Héctor Rafael López Parra

Expediente 2046/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 17 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2046/2018
Año
2018
Actuaciones
17
Última actuación
18/06/2019

Partes del expediente

  • Héctor Rafael López Parra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa y tercero interesado no hicieron manifestación alguna en relación a la vista otorgada mediante proveídos de siete y veintidós de mayo del año en curso (fojas 132 y 137 respectivamente); en consecuencia, en obvio de mayores dilaciones, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, aplicable al presente caso por disposición expresa de su ordinal tercero transitorio, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, terminada de engrosar el doce de marzo de dos mil diecinueve (fojas 101 a 114), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa Héctor Rafael López Parra, para los efectos siguientes: ".por tanto, al actualizarse la violación descrita, lo conducente es conceder el amparo solicitado a efecto de que las autoridades responsables: Con plenitud de jurisdicción, provea las peticiones realizadas por el aquí quejoso el trece de septiembre de la anualidad próxima pasada, en específico, las relativas a girar oficios al Comisariado ejidal de Sayulita, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a fin de que remita las documentales solicitadas, así como en torno a la medida cautelar que solicitó." De lo transcrito, se colige que los actos que debía realizar el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y Seis, con residencia en esta ciudad, era proveer, con plenitud de jurisdicción, las peticiones realizadas por el aquí quejoso el trece de septiembre de dos mil dieciocho, en específico las relativas a girar oficios al Comisariado ejidal de Sayulita, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a fin de que remitiera las documentales solicitadas, así como en torno a la medida cautelar que solicitó. Luego, en auto de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la resolución precisada en el párrafo que antecede y, por ende, se requirió a la autoridad responsable para que la cumpliera. En consecuencia, a través del oficio número UJ/283/2019, de treinta de abril de la presente anualidad (fojas 130 y 131), recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y Seis, con residencia en esta ciudad, informó del cumplimiento dado al fallo protector emitido en autos y para ello transcribió el acuerdo emitido el treinta de abril de dos mil diecinueve, dictado dentro de los autos del juicio agrario 295/2018 de su estadística, del que se advierte que, entre otras cosas, proveyó lo relativo a las peticiones materia de la concesión de amparo que el quejoso había realizado en el escrito de ampliación de trece de septiembre de dos mil dieciocho, a saber, las relativas a girar oficio al comisariado ejidal de Sayulita, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a fin de que exhibiera el legajo original del acta de asamblea de formalidades especiales de dieciséis de julio de dos mil diecisiete, misma que le fue negada por las razones ahí asentadas; de igual manera, en lo atinente a que girara oficio al mencionado comisariado para que allegara el pago a favor del quejoso por concepto de "finiquito" del predio "La Tirita", la cual le fue acordada favorablemente y, finalmente, en relación a proveer sobre la medida cautelar solicitada, se aprecia que ésta le fue concedida, para el efecto de que las cosas permanecieran en el estado en que actualmente se encontraban respecto de las parcelas asignadas a nombre del ejido en asamblea de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, conocidas como "El Cura", "La Tirita" y "Zonas Achuradas", así como por las consecuencias ahí precisadas. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido al aludido agraviado en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado, en razón de que se otorgó plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, por lo que los razonamientos vertidos por dicho ente resultan ajenos a la ejecutoria de análisis, pues bastaba que diera una respuesta frontal y congruente con lo solicitado por el amparista, lo cual, como se vio, aconteció en la especie. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Legislación de Amparo en vigor, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal y no existen documentos originales exhibidos por las partes, aunado a que carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Finalmente, con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es susceptible de depuración, debido a que se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitadas respecto de los actos reclamados, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de amparo y las resoluciones incidentales, las cuales deberán conservarse, por ende, déjese por separado para su conservación; en tanto que, el duplicado respectivo, es susceptible de destrucción, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, procédase a la destrucción del éste previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa y tercero interesado no hicieron manifestación alguna en relación a la vista otorgada mediante proveídos de siete y veintidós de mayo del año en curso (fojas 132 y 137 respectivamente); en consecuencia, en obvio de mayores dilaciones, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, aplicable al presente caso por disposición expresa de su ordinal tercero transitorio, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, terminada de engrosar el doce de marzo de dos mil diecinueve (fojas 101 a 114), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa Héctor Rafael López Parra, para los efectos siguientes: ".por tanto, al actualizarse la violación descrita, lo conducente es conceder el amparo solicitado a efecto de que las autoridades responsables: Con plenitud de jurisdicción, provea las peticiones realizadas por el aquí quejoso el trece de septiembre de la anualidad próxima pasada, en específico, las relativas a girar oficios al Comisariado ejidal de Sayulita, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a fin de que remita las documentales solicitadas, así como en torno a la medida cautelar que solicitó." De lo transcrito, se colige que los actos que