Héctor Pavón Rojas

Expediente 44/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
44/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
10/03/2023

Partes del expediente

  • Héctor Pavón Rojas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a diez de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 12/2023, interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, por el cual se desechó la demanda de amparo, radicada en este juzgado con el número 44/2023; y devuelve la copia certificada del presente juicio de amparo; queda enterado este Juzgado del único punto resolutivo de dicha ejecutoria y que es del tenor literal siguiente: [.] ÚNICO. Es infundado el recurso de queja. [.] En atención a ello, acúsese el recibo de estilo acostumbrado a la Superioridad. Sin que sea necesario glosar las copias certificadas devueltas deducidas del presente asunto, lo anterior a fin de evitar duplicidad de actuaciones, por lo que en su oportunidad procédase a la destrucción de dichas constancias. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En esas condiciones, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años posteriores a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Se precisa que en el presente juicio de amparo no obran documentos aportados por la parte quejosa. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a tres de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, previo a que este órgano jurisdiccional se pronuncie respecto a que si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida o no; y en atención a las manifestaciones vertidas por el quejoso mediante escrito presentado el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, respecto a que expresa que ha sido cumplido en su favor el pago de todas las prestaciones a que tiene derecho. Se ordena dar vista al quejoso con el dictamen pericial que rindió el perito designado por este órgano jurisdiccional, quien cuantificó que el monto a pagar a dicho quejoso, ya con el descuento del impuesto sobre la renta es de $380,489.51 (trescientos ochenta mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos cincuenta y un centavos); para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés legal convenga; apercibido que de ser omiso sobre el particular este órgano jurisdiccional se pronunciará sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente al quejoso.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Cuarto Familiar del Distrito judicial de Cuauhtémoc, encargada del despacho por ministerio de Ley, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento realizado mediante auto de dieciocho de los corrientes, informa que con fecha posterior al auto de uno de diciembre de dos mil veintiuno, a la fecha de la emisión del oficio con que se da cuenta, no existe acuerdo o practica de diligencia alguna dentro del expediente ******************** de su índice; para tal efecto, remite copia certificada de todo lo actuado dentro del mencionado expediente; lo anterior para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes. Asimismo, informa que el domicilio que tiene registrado de la quejosa ********************es el ubicado en: Calle ********************, sin número, Santa Cruz ********************, Municipio de ********************, ********************Calle ********************, callejón sin número, Santa Cruz ********************, Municipio de ********************, ******************** sin que haya lugar a proveer sobre dichos domicilios, toda vez que en los mismos no fue posible localizar a la mencionada quejosa, tal y como se advierte de las razones actuariales que obran dentro de los presente autos. Por otra parte, justifica haber girado sendos oficios a diferentes dependencias, a fin de lograr la localización del domicilio de la mencionada quejosa; en consecuencia, mediante oficio que al efecto se gire, requiérase al Juez responsable, para que una vez que cuenta con la información solicitada en torno a la investigación el domicilio referido, de inmediato lo haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional, a fin de proveer conforme a derecho corresponda. Con el apercibimiento que de dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo y artículo 5° de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con el cálculo y determinación de valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, esto a la fecha de la emisión del presente auto. Notifíquese.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a diecisiete de enero de dos mil veintitrés. RADICACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Héctor Pavón Rojas, por propio derecho, contra actos del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 44/2023. En el entendido de que las constancias inherentes a los cuadernillos auxiliares, o bien que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan, ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. Tomando en consideración que los artículos 112, primer párrafo, y 113 de la Ley de Amparo imponen la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Ahora bien, del escrito de demanda se observa que la parte promovente señaló como acto reclamado destacado la resolución de seis de enero de dos mil veintitrés, dictada dentro de la etapa de juicio oral en la causa judicial ********************, del índice del Tribunal de Enjuiciamiento, instruido en contra del hoy quejoso por el delito de violación, mediante la cual aduce se omitió tomar en cuenta las consideraciones establecidas por su defensa, respecto a las violaciones procesales que existieron durante el procedimiento, en la que no se le garantizó una defensa técnica y adecuada; que a pesar de haber nombrado nuevos abogados defensores con fecha veintiocho de octubre de dos mil veintidós en el que señalaron domicilio, número telefónico, así como correo electrónico, nunca les fue notificada la audiencia para aceptar y protestar el cargo que se llevó a cabo el