcentual, pero sin relevarlo de la obligación de enterar dicha cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar, con lo cual se respeta el criterio del Tribunal Pleno plasmado en la jurisprudencia P./J. 121/2007, de rubro: "SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA." En el entendido de que la devolución de la diferencia que resulte deberá comprender, en su caso, la actualización de acuerdo con los numerales aplicables del Código Fiscal del Estado de Jalisco, y versar sólo en lo que exceda a la tarifa mínima. Es aplicable, en lo conducente, la tesis de texto: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS. El efecto de la sentencia que concede el amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma tributaria en que se funda el pago de una contribución, es la desincorporación de la esfera jurídica del contribuyente de la respectiva obligación tributaria, que conlleva a la devolución del saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Por tanto, aun cuando la norma declarada inconstitucional no establezca la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, toda vez que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada. En ese supuesto, la actualización deberá llevarse a cabo conforme al Código Fiscal de la Federación." Cabe precisar que la devolución de la cantidad enterada por la parte quejosa, no comprende el pago de intereses que se hayan generado, porque la sentencia de amparo que declara la inconstitucionalidad de las normas que prevén un tributo o derecho, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la obligación tributaria respectiva, lo cual se colma con la devolución de la cantidad pagada por concepto de las contribuciones declaradas inconstitucionales y su actualización, pero no comprende el pago de intereses, pues éstos participan de una naturaleza indemnizatoria, que no constituye un efecto del fallo protector Es importante mencionar que en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, el efecto de la sentencia que concede la protección constitucional es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de esa violación. Asimismo, el artículo 78 de esa Ley, establece que cuando se declara la inconstitucionalidad de una norma general, los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependan de la propia norma invalidada; es decir, la inaplicación únicamente respecto del quejoso." En acatamiento a lo anterior, la autoridad responsable, mediante oficio recibido en este Juzgado de Distrito, el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, registrada con número de promoción 4150 informó que emitió acuerdo de devolución por la cantidad de $3,241.59 (tres mil doscientos cuarenta y un pesos 59/100 moneda nacional), por concepto de devolución a la parte quejosa luego, este juzgado de Distrito por acuerdo de veintisiete de febrero del año en curso, hizo del conocimiento a la parte quejosa lo anterior. Asimismo, se advierte que el *******************, se notificó a la parte quejosa, el auto de veintisiete de febrero del año en curso, a efecto de que en el término de tres días acudiera a recoger el cheque correspondiente emitido a su favor, emitida en razón su devolución, terminó que feneció sin que se manifestara al respecto. Por tanto, este órgano jurisdiccional declara que LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no se considera de relevancia documental ni conservable, ya que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los artículos 15 y 17 del mencionado acuerdo general. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia por la que se sobreseyó y concedió la protección constitucional; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los noventa días siguientes, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, en su caso las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, así como el presente proveído. Una vez terminado el proceso de depuración, se podrá realizar la transferencia del expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. c) En acatamiento a lo dispuesto en el artículo 35 del referido acuerdo general, indíquese en la carátula del expediente la anotación de depurable. Con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. INTEGRACION DEL EXPEDIENTE De conformidad con lo ordenado en los artículos 252 y 253, primer párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, el presente acuerdo y los subsecuentes, no serán impresos, por tanto, no obrarán anexos al expediente físico del que deriven, ya que los mismos se encuentran agregados al expediente electrónico, donde podrán ser consultado por las partes.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, a través del cual la autoridad informa que requirió en su carácter de superior jerárquico a la autoridad responsable para que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese.
- Principal
NOTIFIQUESE Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEITITRÉS. Visto el oficio de cuenta, a través del cual la autoridad informa las gestiones para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remite constancias fehacientes para acreditar su dicho; agréguese a los autos para que obre como corresponda y respecto al domicilio y correo electrónico que proporciona dígasele a la autoridad que deberá de estar a lo acordado en auto de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Ahora bien, es cierto que el cumplimiento de la sentencia de amparo corresponde a la autoridad responsable; sin embargo, en el caso no puede desvincularse al promovente del amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la referida legislación, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído se constituya en las instalaciones que ocupa la Secretaria de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, ubicada en el sexto piso de la calle Pedro Moreno 281, Zona Centro, C.P. 44100 en Guadalajara, Jalisco con un horario de nueve horas a quince horas, a efecto de recibir la suma monetaria correspondiente, en el entendido que de no comparecer, este juzgado dictará resolución en la que declarará si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Asimismo, requiérase a la autoridad vinculada al cumplimiento del fallo protector Secretaria de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, a fin de que una vez que acuda la impetrante de amparo a fin de recibir el título de crédito expedido a su favor, le sea entregado y lo comunique de inmediato a este órgano de control constitucional; apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se impondrá a su titular, una multa de cien unidades de medida y actualización diaria, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional) de conformidad con los artículos 238 y 258 de dicha legislación, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
- Principal