debía realizar el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y Seis, con residencia en esta ciudad, era proveer, con plenitud de jurisdicción, las peticiones realizadas por el aquí quejoso el trece de septiembre de dos mil dieciocho, en específico las relativas a girar oficios al Comisariado ejidal de Sayulita, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a fin de que remitiera las documentales solicitadas, así como en torno a la medida cautelar que solicitó. Luego, en auto de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la resolución precisada en el párrafo que antecede y, por ende, se requirió a la autoridad responsable para que la cumpliera. En consecuencia, a través del oficio número UJ/283/2019, de treinta de abril de la presente anualidad (fojas 130 y 131), recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y Seis, con residencia en esta ciudad, informó del cumplimiento dado al fallo protector emitido en autos y para ello transcribió el acuerdo emitido el treinta de abril de dos mil diecinueve, dictado dentro de los autos del juicio agrario 295/2018 de su estadística, del que se advierte que, entre otras cosas, proveyó lo relativo a las peticiones materia de la concesión de amparo que el quejoso había realizado en el escrito de ampliación de trece de septiembre de dos mil dieciocho, a saber, las relativas a girar oficio al comisariado ejidal de Sayulita, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a fin de que exhibiera el legajo original del acta de asamblea de formalidades especiales de dieciséis de julio de dos mil diecisiete, misma que le fue negada por las razones ahí asentadas; de igual manera, en lo atinente a que girara oficio al mencionado comisariado para que allegara el pago a favor del quejoso por concepto de "finiquito" del predio "La Tirita", la cual le fue acordada favorablemente y, finalmente, en relación a proveer sobre la medida cautelar solicitada, se aprecia que ésta le fue concedida, para el efecto de que las cosas permanecieran en el estado en que actualmente se encontraban respecto de las parcelas asignadas a nombre del ejido en asamblea de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, conocidas como "El Cura", "La Tirita" y "Zonas Achuradas", así como por las consecuencias ahí precisadas. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido al aludido agraviado en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado, en razón de que se otorgó plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, por lo que los razonamientos vertidos por dicho ente resultan ajenos a la ejecutoria de análisis, pues bastaba que diera una respuesta frontal y congruente con lo solicitado por el amparista, lo cual, como se vio, aconteció en la especie. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Legislación de Amparo en vigor, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal y no existen documentos originales exhibidos por las partes, aunado a que carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Finalmente, con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es susceptible de depuración, debido a que se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitadas respecto de los actos reclamados, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de amparo y las resoluciones incidentales, las cuales deberán conservarse, por ende, déjese por separado para su conservación; en tanto que, el duplicado respectivo, es susceptible de destrucción, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, procédase a la destrucción del éste previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se aprecia que mediante proveído de siete de mayo de la presente anualidad (foja 132), se ordenó dar vista, entre otro, a la parte tercero interesado Asamblea General de Ejidatarios de Sayulita, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, del cumplimiento dado al fallo protector por el Secretario de Acuerdos en ausencia del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cincuenta y Seis, con sede en esta ciudad (fojas 130 y 131); sin embargo, revisadas las constancias de autos no se advierte que se haya llevado a cabo la misma; en consecuencia, en obvio de mayores dilaciones se ordena al Actuario Judicial de la adscripción, efectué la notificación correspondiente al citado tercero interesado del auto de siete de mayo del presente año y le corra traslado con el comunicado que obra agregado a fojas ciento treinta a ciento treinta y uno, a fin de que manifieste lo que a su interés legal convenga dentro del término ahí establecido.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación contra la sentencia dictada el doce de marzo de dos mil diecinueve (fojas 101-114), dentro del plazo que prevé el ordinal 86 de la legislación de la materia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los dispositivos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al ordenamiento legal citado en primer término, se declara que la referida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Magistrado y Secretario, ambos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y Seis, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que reciban el oficio correspondiente, den cumplimiento al fallo protector concedido en autos. Apercibidos que de no hacerlo con causa justificada, se les impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado b, párrafos sexto y séptimo constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo), de conformidad con el dispositivo 258 de la Ley de Amparo. Además, se les hace del conocimiento a las citadas autoridades responsables que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este juzgado federal hará el pronunciamiento respectivo e impondrá la multa que proceda; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los titulares dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el arábigo 193 de la legislación en comento. Finalmente, toda vez que ya no son necesarias las constancias relativas al acto reclamado, devuélvanse en un legajo a las autoridades responsables Magistrado y Secretario, ambos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y Seis, con residencia en esta ciudad, por no ser necesarias en la presente litis constitucional.

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