Héctor Quiroz Carbajal
Expediente 340/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 340/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 23/05/2018
Partes del expediente
- Héctor Quiroz Carbajal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
II) Toluca, Estado de México; veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió al proveído de treinta de abril de dos mil dieciocho, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha adquirido firmeza procesal para todos los efectos legales conducentes y las anotaciones correspondientes háganse en el Libro de Gobierno. Por otra parte, del estado procesal de autos se advierte que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: 1. Este expediente es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, fracción I, párrafo primero y segundo). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. El original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados (punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo y tercero). 4. El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, fracción III, párrafo primero). Sin que resulte necesario glosar los cuadernos incidentales, toda vez que de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es conveniente su transferencia desglosado del cuaderno principal; razón por lo cual deberá continuar su tramitación por cuerda separada al presente cuaderno principal. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Irma Zoraida Campos Navarro, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
II Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se procede a examinar de oficio la procedencia del presente juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, que debe estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo y los razonamientos que rige la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Para ello, de principio es de precisarse que del análisis integral de la demanda de amparo, de la causa de pedir que contiene y de las constancias allegadas al juicio, se advierte que los actos reclamados por el quejoso en esta instancia de control constitucional consisten en: La orden de citación a la audiencia de formulación de imputación de la carpeta administrativa 262/2018, atribuida al Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México; y, La emisión de alguna orden de detención, arresto, arraigo, aprehensión, reaprehensión y/o restricción de libertad en su contra, por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México y/o la Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia Para Mujeres sede Toluca. Ahora bien, en relación al acto reclamado identificado con el inciso a), consistente en la orden de citación a la audiencia de formulación de imputación en la carpeta administrativa número 262/2018, el Juez responsable, al rendir su informe justificado, aceptó su existencia, pues manifestó que, efectivamente, el fiscal le solicitó fecha para audiencia de formulación sin detenido y ordenó citar al quejoso a ella; la cual tuvo verificativo el cuatro de abril de dos mil dieciocho, por lo que el seis del mismo mes y año dictó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso Héctor Quiroz Carbajal, por el hecho delictuoso de incumplimiento de obligación. Por ello, este Juzgador considera que respecto al acto reclamado aludido se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)" [Énfasis añadido]. De la cita que antecede se aprecia que para la actualización de esta causa de improcedencia, comúnmente denominada "cambio de situación jurídica", se requieren los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que el promovente del amparo se encuentre en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; c) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; d) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo, destacando que cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en dicho precepto, entendiendo que esta última parte está dirigida a las etapas procedimentales que integran el juicio penal oral, tan es así que el propio precepto señala que la autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; es decir, que ello únicamente impera cuando el cambio de situación jurídica pretende hacerse depender de las determinaciones emitidas en diversas etapas del procedimiento oral, no así cuando se trate de actos previos, como en el particular acontece. Por tanto, de las constancias remitidas por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, se aprecia que el cuatro de abril de dos mil dieciocho celebró la audiencia para la formulación de imputación sin detenido, en la cual la fiscalía solicitó la vinculación a proceso del quejoso, por lo que, en continuación de la audiencia en comento, en el segmento del seis del mes en comento, se dictó auto de vinculación a proceso al aquí quejoso por el hecho delictuoso de incumplimiento de obligaciones. Lo que se corrobora con el disco que contiene los registros audiovisuales de las audiencias de formulación de imputación sin detenido y la relativa para resolver sobre vinculación a proceso aludidas, documentales con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a su numeral 2°. En este orden de ideas, si el quejoso reclamó en el presente juicio de amparo la orden de citación a la audiencia de formulación de imputación en la carpeta administrativa número 262/2018 y, con posterioridad a la presentación de la demanda, el seis de abril del presente año, el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, dictó auto de vinculación a proceso en su contra; es claro que ha operado un cambio de situación jurídica, pues se han actualizado los requisitos de los incisos señalados en párrafos precedentes. Lo anterior es así toda vez que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se emitió una determinación que cambió la situación jurídica en que se encontraba el quejoso con motivo del acto aludido que reclamó en el amparo. Por lo cual, si se decidiere sobre la constitucionalidad del acto impugnado en comento, se afectaría la nueva situación jurídica, pues podría modificarse el sentido de la determinación emitida en el juicio de origen; por tanto, las violaciones reclamadas en el juicio de amparo deben