Hector Ramirez Garcia Piña

Expediente 648/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
648/2015
Año
2015
Actuaciones
11
Última actuación
30/11/2015

Partes del expediente

  • Hector Ramirez Garcia Piña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Incidental

    CAMBIO DE DENOMINACION Y COMPETENCIA DEL ORGANO JURISDICCIONAL Y RENUMERACION DEL EXPEDIENTE. En atención a que el veintinueve de mayo de dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación, domicilio y competencia de los once Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla; .así como a las reglas de turno, sistemas de recepción y distribución de asuntos entre los órganos jurisdiccionales en la entidad en mención.", por lo cual, a partir del uno de junio de este año conforme al artículo quinto del citado acuerdo, este Juzgado Federal concluye sus funciones como Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla y cambia de denominación a Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, conservando su domicilio y modifica su competencia respecto de los asuntos en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales. Por lo anterior, en virtud de la nueva denominación y competencia, se procederá a la renumeración del presente incidente de suspensión, por consiguiente hágaseles saber a las partes que al número de registro 779/2015 ahora le corresponde el número 648/2015 del índice de este órgano jurisdiccional Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA. V i s t o el estado procesal de los presentes autos, se procede a resolver sobre el cumplimiento dado a la sentencia protectora de amparo. De la sentencia se advierte que la protección constitucional se concedió para el efecto de que el Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla: "1. Deje insubsistente la resolución de seis de abril de dos mil quince, de liquidación de sentencia dictada en el expediente 624/2012. 2. En su lugar, con plenitud de jurisdicción emita una resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido que la anterior, pero para ello, deberá omitir considerar que lo pretendido es modificar el porcentaje de la pensión, sino que ésta se resuelva con base en el nuevo salario devengado por el acreedor alimentario." (foja 121). Por auto de veintinueve de octubre de dos mil quince, causó ejecutoria la sentencia protectora de garantías, por lo que se requirió el cumplimiento de la referida sentencia a la autoridad responsable (fojas 128 y 129). Mediante oficio 4617, de cinco de noviembre de dos mil quince, recibido por este Juzgado Federal en la misma fecha (foja 132), el Juez Sexto Familiar de la ciudad de Puebla, anexó copia certificada de la resolución de cinco de noviembre de la presente anualidad, que dictó dentro del expediente 624/2012 de su índice, en la que se advierte que lo siguiente: "PRIMERO. Se deja insubsistente la resolución de seis de abril de dos mil quince. SEGUNDO. En sustitución de dicha resolución, se procede a emitir otra, siguiendo los lineamientos dictados por el fallo protector, en los siguientes términos: ".V I S T O S los autos del expediente número 624/2012, relativo al Juicio Especial de Alimentos promovido por ***** , para resolver sobre la planilla de liquidación de sentencia propuesta por la primera de los mencionados, teniendo como abogado patrono y domicilios para oír y recibir notificaciones personales, el indicado en autos, y; R E S U L T A N D O PRIMERO. Que mediante escrito presentado el veintiocho de mayo de dos mil catorce, se tuvo a MARÍA GUADALUPE PASTEN GONZÁLEZ formulando planilla de liquidación de sentencia respecto de las pensiones alimenticias vencidas en contra de HÉCTOR RAMÍREZ GARCÍA PIÑA en los términos que de su escrito se desprenden. SEGUNDO. . C O N S I D E R A N D O: I.- COMPETENCIA: Que en términos de lo que establecen los artículos 429 y 436 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, esta autoridad se declara legalmente competente para determinar sobre la planilla de liquidación de sentencia. II. . III. ANÁLISIS DE LA LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. Que la planilla de liquidación de sentencia formulada por MARÍA GUADALUPE PASTEN GONZÁLEZ es de aprobarse no en los términos propuestos, sino regulada bajo las consideraciones que a continuación se exponen. Con efecto, al imponerse del escrito de liquidación, se desprende que la acreedora reclama el pago de la cantidad de $7,900.00 (SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N), por concepto de pensiones alimenticias que corresponden de los meses de febrero de dos mil catorce a la "presente fecha"; es decir, a mayo de dos mil catorce, en que se presentó la liquidación. Ahora bien, para abordar adecuadamente el análisis de la liquidación que nos ocupa, es menester mencionar que por sentencia definitiva de fecha catorce de noviembre de dos mil trece, se condenó a *** a pagar por concepto de pensión alimenticia definitiva la cantidad equivalente al importe mensual del *** por su propio derecho y en representación de su menor hijo ***, causando ejecutoria la misma el dieciséis de diciembre de ese mismo año. Conforme a dicha sentencia definitiva, el porcentaje a descontarse al señor HÉCTOR RAMÍREZ GARCÍA PIÑA equivale a la cantidad de $2,122.63 (DOS MIL CIENTO VEINTIDÓS PESOS 63/100 M.N). Sin embargo, el diecisiete de febrero de dos mil catorce, se tuvo al representante legal de la empresa "Eurowipe de México, Sociedad Anónima de Capital Variable" informando que el señor HÉCT**** presentó su renuncia con carácter irrevocable el trece de diciembre de dos mil trece. Consecuentemente, a fin de dar cumplimiento al ordenamiento dictado por esta autoridad, el patrón exhibió el comprobante de la transferencia bancaria que realizó a favor de la acreedora alimentaria correspondiente a la parte proporcional del finiquito del demandado, así como una ficha de depósito de la institución bancaria denominada BBVA