Héctor Raúl López Cervantes

Expediente 331/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 60 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
331/2016
Año
2016
Actuaciones
60
Última actuación
08/11/2017

Partes del expediente

  • Gregorio Alejandro Acevedo Díaz
  • Héctor Raúl López Cervantes
  • Evaristo López Vertiz
  • Esther L. Altamirano
  • Mónica Jiménez Migueles
  • Secretario de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca
  • Esther L. Altamirano y Otros.
  • Héctor Raúl López Cervantes y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 60.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese el escrito de cuenta, suscrito por la tercera interesada Edith Martínez Valencia, en atención a su contenido y como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele copia certificada de las constancias que indica, misma que se entregará por conducto de las personas que para tal efecto autoriza, previa identificación y razón que de su recibo se deje en autos. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada con fecha veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, por la que se sobreseyó el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, para los efectos legales correspondientes se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales. NOTIFÍQUESE.

  3. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, advirtiéndose de los mismos, que ya se dictó interlocutoria en este incidente, asimismo que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece; en tal virtud, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. En atención a lo anterior, y al advertirse que se concedió la medida cautelar a la parte quejosa, con fundamento en lo establecido en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido, este juzgador estima que carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado, por lo que: Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria. Respecto al original, en su oportunidad, consérvese en el archivo de valor jurídico la demanda de amparo, así como la resolución relativa al otorgamiento de la medida cautelar, y procédase a su digitalización. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Finalmente, se hace constar que en el presente expediente no se promovió incidente de violación a la suspensión, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, ni se promovió recurso alguno. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIEICISIETE. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 331/2016, promovido por HÉCTOR RAÚL LÓPEZ CERVANTES y otros, por su propio derecho, contra actos del Secretario de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: I. PRESENTACIÓN DE DEMANDA Y CONTENIDO. El veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con domicilio en esta población, se recibió la demanda de amparo promovida por HÉCTOR RAÚL LÓPEZ CERVANTES, GREGORIO ALEJANDRO ACEVEDO DÍAZ, ESTHER L. ALTAMIRANO, EVARISTO LÓPEZ VERTIZ Y MÓNICA JIMÉNEZ MIGUELES, por propio derecho, designando como representante común al primero de los nombrados; en ella, los quejosos solicitan al amparo y protección de la Justicia Federal por violación a sus derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 8, 14, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en contra de la autoridad y acto siguientes: ".II.- AUTORIDADES RESPONSABLES Y ACTO RECLAMADO: A) C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, con domicilio en Heroica Escuela Naval Militar, número 401, 2° piso, colonia Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. La omisión de dar respuesta a nuestra petición mediante escrito de fecha 08 de enero del año en curso." II. ADMISIÓN Y TRÁMITE. El veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, éste órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable, dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y programó la audiencia constitucional (fojas 18 a 19). Mediante escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, los aquí quejosos ampliaron su demanda de amparo en contra de las siguientes autoridades: 1.- Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y 2.- Director de Administración de Obra Privada del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Autoridades de quienes reclamaron: "NUEVOS ACTOS RECLAMADOS: a).- La inconstitucionalidad del oficio SUBDUE/DAOP/0010/2016, de 19 de enero de 2016, emitido por el arquitecto Fausto Porras García, Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Oaxaca de Juárez. b).- La inconstitucionalidad de la licencia número 4759, expedida el día 5 de diciembre de 2015, por parte del Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Oaxaca de Juárez, Arquitecto Fausto Porras García y al Director de Administración de Obra Privada del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Lic. Fernando Sánchez Armengol." El veintiocho de abril de dos mil dieciséis, se tuvo a los quejosos ampliando su demanda de amparo, respecto del acto y autoridad a que hizo referencia en el inciso a), no así al mencionado en el inciso b), al estimarse que no guarda relación directa con el acto inicialmente reclamado que consiste en la omisión de dar respuesta a su escrito de petición y el nuevo consiste en la emisión de una licencia de construcción (fojas 51 a 52). No conforme con ese desechamiento, la quejosa interpuso recurso de queja, del que correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta población. quien en sesión de veintiocho de julio de dos mil dieciséis, declaró fundado el recurso de queja, ordenando revocar el acuerdo combatido y admitir a trámite la demanda de amparo (fojas 93 a 100). En cumplimiento a lo ordenado por la superioridad, el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la ampliación de demanda contra el nuevo acto reclamado consistente en: ".La inconstitucionalidad de la licencia número 4759, expedida el cinco de diciembre de 2015, por parte del Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Oaxaca de Juárez, arquitecto Fausto Porras García y al Director de Administración de Obra Privada del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, Lic. Fernando Sánchez Armengol.." (fojas 101 a 102), se ordenó requerir a las autoridades responsables su informe justificado, dar intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional y se ordenó emplazar a la tercera interesada Edith Martínez Valencia. El emplazamiento de la tercera interesada se materializó el doce de septiembre de dos mil dieciséis, y en auto de veinte del mes y año referidos se le tuvo apersonándose al presente juicio de amparo (fojas 105 y 112). III. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Previo diversos diferimientos, la audiencia constitucional tuvo verificativo, al tenor del acta que antecede; por lo que es procedente pronunciar sentencia; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 en relación con el 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo; punto cuarto, fracción II, segundo párrafo, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; toda vez que los actos reclamados fueron emitidos por autoridades que tienen su domicilio en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar como actos reclamados los siguientes: Del Secretario de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca: 1.- La omisión de dictar acuerdo al escrito presentado por los quejosos ante él el ocho de enero de dos mil dieciséis (foja 9). Del Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca: 2.- El oficio SUBDUE/DAOP/0010/2016, de diecinueve de enero de dos mil dieciséis; Del Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Oaxaca de Juárez, y Director de Administración de Obra Privada del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca: 3.- La licencia número 4759, expedida el día cinco de diciembre de dos mil quince. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No existe el acto reclamado al Secretario de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistente en la omisión de dictar acuerdo al escrito de petición de dieciocho de noviembre de dos mil quince, que le presentaron los quejosos el ocho de enero de dos mil dieciséis (foja 9). Lo anterior, ya que las constancias de autos revelan que dicha autoridad turnó el escrito al Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ecología mediante oficio SEDUEPO/0015/2016, de doce de enero de dos mil dieciséis (foja 15), quien lo recibió el trece del referido mes y año. Por tanto, es a éste último a quien correspondió dictar el acuerdo al escrito de petición y notificarlo a los quejosos, no así al Secretario de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; por tanto, resulta procedente sobreseer el presente juicio contra el acto reclamado a dicha autoridad de conformidad con el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las responsables Subsecretario de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; y al Director de Administración de Obra Privada del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, con sede en la ciudad de Oaxaca. Lo anterior, pues si bien tales autoridades al rendir su respectivo informe justificado negaron los actos reclamados, de su propio contenido y los anexos que acompañaron a los mismos, se acredita la existencia de la petición que presentó la quejosa al Secretario de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, el cual fue turnado al Subsecretario de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas del Municipio de Oaxaca de Juárez, quien emitió respuesta mediante oficio SUBDUE/DAOP/0010/2016, de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, que también reclaman los quejosos, y de los propios anexos remitidos por las responsables, se desprende que el cinco de diciembre de dos mil doce, el referido Subsecretario y el Director de Administración de Obra Privada de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Oaxaca de Juárez, otorgaron a la tercera interesada Edith Martínez Valencia, la licencia 4759, que también constituye uno de los actos reclamados por la parte quejosa. De ahí que, como se dijo, se desvirtúa la negativa de las responsables, y se tienen por ciertos los actos que se les reclama en este juicio de amparo. QUINTO. Antecedentes. Las constancias de autos revelan los siguientes antecedentes: 1.- Mediante escrito de dieciocho de noviembre de dos mil quince (foja 9), presentado el ocho de enero de dos mil dieciséis, ante el Secretario de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas del Municipio de Oaxaca de Juárez, los aquí quejosos manifestaron: ". Es un hecho notorio que el inmueble identificado con el número 324 de la calle de Sauces, de la colonia Reforma de esta Ciudad de Oaxaca, se está realizando una obra en construcción de un gran volumen, en razón de lo anterior y toda vez que los suscritos somos vecinos aledaños e inmediatos a dicho inmueble, pudiendo vernos perjudicados en nuestro patrimonio, venimos a solicitarle en términos de lo dispuesto por el artículo 8° de la Constitución Federal que nos informe el tipo de obra que se está realizando en el inmueble antes mencionado, proporcionándonos todos los datos necesarios de la misma. Así también solicitamos se expida a nuestra costa copia de todas y cada una de las constancias que integren el expediente administrativo aperturado con motivo de la obra en construcción de referencia, toda vez que dichos datos son públicos.". 2.- Por oficio SUBDUE/DAOP/0010/2016, de diecinueve de enero de dos mil dieciséis (foja 35), el Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ecología, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Oaxaca de Juárez, dio respuesta a la petición de los quejosos en los términos siguientes: ". De acuerdo a lo anterior, me permito hacer de su conocimiento que personal adscrito a esta Subsecretaría, realizó la verificación al lugar de acuerdo a los datos proporcionados, detectando una construcción, misma que cuenta con alineamiento, número oficial; así como licencia de construcción con uso de suelo comercial para laboratorio y oficinas administrativas. Cabe hacer mención que para su emisión se le requirió factibilidades y estudios especiales de acuerdo a normas y reglamentos vigentes aplicables en cuanto a desarrollo urbano se refiere, cumpliendo con cada uno de ellos. Así mismo, en relación a su solicitud de que le sean proporcionadas copias del expediente, hago de su conocimiento que deberán realizar su petición por escrito a la coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Oaxaca de Juárez. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en el art. 59 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca..". Lo anterior no fue notificado a los quejosos por la responsable, al no haber encontrado el domicilio que designaron para recibir notificaciones (foja 36); sin embargo, el informe que rindió la referida autoridad, al que acompañó la citada respuesta, se notificó a los quejosos en el presente juicio el nueve de mayo de dos mil dieciséis (foja 65 vuelta) y ampliaron su demanda contra el mismo. 3.- El cinco de diciembre de dos mil quince, el Director de Administración de Obra Privada y el Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ecología, otorgaron a la tercera interesada Edith Martínez Valencia la licencia de obra mayor 4759, con vigencia de treinta y seis meses en el predio ubicado en la calle de Sauces, con número oficial 512, respecto de la ampliación de edificio para laboratorio, sótano y cuatro niveles con mezanine. 4.- Los quejosos acompañaron a su demanda las siguientes documentales: a) Copia del escrito de dieciocho de noviembre de dos mil quince, dirigido al Secretario de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas del Municipio de Oaxaca de Juárez, con sello original de recepción de ocho de enero de dos mil dieciséis. b) Fotocopia del recibo predial a nombre de Héctor Raúl López Cervantes, con domicilio en Amapolas 1201 A de la Colonia Reforma, en la ciudad de Oaxaca. c) Fotocopia del recibo predial y de recibo de luz a nombre de Mónica Jiménez Migueles, con domicilio en Emilio Carranza número 909, de la colonia Reforma, en la ciudad de Oaxaca d) Fotocopia del recibo predial a nombre de Gregorio Alejandro Acevedo Díaz, con domicilio en Prolongación de Almendros número 600, colonia Reforma en la ciudad de Oaxaca. e) Fotocopia del recibo de pago del servicio de agua potable y alcantarillado a nombre de Gregorio Acevedo Díaz, con domicilio en Amapolas 1203, colonia Reforma, Oaxaca. f) Fotocopia de recibo de pago de panteones, a nombre de Ofelia Acevedo López, con domicilio en Sauces número 320 de la colonia Reforma en la ciudad de Oaxaca. SEXTO. Improcedencia de la demanda. Previo al estudio de los motivos de inconformidad, se analizará la procedencia del juicio de amparo, por así preverlo el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, y además por ser cuestión de orden público y de estudio preferente. Respecto de los actos reclamados por los quejosos consistentes en la omisión de dictar acuerdo al escrito presentado ante las responsables el ocho de enero de dos mil trece (foja 9), de oficio el suscrito estima se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (...)". En relación con esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el criterio cuyo contenido no contraviene a lo dispuesto por la nueva Ley de Amparo, del rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). En principio, cabe precisar que la causa de improcedencia en estudio está prevista en términos idénticos tanto en la nueva Ley de Amparo, como en la legislación anterior; de ahí que, por identidad jurídica la interpretación que se realizó en ésta, es aplicable en la causa de improcedencia en análisis. De esta manera, la interpretación relacionada del artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, clarifica que no basta para que dicha causa de improcedencia se actualice, que la autoridad derogue o revoque el acto reclamado sino que es necesario que, aún sin hacerlo destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Ahora, de las constancias de autos, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2°, se desprende la cesación del citado acto, ya que la responsable dio respuesta a la petición de los quejosos mediante oficio SUBDUE/DAOP/0010/2016, de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, del cual tuvieron conocimiento pleno con motivo del informe justificado que rindió el Secretario de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas, en este juicio de amparo (foja 34), oficio del que incluso optaron por ampliar su demanda de amparo. En apoyo de lo anterior resulta aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 205/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización, rubro y texto de rubro siguientes: ".Época: Novena Época Registro: 168189 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIX, Enero de 2009 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 205/2008 Página: 605 CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." De ahí que, las pruebas relacionadas revelan que ha cesado en sus efectos la omisión de la responsable de dar respuesta a la petición de la quejosa. Asimismo, opera la causa de improcedencia en estudio respecto del propio oficio SUBDUE/DAOP/0010/2016, de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, que reclaman los quejosos, en respuesta a su escrito de petición, pues mediante él la autoridad responsable, Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, les hizo de su conocimiento el tipo de obra que se está construyendo en el predio marcado con el número 324 (actualmente 512) de la calle de Sauces en la colonia Reforma de la ciudad de Oaxaca, y en cuanto a las copias que integran el expediente administrativo, formado con motivo de la construcción referida, que solicitaron a su costa, les hizo saber la autoridad ante quien deben solicitarla, como lo es la Coordinación de Transparencia y Acceso a la información Pública del Municipio de Oaxaca de Juárez, quien es la autoridad facultada para brindarle la información que solicitan, conforme al normativo 2 en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Oaxaca. Así, se destruyeron todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación aducida, como si no hubiera existido; por tanto, es ocioso examinar la constitucionalidad de la omisión y respuesta otorgada dada por la responsable, la cual, se insiste, quedó insubsistente sin dejar huella alguna en la esfera jurídica de la parte quejosa; por ende se actualiza la causa de improcedencia invocada. Por ende, resulta procedente sobreseer el presente juicio contra tales actos reclamados de conformidad con el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de dicho ordenamiento. Por otra parte, en cuanto al acto reclamado por los quejosos consistente en la licencia número 4759, expedida el día cinco de diciembre de dos mil quince, a favor de la tercera interesada Edith Martínez Valencia, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción I, de ese ordenamiento legal que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; . Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; ." Conforme a tales preceptos, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. Ahora bien, en relación con la existencia de una afectación al interés jurídico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el interés jurídico tiene que acreditarse fehacientemente, no inferirse a base de presunciones, conforme a dos elementos: 1) La existencia de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado, y 2) Una afectación real y directa a él; además, para la procedencia del juicio no basta que el acto de autoridad afecte la esfera jurídica del quejoso, sino que se requiere también que quien promueva el juicio sea el titular del derecho vulnerado por el acto de autoridad. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Enero de 2008, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Respecto de la afectación a los intereses legítimos del particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó al sustentar la tesis 2a./XVIII/2013, que el interés legítimo como presupuesto procesal de la acción de amparo, no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. Tal criterio se encuentra visible a página 1736 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella." De esta forma, debe estimarse que la procedencia de la acción de amparo sigue siendo delimitada, pues el reconocimiento del interés legítimo como presupuesto de procedencia, no implica que cualquier persona pueda accionar este medio de control constitucional, ya que no basta el simple interés económico, ni aún el interés general de legalidad, ya que es necesario que se satisfagan los supuestos que demuestren la existencia de interés jurídico, o bien, legítimo y, que dichos intereses se vean afectados por el acto de autoridad. Consecuentemente, en base a lo expuesto, y tomando en consideración que el interés jurídico es considerado por la doctrina como un derecho subjetivo, que supone una facultad de exigir y una obligación correlativa que se traduce en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia; se establece que en el caso particular, en cuanto al otorgamiento de la licencia de obra menor otorgada por las responsables a la tercera interesada, los peticionarios del amparo deben acreditar la afectación a su interés legítimo para impugnarlo vía amparo, en tanto aducen violación a su derecho ante la ausencia de un sin número de permisos, dictámenes, manifestación de impacto ambiental, manifestación de impacto urbano municipal, estudio de mecánica de suelos, etc., para su otorgamiento, porque son "vecinos inmediatos" de la obra en construcción, corren el riesgo inminente de sufrir daños tanto en sus bienes inmuebles como en los bienes muebles, y que existe un riesgo inminente en su integridad física. En el caso, los promoventes del amparo no acreditaron la afectación a su interés jurídico, toda vez que no ofrecieron prueba alguna para demostrar dicha circunstancia, pues únicamente exhibieron copias simples de pago predial, luz, agua y alcantarillado y de panteón, con las que no demuestran la afectación que afirmar sufrir con el otorgamiento de la referida licencia de construcción, máxime que con independencia de tratarse de copias simples carentes de valor probatorio al no tener la certificación correspondiente en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no resultan ser las idóneas para demostrar el riesgo inminente de sufrir daños tanto en sus bienes muebles como inmuebles, así como el riesgo inminente en su integridad física. Cabe reiterar que existe interés jurídico, cuando una norma jurídica específica (constitucional o legal) confiere un derecho determinado a un individuo, quien además por esa misma norma tiene la protección frente a cualquier persona o autoridad; así, para efectos del juicio de amparo, el acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica del gobernado; de ahí que, debe estar plenamente acreditado dicho presupuesto procesal y no inferirse con base en presunciones tal y como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 17, Tomo 82, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a Octubre de 1994, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En ese contexto, al hacerse patentes las citadas causas de improcedencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo. SÉPTIMO. Por otra parte, en términos de los artículos 1 al 9 y 12 a 23 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, debido a que las partes no se opusieron ni hicieron manifestación alguna para que se suprimieran sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente; únicamente se suprimirán los datos sensibles que en su caso pueda contener esta resolución. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1º, fracción I, 2º, 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por HÉCTOR RAÚL LÓPEZ CERVANTES, GREGORIO ALEJANDRO ACEVEDO DÍAZ, ESTHER L. ALTAMIRANO, EVARISTO LÓPEZ VERTIZ Y MÓNICA JIMÉNEZ MIGUELES, contra los actos y autoridades a que se refieren los considerandos tercero y sexto de esta resolución. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento a lo ordenado en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

Quedan 56 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,308 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano