Héctor Prado Mondragón
Expediente 596/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 596/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Héctor Prado Mondragón
Actuaciones
- Principal
Auto causa estado.De la certificación de cuenta se advierte que el quejoso no impugnó en el plazo concedido el desechamiento de la demanda; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado.Archivo.Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido.Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se desechó la demanda, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN.
- Principal
Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XX de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por *******, en contra de actos de las autoridades penitenciarias del Centro Federal de Readaptación Social número 12, "CPS-Guanajuato" y otras. Lo anterior, debido a que se materializa la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.] El referido precepto alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, en el caso, el de definitividad, consistente en que resulta improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio conforme con las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que de acuerdo con las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la ley de la materia consigna para conceder la suspensión definitiva. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar la resolución es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada; de ahí que, se reitera, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes antes de solicitar la protección de la justicia federal. En el caso, a título de dato objetivo se obtiene que el quejoso reclama: La negativa de las autoridades responsables a permitirle el acceso de artículos ortopédicos consistentes en faja lumbar, rodillera y tenis ortopédicos. Dicho acto en su caso, debía ser impugnado a través del recurso que la Ley Nacional de Ejecución de Penas prevé para ello. De los preceptos trascritos se colige que previo a la promoción del juicio de amparo, el quejoso debió agotar el principio de definitividad, que se traduce en que posteriormente a que elevó su petición ante la autoridad penitenciaria (método autocompositivo), por tratarse de cuestiones relacionadas con sus condiciones de internamiento, sin que ésta le haya dado respuesta dentro del plazo previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, debió acudir a la instancia jurisdiccional (controversia), es decir, ante el Juez de Ejecución. Sobre todo porque conforme con lo dispuesto en el artículo 107 del ordenamiento invocado, el método de remedio en comento procede también contra omisiones. Lo anterior porque de conformidad con lo previsto por el artículo 114 del citado ordenamiento, el director del centro está obligado a resolver lo correspondiente en un plazo de cinco días a partir de la admisión de la petición y notificar su respuesta al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas. Por tanto, ante el incumplimiento de esa obligación, el quejoso tiene la facultad de promover controversia ante el juez de control o ejecución, según corresponda, quien resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. Autoridad jurisdiccional creada para tal efecto ya que, conforme lo prevé el artículo 24 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es quien conoce de las controversias suscitadas entre la autoridad penitenciaria y sus internos, ya sea que se encuentren en sitios de internamiento con motivo de prisión preventiva o en ejecución de sanción, esto es, sin importar la razón a la que atienda el internamiento de las controversias que se deriven las conocerá, en sede judicial, el Juez de Ejecución. Procedimiento de carácter jurisdiccional previsto y regulado por la propia ley en sus artículos 116 a 129; así como un sistema de recursos que complementan el derecho al debido proceso en la ejecución penal, que la legislación de ejecución penal establece en los artículos 130 a 135. Por tanto, la omisión que reclama el quejoso de parte del centro de reclusión en que se encuentra privado de su libertad, debió dirimirla en vía de controversia al respectivo Juez de Ejecución penal. Aunado a ello, el interno tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación establecidos en los citados numerales 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, contra la decisión de la autoridad judicial. Máxime que en el procedimiento ante el Juez de Ejecución no se actualiza la excepción al principio de definitividad contemplada en la propia fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo , ya que dicha ruta de solución de controversia contempla la posibilidad de que, el Juez de Ejecución decrete la suspensión del acto controvertido sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo, como se advierte del numeral 115 de la multicitada legislación. Lo que corrobora que el sujeto privado de la libertad, debió acudir ante el Juez de Ejecución ante la omisión de la autoridad penitenciaria de dar contestación a su petición. En conclusión, el alcance de la norma contenida en la Ley Nacional de Ejecución Penal, estriba en que la controversia judicial es el medio de defensa establecido en la ley para combatir la omisión que reclama, sin que sea optativo para el peticionario si la promueve o bien, decide solicitar el amparo, dado que no debe perderse de vista que este último es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el quejoso acudir ante las instancias comunes, previo a solicitar la Justicia de la Unión. Así, al materializarse la causal de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar la demanda de amparo.
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