BANCOMER por la cantidad de $1,004.30 (Mil cuatro pesos 30/100 M.N.), suma que se puso a disposición de la señora citada por parte de esta autoridad. En ese orden de ideas, la pensión alimenticia mensual corresponde a la cantidad de $2,122.63 (DOS MIL CIENTO VEINTIDÓS PESOS 63/100 M.N) y, de acuerdo al escrito en que la señora **** formuló la plantilla de liquidación, hizo mención que la parte proporcional del finiquito del señor ***** cubrió lo correspondiente a las pensiones de los meses de diciembre de dos mil trece y enero del dos mil catorce. Así las cosas, las operaciones aritméticas correspondientes del porcentaje decretado como pensión alimenticia ($2, 122.63) por los meses de febrero a mayo del dos mil cuatro (4 mensualidades) arroja la cantidad de $8,490.52 (Ocho mil cuatrocientos noventa pesos 52/100 M.N.). Pero, a dicha cantidad se deben descontar los $4,400.00 (Cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N), que es el monto total de los diversos depósitos que ha exhibido el señor **** , (f 452, 459, 469, 473, 477, 483, 488, 492, 496 y 500), ya que independientemente de que éstos fueron exhibidos para cubrir pensiones alimentarias de meses diversos a los que hoy se analizan, dichas cantidades aportadas deben considerarse como abono a los alimentos adeudados. De esta manera, se estima justo aprobar la planilla de liquidación puesta en consideración del suscrito por la cantidad de $4,090.52 (CUATRO MIL NOVENTA PESOS 52/100 M.N.) que corresponde al adeudo de las pensiones alimenticias al mes de mayo del dos mil catorce. No son óbice a esta conclusión los argumentos esgrimidos por el señor **** ; para inconformarse con la planilla a estudio, por los motivos que a continuación se expresan. Efectivamente, en uno de ellos refiere que la señora **** omitió señalar con precisión el monto que recibió de su finiquito, por lo que ni siquiera llevó a cabo las operaciones; empero, tal y como se asentó en párrafos precedentes, la acreedora sí tomó en consideración la suma que recibió por concepto del cincuenta por ciento de la liquidación del obligado, cantidad con la que se tuvieron por cubiertas las pensiones alimenticias correspondientes a los meses de diciembre de dos mil trece y enero de dos mil catorce. En un diverso argumento aduce que su contraria soslayó los depósitos que exhibió; no obstante, de cualquier manera, dichos depósitos sí se han tomado por esta autoridad en abono del adeudo, como quedó contemplado en el séptimo párrafo del considerando III de esta resolución. Finalmente, el señor **** pretende que al haberse modificado su ingreso, en todo caso las pensiones alimenticias deben cobrarse en función de su nuevo salario, como estima está justificado en autos. Este planteamiento impone realizar una serie de reflexiones, legales y humanas, para luego dilucidar si el mismo es o no atendible; tarea que emprendemos a continuación. Desde el punto de vista legal advertimos los siguientes aspectos: a). Que el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estatuye el principio del interés superior de la niñez y la garantía plena de sus derechos, entre los que desde luego se incluye la satisfacción de sus necesidades de alimentos salud, educación, así como esparcimiento para su desarrollo integral. Interés superior que también está amparado por el artículo 21 de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, ratificada por México el veintiuno de septiembre de 1990; y que nuestra legislación local igualmente reconoce en los diversos 293 del Código Civil y 677 fracción I, inciso b) de la Codificación instrumental de la materia. Luego entonces, en toda decisión judicial que involucre de cualquier manera cuestiones que atañen a los niños, deberá procurarse siempre hacer prevalecer su interés superior. b). Que al tenor del artículo 597 del Código Civil, la patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que recíprocamente tienen, por una parte el padre y la madre, y por la otra los hijos menores no emancipados, y cuyo objeto es la guarda de la persona y bienes de estos menores, así como su educación. Asimismo, que el diverso 487 del mismo ordenamiento legal impone a los padres la obligación de dar alimentos a sus hijos. De dichos preceptos nítidamente se sigue que, en función del ejercicio de la patria potestad, los padres deben procurar por cuantos medios lícitos estén a su alcance, dotar a sus hijos de los medios para acceder a una vida digna, cubriendo rubros tan indispensables como los alimentos, salud, educación y esparcimiento. c).Que resulta bien sabido que la institución de alimentos es de orden público. Desde la restante perspectiva, conforme a las constancias de autos encontramos: a). Que según oficio visible a foja 412, el deudor alimentario dejó de prestar sus servicios personales para la moral "***** b). Que de acuerdo al informe que corre agregado a foja 480, **** comunicó que tiene contratado al aquí deudor alimentario ****** como su chofer particular, pagándole un salario de $1,750.00 (Un mil setecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) mensuales; probanza que por no ser reconocida ni objetada solo alcanza valor de indicio apto para que concatenado con otros funden una presunción, según dispone el numeral 339 del Código de Procedimientos Civiles. Ahora bien, es un hecho derivado de la lógica que quien goza de un empleo estable y decorosamente remunerado, busca mantenerlo para preservar su estabilidad económica, sobre todo en esta época de poca oferta laboral. Así las cosas, al tenor del oficio identificado con el inciso a) y documento anexo (f 427), es evidente que la conclusión de la relación laboral no tuvo lugar porque concurriera por alguna falta atribuible sea al patrón o al trabajador, de las contempladas en la Ley Federal del Trabajo, para rescindirla, sino por voluntad expresa del segundo. En la época que ello ocurrió, el señor **** era plenamente sabedor de que