Héctor Pineda Olmedo

Expediente 927/2016 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
927/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
29/09/2016

Partes del expediente

  • Héctor Pineda Olmedo

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TERMINO DE TRES DÍAS PREVISTO EN EL PARRAFO SEGUNDO, DEL ARTICULO 104, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, HA TRANSCURRIDO SIN QUE LA PARTE QUEJOSA, HAYA IMPUGNADO LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL ESTE TRIBUNAL DESECHO DE PLANO EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PROMOVIDO POR EL QUEJOSO; EN CONSECUENCIA, SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. EN MERITO DE LO ANTERIOR, COMO EN EL PRESENTE ASUNTO NO SE ENCUENTRA ACTUACION PENDIENTE POR PRACTICAR Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE POR RESOLUCIÓN DE TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS, SE DESECHO LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA, MISMA QUE QUEDO FIRME EN ESTA FECHA, ADEMAS DE NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.

  2. Juicio de Amparo Directo

    EN CUMPLIMIENTO A LA RAZON ACTUARIAL DE FECHA VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA PRECISADA EN EL CITATORIO QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL AUTO DE TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: Pachuca de Soto, Hidalgo, trece de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la cuenta que antecede, agréguese para que obre como corresponda la demanda de amparo promovida por Héctor Pineda Olmedo; fórmese expediente y regístrese. Ahora bien, en obvio de mayores dilaciones y para no contravenir lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, del análisis integral de la demanda de amparo que promueve Héctor Pineda Olmedo, se advierte que el acto reclamado lo hace consistir, por un lado, en la resolución de veinticuatro de agosto del año en curso, dictada por este tribunal colegiado dentro de la revisión fiscal 18/2016 mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el recurso de reclamación 12/2016, se desechó por improcedente el primero de los recursos referidos, y por otro, en la resolución de veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, emitida por los integrantes de la Sala Regional de Hidalgo del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en los autos del expediente 4106/15-27-01-5. En el caso a estudio el suscrito estima que respecto al primero de los actos reclamados, el presente juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, toda vez que lo reclamado constituye la resolución que desechó el recurso de revisión fiscal interpuesto por el hoy quejoso; auto que causó estado el seis de los corrientes, al fenecer el término previsto en el artículo 104 de la ley de la materia; y en tal virtud, se deduce que para los efectos del juicio de amparo directo no puede considerarse una sentencia definitiva, y por ende, no es susceptible de ser combatida a través del amparo directo al no reunir los requisitos previstos por el precepto legal 170 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así mismo, respecto al segundo de los actos que se reclaman, consistente en la resolución de veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, emitida por los integrantes de la Sala Regional de Hidalgo del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en los autos del expediente 4106/15-27-01-5, el suscrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, en relación con la diversa XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo estudio es de oficio y aun preferente, por ser una cuestión de orden público, en términos de lo dispuesto por el numeral en cita. En efecto, el artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XXIII, dispone: "Artículo 61. El Juicio de Amparo es improcedente: (...); XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. XXIII. En los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley (...).". Sobre el particular, cabe indicar que el más Alto Tribunal del país ha sostenido el criterio de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación o por una de sus Salas, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de ser ofrecido como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de ello, es innegable que para un tribunal colegiado, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por tanto, las diversas actuaciones practicadas por el propio órgano jurisdiccional en diverso cuaderno de amparo pueden tenerse a la vista para constatar su contenido y válidamente invocarlos de oficio como hechos notorios, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo, como medio probatorio para fundar la resolución correspondiente, pues se trata de una facultad que les otorga la ley y que pueden ejercitar para resolver una contienda judicial. Ilustra lo expresado, el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, con el que este órgano jurisdiccional comulga, publicado en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Tesis 812, página 552, de rubro y texto: "HECHO NOTORIO. PARA LOS MAGISTRADOS DE UN COLEGIADO QUE RESOLVIÓ UN JUICIO DE AMPARO, LO CONSTITUYE LA EJECUTORIA CULMINATORIA DE ESTE. Se considera que son notorios para un tribunal, los hechos de que tenga conocimiento por razón de su actividad jurisdiccional. Por consiguiente, por ser quienes intervinieron en la discusión y votación de una ejecutoria de amparo, los Magistrados integrantes de un Tribunal Colegiado de Circuito, como medios de convicción y en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, pueden oficiosamente invocar e introducir esa ejecutoria en un diverso juicio de garantías, aun cuando no se haya ofrecido ni alegado por las partes.". Luego, cabe apuntar que el ordinal 17 de la Ley de Amparo establece como término para la interposición del juicio constitucional el de quince días, los cuales se computarán de acuerdo a lo que dispone el diverso numera 18 que textualmente refiere lo siguiente: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". Bajo ese tenor, del análisis de la revisión fiscal 18/2016, concretamente de la certificación visible en la foja veintisiete, se aprecia que la resolución de veinticuatro de mayo del año en curso, se notificó a la parte recurrente, el veintidós de junio de la presente anualidad, por lo cual, el término de quince días aludido trascurrió del veinticuatro de junio al catorce de julio de la presente anualidad, siendo inhábiles en ese lapso los días veinticinco y veintiséis de junio; dos, tres, nueve y diez de julio del año en curso, por lo que la presentación de la demanda de garantías que hoy se acuerda resulta notoriamente extemporánea. En las relatadas consideraciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV, en relación con la diversa XXIII, del artículo 61; 62 y 179 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Héctor Pineda Olmedo, en contra de las resoluciones de veinticuatro de agosto del año en curso, dictada por este tribunal colegiado dentro de la revisión fiscal 18/2016, y veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, emitida por los integrantes de la Sala Regional de Hidalgo del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en los autos del expediente 4106/15-27-01-5. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, ténganse como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, así como autorizados para tales efectos, los indicados en la demanda de amparo. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil quince, entrando en vigor a los treinta días de su publicación, gírese oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de este Circuito, para que regístrese a favor de este Segundo Tribunal Colegiado, la presente demanda de amparo a fin de que se contabilice automáticamente para los efectos del reparto proporcional. En su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 y demás relativos a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo del año en curso, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.

  3. Juicio de Amparo Directo

    NOTIFICACIÓN PERSONAL.

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