Héctor Pineda García
Expediente 717/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 717/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/05/2015
Partes del expediente
- Héctor Pineda García
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, Distrito Federal, a quince de mayo de dos mil quince. Vista la cuenta que antecede, agréguese al presente cuaderno la copia simple del escrito de ampliación de demanda promovida por Mirna Rebollo García, representante legal de Viajes México Amigo, sociedad anónima de capital variable, contra actos del Gerente de Recaudación Fiscal de la Delegación Regional Metropolitana del Valle de México del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y otra autoridad; así como del proveído de esta misma fecha dictado en el juicio principal. Con apoyo en el segundo párrafo del artículo 128, la fracción III del artículo 138 y el numeral 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, el que deberán rendir por duplicado y dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas. Queda fijada la audiencia incidental para celebrarse a las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL QUINCE. Se apercibe a las responsables que para el caso de no rendir oportunamente su informe previo, esto es, antes de la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia incidental, se les impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con la fracción I del artículo 260 de la Ley de la materia. Dese la intervención que legalmente procede, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. CUARTO. Conviene precisar que la quejosa solicitó la suspensión provisional para los siguientes efectos: "...solicito se me otorgue la SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, a fin de que no se lleve acto alguno tendiente a embargar bienes ya sean muebles o inmuebles, pertenecientes a la impetrante de garantías, de la misma forma que no sean secuestradas o embargadas las cuentas bancarias de la moral denominada VIAJES MEXICO AMIGO, S.A. DE C.V., asimismo, para que no se lleven a cabo ninguno de los actos reclamados". Desde este punto de vista, el pronunciamiento de la presente medida cautelar atenderá exclusivamente a tal solicitud, lo que se traduce en que las responsables: a) No lleven a cabo acto alguno tendiente a embargar los bienes muebles e inmuebles propiedad de la moral quejosa; b) No sean secuestradas o embargadas las cuentas bancarias que sean propiedad de la moral quejosa; y, c) No lleven a cabo ninguno de los actos reclamados. En ese contexto, para determinar si procede o no conceder la medida cautelar para suspender los actos reclamados, debe realizarse en términos del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un análisis ponderándose la apariencia del buen derecho con el interés social, en relación con los presupuestos y requisitos legales contenidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo que a continuación se indican: - Certeza del acto reclamado (Premisa) - La naturaleza o tipo de acto reclamado permita su paralización (Requisitos naturales) - Solicitud de parte agraviada (fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo). - Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público (fracción II del artículo 128, en correlación con el artículo 129 de la Ley de Amparo). En virtud de que el otorgamiento de la suspensión requiere la integración de cada uno de los presupuestos y requisitos anotados, es conveniente realizar el estudio de éstos en el orden apuntado, en atención a que la falta de una de las condiciones anotadas implica que deba negarse la suspensión y, por ende, que sea innecesario el estudio de los demás requisitos legales. En la especie, se cumple con el primer presupuesto que se estudia, respecto de los efectos para los que se solicita la medida suspensional, es decir, para que se levante el embargo de los bienes muebles e inmuebles; así como de los depósitos bancarios o cuentas, sea en moneda nacional o extranjera a nombre de la moral quejosa Viajes México Amigo, sociedad anónima de capital variable, que por esta vía defiende la incidentista, aunado a que a foja 64 de autos, obra la diligencia de embargo practicada a los bienes de la aludida impetrante; misma que a la letra dice: ".se procede a embargar los depósitos bancarios o de cualquier otro depocito (sic) en moneda nacional o extranjera que se realice en cualquier tipo de cuenta que tenga a su nombre el ejecutado en las entidades financieras o sociedades corporativas de ahorro y préstamo, o de inversión y valores en virtud de que el suscrito desconoce el monto de los depósitos bancarios, procede a realizar el embargo de la negociación con todo lo echo (sic) y por derecho le corresponda." Así, al quedar satisfecha la premisa analizada, corresponde analizar la cumplimentación del segundo presupuesto, esto es, determinar si la naturaleza de los actos reclamados permite su paralización. En cuanto al segundo presupuesto, es preciso considerar que la previsión de la figura de la suspensión del acto reclamado en la Ley de Amparo, se traduce como una garantía en favor de los particulares para el efecto de que se logre detener la ejecución de determinados actos que la parte quejosa estima contrarios a la Constitución y lograr, por un lado, mantener viva la materia del amparo y por otro, impedir que la ejecución del acto reclamado cause perjuicios de difícil reparación jurídica; por ende, atento a las características esenciales que identifican la suspensión del acto reclamado, es posible desprender que sólo puede paralizarse o suspenderse aquello que, jurídicamente, no ha acontecido plenamente. Asimismo, a través de la ley y la jurisprudencia se ha establecido la teoría de que aun cuando el acto reclamado existe plena y jurídicamente, existen elementos que vinculan su ejecución material que no se agotan simplemente con el dictado de aquél. Los efectos jurídicos que el acto reclamado puede provocar en la esfera constitucionalmente tutelada a favor del particular son susceptibles, por tanto, de ser suspendidos, pues esos efectos constituyen, también, la materia del amparo y de la suspensión, en cuanto a que están vinculados con el acto reclamado. Bajo esta tesitura, en el caso que nos ocupa, respecto del efecto para el que se solicita la medida suspensional, es decir, para que las responsables levanten el embargo trabado en los bienes muebles e inmuebles de la quejosa, así como para que se levante el bloqueo las cuentas bancarias que por esta vía defiende y tenga libre acceso a las