tenía el deber legal y también humano de ministrar alimentos ya no digamos a su esposa sino a su menor hijo ****, a la fecha de escasos nueve años de edad. En ese tenor, si en lugar de mantenerse en el empleo el deudor alimentario libremente dio su consentimiento para extinguirlo y con ello renunciar al salario que lo retribuía, tal proceder nos conduce válidamente a inferir, por un lado, que tiene una fuente de ingresos al menos iguales o, por el otro, que se trata de una maniobra deliberada para afectar el derecho alimentario de sus acreedores. De consiguiente, en la primera hipótesis el deudor seguiría contando con recursos económicos para solventar la pensión alimenticia en la misma cantidad equivalente al porcentaje de su anterior salario a que fue condenado en sentencia definitiva. Y, en la segunda, su proceder seria doloso que no puede operar en su favor bajo el principio general de derecho que reza: "A nadie aprovecha su propio dolo". Apreciación esta que se robustece con la manifestación del deudor en su escrito de contestación a la liquidación, en la parte en que se duele de la falta de empleo, cuando teniendo uno que le daba estabilidad, por voluntad propia decidió darlo por terminado en forma voluntaria, sin que de las actuaciones pudiéramos constatar Siquiera un hecho humanamente creíble que pudiera explicar la razón de la renuncia en los términos Indicados. En tales consideraciones, en concepto de esta autoridad, el argumento que ahora nos distrae no es Iegalmente atendible. Es más, considerar lo contrario sería tanto como resolver contra el interés superior del niño que es beneficiario de los alimentos. Esto así, esencialmente en razón de que en el supuesto de conceder valor probatorio a la constancia de la pretendida relación laboral actual, aun cuando no haya sido concatenada con otros medios que funden presunción, el cuarenta y cinco por ciento del nuevo salario representarla la cantidad $787.50 (Setecientos ochenta y siete pesos 50/100 m.n.), que dividida entre sus dos beneficiarios, entre ellos el menor de edad ya mencionado, les representaría a cada una pensión del orden de los $393.75 (Trescientos noventa y tres pesos 75/100); esto es, $13,12 (Trece pesos 00/100 m.n.) diarios, a todas luces insuficiente para sobrevivir siquiera con lo más estricto. Mientras que, como se ha expresado, si mayor consideración, el deudor alimentario decide motu proprio dar por terminada la relación laboral que otrora le retribuía un salario con el que aseguraba la ministración de recursos para su pequeño hijo, aparte de su esposa. Amén de que se trata de su hombre de aproximadamente cuarenta y cinco años de edad, según se infiere del acta de matrimonio agregada a los autos, contando entonces con la aptitud física y posibilidad para generar los recursos para solventar la pensión alimenticia a su cargo, en los términos de la sentencia que culminó esta instancia. (.) R E S U E L V E ÚNICO. Por las razones expuestas en la parte considerativa, se aprueba la presente liquidación de sentencia, hasta por la cantidad de $4,090.52 (CUATRO MIL NOVENTA PESOS 52/00 M.N.), por concepto de pensiones alimenticias no pagadas hasta el mes de mayo del dos mil catorce ... " TERCERO. Mediante oficio ." (fojas 133 a 135). En las relatadas condiciones, dado que el Juez Sexto de lo Familiar de la ciudad de Puebla, dejó insubsistente la resolución de seis de abril de dos mil quince, de liquidación de sentencia dictada en el expediente ***** y con plenitud de jurisdicción emitió otra, en la que omitió considerar que lo pretendido era modificar el porcentaje de la pensión y, al determinar resolver dicha liquidación conforme al salario que anteriormente percibía el aquí quejoso Héctor Ramírez García Piña, previamente al renunciar a ese trabajo y que como tal proceder infirió que tenía una fuente de ingresos al menos igual o, que se trataba de una maniobra deliberada para afectar el derecho alimentario de sus acreedores; se llega a la conclusión de que, en el caso, fue cumplida en sus términos la ejecutoria de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Archívese este asunto como concluido. Glósese el original del incidente de suspensión. Guárdese por separado el duplicado del incidente de suspensión. Depúrese el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se concedió el amparo solicitado, en el presente juicio y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. Destrúyase el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos cinco años, toda vez que se negó la medida cautelar definitiva y no existe denuncia de violación a la suspensión, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción III del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurridos seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el punto vigésimo fracción III del citado Acuerdo General. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA HÉCTOR RAMÍREZ GARCÍA PIÑA EL AUTO DE TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE QUE EN LO CONDUCENTE DICE: SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA. V i s t o el estado procesal de los presentes autos, se procede a resolver sobre el cumplimiento dado a la sentencia protectora de amparo. De la sentencia se advierte que la protección constitucional se concedió para el efecto de que el Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla: "1. Deje insubsistente la resolución de seis de abril de dos mil quince, de liquidación de sentencia dictada en el expediente 624/2012. 