Héctor Rafael Santos Fuentes

Expediente 241/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 13 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
241/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
24/09/2021

Partes del expediente

  • Héctor Rafael Santos Fuentes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días hábiles que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia constitucional de uno de septiembre de dos mil veintiuno, pronunciada dentro de los autos del juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y en su oportunidad, archívense los autos como asunto totalmente concluido. Sin que se oponga a la anterior determinación el que no se encuentre glosado el acuse por el que se ordenó notificar a la autoridad responsable foránea, la sentencia que el día de hoy causa ejecutoria, toda vez que se estima que con ello no se causa algún agravio a la misma, entendiendo como tal, todo menoscabo, lesión, ofensa o perjuicio en su esfera jurídica o en su patrimonio, siempre que éste sea material y apreciable objetivamente con motivo de la actividad u omisión del órgano jurisdiccional que esté conociendo del asunto o haya tenido conocimiento de él; ello acontece en el caso, en virtud de que, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, dicha resolución sobreseyó en el juicio. En este orden de ideas, si establecemos que el recurso de revisión que dispone el artículo 81 de la ley de la materia, es el medio de impugnación para el caso de que el recurrente considere que se le ha causado un agravio, y su objetivo es que un órgano superior, examine la resolución dictada por el inferior para obtener una mejoría jurídica de la resolución impugnada, ya sea por revocación o modificación del asunto de que se trate, y que el diverso numeral 87 de la legislación invocada, establece que las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que a cada una de ellas se haya reclamado; en consecuencia, como se apuntó, en este caso en particular, no se estudió el acto reclamado por las razones antes expuestas, por tanto, se llega al convencimiento de que no existe tal afectación; aunado a que, el presente asunto no se encuentra en los supuestos que establece la parte final del primer párrafo del citado numeral. A mayor abundamiento, cabe puntualizar que si conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en de la fracción I, del artículo 5 de la invocada legislación, debiendo por ello seguirse por el agraviado, su representante, apoderado o por su defensor, lo que significa que tanto la promoción del amparo como sus recursos e instancias se seguirán siempre por persona interesada, o sea, aquella a quien el acto reclamado o la actuación u omisión impugnados causen un agravio personal y directo; es evidente que siendo esto un principio fundamental del juicio constitucional que legitima al promovente, para accionar, y al haberse sobreseído el presente juicio, la autoridad responsable carece de legitimación para interponer el recurso de revisión en cuestión, dado que, con el dictado de la sentencia correspondiente ha quedado agotada su actuación, de modo que el interés para que en todo caso tal determinación subsista o no, sólo la tiene la parte promovente. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, es destruible y carece de relevancia documental por no encuadrar en los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; así entonces, hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva, así como la relativa al archivo del presente expediente. Expediente que de conformidad con lo asentado en la certificación secretarial de cuenta, no encuadra en alguna de las hipótesis que establecen los capítulos quinto, sexto o séptimo del Acuerdo General en cita. Consecuentemente, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el primer párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, procédase a su destrucción en términos del penúltimo parágrafo del citado dispositivo; lo que se estima acontecerá a partir del veinticinco de septiembre de dos mil veinticuatro.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y contenido de la certificación secretarial que antecede, se desprende que del estudio minucioso del informe justificado rendido por la responsable Director del Centro Penitenciario, con residencia en Ensenada, Baja California, el veinte de mayo del año en curso, así como de las constancias remitidas por el referido director el cuatro de junio último, se advierte la existencia de diversas autoridades que no han sido señaladas como responsables. Ahora bien, de la lectura del informe y constancias en comento, se aprecia que la orden de traslado del quejoso Héctor Rafael Santos Fuentes, es girada a través del oficio SGG/SSEP/2136/2020, de veinte de marzo de dos mil veinte, suscrito por el Comisionado Estatal del Sistema Estatal Penitenciario del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, en su denominación actual, asimismo, que en cumplimiento a dicho comunicado la Dirección de Centros de Reinserción Social, con sede en la capital de la entidad, emitió el diverso SGG/SSEP/DCRS/800/2020, de veinte de marzo de dos mil veinte, en el que entre otras cosas instruye al Director del Centro de Reinserción Social Ensenada, para el traslado del quejoso en cita, de lo que se obtiene que dicho subsecretario es quien emite la orden de traslado del referido impetrante del Centro de Reinserción Social Ensenada al diverso en Tecate y que la dirección en cita se encarga de ejecutar la referida orden. Por tanto, dado que dichas autoridades no fueron señaladas como responsables por el quejoso en el escrito inicial de demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111, fracción II de la Ley de Amparo, requiérase al impetrante para que dentro del término de quince días, manifieste si es de su interés señalar como autoridades responsables al Comisionado Estatal del Sistema Estatal Penitenciario del Estado de Baja California, en su denominación actual, y Dirección de Centros de Reinserción Social, ambas con sede en Mexicali, Baja California; bajo el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto, se continuará con la secuela del procedimiento sin la inclusión de tales autoridades. Por tanto, a fin de dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas con un minuto del uno de septiembre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la misma.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa por proveído de cinco de julio del año en curso, para que manifestara lo que a su derecho legal conviniera respecto a la inexistencia de la autoridad responsable que denominó en su escrito inicial de demanda como: ? Subdirector General Normativa de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, con residencia en la capital del Estado. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento inmerso en el proveído de referencia, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5, fracción II, en relación con el 108, fracción III, de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara inexistente a la responsable en mención.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y contenido de la certificación secretarial que antecede, se aprecia que se encuentra en vías de diligenciación la notificación a la parte quejosa del proveído de cinco de julio de dos mil veintiuno, en el que se dio vista a la parte quejosa con la inexistencia de la autoridad responsable que denominó como Subdirector General Normativa de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, con residencia en la capital de la entidad. Por tanto, a fin de dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas con once minutos del veintinueve de julio de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la misma.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

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