Héctor Ramírez Chávez
Expediente 799/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 18 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 799/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 11/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Héctor Ramírez Chávez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Incidental
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, al cual adjunta testimonio de la ejecutoria pronunciada el catorce de diciembre de dos mil diecisiete, en la que se declaró sin materia el incidente en revisión penal 502/2017; asimismo, devuelve el original del incidente de suspensión 799/2017. Acúsese recibo y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Finalmente, del cuaderno de antecedentes formado con motivo de la revisión interpuesta, desglósense las actuaciones certificadas que se obtuvieron del expediente original por no ser necesario que obren en autos y a fin de evitar el volumen innecesario del expediente, por lo que únicamente deberán glosarse únicamente las posteriores que obran en original, para los efectos legales conducentes.
- Incidental
Visto el estado procesal que guarda el juicio de amparo del que deriva el presente incidente de suspensión, se aprecia que por acuerdo de ocho de diciembre pasado, causó ejecutoria la sentencia que niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Héctor Ramírez Chávez, ordenándose el archivo del mismo. En consecuencia, hágase lo anterior del conocimiento al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, al cual le correspondió conocer el incidente en revisión administrativa 502/2017...
- Principal
Quejoso se le notifica por medio de lista publicada en estrados el auto de fecha ocho de diciembre de dos mil diecisiete, que se da por reproducido, en cumplimiento del aviso dejado en su domicilio y con fundamento en el artículo 29 de la Ley de amparo.
- Principal
R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el cinco de septiembre del dos mil diecisiete en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito del Estado de Guerrero, con residencia en la ciudad de Acapulco, turnado al día siguiente a este órgano jurisdiccional, Héctor Ramírez Chávez, por su propio derecho, promovió demanda de amparo contra las autoridades y actos que se indican a continuación: "III. AUTORIDADES RESPONSABLE. ORDENADORA: Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, (se indica su domicilio oficial) EJECUTORA: C. Administrador Desconcentrado de Recaudación de Guerrero "1", (se precisa su sede) IV. ACTO RECLAMADO. Del C, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, le reclamo: El acuerdo de fecha catorce de Agosto de dos mil diecisiete, notificado el quince siguiente en la causa penal número 2/2013, en la cual, determinó imponer al suscrito, quien se ostenta con el carácter de Coordinador Regional de los Servicios Periciales en Acapulco, Guerrero, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, una multa de $2,264.70 (dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos 70/100) equivalente a treinta unidades de medida y actualización, bajo el argumento de que "por otro lado, intégrese la copia del disímil FGE/CRSPA/5132, suscrito por el Coordinador Regional de los Servicios Periciales en Acapulco, domiciliado en esta ciudad, mediante la cual acredita que instruyó a Alina Ortiz Baldovinos, perito en materia de criminalística de campo adscrita a esa coordinación, para que en el plazo de veinticuatro horas emita su dictamen en dicha materia. Sin embargo, toda vez que del mismo se aprecia que la experta en mención firmo de enterada el once del actual, mientras que el de cuenta fue presentado ante este juzgado un día antes, es decir, el diez del mes y año en curso, por lo que no se tiene la certeza que dicho acto se hayan realizado apegado a derecho, dada la discrepancia en la data. Se hace efectico el apercibimiento con que fue conminado el referido Coordinador en auto de fecha diecisiete de julio del año en curso." C. Administrador Desconcentrado de Recaudación de Guerrero "1", le reclamo: La ejecución de la orden de llevar a cabo el cobro de la multa impuesta por una multa de $2,264.70 (dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos 70/100) equivalente a treinta unidades de medida y actualización, al Coordinador Regional de los Servicios Periciales en Acapulco, Guerrero, es decir el suscrito por parte del Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero." SEGUNDO. Previo requerimiento, por auto de dieciocho de septiembre del dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, y; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver del presente juicio de garantías, conforme a los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en concordancia con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito y Acuerdo General 36/2016 del ciado Pleno. SEGUNDO. Para que exista coherencia entre lo solicitado y lo resuelto, se precisan los actos reclamados, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la Jurisprudencia número 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." En ese orden de ideas, conforme a las líneas de interpretación referida en el criterio transcrito, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama: El acuerdo de catorce de agosto de dos mil diecisiete, dictado en la causa penal 