Héctor Rafael Yáñez Sánchez
Expediente 215/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 215/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Héctor Rafael Yáñez Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
VIII... Visto el oficio proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad; como lo solicita, procédase a vincular el expediente electrónico del presente asunto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con la finalidad de que dicho juzgado tenga acceso a las constancias que lo integran de manera remota, instruyéndose al oficial SISE adscrito para que proceda a efectuarlo.
- Principal
VIII... Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el acuerdo que sobreseyó en el juicio fuera de audiencia; con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; comuníquese lo anterior a las partes y archívese el presente asunto. ... este expediente se considera susceptible de destrucción. Por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
VIII... Visto el estado procesal de autos, se desprende que en el acuerdo de admisión se autorizó que las notificaciones personales a la parte quejosa se efectuaran de manera electrónica en el usuario que proporcionó; sin embargo, del expediente electrónico no se desprende que se hubiere realizado de tal manera la relativa al acuerdo de veinticuatro de marzo de este año; por ello, a efecto de no afectar derechos procesales, se ordena su realización. 24/Marzo/2022: Naucalpan de Juárez, Estado de México; veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene a la Presidenta Municipal Constitucional de Naucalpan de Juárez, Estado de México, rindiendo su informe justificado; con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Asimismo, de conformidad con los numerales 9° y 26, de la legislación de la materia, se tienen como delegados y como domicilio para oír y recibir notificaciones los que señala la autoridad responsable; en términos del artículo 22, fracción II, del acuerdo 21, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le tiene señalando el número telefónico y correo electrónico que indica, para entablar comunicaciones no procesales. Ahora bien, del análisis de las documentales remitidas por la autoridad oficiante, se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, ya que es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esas condiciones, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir por su parte, lo que éste exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Situación que se actualiza en el particular, pues de las documentales allegadas en el oficio de cuenta -a las que se les otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, dado que los documentos son públicos por ser actuaciones realizadas por funcionario público en ejercicio de sus funciones- se advierte que la omisión que reclamó, quedó reparada con el oficio SRH/0814/2022, de quince de marzo de dos mil veintidós, dictado por la autoridad oficiante, en el que dio contestación a la solicitud que realizó la parte quejosa el treinta de diciembre de dos mil veintiuno, reparando con ello a ésta en el goce de su derecho de petición; por ende no hay motivo para que se estudie la legalidad o ilegalidad del acto reclamado, pues ya no hay derecho fundamental que reparar. De acuerdo con lo anterior, se concluye que los efectos del acto reclamado han cesado, pues la citada autoridad responsable, durante la integración del presente sumario, dio contestación al escrito presentado por la parte quejosa el treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Por lo que, con la actuación relatada se ha dejado de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo. ... En ese sentido, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el presente sumario, en términos de la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento. Sin que afecte el sentido de la presente determinación, que en esta fecha se reciban las constancias de las que se desprende la improcedencia del juicio, pues en el caso se actualiza una causa de improcedencia de manera notable y manifiesta, por ende, aunque se le otorgara la vista que establece el párrafo segundo del artículo 117, de la Ley de Amparo, en nada le beneficiaría, pues se retrasaría la solución definitiva del presente asunto en contravención al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que tutela el derecho fundamental de acceso a una justicia pronta y expedita; aunado a que dicha improcedencia no podría ser desvirtuada por la parte quejosa. Robustece lo anterior, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Marzo de 2016, Tomo II, página 1652 de rubro: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. PARA NO CONTRAVENIR EL DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA, ES INNECESARIO OTORGAR LA VISTA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI EL QUEJOSO NO TIENE POSIBILIDAD DE DESVIRTUAR LA CAUSA RELATIVA ADVERTIDA DE OFICIO, POR ACTUALIZARSE DE FORMA MANIFIESTA E INDUDABLE." Se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese a las partes y hágase las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, como lo solicita la autoridad oficiante, devuélvase los documentos originales que anexa a su informe, dejando copia certificada de los mismos en autos.
- Principal
VIII... Naucalpan de Juárez, Estado de México; veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene a la Presidenta Municipal Constitucional de Naucalpan de Juárez, Estado de México, rindiendo su informe justificado; con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Asimismo, de conformidad con los numerales 9° y 26, de la legislación de la materia, se tienen como delegados y como domicilio para oír y recibir notificaciones los que señala la autoridad responsable; en términos del artículo 22, fracción II, del acuerdo 21, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le tiene señalando el número telefónico y correo electrónico que indica, para entablar comunicaciones no procesales. Ahora bien, del análisis de las documentales remitidas por la autoridad oficiante, se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, ya que es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esas condiciones, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir por su parte, lo que éste exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Situación que se actualiza en el particular, pues de las documentales allegadas en el oficio de cuenta -a las que se les otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, dado que los documentos son públicos por ser actuaciones realizadas por funcionario público en ejercicio de sus funciones- se advierte que la omisión que reclamó, quedó reparada con el oficio SRH/0814/2022, de quince de marzo de dos mil veintidós, dictado por la autoridad oficiante, en el que dio contestación a la solicitud que realizó la parte quejosa el treinta de diciembre de dos mil veintiuno, reparando con ello a ésta en el goce de su derecho de petición; por ende no hay motivo para que se estudie la legalidad o ilegalidad del acto reclamado, pues ya no hay derecho fundamental que reparar. De acuerdo con lo anterior, se concluye que los efectos del acto reclamado han cesado, pues la citada autoridad responsable, durante la integración del presente sumario, dio contestación al escrito presentado por la parte quejosa el treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Por lo que, con la actuación relatada se ha dejado de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo. ... En ese sentido, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el presente sumario, en términos de la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento. Sin que afecte el sentido de la presente determinación, que en esta fecha se reciban las constancias de las que se desprende la improcedencia del juicio, pues en el caso se actualiza una causa de improcedencia de manera notable y manifiesta, por ende, aunque se le otorgara la vista que establece el párrafo segundo del artículo 117, de la Ley de Amparo, en nada le beneficiaría, pues se retrasaría la solución definitiva del presente asunto en contravención al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que tutela el derecho fundamental de acceso a una justicia pronta y expedita; aunado a que dicha improcedencia no podría ser desvirtuada por la parte quejosa. Robustece lo anterior, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Marzo de 2016, Tomo II, página 1652 de rubro: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. PARA NO CONTRAVENIR EL DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA, ES INNECESARIO OTORGAR LA VISTA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI EL QUEJOSO NO TIENE POSIBILIDAD DE DESVIRTUAR LA CAUSA RELATIVA ADVERTIDA DE OFICIO, POR ACTUALIZARSE DE FORMA MANIFIESTA E INDUDABLE." Se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese a las partes y hágase las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, como lo solicita la autoridad oficiante, devuélvase los documentos originales que anexa a su informe, dejando copia certificada de los mismos en autos.
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