Héctor Ramirez Hernández

Expediente 1948/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1948/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Héctor Ramirez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio suscrito por la Presidenta de la Junta Especial Número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, con el que da cumplimiento al requerimiento hecho por este Juzgado e informa lo relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo. Por tanto, (...) dese vista a las partes con la documentación de cuenta y su anexo, así como con los diversos suscritos por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y el Actuario de su adscripción, (los cuales ya obran agregados en autos), por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que queden debidamente notificadas de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidas que de no hacer manifestación alguna dentro de ese plazo, este Juzgado resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la resolución de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los oficios remitidos por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, así como del Actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad, mediante el cual informan el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Ahora, de las constancias que adjuntó la citada Presidenta a su oficio de cuenta, se advierte que mediante acuerdo de trece de noviembre de dos mil veintitrés la Junta responsable dejó sin efecto la fecha y hora señalada en audiencia de trece de julio de los presentes en los autos del juicio laboral 581/2020, para el desahogo de la prueba testimonial integrada por Ana Luisa Garrido Rivera y Alfredo Cortes Morales, señalando como fecha y hora, el treinta de noviembre de dos mil veintitrés a las ocho horas con quince minutos. De igual manera, se aprecia que el citado proveído les fue notificado a la parte actora y demandada del juicio natural, el trece de noviembre del año en curso. Sin embargo, se aprecia que no fue posible realizar la notificación correspondiente a los testigos *** y ***, por los motivos que asentó el Fedatario responsable, en la constancia actuarial de la misma fecha antes indicada. En ese sentido, mediante atento oficio que para tal efecto se gire a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, requiérasele para que dentro del término de tres días, siguientes a la fecha que se notifique el presente proveído, informe el estado procesal del juicio laboral ***, así como del acuerdo recaído a la razón actuarial de trece de noviembre de dos mil veintitrés, en la cual se asentó el motivo por el que no se llevó a cabo la notificación del auto de la misma fecha a los testigos ***y ***. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, o no informar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia de que los autos se remitan al Tribunal Colegiado de Circuito, para el trámite de inejecución, en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de la materia. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede y atendiendo que ha transcurrido el término al que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio, con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, con relación a los numerales 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Ahora, el fallo protector se emitió con los siguientes efectos: "33. » La Junta responsable deje sin efecto la fecha y hora señalada en audiencia de trece de julio de dos mil veintitrés, en el juicio laboral ********************, para la celebración de la audiencia de desahogo de la prueba testimonial integrada por ******************** y ********************, ofrecida por la parte demandada en el citado juicio. 34. » Hecho lo anterior, señale una nueva fecha y hora para la celebración de dicha audiencia, de conformidad con el plazo a que se refiere el artículo 874 de la Ley Federal del Trabajo; y lo notifique a las partes del juicio laboral. 35. » Asimismo, comisione al Actuario de su adscripción a fin de que notifique a los testigos ofrecidos por la parte demandada para el desahogo de la probanza antes citada, dentro de los plazos y con la debida anticipación a la celebración de la audiencia correspondiente, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo." En tal virtud, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al de la notificación del presente proveído, den cumplimiento a la sentencia de amparo. Se apercibe a las responsables, que en caso de no dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dentro del plazo señalado se les impondrá multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 193 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia de que los autos se remitan al Tribunal Colegiado de Circuito, para el trámite de inejecución, en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de la materia. Asimismo, se hace saber a las autoridades responsables del cumplimiento de la sentencia, que conforme a la Ley de Amparo, cuando la ejecutoria no queda cumplida tras el primer requerimiento, se procederá hacer efectiva la multa y remitir los autos al Tribunal Colegiado por inejecución, otorgando una prórroga de plazo por una sola y única ocasión. Por ello, se les conmina a cumplir la ejecutoria del presente juicio de manera completa y oportuna, pues la Ley Amparo no autoriza la elaboración de múltiples requerimientos para el cumplimiento de las sentencias. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 1948/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ********************, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad y el Actuario de su adscripción, y; RESULTANDO. PRIMERO. Demanda de amparo El siete de septiembre de dos mil veintitrés, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, recibió la demanda de amparo promovida por ********************, contra los actos reclamados a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad y el Actuario de su adscripción, consistentes en: El señalamiento de fecha lejana para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada en autos del juicio reclamatorio laboral ********************/******************** de su índice. La omisión de notificar a los testigos ofrecidos por la parte demandada a fin de desahogar la prueba testimonial anteriormente referida. En la demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó sus conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio Por razón de turno, la demanda fue enviada a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. En auto de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, se registró con el número de expediente 1948/2023, y se admitió a trámite. En la secuela procesal, se emplazó al representante social de la adscripción. Se recibieron los informes con justificación rendidos por las responsables. Finalmente, en esta fecha se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, en virtud de que se reclaman actos y omisiones que tienen efectos de imposible reparación derivados del trámite de un juicio laboral, por parte de autoridades laborales cuya residencia se encuentra en esta ciudad de Mérida, donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los acuerdos 104/2022 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda y sus anexos, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: Autoridades responsables Actos reclamados Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán. Actuario adscrito a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán. El señalamiento de fecha lejana para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada en autos del juicio reclamatorio laboral ********************/******************** de su índice. La omisión de notificar a los testigos ofrecidos por la parte demandada a fin de desahogar la prueba testimonial anteriormente referida. TERCERO. Certeza de los actos reclamados Al rendir su correspondiente informe con justificación, la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, así como el Actuario de su adscripción, aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman. Certeza que se corrobora con la fotocopia certificada del juicio natural, documental que conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, cuenta con valor probatorio pleno, pues se trata de una reproducción autorizada por un funcionario con fe pública. CUARTO. Oportunidad para presentar la demanda En el particular, la acción constitucional puede ejercerse en cualquier momento, pues se reclaman actos y omisiones que han ocasionado que la dilación dentro del procedimiento natural se actualice de momento a momento, por tratarse de un hecho continuo que no se agota una vez actualizados, sino hasta que cese la omisión, por ende no está sujeta al termino de quince días que refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. QUINTO. Procedencia Las partes no proponen causas de improcedencia y este Juzgado no advierte que deba examinarse alguna de oficio, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, por lo que se procede al análisis del fondo de la cuestión planteada. SEXTO. Estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. En el estudio del presente asunto, serán examinados los argumentos contenidos en la demanda de amparo, razón por la que es innecesaria su transcripción. Además, procede la suplencia de la queja en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Por orden de estudio, primeramente se analizará lo relativo al acto reclamado consistente en el señalamiento de fecha lejana, para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada en autos del juicio reclamatorio laboral ********************/********************. En esencia, la parte quejosa, refiere que la Junta responsable vulnera el derecho de pronta impartición de justicia al señalar una fecha lejana para el desahogo de la prueba antes referida, Son fundados los conceptos de violación, debido a que la presente fecha, la autoridad responsable ha señalado las nueve horas del veintinueve de enero de dos mil veinticuatro para el desahogo de la prueba testimonial a cargo de ******************** y ********************, ofrecida por la parte demandada (foja 17). En efecto, el derecho humano de acceso a la jurisdicción se encuentra reconocido en el segundo párrafo del artículo 17 Constitucional, en lo atinente, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales competentes para ello, quienes además deberán impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones bajo los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. Ahora, en el asunto que se analiza, de los citados principios de acceso a la justicia, sirve invocar el de justicia pronta, el cual consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. La prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia, así como la conclusión del conflicto, incluida la etapa de ejecución de las sentencias. Ilustra lo antes dicho, en lo conducente, del criterio 1a./J. 103/2017 (10a.) que ha sustentado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: 'GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.', la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales." En materia laboral, del estudio de los artículos 685, 883 y 884 de la Ley Federal del Trabajo, en su texto posterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil doce, disponen que el procedimiento laboral se rige por principios que imponen a la Junta Laboral tramitar en forma pronta los asuntos de su competencia. Al respecto, se observa cuando se trate de la fase de desahogo de pruebas, la Junta, en el mismo acuerdo en las que las admita, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo, la cual deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes. Y, solo en el caso, en el que la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando que se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este periodo no deberá exceder de treinta días. De igual manera, si alguna de las pruebas admitidas no estuviere debidamente preparada, se señalará nuevo día y hora para su desahogo dentro de los diez días siguientes, haciéndose uso de los medios de apremio. En este tenor, el requisito de prontitud en la impartición de justicia, tiene como elemento esencial que las resoluciones se dicten dentro de los plazos y términos que fijan las leyes, siendo por ello requisito indispensable que se acredite con los medios probatorios idóneos y suficientes tal supuesto. Por tanto, si el en el expediente de origen, se señalaron las nueve horas del veintinueve de enero de dos mil veinticuatro, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia de desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada, dicha cuestión es contraria a la temporalidad prevista por el artículo 884 de la Ley Federal del Trabajo, y pone de manifiesto que se vulneró el derecho de acceso efectivo a la justicia, pues la fecha señalada excede el plazo fijado por la ley para tal efecto. En ese tenor, como ya se detalló, el artículo 17 constitucional garantiza a favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos, entre los que se encuentra el acceso efectivo a la administración de justicia, la cual debe impartirse de manera pronta y expedita mediante el cumplimiento por parte de la autoridad jurisdiccional de los plazos y términos dispuestos por la ley. Entonces, debe concederse el amparo solicitado por la parte inconforme, para los efectos que se precisarán más adelante. Ahora bien, por lo que hace al acto consistente en la omisión de notificar a los testigos ofrecidos por la parte demandada a fin de desahogar la multicitada prueba testimonial en autos del juicio laboral ********************/********************, la parte quejosa en esencia alega que las autoridades responsables vulneran en su perjuicio el derecho que a su favor tutela el artículo 17 Constitucional, porque se ha retrasado el curso del procedimiento laboral de origen al omitir llevar a cabo la notificación de los testigos ******************** y ********************. Al respecto, resulta fundado dicho concepto de violación. En efecto, como se ha dicho, el artículo 17 constitucional ya impone la obligación de que las autoridades jurisdiccionales deben impartir justicia de manera pronta y expedita mediante el cumplimiento de los plazos y términos dispuestos por la ley. En este contexto, es preciso transcribir el contenido del artículo 750 de la Ley Federal del Trabajo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 750. Las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario." Ahora bien, de los informes y de las documentales remitidas por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, se obtiene lo siguiente: La Presidenta de la Junta responsable al momento de rendir su informe de ley, comunicó a este juzgado que respecto a los testigos anteriormente mencionados, si bien no se encuentran notificados, para subsanar dicha irregularidad, turnó los autos del citado juicio laboral, al Actuario de su adscripción a fin de realizar la notificación pertinente (foja 13). Situación que fue confirmada por el Actuario responsable al rendir su informe justificado (foja 18). Sin que a la fecha, las autoridades responsables hayan remitido a este órgano de control constitucional constancia que acredite que se hubieran realizado las notificaciones pertinentes a los testigos ofrecidos por la parte demandada. En consecuencia, ante lo fundado de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, procede conceder el amparo y protección de la justicia Federal, para los efectos que se precisarán en el considerando siguiente. La presente resolución se emite a pesar de que se encuentra trascurriendo el plazo de ocho días que otorga el artículo 117 de la Ley Amparo a las partes, para imponerse del contenido de los informes con justificación rendidos por las responsables; sin embargo, retrasar el dictado de la sentencia por un aspecto formal permitirá la subsistencia de un acto que vulnera el derecho humano de impartición de justicia. Por las razones que la integran, apoya lo considerado la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, de rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS." SÉPTIMO. Efectos de la protección constitucional Con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la protección constitucional concedida es para el efecto siguiente: La Junta responsable deje sin efecto la fecha y hora señalada en audiencia de trece de julio de dos mil veintitrés, en el juicio laboral ********************/********************, para la celebración de la audiencia de desahogo de la prueba testimonial integrada por ******************** y ********************, ofrecida por la parte demandada en el citado juicio. Hecho lo anterior, señale una nueva fecha y hora para la celebración de dicha audiencia, de conformidad con el plazo a que se refiere el artículo 874 de la Ley Federal del Trabajo; y lo notifique a las partes del juicio laboral. Asimismo, comisione al Actuario de su adscripción a fin de que notifique a los testigos ofrecidos por la parte demandada para el desahogo de la probanza antes citada, dentro de los plazos y con la debida anticipación a la celebración de la audiencia correspondiente, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Por lo antes expuesto y fundado, con fundamento en los artículos 61, 63, 74 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ********************, contra los actos reclamados a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán y Actuario de su adscripción, por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia y para los efectos indicados en el último considerando de este fallo. NOTIFÍQUESE

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