2. En su lugar, con plenitud de jurisdicción emita una resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido que la anterior, pero para ello, deberá omitir considerar que lo pretendido es modificar el porcentaje de la pensión, sino que ésta se resuelva con base en el nuevo salario devengado por el acreedor alimentario." (foja 121). Por auto de veintinueve de octubre de dos mil quince, causó ejecutoria la sentencia protectora de garantías, por lo que se requirió el cumplimiento de la referida sentencia a la autoridad responsable (fojas 128 y 129). Mediante oficio 4617, de cinco de noviembre de dos mil quince, recibido por este Juzgado Federal en la misma fecha (foja 132), el Juez Sexto Familiar de la ciudad de Puebla, anexó copia certificada de la resolución de cinco de noviembre de la presente anualidad, que dictó dentro del expediente 624/2012 de su índice, en la que se advierte que lo siguiente: "PRIMERO. Se deja insubsistente la resolución de seis de abril de dos mil quince. SEGUNDO. En sustitución de dicha resolución, se procede a emitir otra, siguiendo los lineamientos dictados por el fallo protector, en los siguientes términos: ".V I S T O S los autos del expediente número 624/2012, relativo al Juicio Especial de Alimentos promovido por ***** , para resolver sobre la planilla de liquidación de sentencia propuesta por la primera de los mencionados, teniendo como abogado patrono y domicilios para oír y recibir notificaciones personales, el indicado en autos, y; R E S U L T A N D O PRIMERO. Que mediante escrito presentado el veintiocho de mayo de dos mil catorce, se tuvo a *** formulando planilla de liquidación de sentencia respecto de las pensiones alimenticias vencidas en contra de *** en los términos que de su escrito se desprenden. SEGUNDO. . C O N S I D E R A N D O: I.- COMPETENCIA: Que en términos de lo que establecen los artículos 429 y 436 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, esta autoridad se declara legalmente competente para determinar sobre la planilla de liquidación de sentencia. II. . III. ANÁLISIS DE LA LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. Que la planilla de liquidación de sentencia formulada por *** es de aprobarse no en los términos propuestos, sino regulada bajo las consideraciones que a continuación se exponen. Con efecto, al imponerse del escrito de liquidación, se desprende que la acreedora reclama el pago de la cantidad de $7,900.00 (SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N), por concepto de pensiones alimenticias que corresponden de los meses de febrero de dos mil catorce a la "presente fecha"; es decir, a mayo de dos mil catorce, en que se presentó la liquidación. Ahora bien, para abordar adecuadamente el análisis de la liquidación que nos ocupa, es menester mencionar que por sentencia definitiva de fecha catorce de noviembre de dos mil trece, se condenó a *** a pagar por concepto de pensión alimenticia definitiva la cantidad equivalente al importe mensual del *** por su propio derecho y en representación de su menor hijo ***, causando ejecutoria la misma el dieciséis de diciembre de ese mismo año. Conforme a dicha sentencia definitiva, el porcentaje a descontarse al señor *** equivale a la cantidad de $2,122.63 (DOS MIL CIENTO VEINTIDÓS PESOS 63/100 M.N). Sin embargo, el diecisiete de febrero de dos mil catorce, se tuvo al representante legal de la empresa *** presentó su renuncia con carácter irrevocable el trece de diciembre de dos mil trece. Consecuentemente, a fin de dar cumplimiento al ordenamiento dictado por esta autoridad, el patrón exhibió el comprobante de la transferencia bancaria que realizó a favor de la acreedora alimentaria correspondiente a la parte proporcional del finiquito del demandado, así como una ficha de depósito de la institución bancaria denominada BBVA BANCOMER por la cantidad de $1,004.30 (Mil cuatro pesos 30/100 M.N.), suma que se puso a disposición de la señora citada por parte de esta autoridad. En ese orden de ideas, la pensión alimenticia mensual corresponde a la cantidad de $2,122.63 (DOS MIL CIENTO VEINTIDÓS PESOS 63/100 M.N) y, de acuerdo al escrito en que la señora **** formuló la plantilla de liquidación, hizo mención que la parte proporcional del finiquito del señor ***** cubrió lo correspondiente a las pensiones de los meses de diciembre de dos mil trece y enero del dos mil catorce. Así las cosas, las operaciones aritméticas correspondientes del porcentaje decretado como pensión alimenticia ($2, 122.63) por los meses de febrero a mayo del dos mil cuatro (4 mensualidades) arroja la cantidad de $8,490.52 (Ocho mil cuatrocientos noventa pesos 52/100 M.N.). Pero, a dicha cantidad se deben descontar los $4,400.00 (Cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N), que es el monto total de los diversos depósitos que ha exhibido el señor **** , (f 452, 459, 469, 473, 477, 483, 488, 492, 496 y 500), ya que independientemente de que éstos fueron exhibidos para cubrir pensiones alimentarias de meses diversos a los que hoy se analizan, dichas cantidades aportadas deben considerarse como abono a los alimentos adeudados. De esta manera, se estima justo aprobar la planilla de liquidación puesta en consideración del suscrito por la cantidad de $4,090.52 (CUATRO MIL NOVENTA PESOS 52/100 M.N.) que corresponde al adeudo de las pensiones alimenticias al mes de mayo del dos mil catorce. No son óbice a esta conclusión los argumentos esgrimidos por el señor **** ; para inconformarse con la planilla a estudio, por los motivos que a continuación se expresan. Efectivamente, en uno de ellos refiere que la señora **** omitió señalar con precisión el monto que recibió de su finiquito, por lo que ni siquiera llevó a cabo las operaciones; empero, tal y como se asentó en párrafos precedentes, la acreedora sí tomó en consideración la suma que recibió por concepto del cincuenta por ciento de la liquidación del obligado, cantidad con la que se tuvieron por cubiertas las pensiones alimenticias correspondientes a los meses de diciembre de dos mil trece y enero de dos mil catorce. En un diverso argumento aduce que su contraria soslayó los depósitos que exhibió; no obstante, de cualquier manera, dichos depósitos sí se han tomado por esta autoridad en abono del adeudo, como quedó contemplado en el séptimo párrafo del considerando III de esta