NOTIFIQUESE Y VÍA ELECTRONICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Visto el oficio de cuenta remitido por la autoridad responsable, mediante el cual informa las gestiones que realiza para dar cumplimiento a la sentencia de amparo; asimismo, informa la imposibilidad que le asiste para realizar el pago a través del medio solicitado por la parte quejosa mediante auto de ocho de febrero de dos mil veintitrés, al respecto, téngansele informando lo anterior y hágase del conocimiento a la parte quejosa para los efectos legales conducentes. Por otro lado, téngase como domicilio el que señala y se reconoce como forma especial y expedita de contacto, el correo electrónico que proporciona, a efecto de entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa certificación del Secretario, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. Ahora, con fundamento en los artículos 77, último párrafo, 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días, dé cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo y remita constancia fehaciente de ello, apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se impondrá a su titular, una multa de cien unidades de medida y actualización diaria, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional) de conformidad con los artículos 238 y 258 de dicha legislación, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido que el amparo fue concedido para los siguientes efectos: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en los artículos 77 y 192 de la ley de la materia, se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados por la parte quejosa, para los efectos siguientes: Ahora bien, debido a que los motivos que llevaron a esta juzgadora a otorgar la protección constitucional solicitada están específicamente referidos al artículo 26, fracción VI, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós que establece que por la certificación de copias por cada hoja se establece el costo de $28.00 (veintiocho pesos 00/100 moneda nacional), el objeto de la concesión no tiene por efecto exentar al quejoso del pago de los derechos correspondientes a tal servicio en su totalidad, sino sólo el de desincorporar de su esfera jurídica la obligación tributaria en la parte declarada contraria a la constitución general; en consecuencia: La Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, deberá devolver al agraviado exclusivamente la cantidad que resulte de la diferencia de considerar el costo de ******************** por cada hoja, de acuerdo a la fracción XI, inciso e) del artículo 26, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, porque ésta tarifa representa la mínima prevista en el sistema tributario declarado inconstitucional, es decir, en su aplicación subsecuente al cobro previsto en la fracción VI, debido a que el supuesto jurídico que resulta aplicable no fue declarado inconstitucional y se refiere a un caso análogo como es la expedición de copias simples; lo anterior tomando como base para establecer la diferencia a devolver la suma consignada en el recibo oficial A58993346 , en el que se reflejó el pago por concepto de expedición de copias certificadas Lo anterior, para así respetar la garantía constitucional violada en los términos aquí apuntados, acorde con la jurisprudencia dey texto siguiente: "DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS. Por regla general, la concesión del amparo respecto de una ley fiscal tiene como efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional, y que se le restituyan las cantidades enteradas. Ahora bien, atento al criterio sustentado por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 62/98, de rubro: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.", se concluye que cuando en la ley se prevea un vicio subsanable en el mecanismo de cálculo de la tasa a pagar por concepto de derechos por servicios, el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva. Consecuentemente, cuando la disposición declarada inconstitucional fija derechos por registro de documentos a partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero previendo también una cantidad fija mínima a pagar, la restitución en el goce de la garantía individual violada sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa porcentual, pero sin relevarlo de la obligación de enterar dicha cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar, con lo cual se respeta el criterio del Tribunal Pleno plasmado en la jurisprudencia P./J. 121/2007, de rubro: "SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA." En el entendido de que la devolución de la diferencia que resulte deberá comprender, en su caso, la actualización de acuerdo con los numerales aplicables del Código Fiscal del Estado de Jalisco, y versar sólo en lo que exceda a la tarifa mínima. Es aplicable, en lo conducente, la tesis de texto: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS. El efecto de la sentencia que concede el amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma tributaria en que se funda el pago de una contribución, es la desincorporación de la esfera jurídica del contribuyente de la respectiva obligación tributaria, que conlleva a la devolución del saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Por tanto, aun cuando la norma declarada inconstitucional no establezca la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, toda vez que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada. En ese supuesto, la actualización deberá llevarse a cabo conforme al Código Fiscal de la Federación." Cabe precisar que la devolución de la cantidad enterada por la parte quejosa, no comprende el pago de intereses que se hayan generado, porque la sentencia de amparo que declara la inconstitucionalidad de las normas que prevén un tributo o derecho, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la obligación tributaria respectiva, lo cual se colma con la devolución de la cantidad pagada por concepto de las contribuciones declaradas inconstitucionales y su actualización, pero no comprende el pago de intereses, pues éstos participan de una naturaleza indemnizatoria, que no constituye un efecto del fallo protector Es importante mencionar que en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, el efecto de la sentencia que concede la protección constitucional es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de esa violación. Asimismo, el artículo 78 de esa Ley, establece que cuando se declara la inconstitucionalidad de una norma general, los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependan de la propia norma invalidada; es decir, la inaplicación únicamente respecto del quejoso." Finalmente, en acatamiento al numeral 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo, y 194 de la Ley de Amparo, se ordena notificar y se requiere al Gobernador del Estado de Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico de la autoridad requerida, para que le ordene a ésta, cumplir con la ejecutoria de amparo, y remita a este juzgado constancia fehaciente de que lo hizo, apercibido que de no hacerlo, esto es, no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en el párrafo que antecede, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad obligada al cumplimiento.
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