Hector Rafael Espinoza Escalante
Expediente 63/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 63/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Hector Rafael Espinoza Escalante
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta firmado por Gavino Acevedo García, en su carácter de autorizado de la parte quejosa Héctor Rafael Espinoza Escalante, mediante el cual solicita copia certificada del escrito de solicitud de pensión hecha por el promovente del amparo a la autoridad responsable; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos. Como lo solicita el promovente y con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, expídase a su costa la copia certificada de la constancia que solicita y, entréguese previa razón que por su recibo y entrega se deje en autos.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Visto el escrito firmado por el licenciado Gabino Acevedo García, autorizado legal de la parte quejosa, mediante el cual solicita copias certificadas de diversas constancias que obran en el presente juicio; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos. Como lo solicita el promovente y con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo, expídase a su costa las copias certificadas de las constancias que solicita y, entréguese previa razón que por su recibo y entrega se deje en autos.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión contra de la resolución emitida el treinta de marzo de dos mil veintiuno, mediante la cual el presente juicio de amparo sobreseyó; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que en autos no se encuentren agregados los acuses de recibo de las autoridades responsables foráneas, en el cual se haga constar que fueron debidamente notificadas de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, donde se sobreseyó el mismo, en virtud de que resulta innecesario, pues carece de legitimación para recurrir las sentencias que declaren la inconstitucionalidad del acto reclamado, cuando este haya sido emitido en ejercicio de su potestad jurisdiccional, esto en términos del artículo 87, segundo Párrafo, de la Ley de Amparo. Es así, toda vez que el objetivo de la actividad judicial, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la absoluta imparcialidad y el total desapego al interés de las partes contendientes; además la función del juzgador ordinario de velar por el interés público está limitada a su actuación como rector del proceso, sin que trascienda al juicio de amparo, en el que tal deber corresponde a los órganos encargados de la protección de los derechos fundamentales. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis P/J.22/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 23 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Julio de 2033, que dice: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." En ese sentido, con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente proveído sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y acorde al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por resolución de treinta de marzo de dos mil veintiuno el presente juicio de amparo se sobreseyó; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Ahora del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Héctor Rafael Espinoza Escalante, contra el acto que reclamó de la autoridad señalada como responsable en el considerando segundo y por los motivos expuestos en el considerando último de este fallo constitucional.
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