resolución. Finalmente, el señor **** pretende que al haberse modificado su ingreso, en todo caso las pensiones alimenticias deben cobrarse en función de su nuevo salario, como estima está justificado en autos. Este planteamiento impone realizar una serie de reflexiones, legales y humanas, para luego dilucidar si el mismo es o no atendible; tarea que emprendemos a continuación. Desde el punto de vista legal advertimos los siguientes aspectos: a). Que el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estatuye el principio del interés superior de la niñez y la garantía plena de sus derechos, entre los que desde luego se incluye la satisfacción de sus necesidades de alimentos salud, educación, así como esparcimiento para su desarrollo integral. Interés superior que también está amparado por el artículo 21 de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, ratificada por México el veintiuno de septiembre de 1990; y que nuestra legislación local igualmente reconoce en los diversos 293 del Código Civil y 677 fracción I, inciso b) de la Codificación instrumental de la materia. Luego entonces, en toda decisión judicial que involucre de cualquier manera cuestiones que atañen a los niños, deberá procurarse siempre hacer prevalecer su interés superior. b). Que al tenor del artículo 597 del Código Civil, la patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que recíprocamente tienen, por una parte el padre y la madre, y por la otra los hijos menores no emancipados, y cuyo objeto es la guarda de la persona y bienes de estos menores, así como su educación. Asimismo, que el diverso 487 del mismo ordenamiento legal impone a los padres la obligación de dar alimentos a sus hijos. De dichos preceptos nítidamente se sigue que, en función del ejercicio de la patria potestad, los padres deben procurar por cuantos medios lícitos estén a su alcance, dotar a sus hijos de los medios para acceder a una vida digna, cubriendo rubros tan indispensables como los alimentos, salud, educación y esparcimiento. c).Que resulta bien sabido que la institución de alimentos es de orden público. Desde la restante perspectiva, conforme a las constancias de autos encontramos: a). Que según oficio visible a foja 412, el deudor alimentario dejó de prestar sus servicios personales para la moral "***** b). Que de acuerdo al informe que corre agregado a foja 480, **** comunicó que tiene contratado al aquí deudor alimentario ****** como su chofer particular, pagándole un salario de $1,750.00 (Un mil setecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) mensuales; probanza que por no ser reconocida ni objetada solo alcanza valor de indicio apto para que concatenado con otros funden una presunción, según dispone el numeral 339 del Código de Procedimientos Civiles. Ahora bien, es un hecho derivado de la lógica que quien goza de un empleo estable y decorosamente remunerado, busca mantenerlo para preservar su estabilidad económica, sobre todo en esta época de poca oferta laboral. Así las cosas, al tenor del oficio identificado con el inciso a) y documento anexo (f 427), es evidente que la conclusión de la relación laboral no tuvo lugar porque concurriera por alguna falta atribuible sea al patrón o al trabajador, de las contempladas en la Ley Federal del Trabajo, para rescindirla, sino por voluntad expresa del segundo. En la época que ello ocurrió, el señor **** era plenamente sabedor de que tenía el deber legal y también humano de ministrar alimentos ya no digamos a su esposa sino a su menor hijo ****, a la fecha de escasos nueve años de edad. En ese tenor, si en lugar de mantenerse en el empleo el deudor alimentario libremente dio su consentimiento para extinguirlo y con ello renunciar al salario que lo retribuía, tal proceder nos conduce válidamente a inferir, por un lado, que tiene una fuente de ingresos al menos iguales o, por el otro, que se trata de una maniobra deliberada para afectar el derecho alimentario de sus acreedores. De consiguiente, en la primera hipótesis el deudor seguiría contando con recursos económicos para solventar la pensión alimenticia en la misma cantidad equivalente al porcentaje de su anterior salario a que fue condenado en sentencia definitiva. Y, en la segunda, su proceder seria doloso que no puede operar en su favor bajo el principio general de derecho que reza: "A nadie aprovecha su propio dolo". Apreciación esta que se robustece con la manifestación del deudor en su escrito de contestación a la liquidación, en la parte en que se duele de la falta de empleo, cuando teniendo uno que le daba estabilidad, por voluntad propia decidió darlo por terminado en forma voluntaria, sin que de las actuaciones pudiéramos constatar Siquiera un hecho humanamente creíble que pudiera explicar la razón de la renuncia en los términos Indicados. En tales consideraciones, en concepto de esta autoridad, el argumento que ahora nos distrae no es Iegalmente atendible. Es más, considerar lo contrario sería tanto como resolver contra el interés superior del niño que es beneficiario de los alimentos. Esto así, esencialmente en razón de que en el supuesto de conceder valor probatorio a la constancia de la pretendida relación laboral actual, aun cuando no haya sido concatenada con otros medios que funden presunción, el cuarenta y cinco por ciento del nuevo salario representarla la cantidad $787.50 (Setecientos ochenta y siete pesos 50/100 m.n.), que dividida entre sus dos beneficiarios, entre ellos el menor de edad ya mencionado, les representaría a cada una pensión del orden de los $393.75 (Trescientos noventa y tres pesos 75/100); esto es, $13,12 (Trece pesos 00/100 m.n.) diarios, a todas luces insuficiente para sobrevivir siquiera con lo más estricto. Mientras que, como se ha expresado, si mayor consideración, el deudor alimentario decide motu proprio dar por terminada la relación laboral que otrora le retribuía un salario con el que aseguraba la ministración de recursos