Héctor Raúl Echeverría Jiménez y Otros.

Expediente 987/2014 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 1 actuación registrada, la última del 31 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
987/2014
Año
2014
Actuaciones
1
Última actuación
31/07/2017

Partes del expediente

  • Héctor Raúl Echeverría Jiménez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta y uno de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de dieciocho de julio del año en curso, se dio vista a la parte quejosa, con lo informado por el Director del Registro Civil del Estado de Yucatán, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho proveído se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La notificación a la parte quejosa del acuerdo de mérito, se efectuó el veinticuatro de julio que transcurre. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que le fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, las manifestaciones hechas por la parte quejosa en su escrito presentado el veinticinco de julio en curso y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. En este orden de ideas, es importante precisar que la parte quejosa reclamó lo siguiente: "Por un lado la aprobación, promulgación y orden de "publicación de las siguientes porciones normativas contenidas en el artículo 94 de la Constitución Política del Estado de Yucatán: Artículo 94.- La familia es una institución social permanente a la que se reconoce como el fundamento primordial de la sociedad sobre la cual evoluciona el Estado. Es una institución integrada por dos o más personas unidas o emparentadas entre sí, por afinidad, por consanguinidad o por adopción, que como comunidad afectiva y de convivencia, potencia el libre desarrollo de todos sus miembros. El matrimonio es una institución por medio del cual se establece la unión jurídica de un hombre y una mujer, con igualdad de derechos, deberes y obligaciones, con la posibilidad de generar la reproducción humana de manera libre, responsable e informada. El Estado reconoce que es de vital interés para la sociedad que en la unión de hombre y mujer para la procreación, se establezcan límites en cuanto a la edad y salud física y psíquica. El concubinato es la unión de un hombre y una mujer, quienes libres de matrimonio, viven como esposos y pueden generar una familia, en los términos que fije la ley. El Estado y la ley protegerán la organización y el desarrollo de la familia, así como el respeto a su dignidad e intimidad. Asimismo, regularán el matrimonio, las causas de separación, disolución y sus efectos; así como las condiciones para la constitución del concubinato. Por las mismas razones se impugna la aprobación, promulgación y orden de publicación de las siguientes porciones normativas de los artículos 49 y 201 del Código de Familia para el Estado de Yucatán que refleja las consideraciones estipuladas en el artículo citado previamente: Artículo 49. El matrimonio es una institución por medio de la cual se establece la unión voluntaria y jurídica de un hombre y una mujer, con igualdad de derechos, deberes y obli9aciones, con la posibilidad de generar la reproducción humana de manera libre, responsable e informada. Artículo 201. El concubinato es la unión de un hombre y una mujer quienes, libres de matrimonio, hacen vida en común de manera notoria, permanente, han procreado hijos o hijas o han vivido públicamente como marido y mujer durante dos años continuos o más. Lo anterior debido a la discriminación contenida en esas normas al excluir a las parejas de personas del mismo sexo del acceso a las figuras del matrimonio y del concubinato; esto es así porque tal restricción contiene un mensaje discriminatorio que perjudica a quienes promovemos la presente demanda. De lo que reclamamos a cada una de las autoridades precisamos lo siguiente:  Congreso del Estado de Yucatán reclamamos la aprobación de las porciones normativas arriba indicadas contenidas en los artículos 94 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, así como los numerales 49 y 201 del Código de Familia para esa misma entidad.  Gobernador del Estado de Yucatán reclamamos la promulgación y orden de publicación de las porciones normativas arriba indicadas contenidas en los artículos en los artículos 94 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, así como los numerales 49 y 201 del Código de Familia para esa misma entidad." Por considerar que resultaban ser violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1 y 4 Constitucionales. Por sentencia pronunciada el doce de diciembre de dos mil catorce, se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Determinación que fue recurrida por la parte quejosa, por lo que el trece de enero de dos mil quince, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, admitió a trámite el recurso, registrándolo con el número de toca 52/2015. Dicho