día veintidós de noviembre de dos mil veintidós, y que cuando se le dio el uso de la voz, el tribunal responsable, le acotó su derecho a declarar, al no dejarlo manifestarse respecto de los hechos que ocurrieron con su anterior defensa, respecto del estado físico en el que se encontraba por motivo de su detención que provocaron los agentes aprehensores, así como de las pruebas que su esposa le dio a su defensor para que pudiera ofrecerlas en el momento procesal oportuno, justificando así que nunca gozó de una adecuada defensa y por tanto debido proceso. En ese sentido, la suscrita advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que el amparo indirecto únicamente procede contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Para demostrar lo anterior, se requiere dilucidar en qué consisten los actos de imposible reparación. En consecuencia, se expondrá el criterio de clasificación de tales actos sustentado por el Máximo Tribunal del país durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada. Posteriormente, se explicarán las razones por las que ese criterio es inaplicable para los asuntos regidos por la actual legislación. El artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece (abrogada), en consonancia con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, establecía que el amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Sin embargo, ni la norma constitucional ni la reglamentaria establecía qué debe entenderse por actos de imposible reparación. De tal suerte, para dar contenido a ese concepto jurídico, fue necesaria la interpretación judicial de los tribunales de amparo. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que los actos de imposible reparación pueden dividirse en dos vertientes: a) Los actos intraprocesales son de imposible reparación cuando afectan de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con la obtención de un fallo definitivo favorable en el juicio natural. b) Los actos intraprocesales son de imposible reparación cuando afectan los derechos adjetivos en grado predominante o superior, considerando la institución procesal en juego, la gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica. Lo anterior, se encuentra sustentado en la tesis P.LVII/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 180415 y rubro: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece ahora establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Como se puede ver, el citado precepto iteró que el amparo indirecto procede contra actos intraprocesales de imposible reparación; pero también agregó que esos actos son los que afecten materialmente derechos sustantivos. Así, el legislador secundario estableció una interpretación auténtica sobre el concepto constitucional de actos de imposible reparación, con la mira de fijar definitivamente su sentido. En este nuevo contexto normativo, no puede subsistir la interpretación judicial según la cual los actos de imposible reparación son los que afectan derechos sustantivos y los que podrían perturbar gravemente derechos adjetivos. Es así, porque esa clasificación dicotómica resulta incompatible con la definición legal acuñada, la cual solo reconoce como actos de imposible reparación a los que afectan derechos sustantivos. Por lo anterior, han perdido vigencia los criterios jurisprudenciales en los que se consideran como actos de imposible reparación los que afectan derechos adjetivos en grado predominante, superior o exorbitante, porque tales tesis se oponen al texto expreso del artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo. Esto, de conformidad con el artículo sexto transitorio (contrario sensu) del mismo ordenamiento, que establece: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." En el mismo sentido se pronunció la mayoría de los integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), con registro 2006589 y rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En síntesis, conforme a la definición legislativa contenida en el artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, deben considerarse como actos intraprocesales de imposible reparación únicamente los que afecten derechos sustantivos y no los que solo afecten derechos procesales. Sentado lo anterior, conviene destacar la diferencia entre los conceptos de derechos adjetivos y los derechos sustantivos. Los derechos adjetivos se derivan de las normas aplicables a la tramitación de los procedimientos contenciosos o de jurisdicción voluntaria. Se trata pues de derechos emanados de las disposiciones instrumentales establecidas al servicio de la resolución final del procedimiento jurisdiccional. En cambio, los derechos sustantivos se derivan de preceptos destinados a regir situaciones jurídicas materiales al exterior del juicio. Según se ha visto, son de imposible reparación los actos intraprocesales que puedan afectar derechos sustantivos destinados a regir al exterior del juicio, como los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, la educación, el trabajo, la libertad, el patrimonio, la intimidad, la inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones particulares, entre otros. El carácter irremediable de estos actos estriba en que sus consecuencias dejan una huella indeleble en la esfera jurídica material del gobernado, afectación que no podría desvanecerse con una sentencia favorable. Ahora, en el caso que nos ocupa, el quejoso reclama la resolución de seis de enero de dos mil veintitrés, dictada dentro de la etapa de juicio oral en la causa judicial ********************, del índice del Tribunal de Enjuiciamiento, instruido en su contra por el delito de violación, mediante la cual aduce se omitió tomar en cuenta las consideraciones establecidas por su defensa, respecto a las violaciones procesales que existieron durante el procedimiento, en la que no se le garantizó una defensa técnica y adecuada; que a pesar de haber nombrado nuevos abogados defensores