2/2013, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, en el que se le impone una multa de $2,264.70 (dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos 70/100 moneda nacional) equivalente a treinta unidades de medida y actualización; y su ejecución de llevarla a cabo. TERCERO. El Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, así como la Administradora Desconcentrada Jurídica de Guerrero "1" del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación en representación de la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Guerrero "1", todos con sede en esta ciudad al rendir el informe justificado, aceptaron la existencia del acto reclamado, por lo que se tiene como plenamente probado en términos de la tesis de jurisprudencia número 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo cual se corrobora con las copias certificadas que anexaron a su informe, derivadas de la causa penal 2/2013; documentales que al tratarse de actuaciones expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones, son aptas para darles valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; en tal virtud, para los efectos de este juicio de constitucional, debe tenerse como existentes los actos reclamados. Es aplicable, la jurisprudencia 226, publicada en la página 153, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. No existiendo causal de improcedencia que las partes hayan hecho valer, ni alguna que deba estudiarse de oficio, lo procedente es analizar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, teniéndolos aquí por reproducidos, sin necesidad de transcribirlos, atento al contenido de la jurisprudencia sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto circuito, visible en la página 599, del Tomo VII, abril de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro de "CONCEPTOS DE VIOLACION. EL JUEZ NO ESTA OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS" QUINTO.- Son infundados los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa. De las constancias remitidas por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, derivadas de la causa penal 2/2013, las cuales han sido debidamente valoradas, se advierten los antecedentes relevantes siguientes: 1. Que mediante acuerdo de diecisiete de julio de dos mil diecisiete, se le tuvo al Coordinador Regional de Servicios Periciales Región Acapulco de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, informando que la perito en criminalística Alina Ortiz Baldovinos, se encontraba gozando de su periodo vacacional, comprendido del seis al diecinueve de mes y año en cita, por lo que no era posible instruir a la citada experta a fin de que emitiera su dictamen correspondiente. En virtud de ello se le indicó, que una vez que se reincorporada la perito, debería ordenar las providencias necesarias para instruir a la referida experimentada que en el término de veinticuatro horas a partir de su notificación emitiera el estudio respectivo; asimismo, se le requirió al Coordinador de mérito para que dentro del término de veinticuatro horas contado a partir de que le fuera notificado el aludido proveído, acreditara haber instruido a su subordinada para que emitiera el dictamen señalado, apercibiéndolo que de no hacerlo se le impondría una multa de treinta unidades de medida y actualización, equivalente cada una a $75.49 (setenta y cinco pesos con cuarenta y nueve centavos mexicanos), acorde a lo dispuesto en el artículo 44, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Federal (foja 91). Lo cual se le notificó al citado Coordinador Regional de Servicios Periciales Región Acapulco de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, el dieciocho de julio del año en curso, mediante oficio 2565 (foja 92). 2. Por auto de cuatro de agosto de dos mil diecisiete, en virtud de que el Coordinador Regional de Servicios Periciales Región Acapulco de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, no había acreditado haber instruido a la perito Alina Ortiz Baldovinos, para que emitiera su dictamen, nuevamente se le requirió a ésta por conducto del referido Coordinador, para que dentro del término de veinticuatro horas contado a partir de que le fuera notificado el aludido proveído, emitiera su dictamen y se requirió al aludido Coordinador para que dentro del plazo de veinticuatro horas acreditara haber instruido a su subordinada para que emitiera el dictamen señalado, apercibiéndolo que de no hacerlo se le impondría una multa de treinta unidades de medida y actualización, equivalente cada una a $75.49 (setenta y cinco pesos con cuarenta y nueve centavos mexicanos), acorde a lo dispuesto en el artículo 44, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Federal (fojas 93 y 92). Lo cual se le notificó al referido Coordinador Regional, el siete de agosto del año en curso, mediante oficio 2830 (foja 96). 3. Mediante acuerdo de diez de agosto de esta anualidad, en virtud de que el Coordinador Regional de Servicios Periciales Región Acapulco de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, no había acreditado haber dado cumplimiento a lo requerido, nuevamente se le solicitó para que dentro del término de veinticuatro horas a partir de que se le notificara el aludido proveído acreditara con documento idóneo que la perito Alina Ortiz Baldovinos, había sido enterada de los oficios 2565 y 2830 de diecisiete de julio y cuatro de agosto del año en curso, respectivamente y se le apercibió que de no hacerlo se le impondría una multa equivalente a sesenta unidades de medida y actualización; lo cual se le notificó el once de agosto del citado año, mediante oficio 2895 (fojas 99 y 100). 