HÉCTOR PÉREZ HERNÁNDEZ y Otros.
Expediente 482/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 482/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Héctor Pérez Hernández
- HÉCTOR PÉREZ HERNÁNDEZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se recibe y agrega: Oficio 573 signado por el Juez de lo Penal de Atlixco, Puebla. Agreguese sin mayor proveído, toda vez que en veintiocho de enero del presente año, causó estado el auto que desechó y se ordenó el archivo del presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del proveído de veintiocho de julio de dos mil veinte, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse desechado la demanda y carecer de relevancia documental.
- Principal
Agreguese el of de cuenta, mediante el cual remite sin diligenciar el despacho 29/2020 de su índice, formado con motivo del similar 188/2020 -orden 272/2020 - del índice de este órgano jurisdiccional, el cual fue enviado a efecto de notificar al aquí quejoso xxxx. Acúsese recibo y dese de baja dicha comunicación oficial, haciéndose las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, tomando en consideración que la parte quejosa en su escrito inicial de demanda señaló domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de esta ciudad o zona conurbada, y toda vez que se han agotado los medios para notificarle personalmente el proveído de veintiocho de julio del año en curso; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena realizar al aludido quejoso la notificación del proveído de referencia y el presente auto, mediante lista que se fija en un lugar visible de este Juzgado, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta localidad o zona conurbada. MISMO QUE DICE: 28-JUL-2020.- Oficio signado por el Secretario del Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla. Mediante el cual el Juzgado oficiante remite el escrito de demanda de XXXXX, respecto del cual refiere que fue presentado de manera electrónica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación y que carece de firma autógrafa. Acúsese recibo. Ahora, vista la demanda de amparo que promueve Héctor Pérez Arredondo, contra actos de los agentes del Ministerio Público, adscritos a la Fiscalía de Atlixco, Puebla, que tramitan las carpetas de investigación de los números pares y nones, y otras autoridades; atento a su contenido, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como 482/2020. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que tenga un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia XVII.2o.J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Esencialmente la Jurisprudencia en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que exista un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Este juzgado de Distrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6º de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Federal, preceptos que son del tenor siguiente:[...] Lo anterior es premisa indispensable para instar el juicio de amparo, ya que sin la promoción del gobernado no es dable que se dé inicio a dicho procedimiento constitucional, ni que se restablezca el orden constitucional afectado, ni se deje inválido el acto de autoridad trasgresor de los derechos fundamentales del quejoso. En ese contexto, de conformidad con los artículos 3º, 6° y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto, debe formularse por escrito o por medios electrónicos, por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, misma que podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, en la inteligencia de que en todo caso la demanda de amparo deberá contener la firma del promovente o al haberlo presentado por medios electrónicos la evidencia criptográfica del sujeto autorizado para enviarla por dicho medio. Así, es menester indicar que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede; en razón de que es a través de la firma que la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su sustanciación. En ese orden de ideas, recibida la demanda de amparo en el órgano jurisdiccional, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, sino sólo aquel en la que revele la misma para promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, la impresión de la huella digital, o como ya se dijo la evidencia criptográfica al enviarse por medios electrónicos. En la especie, la demanda de amparo presentada por Héctor Pérez Arredondo, carece tanto de firma autógrafa como de evidencia criptográfica conforme a la certificación secretarial de cuenta. Así, no se advierte la manifestación de voluntad de Héctor Pérez Arredondo de acudir a la presente instancia constitucional, siendo que, con la firma autógrafa, las partes expresan la voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, en razón de que con ésta se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la entonces la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, en el Tomo 181-186 Quinta Parte, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro: DEMANDA DE AMPARO, SU FALTA DE FIRMA DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. En ese contexto, en atención a los diversos razonamientos antes esgrimidos, es inconcuso que no se le puede dar valor alguno a la demanda de cuenta, por haber sido presentada en reproducción digital. Se precisa que las promociones que carecen de firma, como en el caso que nos ocupa, no son una manifestación de la voluntad del suscriptor, es decir, son equiparables a una copia simple, las cuales no tienen ningún valor probatorio, puesto que no se está avalando mediante el nombre y firma de quien promueve, y a nadie puede responsabilizarse de su contenido, por lo que este juzgado está impedido para acordar lo que en derecho corresponda respecto de su contenido. Sin que se esté en el supuesto de excepción que prevé el último párrafo del artículo 3° de la Ley de Amparo, para que sea procedente la demanda de amparo sin el requisito de la Firma Electrónica (evidencia criptográfica), toda vez que de la lectura íntegra de la demanda no se advierte que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional. En tales condiciones, es dable concluir que, ante la falta de firma electrónica, no puede decirse que exista voluntad de ejercitar la acción de amparo, de ahí que se desecha de plano, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 61, fracción X, en relación con el 6° y 108, párrafo primero, y 113 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que en ella se contienen, la Jurisprudencia P./J.8/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Libro 65, Abril de 2019, página 79, de rubro: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. Por otro lado, se advierte que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte el ubicado en calle Miguel Hidalgo 702 Colonia Ricardo Flores Magón, sin precisar si pertenece a esta ciudad o zona conurbada; empero, a fin de no dejarlo en estado de indefensión y evitar posibles nulidades se ordena notificarle este proveído en el domicilio particular que señaló en la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a aquélla, líbrese despacho al Juez de lo Penal de Atlixco, Puebla, para que en auxilio de las labores de este Juzgado ordene a quien corresponda se sirva notificar este proveído al quejoso en el domicilio ubicado en calle Río Panuco XXXXX, colonia Maximino Ávila Camacho, Atlixco, Puebla, para lo cual se le remite copia del mismo. Asimismo, le requiera para que en el término de tres días a partir de que sea notificado, señale domicilio en esta ciudad o zona conurbada, para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista, de conformidad con la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo. De igual forma, con fundamento en el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020, se le exhorte para que señale un usuario a efecto de que la comunicación se efectúe a través de la vía electrónica autorizada por la ley de Amparo; es decir, para que este asunto sea tramitado como juicio en línea, lo que lo haría aún más ágil; hecho que sea, se sirva remitir a este Juzgado Federal las constancias con las que acredite lo anterior. Por ello, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta al Juez del orden común, para que habilite días y horas inhábiles al funcionario judicial de su adscripción, para que lleve a cabo la diligencia encomendada cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional. Por otra parte, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expeditez en la administración de justicia, en términos del artículo 17 Constitucional. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al actuario de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional del Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula, Puebla, y San Pedro Cholula, Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce a la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcoatl; en consecuencia, se instruye al actuario para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada; si así se señala. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1ª./J 43/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, página 67, de rubro: DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA. Se hace notar que conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, en relación con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también está sujeto a las disposiciones contenidas en la referida Ley, y a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, esta última publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis enero de dos mil diecisiete; por lo tanto, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV, y V, 25, 31, y demás disposiciones aplicables al caso de dicha normativa; esto es, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sean materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos.
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