para su pequeño hijo, aparte de su esposa. Amén de que se trata de su hombre de aproximadamente cuarenta y cinco años de edad, según se infiere del acta de matrimonio agregada a los autos, contando entonces con la aptitud física y posibilidad para generar los recursos para solventar la pensión alimenticia a su cargo, en los términos de la sentencia que culminó esta instancia. (.) R E S U E L V E ÚNICO. Por las razones expuestas en la parte considerativa, se aprueba la presente liquidación de sentencia, hasta por la cantidad de $4,090.52 (CUATRO MIL NOVENTA PESOS 52/00 M.N.), por concepto de pensiones alimenticias no pagadas hasta el mes de mayo del dos mil catorce ... " TERCERO. Mediante oficio ." (fojas 133 a 135). En las relatadas condiciones, dado que el Juez Sexto de lo Familiar de la ciudad de Puebla, dejó insubsistente la resolución de seis de abril de dos mil quince, de liquidación de sentencia dictada en el expediente ***** y con plenitud de jurisdicción emitió otra, en la que omitió considerar que lo pretendido era modificar el porcentaje de la pensión y, al determinar resolver dicha liquidación conforme al salario que anteriormente percibía el aquí quejoso Héctor Ramírez García Piña, previamente al renunciar a ese trabajo y que como tal proceder infirió que tenía una fuente de ingresos al menos igual o, que se trataba de una maniobra deliberada para afectar el derecho alimentario de sus acreedores; se llega a la conclusión de que, en el caso, fue cumplida en sus términos la ejecutoria de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Archívese este asunto como concluido. Glósese el original del incidente de suspensión. Guárdese por separado el duplicado del incidente de suspensión. Depúrese el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se concedió el amparo solicitado, en el presente juicio y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. Destrúyase el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos cinco años, toda vez que se negó la medida cautelar definitiva y no existe denuncia de violación a la suspensión, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción III del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurridos seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el punto vigésimo fracción III del citado Acuerdo General. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA MARÍA GUADALUPE PASTEN GONZÁLEZ, EL ACUERDO DE FECHA TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA. V i s t o el estado procesal de los presentes autos, se procede a resolver sobre el cumplimiento dado a la sentencia protectora de amparo. De la sentencia se advierte que la protección constitucional se concedió para el efecto de que el Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla: "1. Deje insubsistente la resolución de seis de abril de dos mil quince, de liquidación de sentencia dictada en el expediente 624/2012. 2. En su lugar, con plenitud de jurisdicción emita una resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido que la anterior, pero para ello, deberá omitir considerar que lo pretendido es modificar el porcentaje de la pensión, sino que ésta se resuelva con base en el nuevo salario devengado por el acreedor alimentario." (foja 121). Por auto de veintinueve de octubre de dos mil quince, causó ejecutoria la sentencia protectora de garantías, por lo que se requirió el cumplimiento de la referida sentencia a la autoridad responsable (fojas 128 y 129). Mediante oficio 4617, de cinco de noviembre de dos mil quince, recibido por este Juzgado Federal en la misma fecha (foja 132), el Juez Sexto Familiar de la ciudad de Puebla, anexó copia certificada de la resolución de cinco de noviembre de la presente anualidad, que dictó dentro del expediente 624/2012 de su índice, en la que se advierte que lo siguiente: "PRIMERO. Se deja insubsistente la resolución de seis de abril de dos mil quince. SEGUNDO. En sustitución de dicha resolución, se procede a emitir otra, siguiendo los lineamientos dictados por el fallo protector, en los siguientes términos: ".V I S T O S los autos del expediente número 624/2012, relativo al Juicio Especial de Alimentos promovido por ***** , para resolver sobre la planilla de liquidación de sentencia propuesta por la primera de los mencionados, teniendo como abogado patrono y domicilios para oír y recibir notificaciones personales, el indicado en autos, y; R E S U L T A N D O PRIMERO. Que mediante escrito presentado el veintiocho de mayo de dos mil catorce, se tuvo a *** formulando planilla de liquidación de sentencia respecto de las pensiones alimenticias vencidas en contra de HÉCTOR RAMÍREZ GARCÍA PIÑA en los términos que de su escrito se desprenden. SEGUNDO. . C O N S I D E R A N D O: I.- COMPETENCIA: Que en términos de lo que establecen los artículos 429 y 436 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, esta autoridad se declara legalmente competente para determinar sobre la planilla de liquidación de sentencia. II. . III. ANÁLISIS DE LA LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. Que la planilla de liquidación de sentencia formulada por MARÍA GUADALUPE PASTEN GONZÁLEZ es de aprobarse no en los términos propuestos, sino regulada bajo las consideraciones que a continuación se exponen. Con efecto, al imponerse del escrito de liquidación, se desprende que la acreedora reclama el pago de la cantidad de $7,900.00 (SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N), por concepto de pensiones alimenticias que corresponden de los meses de febrero de dos mil catorce a la "presente fecha"; es decir, a mayo de dos mil catorce, en que se presentó la liquidación. Ahora bien, para abordar adecuadamente el análisis de la liquidación que nos ocupa, es menester mencionar que por sentencia definitiva de fecha catorce de noviembre de dos mil trece, se condenó a *** a pagar por concepto de pensión alimenticia definitiva la cantidad equivalente