4. Por acuerdo de catorce de agosto del dos mil diecisiete, se tuvo al Coordinador Regional de Servicios Periciales Región Acapulco de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, acreditando que había instruido a la experta Alina Ortiz Baldovinos, para que emitiera su dictamen: Empero, en razón de que se indicó que se apreciaba que la perito había firmado de enterada el once del citado mes y el oficio respecto del cual se dictó el acuerdo, había sido presentado el diez de agosto mencionado, esto es un día antes se indicó que no se tenía la certeza de que el acto se hubiese realizado apegado a derecho. Ante tales circunstancias y en virtud de que había transcurrido el término otorgado al Coordinador Regional de Servicios Periciales Región Acapulco de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, para que acreditara haber instruido a la perito Alina Ortiz Baldovinos, para que emitiera su estudio correspondiente, sin que lo hubiese hecho, no obstante los diversos requerimientos, se le hizo efectivo el apercibimiento con el que se le conmino en auto de diecisiete de julio de dos mil diecisiete y con fundamento en el artículo 44, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Penales, le impuso una multa de treinta unidades de medida y actualización, por un importe total de $2,264.70 (dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos con setenta centavos mexicanos) y se giró el oficio correspondiente al Administrador Local de Recaudación Guerrero "1", residente en esta ciudad para realizar el cobro (fojas 101 a 103). Ahora bien, los conceptos de violación que formula el quejoso, son infundados, por las razones que se exponen a continuación. La aplicación de las medidas de apremio derivan de la Ley, son consecuencia necesaria e inmediata para lograr el cumplimiento de alguna determinación y como consecuencia de la resistencia o incumplimiento injustificado por parte del obligado a cumplir una solicitud u determinación de la autoridad judicial, y a fin de salvaguardar el interés de la sociedad sobre el interés individual del infractor. En lo conducente tiene aplicación la tesis XVII.1o.C.T.42 C, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 883, del Tomo XXII, Noviembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO. BASTA EL MANDATO JUDICIAL QUE LA IMPONE, PREVIO REQUERIMIENTO Y CONMINACIÓN AL CONTUMAZ, PARA QUE EL JUEZ ESTÉ EN POSIBILIDAD DE CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO TENDENTE A LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE SU DETERMINACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). Del artículo 110 del Código de Procedimientos Civiles del Estado se advierte que los órganos judiciales pueden emplear los medios de apremio que dicho precepto establece, siguiendo el orden que éste señala, esto es, primero la multa, luego el auxilio de la fuerza pública y por último el arresto; sin embargo, tratándose de la multa, basta el mandato judicial que la impone como medida de apremio, previo requerimiento de cumplimiento al mandato cuya aplicación se pretende obtener y conminación de imponer dicha multa para el caso de desobediencia, para que el juzgador esté en posibilidad, jurídicamente hablando, de continuar con el procedimiento tendente a lograr el cumplimiento de su determinación, ante la conducta contumaz del obligado a realizar lo mandado, siendo la premura de tal cumplimiento, la pauta que obliga a dar celeridad a ese procedimiento, en tanto que por encima del interés meramente individual del afectado con la medida de apremio, se encuentra el interés de la sociedad en que se instrumenten los medios necesarios para que las resoluciones y determinaciones judiciales se cumplan a la brevedad posible, esto con el propósito de que se haga efectiva la garantía consagrada en el artículo 17 constitucional, consistente en la administración de justicia pronta, completa e imparcial, la cual se vería menoscabada si tuviera que esperarse a que una vez impuesta la primera medida de apremio, se llevara a cabo todo el procedimiento relativo a la ejecución o cumplimiento de dicha multa, pues pudiera acontecer, por ejemplo, que con el objeto de hacer nugatorio el cumplimiento del mandato que se intenta ejecutar, se hicieran valer diversos medios de impugnación contra la multa impuesta, volviendo así ilusoria, la celeridad en la administración de justicia." Así, el artículo 44, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Penales, dispone: "ARTÍCULO 44.