considerarse consumadas irreparablemente. En tales circunstancias, al estar plenamente acreditada la hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la ley de la materia, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. En distinto orden, respecto a los actos reclamados identificados previamente con el inciso b), relativos a la emisión de alguna orden de detención, arresto, arraigo, aprehensión, reaprehensión y/o restricción de libertad en su contra, atribuidos al Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México y/o a la Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia Para Mujeres sede Toluca, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio con base en lo estatuido por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que de las constancias de autos se aprecia que dichos actos no existen. En efecto, al rendir su respectivo informe justificado (fojas 21 y 24 de autos), las autoridades responsables Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México y Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia Para Mujeres sede Toluca, negaron la existencia de los aludidos actos reclamados, sin que el quejoso haya aportado prueba alguna tendente a desvirtuar dichas negativas. Sin que en el caso resulte necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional a efecto de analizar la existencia o inexistencia de los actos reclamados en comento y, como consecuencia, determinar lo procedente sobre la procedencia del amparo intentado, toda vez que de la causa de pedir que contiene el escrito de demanda se advierte que el quejoso impugna dichos actos con motivo del procedimiento seguido en su contra en la carpeta administrativa 262/2018, en la cual, como ya se dijo, el cuatro de abril de dos mil dieciocho se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación y, posteriormente, el seis de dicho mes, se dictó auto de vinculación a proceso al aquí quejoso por el hecho delictuoso de incumplimiento de obligaciones; y de las propias videograbaciones de las audiencias correspondientes se desprende que no se dictó ninguna de las órdenes restrictivas de libertad que el quejoso reclamó, por el contrario, únicamente se le impuso como medida cautelar la exhibición de una garantía económica. De ahí que, con independencia de las pruebas que el quejoso pudiera aportar, no variaría el sentido de esta determinación, en la que ha quedado de manifiesto la inexistencia de los actos reclamados consistentes en alguna orden de detención, arresto, arraigo, aprehensión, reaprehensión y/o restricción de libertad emitida en su contra. Por lo que, incluso, el esperar a que tenga verificativo la audiencia constitucional para resolver sobre la procedencia del juicio que nos ocupa iría en franca contravención del principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en el presente juicio de amparo y, en consecuencia, se deja insubsistente la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, prevista para las diez horas con cuarenta y cinco minutos del dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Se estima aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Notifíquese; personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Irma Zoraida Campos Navarro, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de treinta de abril pasado, en cumplimiento al citatorio de dos de los corrientes. II Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se procede a examinar de oficio la procedencia del presente juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, que debe estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo y los razonamientos que rige la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Para ello, de principio es de precisarse que del análisis integral de la demanda de amparo, de la causa de pedir que contiene y de las constancias allegadas al juicio, se advierte que los actos reclamados por el quejoso en esta instancia de control constitucional consisten en: La orden de citación a la audiencia de formulación de imputación de la carpeta administrativa 262/2018, atribuida al Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México; y, La emisión de alguna orden de detención, arresto, arraigo, aprehensión, reaprehensión y/o restricción de libertad en su contra, por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México y/o la Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia Para Mujeres sede Toluca. Ahora bien, en relación al acto reclamado identificado con el inciso a), consistente en la orden de citación a la audiencia de formulación de imputación en la carpeta administrativa número 262/2018, el Juez responsable, al rendir su informe justificado, aceptó su existencia, pues manifestó que, efectivamente, el fiscal le solicitó fecha para audiencia de formulación sin detenido y ordenó citar al quejoso a ella; la cual tuvo verificativo el cuatro de abril de dos mil dieciocho, por lo que el seis del mismo mes y año dictó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso Héctor Quiroz Carbajal, por el hecho delictuoso de incumplimiento de obligación. Por ello, este Juzgador considera que respecto al acto reclamado aludido se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)" [Énfasis añadido]. De la cita que antecede se aprecia que para la actualización de esta causa de improcedencia, comúnmente denominada "cambio de situación jurídica", se requieren los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que el promovente del amparo se encuentre en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; c) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; d) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo, destacando que cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en dicho precepto, entendiendo que esta última parte está dirigida a las etapas procedimentales que integran el juicio penal oral, tan es así que el propio precepto señala que la autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; es decir, que ello únicamente impera cuando el cambio de situación jurídica pretende hacerse depender de las determinaciones emitidas en diversas etapas del procedimiento oral, no así cuando se trate de actos previos, como en el particular acontece. Por