al importe mensual del *** por su propio derecho y en representación de su menor hijo ***, causando ejecutoria la misma el dieciséis de diciembre de ese mismo año. Conforme a dicha sentencia definitiva, el porcentaje a descontarse al señor HÉCTOR RAMÍREZ GARCÍA PIÑA equivale a la cantidad de $2,122.63 (DOS MIL CIENTO VEINTIDÓS PESOS 63/100 M.N). Sin embargo, el diecisiete de febrero de dos mil catorce, se tuvo al representante legal de la empresa "Eurowipe de México, Sociedad Anónima de Capital Variable" informando que el señor HÉCT**** presentó su renuncia con carácter irrevocable el trece de diciembre de dos mil trece. Consecuentemente, a fin de dar cumplimiento al ordenamiento dictado por esta autoridad, el patrón exhibió el comprobante de la transferencia bancaria que realizó a favor de la acreedora alimentaria correspondiente a la parte proporcional del finiquito del demandado, así como una ficha de depósito de la institución bancaria denominada BBVA BANCOMER por la cantidad de $1,004.30 (Mil cuatro pesos 30/100 M.N.), suma que se puso a disposición de la señora citada por parte de esta autoridad. En ese orden de ideas, la pensión alimenticia mensual corresponde a la cantidad de $2,122.63 (DOS MIL CIENTO VEINTIDÓS PESOS 63/100 M.N) y, de acuerdo al escrito en que la señora **** formuló la plantilla de liquidación, hizo mención que la parte proporcional del finiquito del señor ***** cubrió lo correspondiente a las pensiones de los meses de diciembre de dos mil trece y enero del dos mil catorce. Así las cosas, las operaciones aritméticas correspondientes del porcentaje decretado como pensión alimenticia ($2, 122.63) por los meses de febrero a mayo del dos mil cuatro (4 mensualidades) arroja la cantidad de $8,490.52 (Ocho mil cuatrocientos noventa pesos 52/100 M.N.). Pero, a dicha cantidad se deben descontar los $4,400.00 (Cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N), que es el monto total de los diversos depósitos que ha exhibido el señor **** , (f 452, 459, 469, 473, 477, 483, 488, 492, 496 y 500), ya que independientemente de que éstos fueron exhibidos para cubrir pensiones alimentarias de meses diversos a los que hoy se analizan, dichas cantidades aportadas deben considerarse como abono a los alimentos adeudados. De esta manera, se estima justo aprobar la planilla de liquidación puesta en consideración del suscrito por la cantidad de $4,090.52 (CUATRO MIL NOVENTA PESOS 52/100 M.N.) que corresponde al adeudo de las pensiones alimenticias al mes de mayo del dos mil catorce. No son óbice a esta conclusión los argumentos esgrimidos por el señor **** ; para inconformarse con la planilla a estudio, por los motivos que a continuación se expresan. Efectivamente, en uno de ellos refiere que la señora **** omitió señalar con precisión el monto que recibió de su finiquito, por lo que ni siquiera llevó a cabo las operaciones; empero, tal y como se asentó en párrafos precedentes, la acreedora sí tomó en consideración la suma que recibió por concepto del cincuenta por ciento de la liquidación del obligado, cantidad con la que se tuvieron por cubiertas las pensiones alimenticias correspondientes a los meses de diciembre de dos mil trece y enero de dos mil catorce. En un diverso argumento aduce que su contraria soslayó los depósitos que exhibió; no obstante, de cualquier manera, dichos depósitos sí se han tomado por esta autoridad en abono del adeudo, como quedó contemplado en el séptimo párrafo del considerando III de esta resolución. Finalmente, el señor **** pretende que al haberse modificado su ingreso, en todo caso las pensiones alimenticias deben cobrarse en función de su nuevo salario, como estima está justificado en autos. Este planteamiento impone realizar una serie de reflexiones, legales y humanas, para luego dilucidar si el mismo es o no atendible; tarea que emprendemos a continuación. Desde el punto de vista legal advertimos los siguientes aspectos: a). Que el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estatuye el principio del interés superior de la niñez y la garantía plena de sus derechos, entre los que desde luego se incluye la satisfacción de sus necesidades de alimentos salud, educación, así como esparcimiento para su desarrollo integral. Interés superior que también está amparado por el artículo 21 de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, ratificada por México el veintiuno de septiembre de 1990; y que nuestra legislación local igualmente reconoce en los diversos 293 del Código Civil y 677 fracción I, inciso b) de la Codificación instrumental de la materia. Luego entonces, en toda decisión judicial que involucre de cualquier manera cuestiones que atañen a los niños, deberá procurarse siempre hacer prevalecer su interés superior. b). Que al tenor del artículo 597 del Código Civil, la patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que recíprocamente tienen, por una parte el padre y la madre, y por la otra los hijos menores no emancipados, y cuyo objeto es la guarda de la persona y bienes de estos menores, así como su educación. Asimismo, que el diverso 487 del mismo ordenamiento legal impone a los padres la obligación de dar alimentos a sus hijos. De dichos preceptos nítidamente se sigue que, en función del ejercicio de la patria potestad, los padres deben procurar por cuantos medios lícitos estén a su alcance, dotar a sus hijos de los medios para acceder a una vida digna, cubriendo rubros tan indispensables como los alimentos, salud, educación y esparcimiento. c).Que resulta bien sabido que la institución de alimentos es de orden público. Desde la restante perspectiva, conforme a las constancias de autos encontramos: a). Que según oficio visible a foja 412, el deudor alimentario dejó de prestar sus servicios personales para la moral "***** b). Que de acuerdo al informe que corre agregado a foja 480, **** comunicó que tiene contratado al aquí deudor alimentario ****** como