- El Ministerio Público en la averiguación previa, y los tribunales, podrán emplear, para hacer cumplir sus determinaciones, los siguientes medios de apremio: . II. Multa por el equivalente a entre treinta y cien días de salario mínimo vigente en el momento y lugar en que se realizó o se omitió realizar la conducta que motivó el medio de apremio. Tratándose de jornaleros, obreros y trabajadores la multa no deberá exceder de un día de salario y tratándose de trabajadores no asalariados el de un día de su ingreso;" Ahora bien, del contenido de acuerdo de catorce de agosto de dos mil diecisiete, se advierte que el juez de Distrito responsable hizo efectivo el apercibimiento con que se le previno al hoy quejoso en auto de diecisiete de julio de esta anualidad y le impuso la multa de que se queja, consistente en treinta unidades de medida y actualización, por un importe total de $2,264.70 (dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos con setenta centavos mexicanos), y en atención a lo dispuesto por el artículo 44 fracción II del Código Federal de Procedimientos Penales, toda vez que dentro del término que se le otorgó, esto es de veinticuatro horas a partir de que fue notificado del aludido proveído, que lo fue el dieciocho de julio citado, no dio cumplimiento a la requerido, es decir, acreditar que había instruido a su subordinada Alina Ortiz Baldovinos, para que emitiera su dictamen correspondiente, no obstante los diversos requerimientos que con posterioridad se le hicieron. Ante ello, siendo que de conformidad con el artículo 44 del Código Federal de Procedimientos Penales, los tribunales para hacer cumplir sus determinaciones pueden emplear diversos medios de apremio, entre las cuales se encuentra en segundo término precisamente la imposición de la multa, por lo que es evidente que el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, como autoridad encargada de impartir justicia y en virtud del incumplimiento del Coordinador Regional de Servicios Periciales Región Acapulco de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, al no haber acreditado que dentro de la veinticuatro horas que se le indicaron había instruido a la perito Alina Ortiz Baldovinos, para que emitiera su dictamen correspondiente, hizo uso de la medida de apremio consistente en una multa por el equivalente a treinta unidades de medida y actualización, por un importe total de $2,264.70 (dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos con setenta centavos mexicanos); amparando los intereses de la sociedad quien está interesada en que las determinaciones judiciales se cumplan y se lleven a cabo dentro de los plazos que marca la Ley o que la autoridad judicial determina suficiente. Además, con ello salvaguarda la garantía constitucional consagrada en el artículo 17 de la Carta Magna, consistente en la administración de justicia pronta, completa e imparcial, sobre el interés particular de una persona; motivo por el cual el suscrito considera apegado a derecho el actuar del juez responsable, pues a fin de hacer cumplir su determinación y en atención a la facultad conferida en el artículo 44 fracción II del Código Federal de Procedimientos Penales, hizo uso de uno de la medida de apremio que se encuentra establecida en dicho numeral y fracción indicada. En tales condiciones, dado que en la especie no nos encontramos ante un supuesto que opere la suplencia de la queja en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Sin que sea obstáculo a lo anterior que el quejoso para acreditar la inconstitucionalidad del acto reclamado, hubiese ofrecido diversas documentales en su escrito de demanda, a las cuales relacionadas con la inspección judicial se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, dado que en la diligencia de inspección se hizo constar que las mismas obran en los autos de la causa penal 2/2013 de la que deriva el acto reclamado, aunado a que diversas de las citadas fueron exhibidas en original. Asimismo, a la prueba de inspección judicial, se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 163 y 212, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dado que verso sobre puntos que no requerían conocimientos especiales y fue practicada por funcionario con fe pública en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, de las aludidas probanzas únicamente se advierte que en virtud de los requerimientos que se le han hecho en diversas ocasiones, ha informado las acciones que ha llevado a cabo para cumplir con los mismos; empero, en el caso no se demuestra que en tiempo y forma hubiese cumplido con el requerimiento que se le hizo en auto de diecisiete de julio de dos mil diecisiete, esto es, acreditar que dentro del término de veinticuatro horas que se le otorgó, instruyó a la perito Alina Ortiz Baldovinos, para que emitiera su dictamen correspondiente, ya que si bien previamente mediante oficio PGJE/CRSPA/4961, de trece de julio de esta anualidad, informó que la citada experta se encontraba gozando de su período vacacional, el cual comprendía del seis de julio al diecinueve del mismo mes; evidentemente el día veinte siguiente era el primer día hábil que correspondía a la citada experta reintegrarse a sus labores. Pero lo cierto es que en el lapso comprendido entre el veinte de julio en que ya se había reincorporado a sus funciones la mencionada perito al diez de agosto del año en curso en que el Coordinador Regional de Servicios Periciales Región Acapulco de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, únicamente el oficio FGE/CRSPA/5132, dirigido a la perito Alina Ortiz Baldovinos, con una firma de recibo, (se entiende debe ser de la citada experta), a través del cual le instruye que dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir de su notificación deberá emitir su dictamen correspondiente; es decir, no se presentó diversa promoción que justificara que el citado Coordinador había hecho del conocimiento la obligación de emitir su dictamen, transcurrieron