con fecha veintiocho de octubre de dos mil veintidós en el que señalaron domicilio, número telefónico, así como correo electrónico, nunca les fue notificada la audiencia para aceptar y protestar el cargo que se llevó a cabo el día veintidós de noviembre de dos mil veintidós, y que cuando se le dio el uso de la voz, el tribunal responsable, le acotó su derecho a declarar, al no dejarlo manifestarse respecto de los hechos que ocurrieron con su anterior defensa, respecto del estado físico en el que se encontraba por motivo de su detención que provocaron los agentes aprehensores, así como de las pruebas que su esposa le dio a su defensor para que pudiera ofrecerlas en el momento procesal oportuno, justificando así que nunca gozó de una adecuada defensa y por tanto debido proceso; En ese sentido, tal actuación no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución y tratados internacionales, esto es, no se plantea la infracción de derechos sustantivos, sino la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales, precisamente porque -de existir- se trata de una de las violaciones a las leyes que rigen el procedimiento reclamables a través del juicio de amparo directo, siempre y cuando trasciendan al resultado del fallo que se llegase a dictar en segunda instancia. Lo anterior es así, porque la resolución que se reclama, no es uno de los casos en contra de los cuales proceda el amparo indirecto, porque no constituye, se reitera, un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, habida cuenta que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución y tratados internacionales, esto es, no se plantea la infracción de derechos sustantivos, sino en todo caso, la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales de quien promovió el juicio de amparo. En efecto, el quejoso combate el acto reclamado por estimar que le causa una afectación el no haber tenido una defensa técnica y adecuada. En consecuencia, de considerarse que pudiera llegar a ocurrir una afectación dentro del procedimiento de origen, esta se actualizaría al momento de resolverse en definitiva y dictarse la sentencia correspondiente, en la medida en que dicha circunstancia influya para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del quejoso; de ahí la necesidad de esperar hasta la sentencia definitiva para poder combatirlo mediante el juicio de amparo correspondiente. Entonces, si dicha irregularidad llegara a afectar partes sustanciales del procedimiento, tal cuestión es susceptible de ser reclamada como una violación al procedimiento en amparo directo que en su caso y oportunidad se solicite contra la sentencia definitiva dictada en el juicio primigenio, siempre y cuando dicha violación al procedimiento trascienda al resultado del fallo, porque de otra manera, no podría sostenerse que se afectan los intereses del agraviado. De lo anterior, se evidencia que resulta improcedente el amparo indirecto en contra de la resolución aquí reclamada, en tanto que, como se analizó, no se actualizan en la especie los elementos de la definición de ejecución irreparable, bajo los extremos de procedencia contemplados en la Ley de Amparo. De tal manera, si la resolución en comento no produce afectación material de derechos sustantivos, entonces es factible colegir que no se surte el supuesto de procedencia del amparo indirecto, al no estarse en el caso de un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación; lo que implica que se actualice de manera notoria la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Máxime que el artículo 173, Apartado B, de la Ley de Amparo, establece que: "Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: (.) XIII. No se respete al imputado el derecho de contar con una defensa adecuada por abogado que elija libremente desde el momento de su detención, o en caso de que no quiera o no pueda hacerlo, el juez no le nombre un defensor público, o cuando se impida, restrinja o intervenga la comunicación con su defensor; cuando el imputado sea indígena no se le proporcione la asistencia de un defensor que tenga conocimiento de su lengua y cultura, así como cuando el defensor no comparezca a todos los actos del proceso; (.) XIX. Se trate de casos análogos a las fracciones anteriores a juicio del Órgano jurisdiccional de amparo". En tal virtud, al actualizarse de manera notoria la causal de improcedencia invocada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo en trato. Cabe mencionar que de admitir a trámite la demanda constitucional, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera al dictarse sentencia se sobreseería en el juicio; por ello, resulta conveniente desechar de plano la demanda de amparo, con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde este momento del resultado y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención al derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso le permite, si es el caso, acudir oportunamente a los medios ordinarios de defensa a deducir sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro 180663 y rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.". DOMICILIO. Se tiene por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones. AUTORIZADOS. Por otra parte, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los Licenciados ********************y********************. PROPORCIONA CORREO Y NÚMERO TELEFÓNICO. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa proporcionando el correo electrónico ******************** y el número telefónico ********************como una forma especial y expedita de contacto no procesal, a través del cual se pueda entablar comunicación, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente, previa certificación. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Finalmente, se autoriza a cualquier Secretario o Actuario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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