su chofer particular, pagándole un salario de $1,750.00 (Un mil setecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) mensuales; probanza que por no ser reconocida ni objetada solo alcanza valor de indicio apto para que concatenado con otros funden una presunción, según dispone el numeral 339 del Código de Procedimientos Civiles. Ahora bien, es un hecho derivado de la lógica que quien goza de un empleo estable y decorosamente remunerado, busca mantenerlo para preservar su estabilidad económica, sobre todo en esta época de poca oferta laboral. Así las cosas, al tenor del oficio identificado con el inciso a) y documento anexo (f 427), es evidente que la conclusión de la relación laboral no tuvo lugar porque concurriera por alguna falta atribuible sea al patrón o al trabajador, de las contempladas en la Ley Federal del Trabajo, para rescindirla, sino por voluntad expresa del segundo. En la época que ello ocurrió, el señor **** era plenamente sabedor de que tenía el deber legal y también humano de ministrar alimentos ya no digamos a su esposa sino a su menor hijo ****, a la fecha de escasos nueve años de edad. En ese tenor, si en lugar de mantenerse en el empleo el deudor alimentario libremente dio su consentimiento para extinguirlo y con ello renunciar al salario que lo retribuía, tal proceder nos conduce válidamente a inferir, por un lado, que tiene una fuente de ingresos al menos iguales o, por el otro, que se trata de una maniobra deliberada para afectar el derecho alimentario de sus acreedores. De consiguiente, en la primera hipótesis el deudor seguiría contando con recursos económicos para solventar la pensión alimenticia en la misma cantidad equivalente al porcentaje de su anterior salario a que fue condenado en sentencia definitiva. Y, en la segunda, su proceder seria doloso que no puede operar en su favor bajo el principio general de derecho que reza: "A nadie aprovecha su propio dolo". Apreciación esta que se robustece con la manifestación del deudor en su escrito de contestación a la liquidación, en la parte en que se duele de la falta de empleo, cuando teniendo uno que le daba estabilidad, por voluntad propia decidió darlo por terminado en forma voluntaria, sin que de las actuaciones pudiéramos constatar Siquiera un hecho humanamente creíble que pudiera explicar la razón de la renuncia en los términos Indicados. En tales consideraciones, en concepto de esta autoridad, el argumento que ahora nos distrae no es Iegalmente atendible. Es más, considerar lo contrario sería tanto como resolver contra el interés superior del niño que es beneficiario de los alimentos. Esto así, esencialmente en razón de que en el supuesto de conceder valor probatorio a la constancia de la pretendida relación laboral actual, aun cuando no haya sido concatenada con otros medios que funden presunción, el cuarenta y cinco por ciento del nuevo salario representarla la cantidad $787.50 (Setecientos ochenta y siete pesos 50/100 m.n.), que dividida entre sus dos beneficiarios, entre ellos el menor de edad ya mencionado, les representaría a cada una pensión del orden de los $393.75 (Trescientos noventa y tres pesos 75/100); esto es, $13,12 (Trece pesos 00/100 m.n.) diarios, a todas luces insuficiente para sobrevivir siquiera con lo más estricto. Mientras que, como se ha expresado, si mayor consideración, el deudor alimentario decide motu proprio dar por terminada la relación laboral que otrora le retribuía un salario con el que aseguraba la ministración de recursos para su pequeño hijo, aparte de su esposa. Amén de que se trata de su hombre de aproximadamente cuarenta y cinco años de edad, según se infiere del acta de matrimonio agregada a los autos, contando entonces con la aptitud física y posibilidad para generar los recursos para solventar la pensión alimenticia a su cargo, en los términos de la sentencia que culminó esta instancia. (.) R E S U E L V E ÚNICO. Por las razones expuestas en la parte considerativa, se aprueba la presente liquidación de sentencia, hasta por la cantidad de $4,090.52 (CUATRO MIL NOVENTA PESOS 52/00 M.N.), por concepto de pensiones alimenticias no pagadas hasta el mes de mayo del dos mil catorce ... " TERCERO. Mediante oficio ." (fojas 133 a 135). En las relatadas condiciones, dado que el Juez Sexto de lo Familiar de la ciudad de Puebla, dejó insubsistente la resolución de seis de abril de dos mil quince, de liquidación de sentencia dictada en el expediente ***** y con plenitud de jurisdicción emitió otra, en la que omitió considerar que lo pretendido era modificar el porcentaje de la pensión y, al determinar resolver dicha liquidación conforme al salario que anteriormente percibía el aquí quejoso Héctor Ramírez García Piña, previamente al renunciar a ese trabajo y que como tal proceder infirió que tenía una fuente de ingresos al menos igual o, que se trataba de una maniobra deliberada para afectar el derecho alimentario de sus acreedores; se llega a la conclusión de que, en el caso, fue cumplida en sus términos la ejecutoria de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Archívese este asunto como concluido. Glósese el original del incidente de suspensión. Guárdese por separado el duplicado del incidente de suspensión. Depúrese el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se concedió el amparo solicitado, en el presente juicio y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. Destrúyase el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos cinco años, toda vez que se negó la medida cautelar definitiva y no existe denuncia de violación a la suspensión, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción III del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurridos seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el punto vigésimo fracción III del citado Acuerdo General. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.

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