en exceso el término de veinticuatro horas que se le había otorgado mediante oficio 2565, el cual se le notificó el dieciocho de julio del año en curso (foja 92), relativo al acuerdo de diecisiete de julio citado, en el cual se insiste se le requirió para que dentro del término de veinticuatro horas acreditara que había instruido a la perito Alina Ortiz Baldovinos, para que emitiera su dictamen correspondiente; sin que tampoco en ningún momento señalara motivo de imposibilidad alguna, que se hubiese presentado en el aludido lapso para instruir a la referido perito sobre lo ya manifestado. Finalmente, tampoco le asiste la razón al promovente al indicar que la determinación reclamada carece de la debida fundamentación y motivación, ya que contrariamente a lo que indica, el acto reclamado consta por escrito, fue emitido por una autoridad competente como lo es el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, quien apoyo su argumentos en preceptos legales, para después concluir que era procedente, imponer la multa de mérito; aunado a que también en el acuerdo de diecisiete de julio del año en curso, invocó preceptos tanto del Código Federal de Procedimientos Penales, como de la Constitución Federal, en que apoyó y fundamento, la prevención que se le hizo al Coordinador Regional de Servicios Periciales Región Acapulco de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, existiendo adecuación entre los argumentos aducidos y los preceptos invocados. Por tanto, contrariamente a lo aducido por el impetrante de amparo, el acto reclamado satisface el principio de congruencia y las exigencias del artículo 16 constitucional, puesto que se reitera el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, expuso los argumentos que le sirvieron de base para imponer la media de apremio y que le sirvieron de apoyo para sustentar su determinación; asimismo, citó el precepto del Código Federal de Procedimientos Penales aplicable al caso; además, se remitió al oficio 2565, a través del cual se le notificó el auto de diecisiete de julio citado, en el cual se insiste se le requirió para que dentro del término de veinticuatro horas acreditara que había instruido a la perito Alina Ortiz Baldovinos, para que emitiera su dictamen correspondiente; aunado a que existe adecuación entre los razonamientos que efectúo y las hipótesis normativas invocadas, lo que conduce a afirmar que la decisión impugnada sí está fundada y motivada, por lo que satisface cabalmente la garantía de legalidad. Tiene aplicación la jurisprudencia 266, publicada en la página 1239, del Tomo I, Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Tercera Sección - Fundamentación y Motivación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, que a la letra dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia I.1o.T. J/40, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 1051, del tomo XV, Mayo de dos mil dos, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, "MOTIVACIÓN. SÓLO SU OMISIÓN TOTAL O LA QUE SEA TAN IMPRECISA QUE NO DÉ ELEMENTOS PARA DEFENDERSE DEL ACTO, DA LUGAR A LA CONCESIÓN DEL AMPARO. Cuando el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación para las autoridades de fundar y motivar sus actos, dicha obligación se satisface, desde el punto de vista formal, cuando se expresan los numerales legales aplicables y los hechos que hacen que el caso encaje en las hipótesis normativas. Pero para ello simplemente basta que quede claro el razonamiento sustancial al respecto, sin que pueda exigirse formalmente mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario para que de manera sustancial se comprenda el argumento expresado. Sólo la omisión total de motivación, o la que sea tan imprecisa que no dé elementos al afectado para defender sus derechos o impugnar el razonamiento aducido por las autoridades, podrá conducir a la concesión del amparo por falta formal de motivación y fundamentación, lo que no acontece cuando la autoridad responsable señala con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tenga en consideración para absolver de lo reclamado." De igual forma, es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/43, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 769, Tomo III, marzo de mil novecientos noventa y seis, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Así las cosas, ante lo infundado de los conceptos de violación, y al no estarse en alguno de los supuestos que para suplir la queja deficiente enumera el artículo 79 de la Ley de Amparo, lo que procede es negar a Héctor Ramírez Chávez, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Dicha negativa se hace extensiva a los actos de la autoridad ejecutora, toda vez que el acto que se le atribuye no es sino una consecuencia del reclamado a la ordenadora. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 91, visible a foja 72, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS.- Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto reclamado que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entro en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E UNICO. La justicia de la Unión No Ampara Ni Protege a Héctor Ramírez Chávez, contra los actos y autoridades citadas en el resultando primero de la presente sentencia. Notifíquese personalmente.
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