tanto, de las constancias remitidas por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, se aprecia que el cuatro de abril de dos mil dieciocho celebró la audiencia para la formulación de imputación sin detenido, en la cual la fiscalía solicitó la vinculación a proceso del quejoso, por lo que, en continuación de la audiencia en comento, en el segmento del seis del mes en comento, se dictó auto de vinculación a proceso al aquí quejoso por el hecho delictuoso de incumplimiento de obligaciones. Lo que se corrobora con el disco que contiene los registros audiovisuales de las audiencias de formulación de imputación sin detenido y la relativa para resolver sobre vinculación a proceso aludidas, documentales con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a su numeral 2°. En este orden de ideas, si el quejoso reclamó en el presente juicio de amparo la orden de citación a la audiencia de formulación de imputación en la carpeta administrativa número 262/2018 y, con posterioridad a la presentación de la demanda, el seis de abril del presente año, el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, dictó auto de vinculación a proceso en su contra; es claro que ha operado un cambio de situación jurídica, pues se han actualizado los requisitos de los incisos señalados en párrafos precedentes. Lo anterior es así toda vez que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se emitió una determinación que cambió la situación jurídica en que se encontraba el quejoso con motivo del acto aludido que reclamó en el amparo. Por lo cual, si se decidiere sobre la constitucionalidad del acto impugnado en comento, se afectaría la nueva situación jurídica, pues podría modificarse el sentido de la determinación emitida en el juicio de origen; por tanto, las violaciones reclamadas en el juicio de amparo deben considerarse consumadas irreparablemente. En tales circunstancias, al estar plenamente acreditada la hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la ley de la materia, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. En distinto orden, respecto a los actos reclamados identificados previamente con el inciso b), relativos a la emisión de alguna orden de detención, arresto, arraigo, aprehensión, reaprehensión y/o restricción de libertad en su contra, atribuidos al Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México y/o a la Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia Para Mujeres sede Toluca, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio con base en lo estatuido por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que de las constancias de autos se aprecia que dichos actos no existen. En efecto, al rendir su respectivo informe justificado (fojas 21 y 24 de autos), las autoridades responsables Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México y Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia Para Mujeres sede Toluca, negaron la existencia de los aludidos actos reclamados, sin que el quejoso haya aportado prueba alguna tendente a desvirtuar dichas negativas. Sin que en el caso resulte necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional a efecto de analizar la existencia o inexistencia de los actos reclamados en comento y, como consecuencia, determinar lo procedente sobre la procedencia del amparo intentado, toda vez que de la causa de pedir que contiene el escrito de demanda se advierte que el quejoso impugna dichos actos con motivo del procedimiento seguido en su contra en la carpeta administrativa 262/2018, en la cual, como ya se dijo, el cuatro de abril de dos mil dieciocho se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación y, posteriormente, el seis de dicho mes, se dictó auto de vinculación a proceso al aquí quejoso por el hecho delictuoso de incumplimiento de obligaciones; y de las propias videograbaciones de las audiencias correspondientes se desprende que no se dictó ninguna de las órdenes restrictivas de libertad que el quejoso reclamó, por el contrario, únicamente se le impuso como medida cautelar la exhibición de una garantía económica. De ahí que, con independencia de las pruebas que el quejoso pudiera aportar, no variaría el sentido de esta determinación, en la que ha quedado de manifiesto la inexistencia de los actos reclamados consistentes en alguna orden de detención, arresto, arraigo, aprehensión, reaprehensión y/o restricción de libertad emitida en su contra. Por lo que, incluso, el esperar a que tenga verificativo la audiencia constitucional para resolver sobre la procedencia del juicio que nos ocupa iría en franca contravención del principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en el presente juicio de amparo y, en consecuencia, se deja insubsistente la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, prevista para las diez horas con cuarenta y cinco minutos del dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Se estima aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Notifíquese; personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Irma Zoraida Campos Navarro, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
II Se tiene por recibido el oficio de cuenta suscrito por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, por medio del cual en cumplimiento al auto de veintitrés de abril de dos mil dieciocho y remite un disco que contiene los registros audiovisuales de las audiencias de formulación de imputación sin detenido de cuatro de abril de dos mil dieciocho y la audiencia de seis de abril de dos mil dieciocho, en la que se dictó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso Héctor Quiroz Carbajal por su probable intervención en el hecho delictuoso de incumplimiento de obligación. Atento a lo anterior, agréguese a los autos el informe rendido para que surta los efectos legales correspondientes; y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con el contenido del oficio de cuenta, y con las constancias que se adjuntaron, sin perjuicio de ser tomadas en consideración al momento de resolver el juicio en que se actúa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Irma Zoraida Campos Navarro que autoriza, firma y da fe.
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