Tribunal mediante resolución de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, resolvió carecer de competencia legal para conocer de tal recurso y ordenó remitir los autos del presente juicio al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito. En sesión de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, esta Superioridad revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo a los quejosos, cuyos efectos vinculaban a todas las autoridades del Estado de Yucatán a tomar en consideración la inconstitucionalidad del mensaje transmitido por los preceptos impugnados, por lo cual no podrían utilizarlo como base para negar a los quejosos beneficios o establecer cargas relacionadas con la regulación del matrimonio y el concubinato, lo que es un efecto propio de la concesión de un amparo contra leyes, que es la inaplicación futura de la ley. Por acuerdo de cinco de julio del año en curso, se tuvo por recibida la ejecutoria del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, y toda vez que se estimó que la institución del Registro Civil era la autoridad primordialmente vinculada con el estado civil de las personas y la familia, en cumplimiento a lo ordenado por la ejecutoria de mérito, no obstante que no fue señalada como responsable en el presente asunto, se requirió al Director del Registro Civil del Estado de Yucatán para que diera cumplimiento a la ejecutoria de mérito. Al respecto, el Director del Registro Civil del Estado de Yucatán, mediante oficio de trece de julio de dos mil diecisiete, informó que tomaría en consideración la inconstitucionalidad de las porciones normativas de los artículos 94 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Yucatán, 49 y 201 del Código de Familia para el Estado de Yucatán y que al momento de que los referidos quejosos solicitasen el acto registral de matrimonio, esa institución resolvería lo conducente, a fin de que los aquí quejosos no fuesen expuestos al mensaje discriminador de las normas, tanto en el presente como en el futuro, respetando los Derechos Humanos de los mismos (fojas 238 a 241). Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria, en términos del artículo 77 fracción I de la Ley de Amparo, se advierte que todas las autoridades del Estado de Yucatán están obligadas a tomar en consideración la inconstitucionalidad del mensaje transmitido por los preceptos impugnados, por lo cual no podrían utilizarlo como base para negar a los quejosos beneficios o establecer cargas relacionadas con la regulación del matrimonio y el concubinato, lo que es un efecto propio de la concesión de un amparo contra leyes, que es la inaplicación futura de la ley; lo que así informó que haría el Director del Registro Civil del Estado de Yucatán, a quien se estimó, de manera preponderantemente vinculada con el estado civil de las personas y la familia. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Sin que sea óbice, lo que argumenta el represente común de los quejosos en su escrito de referencia, en el sentido de que: 1. El registro Civil debe resolver de manera favorable toda solicitud que se haga por parte de los quejosos independientemente de la Oficialía en la que deseen contraer matrimonio, sin condicionar que dicho acto deba realizarse únicamente en la Oficialía Número 01 ubicada en las oficinas centrales del Registro Civil en esta ciudad de Mérida, Yucatán; y, 2. Que los actos registrales de matrimonio que soliciten deberán inscribirse de manera correlativa en el libro ordinario de matrimonios de las Oficialías del Registro Civil que se encuentran en todo el Estado y no en libros abiertos exprofeso para inscribir los matrimonios de las parejas homosexuales, toda vez que esta acción por parte del Registro Civil les estaría exponiendo a un mensaje discriminador al considerarlo ciudadanos de segunda e incumpliendo con la sentencia emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa. Toda vez que el Director del Registro Civil del Estado de Yucatán, como autoridad máxima de la institución en la entidad, informó que tomaría en consideración la inconstitucionalidad de las porciones normativas de los artículos 94 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Yucatán, 49 y 201 del Código de Familia para el Estado de Yucatán y que al momento de que los referidos quejosos solicitasen el acto registral de matrimonio, esa institución resolvería lo conducente, a fin de que los aquí quejosos no fuesen expuestos al mensaje discriminador de las normas, tanto en el presente como en el futuro, respetando los Derechos Humanos de los mismos De ahí que de lo anterior se desprende que se encuentra cabalmente satisfecha la obligación exigida a dicha autoridad por la ejecutoria de amparo; lo que es suficiente para tenerla por cumplida. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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