Héctor Ramos Olán

Expediente 867/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 13 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
867/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
05/03/2021

Partes del expediente

  • Héctor Ramos Olán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Incidental

    MESA 9 VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Décimo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió la suspensión provisional y definitiva, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA 9 VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación secretarial, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso Héctor Ramos Olán, hubiera recurrido la sentencia dictada el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. ARCHIVO DE LOS INCIDENTES Ahora, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. De conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvase a la Directora de Substanciación y Asuntos Jurídicos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, la copia digitalizada del procedimiento HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/077/2020-CÁRDENAS, que remitió en apoyo a su informe justificado, el cual obra por cuerda separada en un tomo. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA 9 En Villahermosa, Tabasco, a las once horas con treinta y cinco minutos del dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Karla Hernández Mancera, Secretaria que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, referente al juicio de amparo 867/2020-9, promovido por Héctor Ramos Olán. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y la Secretaria da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, la secretaria da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa en su demanda de amparo, consistentes en la presuncional legal y humana, los informes justificados, la instrumental de actuaciones y el oficio HCE/OSFE/FS/DSAJ/3789/2020, de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, signado por la directora de substanciación y asuntos jurídicos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco; y su notificación. Asimismo, se da cuenta con las copias certificadas del procedimiento HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/077/2020-CÁRDENAS, que anexó la autoridades responsable la directora de substanciación y asuntos jurídicos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, al rendir su informe justificado, por sí y en representación del citado órgano; el cual obra por cuerda separada. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la fase de alegatos; la Secretaria da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: De conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por perdido el derecho de las partes para hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 867/2020-9, promovido por Héctor Ramos Olán, contra actos del Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco y otra autoridad, con sede en esta ciudad, por estimarlo violatorio de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el doce de octubre de dos mil veinte, se recibió la presente demanda a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recibida por la Oficina de Correspondencia Común el mismo día y turnada a este órgano jurisdiccional al día siguiente, Héctor Ramos Olán solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: A C T O S R E C L A M A D O S "De la Autoridad Responsable ORDENADORA, le reclamo el ILEGAL PROCEDIMIENTO PARA EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDAD RESARCITORIA: EXP. HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/077/2020-CÁRDENAS; que se deduce del OF. NÚM: HCE/OSFE/FS/DSAJ/1653/2020; y de las Autoridad Responsable EJECUTORA, le reclamo el acuerdo de 17 de septiembre del 2020, notificado mediante oficio HCE/OSFE/FS/DSAJ/3789/2020, mediante el cual, sin la debida fundamentación y motivación en el punto SEGUNDO sin haber resolución alguna realiza una operación aritmética a fin de cuantificar la cantidad que le corresponde a cada presunto responsable condenado en el Pliego Definitivo de Responsabilidad Resarcitoria. Acto de autoridad en mi perjuicio y de mi patrimonio." A U T O R I D A D E S R E S P O N S A B L E S "Señalo como Autoridad Responsable ORDENADORA, Titular del Órgano Superior de Fiscalización Del Estado (.) EJECUTORA. - DIRECTORA DE SUBSTANCIACION. y ASUNTOS JURIDICOS DEL Órgano Superior de Fiscalización del Estado, (.)" SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El catorce de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual fue registrada con el expediente 867/2020-9; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ATENCIÓN DE CASOS URGENTES. El veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del "Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19". Luego, mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19", cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. CUARTO. EFECTIVO APERCIBIMIENTO. En proveído de uno de diciembre de dos mil veinte se hizo efectivo el apercibimiento señalado en el diverso de veintidós de octubre de dos mil veinte, en el que se le concedió a la parte quejosa Héctor Ramos Olán, el término de quince días para que manifestara a este órgano de control constitucional si era su deseo ampliar la demanda de amparo respecto de nuevos actos reclamados y autoridades responsables. QUINTO. REACTIVACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. En acuerdo de doce de enero de dos mil veintiuno, se reactivó el presente juicio y se señaló fecha para audiencia constitucional, por lo que de conformidad con la fracción II, del referido Acuerdo 21/2020, los plazos comenzaron a transcurrir a partir de que se notificó el referido proveído a las partes; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: El pliego definitivo dictado en el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/077/2020-CÁRDENAS; así como su notificación. El acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, emitido en el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/077/2020-CÁRDENAS, en el que ad cautelam se cuantifica el monto que correspondería pagar a cada presunto responsable de allanarse como responsable. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La directora de sustanciación y asuntos jurídicos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, al rendir su informe justificado, por sí y en representación del órgano negó la existencia del acto reclamado consistente en el pliego definitivo dictado en el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/077/2020-CÁRDENAS, porque no ha concluido el referido procedimiento y para corroborarlo anexó a su informe el procedimiento en copia certificada. Así, de las constancias se advierte que no existe el acto reclamado, toda vez que el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias no se ha resuelto y por lo tanto no hay un pliego definitivo. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Asimismo, la omisión de notificar el pliego definitivo es inexistente, al confirmarse la inexistencia de este, y porque la parte quejosa tuvo conocimiento del informe justificado y no aportó pruebas para desvirtuar su contenido. En consecuencia, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio en lo tocante a los mencionados actos reclamados. CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La directora de sustanciación y asuntos jurídicos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, al rendir su informe justificado, por sí y en representación del órgano acepto la existencia del acto reclamado consistente en el acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, emitido en el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/077/2020-CÁRDENAS, en el que ad cautelam se cuantifica el monto que correspondería pagar a cada presunto responsable de allanarse como responsable. Asimismo, de las constancias que anexó a su informe justificado consistente en la copia certificada del procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/077/2020-CÁRDENAS, del que se advierte su existencia, por lo que se tiene por cierto el acto reclamado a la autoridad responsable al haberlo reconocido y encontrarse corroborado con la documental precitada. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO". QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a Página: 553, Tomo VI, Parte TCC, Fuente: Apéndice de 1995, Materia Común, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese orden de ideas, se estima que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con la fracción III, inciso a) y b) del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; De los anteriores artículos se desprende el juicio de amparo es improcedente contra actos que no constituyan la resolución definitiva en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, salvo que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. Asimismo, la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos que no constituyan la resolución que ponga fin al procedimiento está sujeta a que sean de imposible reparación, es decir, que afecten materialmente derechos sustantivos. Al respecto, el Máximo Tribunal del país ha sostenido que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, el artículo 107, en dos de sus fracciones precisa el alcance de la expresión "actos de imposible reparación". La primera de ellas -fracción III- dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda -fracción V-, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones, afirmó que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo. Y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)".4 En esa tesitura, podemos colegir que el artículo 107, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, establece juicio de amparo indirecto procede contra la resolución definitiva proveniente de un procedimiento administrativo en forma de juicio salvo que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte y contra actos que dentro de ese procedimiento sean de imposible reparación, entendida como la afectación material directa a un derecho sustantivo. Así las cosas, el suscrito considera que, el supuesto previsto en el inciso a), de la fracción III, del artículo 107 de la Ley de Amparo no se colma, al no tratarse de la resolución definitiva del procedimiento de responsabilidad resarcitoria. En efecto, de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que en acuerdo de veinte de marzo de dos mil veinte, se inició el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias en contra Héctor Ramos Olán, contralor municipal; Nelson Alberto Gallegos Vaca, director de obra ordenamiento territorial y servicios municipales, Abemar Sánchez Alejandro, residente de obra; del Ayuntamiento Constitucional de Cárdenas, Tabasco, durante el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, en correlación con el administrador único de la empresa contratista Constructora y Comercializadora MUSAN, sociedad anónima de capital variable, y quien o quienes resulten responsables del daño a la Hacienda Pública Municipal por la Cantidad de $91,646.25 (noventa y un mil seiscientos cuarenta y seis pesos 25/100 moneda nacional), por la obra que presentó irregularidades 08-204.- Construcción de pavimento hidráulico, drenaje, agua potable y banquetas en la colonia Toloque, ubicada en Cárdenas, Tabasco. Luego, en audiencia programada de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, la presunta responsable empresa contratista Constructora y Comercializadora MUSAN, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su representante legal Antonio Muñiz Vázquez, compareció ante el órgano de fiscalización para pagar el monto proporcional del daño ocasionado a la Hacienda Pública Municipal, de acuerdo con el artículo 53, párrafo segundo, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. Por lo anterior, el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, la autoridad responsable dictó un auto dentro del procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/077/2020-CÁRDENAS, en el que ad cautelam se cuantifica el monto que correspondería pagar a cada presunto responsable de allanarse como responsable, que es el acto que impugna la aquí parte quejosa y se trae a la vista para mejor referencia: Así, el referido acto impugnado se desprende que no es una resolución definitiva en el juicio es un acuerdo en la autoridad responsable determinó ad cautelam el monto que debía pagar la presunta responsable empresa contratista Constructora y Comercializadora MUSAN, para resarcir el daño a la Hacienda Pública, porque el propio representante legal de la citada empresa lo solicitó realizar el pago proporcional de su responsabilidad. Además, en la especie el proveído reclamado, no produce efectos de imposible reparación, esto es, no afecta derechos sustantivos de parte la quejosa, dado que, por una parte, en el referido acuerdo no se le está fincando responsabilidad respecto al daño ocasionado a la Hacienda Pública ni se le impone la responsabilidad de resarcirlo. Incluso, porque de condenársele en el pliego definitivo que se llegue a dictar en el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias, puede recurrir el mismo a través de los medios de impugnación que establezcan las leyes respectivas. Así, dado que se actualizan la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con la fracción III, inciso a) y b) del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo; procede sobreseer en el presente juicio de amparo con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por otra parte, no pasa inadvertido para el suscrito el hecho que no se encuentre emplazada al presente juicio la parte tercero interesada Ayuntamiento Constitucional de Cárdenas, Tabasco, en virtud que el sentido de la presente resolución no le causa ningún perjuicio, ya que no es contraria a sus intereses. Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia: P./J. 46/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 396, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Junio de 1997, Novena Época, que establece: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EMPLAZAMIENTO DE POSIBLES TERCEROS INTERESADOS. SU FALTA NO PROVOCA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE QUE LA SENTENCIA QUE SE DICTE NO SERÁ CONTRARIA A SUS INTERESES. Encontrándose una controversia constitucional en estado de resolución y advirtiéndose de su estudio que no se llamó a juicio a posibles terceros interesados, no procede reponer el procedimiento si de su análisis se desprende que el sentido de la resolución que se dicte no será contrario a sus intereses y, por ende, no les causará agravio alguno; además, a nada práctico conduciría y únicamente retardaría el procedimiento y la resolución del asunto." Así como, la Tesis del Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 2008, Página 45, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de catorce de octubre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Héctor Ramos Olán, contra el acto reclamado y las autoridades precisadas en el resultando primero, por las razones y fundamentos establecidos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  4. Principal

    mesa 9 VILLAHERMOSA, TABASCO, DOCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación que antecede, se advierte que el veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Ahora bien, como se hizo constar en la certificación de cuenta, en el presente expediente se encontraba señalada la celebración de la audiencia constitucional para las diez horas con veinte minutos del veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, misma que no pudo llevarse a cabo, por los motivos expresados en los párrafos que anteceden. Por lo anterior, se reanuda el trámite del presente expediente, por lo que para el verificativo de la audiencia constitucional se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.

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