Hector Raúl Acra Alva
Expediente 1518/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1518/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Hector Raúl Acra Alva
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el actuario judicial adscrito al Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual remite el testimonio de la resolución correspondiente a la sesión de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, pronunciada en el recurso de queja 76/2021, del índice del órgano colegiado en cita. Infórmese a las partes que la Superioridad resolvió: "UNICO. Es fundado el recurso de queja y se modifica la resolución recurrida para los efectos precisados en esta resolución". De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Cabe destacar que en la parte considerativa de la ejecutoria en cita, el órgano colegiado estableció, en lo que interesa, lo que a continuación se transcribe: "(.) Por ese mismo motivo, no sólo el requerimiento de acudir a dicha área a laborar presencialmente o de manera física en el mismo laboratorio clínico de la Unidad de Medicina Familiar donde se encuentra adscrita la Quejosa, sino igualmente el seguimiento del expediente por el hecho de no asistir a laborar en esas condiciones en los cuatro días que indica la autoridad y el requerimiento de justificar su inasistencia en esas fechas, son medidas que no atienden con puntualidad los alcances y efectos de la suspensión de plano decretada en el amparo. Con mayor razón si incluso las partes admiten que adicionalmente a la suspensión de plano decretada en el amparo, sobre el mismo efecto y para atender esa determinación, la autoridad responsable aplicó a la ahora recurrente el "Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020, y el diverso "Acuerdo por el que se modifica el similar por el que establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2", publicado el 31 de marzo de 2020", y el "Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales; educativas y económicas; así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias", que adecuan medidas frente a la emergencia nacional por virtud de esa pandemia. Con base en ello, para acatar la suspensión, de inicio, la responsable indicó a LA QUEJOSA que por ser persona vulnerable debería mantenerse en resguardo domiciliario, lo cual implica que lo hicieron con base en la suspensión y se asumió que la implementación de esas medidas extraordinarias eran aptas para atender la emergencia sanitaria, en relación con personas que como la impetrante se encuentran en una situación de riesgo mayor por sufrir algún padecimiento que agravan su condición de riesgo ante el contagio del virus, como sin duda lo es evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, por ser lugares de alto riesgo de contagio. Así, LA QUEJOSA como "Químico Clínico" adscrita a la Unidad de Medicina Familiar 21 del IMSS-, a fin de poderle garantizar que no se pondría en riesgo su salud y cumplir con la suspensión de plano concedida, las autoridades responsables deberían asignarle actividades bajo resguardo domiciliario o en un área distinta al laboratorio donde se encuentra adscrita, pues de lo contrario, al requerirla para asistir a su área de trabajo que es el mismo laboratorio donde realizaba sus funciones como químico, así como pretender seguirle un procedimiento para obligarla a presentarse en su área de trabajo o exigirle justificar su inasistencia en los cuatro días que aduce la responsable que no se presentó, son medidas que se apartan de la orden indicada en la suspensión de plano, porque no se atiende a la indicación de que no se le asignen tareas que puedan colocarla en situación de riesgo por el contagio del virus. Por tanto, como las autoridades responsables no demostraron que hubieran tomado medidas idóneas y eficientes a fin de preservar la salud de la quejosa, sin exponerla al riesgo de contagio del virus SARS-CoV2, lo cual conlleva no sólo dejar de realizar tareas de trato directo con personas infectadas, sino asimismo asignarle otras tareas que la pongan en riesgo de contagio, como lo es obligarla a asistir a su área de trabajo, así sea que durante su jornada laboral desempeñe sus funciones en la oficina del jefe de laboratorio; por ende, las autoridades responsables en esas fechas no acataron cabalmente la suspensión de plano concedida. De ahí lo fundado de los agravios. Ante esto, lo procedente es modificar la resolución interlocutoria recurrida para ahora determinar que existió un defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano que regía en el juicio de amparo de origen, hasta antes del dictado de la sentencia definitiva que concedió la protección constitucional a la demandante, debido a que la responsable no se abstuvo de asignarle a LA QUEJOSA cualquier actividad o función que la pusiera en riesgo de contagio del virus SARS-CoV2. (.)". De la transcripción que antecede, esencialmente se obtiene que la Superioridad determinó que existió defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano que regía en el juicio de amparo en que se actúa, hasta antes del dictado de la sentencia definitiva que concedió la protección constitucional a la quejosa, debido a que la responsable no se abstuvo de asignarle cualquier actividad o función que la pusiera en riesgo de contagio del virus SARS-CoV2; ello, toda vez que la requirió a efecto de que acudiera a laborar presencialmente o de manera física en el mismo laboratorio clínico de la Unidad de Medicina Familiar donde se encuentra adscrita la promovente, aunado al seguimiento del expediente por el hecho de no asistir a laborar en esas condiciones en los cuatro días que indicó la autoridad y el requerimiento de justificar su inasistencia en esas fechas, constituyeron medidas que no atienden con puntualidad los alcances y efectos de la suspensión de plano decretada en el amparo; por lo que en todo caso, las autoridades responsables debieron asignarle actividades bajo resguardo domiciliario o en un área distinta al laboratorio donde se encuentra adscrita. Precisado lo anterior, se impone destacar que el artículo 209 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: Artículo 209. Si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, el órgano judicial, en su resolución, la requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de esta Ley. Del precepto legal previamente citado, se desprende que en el supuesto en que la autoridad responsable no haya cumplido con la suspensión, o bien, que lo haya hecho de manera defectuosa (entre otras hipótesis), el órgano jurisdiccional, en la resolución respectiva, la requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de