Héctor Rafael Ramiro Posadas
Expediente 727/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 26 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 727/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 26/01/2021
Partes del expediente
- Héctor Rafael Ramiro Posadas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. En principio, es pertinente precisar que el Consejo de la Judicatura Federal, en respuesta al brote del virus COVID-19, y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, adoptó medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en general para hacer frente a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), dentro de las cuales destaca la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte signada electrónicamente por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, que aprobó el acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", mediante el cual se decretó que del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, no correrían plazos ni términos procesales, con la salvedad de la tramitación de los juicios "urgentes" y "en línea". Ahora, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el ocho de enero de dos mil veintiuno, aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19"; y, determinó reactivar en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, aplicando el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la "Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19", de veintiocho de julio de dos mil veinte, lo que indica, la reactivación de los plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones. Es importante hacer mención que de conformidad con el numeral 2, fracciones III, IV, V y VIII del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los plazos a que se hace referencia, fueron suspendidos y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Por consiguiente, se levanta la suspensión de los términos procesales dentro del presente juicio constitucional. Ahora, vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector, ha transcurrido, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. El acto reclamado materia de análisis de este juicio fue la resolución de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, dictada dentro del toca de apelación 155/2018, del índice de la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla que confirmó la sentencia interlocutoria de treinta de octubre de dos mil doce, dictada en el incidente de liquidación de sentencia, promovido en el expediente 995/2001, así como su ejecución que atribuyó al Juez Décimo Segundo Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla. Por resolución dictada el seis de agosto de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa Héctor Rafael Ramiro Posadas, contra los actos de la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, para los siguientes efectos: "[.] Deje insubsistente la referida resolución; y, En su lugar, emita otra en el que, con libertad de jurisdicción se pronuncie respecto de todas las objeciones que hizo valer el quejoso en relación con el contenido del certificado contable de treinta y uno de agosto de dos mil doce, lo cual deberá hacer fundando y motivando debidamente su determinación." La citada resolución fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito en la ejecutoria pronunciada el ocho de octubre de dos mil veinte, por consiguiente, se requirió el cumplimiento respetivo a la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Posteriormente, mediante oficio 122 del Presidente de la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, recibido en la oficialía de este Juzgado el seis de noviembre de dos mil veinte, remitió copia certificada de la ejecutoria pronunciada el cinco de noviembre de dos mil veinte, en el toca 155/2018, de su índice. Por lo anterior, el nueve de dos mil veinte, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por Presidente de la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Del examen de las documentales exhibidas por el Presidente de la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que se dejó insubsistente la resolución de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el toca 155/2018 y el cinco de noviembre de dos mil veinte, emitió otra en la que se pronunció respecto de las objeciones que hizo valer el quejoso en relación con el contenido del certificado contable de treinta y uno de agosto de dos mil doce; lo anterior, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que se entiende que se cumplió en su totalidad. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE]; asimismo, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido; en el entendido de que se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, respecto a las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en el ocurso recibido en este juzgado de Distrito el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, en el que manifiesta que el cumplimiento fue incompleto en virtud de que la Sala responsable en el considerando quinto de la resolución de cinco de noviembre de dos mil veinte, emitida en el toca 155/2018, precisó lo siguiente: "QUINTO.- Y tomando en consideración, que la sentencia dictada por esta alzada, en este toca el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, se ha declarado insubsistente, (.)" Atento a lo anterior; dígasele a la parte quejosa que deberá estarse a lo resuelto en el presente proveído. Ello, toda vez que los efectos de la concesión del amparo dentro del presente juicio, fueron para que la responsable dejará insubsistente la resolución de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve y en su lugar, emitiera otra en la que, con libertar de jurisdicción, se pronunciara respecto de las objeciones que hizo valer en relación con el contenido del certificado contable de treinta y uno de agosto de dos mil doce, lo cual ya aconteció, pues como se dijo en los párrafos anteriores la Sala responsable se pronunció lo correspondiente en la ejecutoria de cinco de noviembre de dos mil veinte, en el toca 155/2018, de su índice. En consecuencia, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE]; asimismo, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. Acorde con lo dispuesto en el artículo18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General relativo, y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de DEPURACIÓN pues se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General invocado, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser susceptible de DESTRUCCIÓN en los términos que ordena el propio dispositivo. Por otra parte, como lo dispone el capítulo Décimo Tercero, artículo 35, primer y segundo párrafo del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de los expedientes y en su momento, hágase la relación a fin de que se integre para efectos de su transferencia. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Respecto al cuaderno principal, una vez que transcurra el plazo de tres años que aduce el penúltimo párrafo del artículo 18 dentro de los siguientes noventa días, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; y, una vez hecho lo anterior, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En cuanto al duplicado del cuaderno incidental, dentro de los siguientes treinta días a que transcurra el plazo a que aduce el penúltimo párrafo del artículo 20, este juzgado federal deberá destruirlo; y, hecho lo anterior, se remitirá el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia, glósese el presente acuerdo al cuaderno incidental para los efectos legales conducentes. Finalmente, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental, ya que no encuadra en los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el escrito del quejoso Héctor Rafael Ramiro Posadas, por medio del cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, desahogan la vista concedida mediante auto de nueve de noviembre de dos mil veinte. Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que del escrito de cuenta se advierten, mismas que serán valoradas al momento de proveer sobre el cumplimiento al fallo protector emitido en este asunto. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de noviembre de dos mil veinte. téngase por recibido el oficio y anexo del Presidente de la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal de Justicia del Estado de Puebla, a través del cual remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada el cinco de noviembre de dos mil veinte, en el toca ********************, de su índice. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las constancias de cuenta por el término de tres días legalmente computado, para que se impongan de su contenido y, en su caso, manifiesten lo que a su interés convenga respecto del aludido cumplimiento dado a la ejecutoria por parte de la autoridad responsable; apercíbase a las partes que de no hacer manifestación alguna en el término concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se dictará la resolución que en derecho corresponda, acorde a lo establecido en el citado precepto legal. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de noviembre de dos mil veinte. téngase por recibido el oficio y anexo del Presidente de la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal de Justicia del Estado de Puebla, a través del cual remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada el cinco de noviembre de dos mil veinte, en el toca ********************, de su índice. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las constancias de cuenta por el término de tres días legalmente computado, para que se impongan de su contenido y, en su caso, manifiesten lo que a su interés convenga respecto del aludido cumplimiento dado a la ejecutoria por parte de la autoridad responsable; apercíbase a las partes que de no hacer manifestación alguna en el término concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se dictará la resolución que en derecho corresponda, acorde a lo establecido en el citado precepto legal. Notifíquese personalmente.
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