mismas, sí se cumple, toda vez que se trata de actos positivos de tracto sucesivo. Desde este punto de vista y al haberse cumplimentado la premisa y los requisitos naturales, a continuación se procede al estudio de los requisitos previstos en las fracciones I y II del artículo 128 de la Ley de Amparo: Por lo que toca al primer requisito previsto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, la suspensión fue solicitada por la parte quejosa en la ampliación de demanda. En relación con el segundo requisito (fracción II), debe decirse que el orden público y el interés social han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera ejemplificativa y, en ese matiz, ha sostenido que se afectan esas instituciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. En efecto, debe decirse que la suspensión es improcedente cuando el acto reclamado afecta el interés público o social, para lo cual no basta con que se funde formalmente en una ley de interés público o que en forma expresa o implícita pretenda perseguir una finalidad de interés social, sino que es necesario que se acredite que la concesión de la suspensión causaría reales perjuicios al interés social o implicaría una contravención ineludible a disposiciones de orden público por las características propias del acto; así, ante un acto de la naturaleza de los reclamados, para determinar la procedencia de la suspensión, se debe sopesar el perjuicio que podría sufrir la parte quejosa con su ejecución y la afectación a sus derechos en disputa frente al bienestar de la colectividad. Desde este punto de vista, esta juzgadora considera que no se contravienen normas de orden público, ni se ocasiona perjuicio al interés social, con la concesión de la suspensión provisional para que las autoridades responsables cesen los efectos del embargo de los bienes muebles e inmuebles; así como de las cuentas bancarias o depósitos en cualquier institución bancaria que por esta vía defiende la incidentista y le permitan tener libre acceso a las mismas para que pueda disponer de ellos. Lo anterior es así, toda vez que del análisis ponderado de la apariencia del buen derecho con la no afectación al interés social, resulta que con la concesión de la medida cautelar no se ocasionaría esta última, en la medida que en el presente momento procesal, se obtiene que la moral quejosa se ostenta como tercero respecto al procedimiento donde se le determinó un crédito fiscal. Sostener lo contrario y negar la medida provisional que solicita, es decir, mantener embargados los bienes muebles e inmuebles, así como la negociación que defiende la peticionaria, con la consecuente imposibilidad de disponer de los recursos económicos depositados, le implicaría perjuicios de difícil reparación, pues al integrar a la litis constitucional con la ampliación de demanda el mandamiento de ejecución de treinta y uno de julio de dos mil catorce, las actas de requerimiento de pago y embargo con folio 095092B1816902105 y el acta circunstanciada de hechos de seis de agosto de citado año, de los cuales se advierte que es la titular de una deuda tributaria líquida y exigible que amerite la observancia de una medida de aseguramiento o embargo de bienes, sufriría la restricción temporal del libre ejercicio de su patrimonio, lo que no se le resarciría ni mediante el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, al haberse consumado irremediablemente los efectos temporales del acto de autoridad, siendo así que dicha protección podría ser ilusoria. Bajo esta óptica, con fundamento en lo previsto en el artículo 128, en la fracción I del 138 y el artículo 147 de la Ley de Amparo, se CONCEDE la suspensión provisional solicitada, para que las autoridades responsables LEVANTEN EL EMBARGO TRABADO SOBRE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASÍ COMO DE LA CUENTAS Y DEPÓSITOS BANCARIOS A NOMBRE DE LA QUEJOSA VIAJES MÉXICO AMIGO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE Y LE PERMITAN SU LIBRE ACCESO. Ahora bien, por lo que hace a los requisitos de efectividad, de conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la Ley de Amparo, la medida suspensional que se concede surtirá sus efectos hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, previa garantía del crédito fiscal determinado en contra de la empresa quejosa ante la autoridad exactora, y que asciende a $32,059.52 (treinta y dos mil cincuenta y nueve pesos 52/100 M.N.); esto es, tendrá que cubrir el monto total del crédito fiscal 092092B1816902105, debiendo exhibir ante este órgano jurisdiccional el comprobante del depósito correspondiente, dentro del término de cinco días siguientes al de la legal notificación del presente proveído, establecido en el artículo 136 de la Ley de Amparo, como requisito de efectividad y para que surta efectos plenamente la citada medida cautelar. Lo anterior, en la inteligencia que el depósito de referencia tiene por objeto garantizar el interés fiscal respecto del crédito fiscal cuyo cobro se suspende, por lo que en caso de no realizarse, la suspensión provisional dejara de surtir sus efectos. Notifíquese; y, personalmente a los terceros interesados. Lo proveyó y firma la Licenciada Ana Luisa Hortensia Priego Enríquez, Jueza Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, ante la Secretaria Alicia Fernández López, quien autoriza y da fe. Doy fe. Jueza Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal Ana Luisa Hortensia Priego Enríquez Secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal Alicia Fernández López
- Principal
Visto el estado procesal de autos... en atención a su contenido, se DIFIERE la audiencia constitucional y se FIJAN las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRES DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE... Notifíquese
- Principal
Visto, agréguese en autos el oficio de cuenta suscrito por el Director de Legislación y Trámites Inmobiliarios, en ausencia de la Titular, ambos de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos del Gobierno del Distrito Federal, a través del cual informa las gestiones que realiza a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; atento a su contenido, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar, requiérase a la parte quejosa, para que en el término de diez días, exhiba en este juzgado Federal los elemento técnicos que permitan la identificación del inmueble Apercibido. se requiere a las autoridades que se indican. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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