esta Ley. No obstante lo anterior, es indispensable precisar que, como lo señaló el Tribunal Colegiado en la ejecutoria de que se ha dado noticia, los efectos de la suspensión de plano concedidos a la quejosa regían en el juicio de amparo en que se actúa, hasta antes de la emisión de la sentencia definitiva en que se concedió el fallo protector a la quejosa. De ahí que no se estime necesario requerir a la autoridad responsable para que en el plazo de veinticuatro horas acaten dicha medida cautelar. Se cita en apoyo a lo anterior, el criterio de rubro y texto siguientes: INCIDENTE DE VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN POR EXCESO, DEFECTO O INCUMPLIMIENTO. EL ARTÍCULO 209 DE LA LEY DE AMPARO, NO TIENE COMO CONSECUENCIA DIRECTA E INMEDIATA FINCAR SANCIONES NI RESPONSABILIDADES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR LA DESOBEDIENCIA COMETIDA, SINO REQUERIRLAS PARA QUE, EN UNA NUEVA OPORTUNIDAD, REPAREN, SUBSANEN O CUMPLAN CON LA MEDIDA SUSPENSIONAL, Y SÓLO EN CASO DE QUE NO LO HAGAN, DENUNCIARLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, PARA SU PERSECUCIÓN Y SANCIÓN CONDIGNAS. El artículo 209 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, sin correlativo alguno con la abrogada, establece que si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa, o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, deberá ser requerida para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, rectifique los errores en que incurrió al cumplirla, o subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada ante el Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la misma ley; de modo que determina y regula de forma diversa la denuncia de violación a la suspensión, dado que no tiene como consecuencia directa e inmediata fincar sanciones ni responsabilidades a las autoridades responsables por la desobediencia cometida por exceso, defecto, o incumplimiento de la suspensión, sino requerirlas para que, en una nueva oportunidad, reparen, subsanen o cumplan con la medida suspensional, y sólo en el caso de que no lo hagan, hacer efectivo el apercibimiento de denunciarlas ante el Ministerio Público Federal, para su persecución y sanción condignas. (Suprema Corte de Justicia de la Nación; Registro digital: 2010702; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Décima Época; Materias(s): Común; Tesis: XXIII.3 K (10a.); Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo II; página 1245; Tipo: Aislada). Ello es así, en virtud de que a través de la resolución correspondiente a la sesión de uno de julio de dos mil veintiuno, pronunciada en el amparo en revisión 17/2021, por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se concedió el fallo protector para los siguientes efectos: "(.) DÉCIMO. Efectos del amparo. En virtud de lo anterior, lo procedente es conceder el amparo a la quejosa, en contra de los actos reclamados, para el efecto de que las autoridades responsables: Consideren que la quejosa Nayeli Torres Rodríguez Torres, es una persona en situación especial de vulnerabilidad ante el virus SARS-CoV2, por padecer Diabetes Mellitus tipo 2 e hipertensión arterial y, consecuentemente, dentro de la gama de actividades que realiza como personal médico técnico "Químico Clínico" sólo se le asignen actividades que no la pongan en riesgo de contagio del referido virus, con la asignación del equipo especial y necesario para evitar el contagio del virus Covid-19 en el centro de trabajo. (.)" [Lo subrayado es propio]. Al respecto, es oportuno señalar que mediante proveído de uno de diciembre de dos mil veintiuno, se tomó conocimiento de las gestiones realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento del fallo protector, entre las que se encuentra el memorándum de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, dirigido a la Jefa de Laboratorio de la Unidad de Medicina Familiar No 94, dependiente de la Delegación Norte del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el cual se ordena que únicamente se asignen a la quejosa funciones que no la pongan en riesgo de contagio del virus COVID-19, aunado a que ésta última se encontraba gozando de su periodo vacacional, el cual comprende del diez de noviembre al ocho de diciembre de dos mil veintiuno, por lo que una vez que se reincorpore a su centro de trabajo, se le informará de las actividades que realizará y se le asignará equipo especial de protección. En consecuencia, en dicho auto, se requirió al Jefe de Laboratorio Clínico y al Director de la Unidad de Medicina Familiar No 94, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal (actualmente Ciudad de México) del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que en el plazo de cinco días, contado a partir de la incorporación de la quejosa a su centro de trabajo, es decir a partir de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, acrediten que acataron el fallo protector, en los términos previamente precisados. No obstante ello, en relación con el seguimiento del expediente por el hecho de no asistir a laborar en los días que indicó la autoridad y el requerimiento de justificar su inasistencia en esas fechas, se dejan a salvo los derechos de la parte quejosa para que los haga valer en la vía que considere oportuna, toda vez que en la ejecutoria de mérito se estableció que se trata de medidas que no atendieron con puntualidad los alcances y efectos de la suspensión de plano decretada en el amparo; y, por ende, fueron emitidos en contravención a la suspensión de plano decretada en el presente juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Jesús Coronel Montiel, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y toda vez que el que suscribe, fue adscrito como titular de este órgano jurisdiccional, a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, de conformidad con el oficio SEADS/1104/2021 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por Sergio Aldo Lamas Torres, Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. En virtud de lo anterior, hágase lo anterior del conocimiento de las partes la presente determinación para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio del Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo de los autos del presente juicio de amparo, así como el original de agravios del recurso de revisión interpuesto, asimismo, se advierte que admitió a trámite el citado recurso, quedando registrado bajo el toca RA (P) 349/2021. De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes, quedando en espera de la determinación. Notifíquese.
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